Laura Victoria Garcia Lopez

Expediente 542/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
542/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Laura Victoria Garcia Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 542/2023-III, promovido por ***. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio recibido el treinta de mayo del año en curso, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, remitió el auto de veintinueve de mayo del dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo 300/2023, mediante el cual, el Magistrado Presidente de dicho Tribunal, declinó la competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos reclamados al Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, en los autos del expediente 69/2021 y al efecto remitió las actuaciones originales del toca 300/2023, las copias de la demanda de amparo, así como las constancias del expediente 69/2021, del índice del Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Demanda en la cual, *** reclamo actos del Titular del Juzgado Décimo de lo Civil por Audiencias, del Titular de la Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos, así como del Director de Seguridad y Protección Ciudadana, todos en esta ciudad, de quienes reclama: IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable C. Juez Décimo de lo Civil por audiencias Del Distrito Bravos Chih, con residencia en esta ciudad reclamo el auto de fecha TRES DE ABRIL del presente año, dictado dentro del expediente número 69/2021, mismo en lo conducente indica: "CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA A TRES DE ABRIL DEL DOS MIL-VEINTITRES. Agréguese a los autos el escrito presentado por *** la personalidad que tiene reconocida en autos, como lo solicita, toda vez que mediante oficio número 8285/2023 se informó que ya causó ejecutoria la resolución dictada en el juicio de amparo número 599/2022-V promovido por ***: túrnense los autos a la Unidad de Notificación y Ejecución a fin de que se ponga a ***en posesión legal y material del inmueble adjudicado a su favor, el cual se encuentra en la calle *** Se autoriza el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario. Girese atento oficio al Secretario de Seguridad Pública Municipal a fin de que proporcione los elementos necesarios para llevar a cabo la diligencia ordenada. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la LICENCIADA ***, Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ante la Secretaria Adscrita, la LICENCIADA ***, con quien actúa y da fe. DOY FE. De LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, reclamó el cumplimiento, efectos y consecuencias legales que se sirvan a dar al acto reclamado, en detrimento de la suscrita en cuanto a los actos de ejecución de dicha resolución, incluidos los actos de desposesión, rompimiento de candados chapas y cerraduras y demás medios coactivos en mi contra para cumplir con la resolución ordenada. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la competencia planteada por el tribunal de alzada, y posteriormente, por auto de veintiséis de septiembre de misma anualidad, se inició el trámite bajo número de juicio el amparo 542/2023-III, se solicitaron los informes con justificación, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se emplazó a los terceros interesados y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que la impetrante reclama: 1. La transgresión al derecho de propiedad que aduce tener la disconforme respecto del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional, esto es, el ubicado en calle Cerrada Ámbar, número mil dieciséis, fraccionamiento Cerrada Amatista, Etapa IV, en esta ciudad; al haber ordenado poner a Rosa María Escobar Castro en posesión legal y material del citado inmueble, dentro del juicio oral ordinario civil 69/2021, del índice del Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y del que reclama que se haya dictado pese a estar pendiente de resolver recurso de revisión interpuesto en un diverso juicio de amparo, por lo que reclama cualquier acto tendente a desposeerla de dicho bien y perturbar su legal posesión; y, su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Ciudad Juárez, negó la existencia del acto que se le atribuyó, relativo a la ejecución de la desposesión del inmueble ubicado en calle Cerrada Ámbar, número mil dieciséis, fraccionamiento Cerrada Amatista, Etapa IV, en esta ciudad. Así, al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tal negativa, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Juez Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, así como la Encargada de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, manifestaron que es cierto el acto reclamado por la quejosa, consistente en la orden de poner en posesión de la adjudicataria Rosa María Escobar Castro (tercero interesada), el inmueble ubicado en calle Cerrada Ámbar, número mil dieciséis, fraccionamiento Cerrada Amatista, Etapa IV, en esta ciudad. Lo que, además, se corrobora con las constancias que remitió la Juez de origen, relativas al juicio oral ordinario civil radicado bajo el expediente 69/2021, promovido por Scotiabank Inverlat, sociedad anónima, institución de banca múltiple grupo financiero Scotiabank Inverlat, a través de su apoderado Carlos Quevedo Fernández, en contra de Arturo Curiel Estrada, en el que se reclamó se declarara el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, respecto del inmueble ubicado en calle Cerrada Ámbar, número mil dieciséis, fraccionamiento Cerrada Amatista, Etapa IV, en esta ciudad. Constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Así como la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Improcedencia del juicio de garantías. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa que de oficio se estima acreditada. En el caso, la que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, visible en la página 1598, con registro 2019456, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio la quejosa se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de la autoridad señalada como responsable es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de dos mil trece, Tomo 3, Materia(s): Común, con registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. La quejosa reclama la transgresión al derecho de propiedad que aduce tener respecto del bien inmueble ubicado en calle Cerrada Ámbar, número mil dieciséis, fraccionamiento Cerrada Amatista, Etapa IV, en esta ciudad, ordenado dentro del juicio oral ordinario civil 69/2021, del índice del Juzgado Décimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Los actos que reclama son de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por las razones expuestas, se infiere que para la procedencia del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde a la quejosa; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Aparte de lo ya expuesto, para dar sustento a la premisa de la improcedencia de este juicio, igualmente es necesario considerar que la quejosa, aduce ser propietaria del inmueble ubicada en calle Cerrada Ámbar, número mil dieciséis, fraccionamiento Cerrada Amatista, Etapa IV, en esta ciudad, sin embargo, al haberle prevenido a efecto de que manifestara si tenía la posesión de dicho inmueble, o bien si compareció al presente juicio en su calidad de poseedora o de propietaria, no hizo manifestación alguna al