Laurencio Verdugo Zamarrón

Expediente 768/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
768/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Laurencio Verdugo Zamarrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente principal y el original del incidental, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De igual manera, según lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio público adscrito; así como por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 768/2022-II, promovido por******************** Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el día hábil posterior, veintiséis de agosto de dos mil veintidós, ******************** promovió demanda de amparo en contra del Congreso y la Gobernadora, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre. Segundo. Derechos fundamentales el quejoso estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Aclaración de la demanda y posterior admisión a trámite de la demanda. En auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós (foja 89), una vez que el quejoso desahogó cabalmente la prevención que se le formuló en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós (foja 36); se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo conforme al acta que antecede. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós (foja 125), se ordenó notificar mediante lista a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; de lo que tuvieron conocimiento desde el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós (foja 127), sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la aquí parte quejosa reclamó lo siguiente: Del Congreso del Estado de Chihuahua: la aprobación y la expedición del Decreto LXVII/RFLEY/0286/2022 III P.E., mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua; específicamente los numerales 75, primer párrafo y 151, fracción I. De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la promulgación y publicación del ordenamiento legal de referencia. Norma que reclama con el carácter de autoaplicativa. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados por el peticionario del amparo al Congreso y a la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, pues así lo aceptaron al rendir sus informes con justificación. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, porque la existencia de los preceptos que se reclaman no está sujeta a prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, ya que basta con que estén publicados en un medio de difusión oficial -como lo es el Periódico Oficial del Estado- para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo lo tenga en cuenta al momento de resolver, sin necesidad de que se exhiba un ejemplar donde se contengan las leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general reclamados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 260, del tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, registro 191452, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Así como la tesis V.2º.214 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable a página 205, del tomo XV- I, Febrero de 1995, Octava Época, registro 209107, del Semanario Judicial de la Federación, con el contenido siguiente: LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador constitucional determine si el acto reclamado por el quejoso es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura; hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al numeral 5 fracción I, de la Ley de Amparo, conforme a la cual resulta improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten el interés jurídico del quejoso; artículos que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Con relación a la causa de improcedencia de referencia, es preciso dejar asentado que por imperativo del artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, posterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y los diversos numerales 5º, fracción I, penúltimo párrafo, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada. Este requisito, a su vez, guarda íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo y que, vistos en su conjunto, permiten afirmar que, cuando se tilda un acto de inconstitucional, su procedencia está sujeta a que cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho subjetivo, lo que deberá así acreditar. Así, la noción de interés jurídico ha sido ampliamente abordada por el Alto Tribunal, lo que ha dado origen a una diversidad de tesis jurisprudenciales, de las que deriva que tal figura se vincule estrechamente con el concepto de perjuicio, pues supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión se concede a su titular la facultad de acudir ante un órgano jurisdiccional federal, para demandar su cese. El perjuicio, entonces, debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo, que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos en forma tal, que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Los anteriores argumentos que dieron origen a la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de texto y rubro siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a defender sus derechos humanos. Así, la afectación y por ende, el interés jurídico, concierne exclusivamente al quejoso demostrarlos, a través de medios de convicción fehacientes, ya que no puede suponerse en base en presunciones; pues, en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a aquél y