Lazaro Suastegui Tornez
Expediente 685/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Lazaro Suastegui Tornez
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
notificación personal
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMA QUE DICE... Acapulco, Guerrero; veintidós de julio de dos mil diecinueve. Visto el escrito signado por el quejoso, a través del cual desahoga en sus términos la prevención formulada en proveído de diez de julio actual. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del escrito de demanda y desahogo, se advierte que la parte quejosa reclama la negativa de la autoridad responsable de otorgarle la pensión únicamente por cesantía laboral, y no por vejez, así como el pago retroactivo de la cantidad económica que resulte de la fecha en que cumplió las quinientas semanas de cotización laboral activa. Precisado lo anterior, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se puede señalar que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En tal virtud, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplen con las características antes precisadas, esto es, aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Asimismo, para analizar si los actos reclamados son emitidos por autoridades, también resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De igual manera, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Precisado lo anterior, es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por el quejoso a la autoridad señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que el quejoso la haya señalado como tal, puesto que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13°.A.29 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos veinte, Tomo XXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil cinco, de rubro siguientes: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA." En tales condiciones, de la lectura integral de la demanda de garantías, y del escrito de desahogo, se pone de manifiesto que el acto reclamado por la parte quejosa, lo constituye la negativa de la autoridad responsable a otorgarle la pensión únicamente por cesantía laboral y no por vejez, a través de la determinación de fecha cinco de julio del año en curso, que le hizo saber el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad; de manera que tal actuación reclamada no puede ser considerada como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque el vínculo jurídico que entabla el gobernado con el citado organismo descentralizado, es de coordinación, y no de gobernante a gobernado, dado que éste último actúa como ente asegurador de las prestaciones otorgadas al quejoso, tal circunstancia demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino que actúa en un plano de igualdad; de ahí que, dicho instituto de seguridad social, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Además, no debe soslayarse que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios, derivados precisamente de la naturaleza de esa relación, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ante quien el Instituto Mexicano del Seguro Social no acude como autoridad. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 134/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, visible a página 1511, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. También es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 898 del Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa.
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CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIEINUEVE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; diez de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Lázaro Suastegui Tornez, por derecho propio, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno de registro de juicios de amparos con el número 685/2019, y fórmese expediente. PREVENCIÓN En primer lugar, es necesario precisar, que los actos que pueden ser reclamados en el juicio de amparo, según su naturaleza se clasifican en: 1. Positivos. Los que representan un hacer de las autoridades. Dentro de estos se encuentran aquellos con efectos negativos, los cuales se materializan cuando la autoridad se rehúsa a acceder a las pretensiones que le fueron formuladas; y con efectos prohibitivos cuando imponen una obligación de no hacer; y 2. Negativos. Implican un no actuar de la autoridad (omisión o abstención de hacer). Asimismo que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones y que tendrá la calidad de autoridad en el juicio, aquella que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones. Ahora bien del análisis que se realiza a la demanda se advierte que el quejoso en el capítulo destinado a los actos reclamados señala como tal la negativa del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Acapulco, Guerrero, de otorgarle las pensiones de cesantía laboral y vejez a que aduce tiene derecho al haber cumplido más de quinientas semanas de cotización laboral activa que exige la Ley del Seguro Social anterior y que le es aplicable y en consecuencia el pago retroactivo de la cantidad económica que resulte de la fecha en que cumplió las quinientas semanas a la fecha en que se le haga el pago mensual de dichas pensiones; empero al precisar la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclama refiere que la referida autoridad ha sido omisa en dar contestación a la petición que le formuló mediante escrito presentado el diez de junio del año en curso, situación que genera incertidumbre en relación a cuál es el objeto de estudio en este asunto. En ese contexto y tomando en consideración que la precisión de los actos reclamados, así como la de sus antecedentes es una obligación que la parte quejosa debe cumplir al ser la base para determinar la procedencia de esta instancia constitucional; con fundamento en el artículo 114, fracción IV en relación con el diverso 108, fracción IV, de la ley de la materia, se le previene para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este proveído, con copias suficientes de su escrito de desahogo para correr traslado a las demás partes, bajo protesta de decir verdad, precise de manera clara el acto que reclama por esta instancia judicial, es decir: 1. Si su acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad responsable de acordar la petición que refiere le formuló el diez de junio de dos mil diecinueve; o bien 2. Lo es la negativa de la responsable de otorgarle las pensiones de cesantía laboral y vejez a que aduce tiene derecho al haber cumplido más de quinientas semanas de cotización laboral activa que exige la Ley del Seguro Social anterior y que le es aplicable y en consecuencia el pago retroactivo de la cantidad económica que resulte de la fecha en que cumplió las quinientas semanas a la fecha en que se le haga el pago mensual de dichas pensiones, de ser éste: 2.1 Indique la fecha de la determinación en la cual se materializó la negativa de la responsable. Hecho lo cual, bajo protesta de decir verdad narre los hechos que constituyen sus antecedentes. En la inteligencia de que el desahogo deberá ser realizado por quien promueve la demanda, al ser titular de la acción, con base en el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, motivo por el cual los autorizados no pueden desahogar tal prevención. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar en sus términos la prevención formulada en el plazo que se le otorgó para ello, se tendrá por no presentada la demanda, según lo dispuesto en el invocado artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en el calle cerrada de Humboldt, local 623, colonia Centro, en esta ciudad; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Andrés Martín de la Rosa Garduño y Martha Lucas Martínez, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Martha Elena Sánchez Tolentino y Cirilo Vargas Cortez, por no cumplir con el requisito anterior, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad, y en los mismos términos por así haberlo solicitado a Crisóforo Agustín Ibáñez Morales y Braulio Heredia Tehuittzin. DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.
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