Lenin Santana Ávila

Expediente 1208/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1208/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Lenin Santana Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, . . . , se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, . . . este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. . . . Notifíquese.

  2. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL LA PARTE QUEJOSA

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ACUERDO DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Acapulco, Guerrero; treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Lenin Santana Ávila, por su propio derecho, contra actos de la Terminal de Abastecimientos y Reparto, dependiente Petróleos Mexicano PEMEX y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1208/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del estudio integral del escrito de demanda se advierte que Lenin Santana Ávila, señala como acto reclamado: "La negativa al acceso principal para el abastecimiento de combustible por parte de las autoridades responsables"; y señaló como autoridades responsables a Terminal de Abastecimiento y Reparto y Terminal de Abastecimiento y Distribución, ambas dependientes de Petróleo Mexicano PEMEX. Al narrar los hechos que constituyen sus antecedentes, el quejoso manifestó: 1. Desempeñarse como transportista de combustible para la empresa gasolinera DOCADI, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. El ocho de diciembre de la anualidad que transcurre, al salir de la terminal de abastecimiento, un elemento de la marina le marco el alto a efecto de realizar una inspección al interior de la cabina, y le solicitó su licencia de conducir, sin embargo, en razón de que éste estaba obstruyendo la salida principal, movió el vehículo en el que circulaba a solicitud del checador. 3. Acto seguido, el oficial de la marina de manera prepotente le cuestiono el motivo de su salida y sin más lo golpeo, llegando posteriormente una patrulla de la policía estatal, y por indicaciones del citado elemento, se le realizó un examen de alcoholemia, mismo que arrojó resultados negativos a intoxicación etílica. 4. Así, el quince del mes en curso, hicieron del conocimiento de su patrón que, con motivo de lo anterior, se encontraba vetado de las terminales de abastecimiento señaladas como responsables. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado deriva de una relación laboral, por lo cual el juicio de amparo que se intenta es improcedente debido a que el acto reclamado no puede concebirse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, por las razones siguientes: De la interpretación sistemática de los artículos 73, fracción XVIII, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, se concluía que el juicio de amparo era improcedente cuando los actos reclamados no provenían de una autoridad; ya que dicha legislación, preveía que era autoridad responsable la que dictaba, promulgaba, publicaba, ordenaba, ejecutaba o trataba de ejecutar la ley o el acto reclamado. En diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que sobre el particular el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que en tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como provenientes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. En el presente caso, los actos reclamados no encuadran en dicho supuesto, puesto que aquél en caso de existir se ha dado (como ya se adelantó) entre el patrón, las terminales de abastecimiento, reparto y distribución, con el que suscribió el contrato de transporte y suministro, y el trabajador, es decir, en un plano de coordinación. Sin que pueda determinarse que se trata de un acto autoritario en el que los dos primeros actuaran con la potestad que les otorga la ley, puesto que, pueden entablar relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que en tales relaciones queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. De ahí que, los actos que reclama la parte quejosa, no pueden ubicarse dentro de los parámetros a que se refieren los numerales invocados, habida cuenta que la Terminal de Abastecimiento y Reparto y la Terminal de Abastecimiento y Distribución, ambas dependientes de Petróleo Mexicano PEMEX, no ajustaron sus actuaciones como actos propios, es decir, no lo hicieron dotadas de facultades y atribuciones por las normas legales, ni mucho menos crearon, extinguieron o modificaron situación jurídica alguna en forma unilateral u obligatoria en perjuicio del solicitante del amparo, es decir, como un acto de autoridad particular y gobernado, sino únicamente negaron el acceso a sus instalaciones al quejoso derivado de una cuestión meramente administrativa. En ese sentido, se concluye que teniendo en cuenta que, no reúne las características de un acto de autoridad, sino que se trata únicamente de la determinación de un superior jerárquico hacia un subordinado, derivada de la relación laboral existente, no obstante que los citados superiores resulten ser funcionarios de una dependencia del Estado, pues en estas condiciones no actúan en funciones de autoridad, sino como una persona moral oficial de derecho privado, y su actuar queda también sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, de donde resulta claro que dichas determinaciones no pueden considerarse como actos de autoridad, sino que deben, en todo caso, dirimirse ante las autoridades laborales correspondientes. Sirve de aplicación por analogía la tesis P. XXVIII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Materia(s): Laboral, Novena Época, página 119, la cual es del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." En esa circunstancia, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, aplicando los artículos 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por los diversos numerales 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por lo que, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda de amparo e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite y se desahogaran las pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar la demanda de amparo. Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. INFORMACIÓN GENERAL De conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por sus similares 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta al quejoso a que, de ser posible y tomando en consideración los avances tecnológicos, continúen con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". En la inteligencia que para ello, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional debe autorizar, para lo cual proporcionarán el nombre de usuario para el uso del sistema de los servicios en línea. De igual manera, acorde con el artículo 5, fracción I y 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020 tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Del mismo modo, se le informa que acorde al numeral 3 del referido Acuerdo General 21/2020, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado Acuerdo General 21/2020. Además, dado el contexto de emergencia derivado de la actual situación sanitaria, tomando en consideración que el referido Acuerdo General 21/2020 y demás acuerdos que lo reforman, son de conocimiento público, el cual privilegia el uso de herramientas digitales, así como la salud de las personas justiciables y del personal jurisdiccional y ante la necesidad de permitir la continuación del trabajo jurisdiccional, las notificaciones de las determinaciones que en este asunto se dicten, se les practicarán por lista, salvo aquellas previstas por el artículo 26 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Costera Miguel Alemán, número 479, edificio Macaco, Fraccionamiento Las Playas, en esta ciudad; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Manuel Narcizo Escamilla Rosas, en razón de que no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredite como profesional del derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. . . . LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

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