Lauro Solano Pinzón
Expediente 91/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 24 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 25/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Lauro Solano Pinzón
- Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de veinticinco de febrero del año en curso, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva, así como las inherentes al original del incidente de suspensión, al actualizarse el supuesto que prevé el segundo párrafo de la fracción III, del ordinal antes indicado, al haberse concedido la medida cautelar; además, se hace la precisión de que no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Por otra parte, en relación al duplicado del incidente de suspensión, se establece que es susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, destrúyase, esto al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción III, del artículo vigésimo del Acuerdo General Conjunto referido, previa acta, relación que se elabore para la identificación del incidente y anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Finalmente, dado que es innecesario que continúen a disposición de este juzgado los tres tomos de prueba que como complemento a su informe justificado remitió el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, residente en la ciudad de Chilpancingo, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido del Secretario Marco Antonio Cuenca Zamora, que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, de quien reclamó lo siguiente: "La resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada dentro del expediente administrativo 175/2016 y su acumulado 15/2017, con motivo del procedimiento administrativo que se le inició para determinar su responsabilidad administrativa como Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Galeana, dentro del juicio de divorcio incausado 176/2014-II." Mediante sentencia autorizada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se negó el amparo en el presente asunto. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo Coahuila de Zaragoza, en Auxilio al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante ejecutoria emitida en el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en el expediente auxiliar 987/2018 derivado del amparo en revisión administrativo 327/2018 a través del cual determinó modificar la sentencia impugnada y concedió el amparo para los siguientes efectos: ""a) Deje insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, emitida en los autos del expediente administrativo 175/2016 y su acumulado 15/2017. b) En su lugar emita una nueva, en la que siguiendo los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, tome en cuenta que en el caso debió llevarse a cabo, desde el auto de radicación, el estudio relativo a la gravedad de la infracción y de la prescripción de las facultades sancionadoras; y, hecho lo anterior, resuelva lo que conforme a derecho corresponda." En cumplimiento a dicha ejecutoria, mediante oficio recibido el siete de febrero de dos mil diecinueve, el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero, remitió copia certificada de la resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 175/2016 y acumulado 015/2017 de su índice, a través del cual en cumplimiento a la resolución dictada por el tribunal de alzada, dejó insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete dictada en el citado expediente; y determinó que se cumplió con el debido proceso legal toda vez que se acató con los requisitos establecidos en el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero Número 129, del cual se desprende que no le establece ninguna obligación que desde el auto de radicación para que se informe al implicado a la garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional; pues, la omisión de calificar la gravedad de la conducta irregular y realizar el examen de la prescripción en el auto de radicación, no fue obstáculo para que el aquí quejoso al rendir su informe haya deducido sus derechos y realizado su estrategia de defensa; y se le haya dejado en estado de indefensión; en razón de sólo se traduce en una violación del derechos adjetivos, aun cuando estén relacionados con los derechos sustantivos del quejoso, dado que no se dejó sin defensa al servidor público denunciado; y con ello se tiene que el estudio de la gravedad y prescripción de la facultad sancionadora de las conductas denunciadas, constituyen temas ligados y cuya calificación preliminar en el auto de radicación, conforme al criterio del tribunal de alzada, no podría ser definitivo en ese momento procesal y menos constitutivo un derecho sustantivo del denunciado, ya que es factible de variar al momento de emitir la resolución definitiva que permanece, aunado a que en la concesión del amparo no se le estableció la forma en que debía calificar la violación procedimental que se estimó acreditada, ni tampoco la forma en que ésta trascendería o no al sentido de la resolución definitiva de ahí que llegara a la conclusión que se le dejaba plenitud de jurisdicción para decidir tales extremos; por lo que resolvió lo que conforme a derecho sobre la calificativa de la gravedad y prescripción de la facultad sancionadora de las conductas del aquí quejoso; documentales públicas que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esas condiciones, si la autoridad responsable se pronunció en los términos a que le obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce del derecho vulnerado y por tanto, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo anexando la constancia con lo que lo acredita; por tanto, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no manifestar algo al respecto dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, con lo informado por dicha autoridad y demás constancias que integren este expediente este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa, así como tres tomos de pruebas y copia certificada de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo Coahuila, con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva; en tal virtud, agréguense al expediente principal, el cuaderno de antecedentes que se formó, el original del incidente de suspensión, así como el oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, en relación con el destino de los cuadernos incidentales, resérvese proveer hasta en tanto se ordene el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a LAURO SOLANO PINZÓN, en contra de la autoridad y por el acto precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Ahora bien, los efectos precisados en el último considerando de la ejecutoria de amparo son los siguientes: "a) Deje insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, emitida en los autos del expediente administrativo 175/2016 y su acumulado 15/2017. b) En su lugar emita una nueva, en la que siguiendo los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, tome en cuenta que en el caso debió llevarse a cabo, desde el auto de radicación, el estudio relativo a la gravedad de la infracción y de la prescripción de las facultades sancionadoras; y, hecho lo anterior, resuelva lo que conforme a derecho corresponda." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días informe el cumplimiento que dé al fallo protector, sin que en ejercicio de la facultad contenida en el último párrafo del numeral en cita, se estime necesario ampliar dicho término para ese efecto. Se instruye al actuario (a) que le corresponda notificar el requerimiento para que al hacerlo deje copia cotejada y certificada a la autoridad responsable de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión. En la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá, una multa de cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, a fin de evitar el volumen innecesario del presente expediente, se desglosan las constancias certificadas que se obtuvieron del expediente original para crear el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión interpuesto; por lo que, únicamente agréguese su respectiva carátula así como las actuaciones posteriores que obran en original, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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