respecto. En ese contexto, la parte inconforme, para acreditar su interés jurídico, tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, debiendo probar que la propiedad del bien en litigio y que afirma tener, se sustenta en un título o acto jurídico que lo justifique. Sentado lo precedente, es conveniente precisar que la accionante del amparo en este sumario no ofertó documental alguna para acreditar tal extremo. Ahora bien, de la consulta realizada por este juzgado al Sistema Integral de Seguimiento (S.I.S.E.), así como de las constancias anexas por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que en este órgano jurisdiccional, se encuentra el diverso juicio de amparo indirecto 503/2022, sobreseído mediante sentencia de once de agosto de dos mil veintidós, la cual fue confirmada por el tribunal de alzada por sentencia dictada en el recurso de revisión 124/2023. Juicio de amparo anterior que fue promovido contra el auto en que se ordenó poner a una institución bancaria en posesión del bien inmueble que defiende la aquí recurrente, de cuyos antecedentes se desprende que la quejosa manifestó ser esposa del diverso quejoso Arturo Curiel Estrada, que el bien inmueble fue adquirido por este cuando estaba soltero, encontrándose actualmente separada y en posesión de dicho inmueble. Ahora bien, en el juicio de amparo de que se hace referencia, la hoy quejosa con el fin de acreditar dicha posesión, exhibió los siguientes documentos como prueba: a) Un acta de matrimonio y dos actas de nacimiento redactadas en idioma extranjero; b) Copia certificada de acta de nacimiento número 00001702, de dieciséis de julio de dos mil dieciséis, respecto de *** con fecha de nacimiento veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y seis, expedida por el Servicio Exterior Mexicano; c) Constancia de la clave única de registro de población a nombre de la promovente y clave GALL860125MCHRPR05, y; d) copia simple de credencial para votar a nombre de la quejosa. Así, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgado, una vez ejercida la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor, en sentencia de once de agosto de dos mil veintidós, dictada en ese juicio 503/2022, consideró que con las documentales que exhibió la quejosa no demostró tener algún interés respecto del inmueble ubicado en calle *** en esta ciudad, lo cual fue confirmado por el Segundo Tribunal Colegido de este Circuito, en sentencia dictada en el recurso de revisión 124/2023. En esta tesitura, con tales documentales la parte accionante no acreditó contar con algún derecho de propiedad o posesión y que, por consecuencia, le causen agravios los actos reclamados, ni que el acto reclamado le haya sido dirigido a su persona, porque se reitera, no se exhibieron documentos que acrediten un derecho real o personal posesorio del citado inmueble. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución, de modo que, al no aportar prueba fehaciente que acredite el derecho que tiene para impugnar la desposesión del inmueble que aduce es de su propiedad, es claro que deviene improcedente el juicio de amparo por no acreditar de forma fehaciente el interés jurídico. Lo anterior, con independencia de que se haya tenido por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable atinente, pues esa circunstancia no relevaba a la quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Tampoco es óbice que en su escrito constitucional, la peticionaria del amparo haya narrado, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, pues ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 207221, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. A mayor abundamiento, esta Juzgadora toma en consideración que de las constancias que fueron agregadas al informe justificado y que conforman el juicio oral ordinal civil 69/2021, destaca la escritura pública número 91,121 noventa y un mil ciento veintiuno, volumen cuatro mil quinientos cuarenta y seis, de tres de junio de dos mil trece, otorgada ante el Notario Público Número Cuatro del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, que contiene, entre otros, el contrato de compraventa celebrado entre Inmobiliaria Kobe, sociedad anónima de capital variable y Brasa Desarrollos, sociedad anónima de capital variable (parte vendedora) y Arturo Curiel Estrada (parte vendedora), respecto del inmueble ubicado en calle Cerrada Ámbar, número mil dieciséis, fraccionamiento Cerrada Amatista, Etapa IV, en esta ciudad; en el que Arturo Curiel Estrada manifestó encontrarse soltero. Del mismo modo, en el convenio celebrado el seis de mayo de dos mil veintiuno, entre la parte actora y la parte demandada en el juicio de origen, Arturo Curiel Estrada refirió nuevamente encontrarse soltero, lo que contraviene lo expuesto por la quejosa al aducir que se encuentra en vínculo matrimonial desde el veinticuatro de julio de dos mil trece con dicha persona. Corolario de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos anteriormente analizados, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de la que se ha dado noticia y se decretó el sobreseimiento de la contienda constitucional en que se actúa, tal situación imposibilita a esta juzgadora para efectuar el análisis de los conceptos de violación planteados. Al respecto resulta aplicable, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 244, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 195741, de rubro y texto siguientes: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos y autoridades precisadas en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta resolución, por las razones ahí expuestas. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Ahora, agréguese a los autos el oficio enviado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que recibió el original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 542/2023-III. De igual forma, se le tiene informando que el tribunal de alzada admitió a trámite tal medio de impugnación, mismo que quedó registrado como amparo en revisión 463/2023; lo cual queda enterado este juzgado federal. Lo previo de conformidad con el numeral 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado el recurso de revisión interpuesto por la autorizada de la parte quejosa, en contra de la interlocutoria de tres de octubre del presente año. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales del incidente de suspensión derivado juicio de amparo 542/2023-III; los escritos originales de expresión de agravios y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Tribunal Colegiado. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la moral tercera interesada S*******, fue emplazado al presente juicio el dieciocho de octubre del año en curso, razón por la cual, no tuvo la oportunidad de imponerse de los autos del presente juicio en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón de que de no mediaron por lo menos ocho días entre el emplazamiento y el día fijado para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy. Es aplicable en lo conducente, la tesis V.4º.1 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, a foja 1119, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado. En consecuencia y a fin de no trastocar las reglas esenciales del procedimiento y evitar así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

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