no de forma alguna al Juez Constitucional. Lo que se colige de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Sirve de apoyo, además, lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, correspondiente al mes de febrero de 2002, página 15, cuyo rubro y texto dicen: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Entonces, en suma, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Ahora bien, tratándose del amparo contra leyes, este requisito de afectación puede generarse en dos posibles momentos, a saber: a) por su sola entrada en vigor y b) con motivo de su primer acto de aplicación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido los conceptos de normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas, con el propósito de clasificar e identificar los escenarios en que una norma puede generar una afectación a los particulares y la oportunidad para impugnarla en amparo. Conforme a dicha clasificación, a) las normas autoaplicativas son aquéllas que con su sola entrada en vigor, causan una afectación al particular, sin necesidad de que exista acto de materialización posterior alguno. Por otro lado, b) las normas heteroaplicativas son aquéllas que no generan un perjuicio, sino hasta que se suscita un acto concreto de aplicación de la norma. Ahora, el quejoso reclama en esta instancia constitucional, como norma autoaplicativa, el Decreto LXVII/RFLEY/0286/2022 III P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado, el dieciséis de julio del año en curso, mediante el cual se reforma la Ley de Transporte del Estado; y, combate en específico, los artículos 75, primer párrafo y 151, fracción I. Ahora bien, el anterior artículo 75 de la Ley de Transporte del Estado, establecía: Artículo 75.- Para el otorgamiento de concesiones, se realizará un concurso entre las personas físicas o morales interesadas, en los términos de las condiciones que establezca la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. Del que se desprende de forma medular, que para el otorgamiento de concesiones de transporte, se realizaría un concurso entre las personas (físicas o morales) interesadas, siempre que se cumplieran de las condiciones correspondientes. Por otro lado, el primer párrafo del citado artículo, en el Decreto que aquí se reclama, dispone: Artículo 75. El otorgamiento de concesiones se podrá realizar mediante un concurso entre las personas físicas o morales interesadas, o bien mediante adjudicación directa de la Subsecretaría, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 81 de esta ley, y en los términos de las condiciones que establezca el presente ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables. De la intelección de dicho dispositivo, se desprende que para el otorgamiento de concesiones de transporte, se realizará un concurso entre las personas físicas o morales interesadas, o bien, mediante adjudicación directa de la Subsecretaría de Transporte del Estado, previa satisfacción de los requisitos atinentes. Por su parte, el anterior artículo 151, fracción I, de la Ley de Transporte, disponía: Artículo 151.- Los vehículos que sean utilizados para el servicio de Transporte Especializado deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda de: I. Diez años para transporte escolar, de personas con discapacidad, de personal y turístico. Tratándose de transporte de personal, la Dirección podrá autorizar la utilización de vehículos de una antigüedad de hasta quince años, atendiendo a la revisión físico mecánica que para tal efecto se practique. De tal porción normativa se advierte, esencialmente, que la Dirección de Transporte del Estado podría autorizar la utilización de vehículos para transporte público de personal, con una antigüedad de hasta quince años, previa revisión mecánica del automotor. Por su parte, dicho numeral es del siguiente contenido, en el Decreto aquí combatido: Artículo 151. Los vehículos que sean utilizados para el servicio de Transporte Especializado deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda de: I. Diez años para transporte escolar, de personas con discapacidad, de personal y turístico. Se deroga. La reforma reclamada dispone que la utilización de vehículos para el transporte público de personal (entre otros), no deberá sobrepasar diez años de antigüedad del automotor. Empero, se estima que las porciones reclamadas no ocasionan un agravio en la esfera jurídica del quejoso. Esto es así, ya que el accionante del amparo únicamente aportó como prueba, copia certificada del Acuerdo emitido el trece de mayo de dos mil quince, por el Secretario General de Gobierno y el Director de Transporte, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, a través del cual se otorgó permiso al aquí quejoso para prestar el servicio público de transporte de personal, en esta ciudad, con el número económico ********************, con una vigencia de quince años a partir del nueve de septiembre de dos mil doce (hasta el nueve de septiembre de dos mil veintisiete). Documental a la que se le reconoce valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°. Sin embargo, esa prueba resulta ineficaz para justificar la afectación de que se duele el quejoso respecto de la norma que combate en la presente vía constitucional, en virtud de que la misma, en su caso, únicamente demuestra que cuenta con un permiso para prestar el Servicio Público de Transporte Especial para Trabajadores, en esta ciudad. Por lo que hace al