Laura Paulina Muñóz Mendioza
Expediente 318/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Laura Paulina Muñóz Mendioza
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Laura Paulina Muñoz Mendioza, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Laura Paulina Muñoz Mendioza, contra actos del Congreso del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad Capital y otra autoridad; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 318/2018-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto de los actos que aquí reclama la promovente del amparo consisten en: La aprobación, promulgación y orden de publicación del artículo 85 Bis, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la violación a sus derechos de trabajo, igualdad y no discriminación, como requisitos para poder ejercer la encomienda de Contralor Municipal en el Estado de San Luis Potosí. En tales condiciones, por lo que ve a los actos que se reclaman descritos con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo. El artículo y fracción en comento disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; Esto es, para que se actualice la causal de improcedencia aludida es necesaria la existencia de dos juicios de amparo que hayan sido promovidos por el mismo promovente, contra las mismas autoridades e idénticos actos reclamados; y que ambos se encuentren en trámite. Ahora, resulta un hecho notorio la existencia del diverso juicio de amparo 274/2018-II, de este propio índice, que la ahora quejosa promovió el diecisiete de julio de dos mil dieciocho, en el que de manera esencial, señaló como actos reclamados la aprobación, promulgación y orden de publicación del artículo 85 Bis, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y la violación a sus derechos de trabajo, igualdad y no discriminación, como requisitos para poder ejercer la encomienda de Contralor Municipal en el Estado de San Luis Potosí, que atañe a las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de San Luis Potosí. Demanda de amparo que al no cumplirse con la prevención que se le hizo a la quejosa, en proveído de diecisiete de agosto del año en curso, se tuvo por no presentada; misma que se encuentra en trámite, en virtud de que a la fecha no ha causado estado dicha resolución. Ahora, la existencia del citado juicio de amparo constituye un hecho notorio para quien resuelve en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia publicada en la página 295, del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en enero de 1997, de rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. De lo anterior, queda de manifiesto que en el caso a estudio se está en presencia de la figura jurídica conocida en la doctrina como litispendencia; consistente en que, previo a la presentación de una demanda de amparo existía un diverso juicio, promovido por la misma parte quejosa, respecto de las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, y que este último aún esté en trámite. Al respecto es aplicable la tesis XIX.2o.12 K, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 312, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en enero de 1996, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Asimismo, es aplicable la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Consecuentemente, ante la identidad de las demandas de amparo aludidas, en razón de que coexisten los mismos elementos, igual promovente, mismas autoridades responsables y actos reclamados; además de que el juicio de amparo 274/2018-II, se encuentra en trámite; y respecto del cual necesariamente existirá pronunciamiento al respecto; por tanto, este órgano de control Constitucional está impedido para admitir la presente demanda de amparo. Apoya a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, editada en la página 226, Tomo XII, julio de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución. De igual manera, tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 57, Tomo XVI, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO.- No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia. Para llegar a esta conclusión, debe tenerse en cuenta que una de las finalidades de la causal de improcedencia por litispendencia es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico; sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, puesto que con el juicio de amparo 274/2018-I de referencia, la aquí promovente conserva la oportunidad de defenderse de los actos de autoridad que hizo valer a través de su primera demanda presentada, que como ya se mencionó es coincidente con la de cuenta y los actos que por esta se reclaman devienen de los reclamados en la ulterior, puesto que la primera se encuentra pendiente de que cause estado; por lo que aún puede impugnar su desechamiento y en caso de que la Superioridad revoque éste, puede ser materia de estudio el acto de autoridad que ahí se reclama, que se insiste es idéntico al que se precisa en la demanda de cuenta. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que opera la causal de improcedencia en estudio prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Por otra parte, téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Damián Carmona, número 712, colonia Rotarios, de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Asimismo, se tiene como autorizado de la promovente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Ángel Contreras Malibran, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito y por lo que hace a Miguel Ángel Pérez Sánchez, únicamente queda autorizado para imponerse de autos por así haberlo solicitado. Ahora bien, por lo que hace a la solicitud que formula la ocursante, se le autoriza, para hacer uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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