primer numeral reclamado (75, primer párrafo, de la actual Ley de Transporte del Estado), se colige que no provoca ninguna afectación al peticionario del amparo, pues el mismo, en su nuevo contenido, refiere que para el otorgamiento de concesiones de transporte, se realizará un concurso entre las personas físicas o morales interesadas, o bien, mediante adjudicación directa de la Subsecretaría de Transporte del Estado, previa satisfacción de los requisitos atinentes. Empero, el aquí quejoso ya cuenta con la concesión ya indicada, que cuenta con vigencia; y, en términos del artículo noveno transitorio de la norma reclamada, se desprende que concesiones otorgadas conforme a la ley anterior fenecerán al termino señalado en su otorgamiento, al concluir su vigencia y el titular podrá solicitar a la Secretaría General de Gobierno la revalidación de su permiso o concesión -sin sujetarse al procedimiento de concurso- siempre y cuando cumpla con los demás requisitos exigidos para su expedición. Lo que evidencia que, con la mera solicitud y cumplimiento de las pautas para su emisión, el quejoso, de así desearlo, podría solicitar la revalidación de los permisos con que cuenta, para lo cual, se repite, no es necesario que efectúe el procedimiento de concurso para obtenerlas, ni, mucho menos, esperar que se dé con la adjudicación directa de la Subsecretaría de Transporte del Estado. Aunado a lo anterior, en este juicio de amparo biinstancial, no probó, de forma alguna, que se encuentra interesado en obtener diversa concesión -además de la que se desprende que ya tiene, del acuerdo de otorgamiento de permiso para prestar el servicio público de transporte especial para trabajadores, que exhibió en copia certificada-; con la que se le pudiera lesionar su esfera jurídica con la mera entrada en vigor de la norma reclamada, en particular, de la porción en cita. Luego, respecto del restante artículo, el promovente del amparo no probó el agravio personal y directo que le ocasiona la norma combatida -como sería que ejerciera precisamente ese permiso que se le concedió, consistente en brindar los servicios de transporte de personal a trabajadores- pues no exhibió constancia alguna para demostrar que cuenta con unidades vehiculares propias que los brinden, por virtud de las cuales explote la concesión de transporte público que le fue dada; y, de esa forma, estar en posibilidad de analizar si se encuentra, o no, dentro de la porción normativa transformada en comento. Se insiste, lo único que probó el quejoso es que cuenta con un permiso para prestar el Servicio Público de Transporte Especial Escolar y para Trabajadores, en esta ciudad; pero no que la ejerza con vehículo alguno. Se reitera, para acreditar el agravio respectivo, era preciso que el promovente acreditara que está ejerciendo los derechos y obligaciones de la normatividad reformada, demostrando fehacientemente que cuenta con unidades vehiculares propias, con motivo del permiso que tiene, para brindar los servicios de transporte ya referidos; para estimar, en su caso, que con la sola entrada en vigor del decreto reclamado, resintió algún perjuicio. Al respecto, el quejoso no exhibió documento con que acreditara la propiedad de automotor alguno relacionado con las concesiones, ni, al menos, mencionó unidad vehicular alguna con la que estuviera realizando esas funciones. Por tanto, no acredita encontrarse bajo el supuesto normativo que regula el ordenamiento que tilda de inconstitucional. En ese contexto, para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente que las disposiciones reclamadas sean obligatorias desde el momento en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el peticionario del amparo se encuentra en los supuestos que ahí se establecen, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo; lo cual, en la especie, no se demostró. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 3a./J. 9/94, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 76, abril de 1994, Octava Época, página 17 (registro 206625), que dice: LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica. En consecuencia, es evidente que el quejoso no acreditó gozar de interés jurídico para acudir a instar la protección constitucional; mismo que, como ya se puntualizó, correspondía únicamente a él probarlo -de forma plena y fehaciente- al tener la carga probatoria de ello, y no este órgano jurisdiccional; además, como también ya se acotó, tal elemento no puede inferirse de forma alguna, con base en presunciones. De esta manera, las pruebas invocadas son insuficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso, y al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al numeral 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento respectivo, de conformidad con el ordinal 63, fracción V, de la propia Ley. No es óbice para arribar a tal conclusión, que el peticionario del amparo haya narrado -bajo protesta de decir verdad- los antecedentes de los actos aquí reclamados, pues con ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 207221, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Finalmente, la aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que abrogó la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** por las razones acotadas en el considerado cuarto de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las responsables y al agente del Ministerio público adscrito; y mediante lista a la parte quejosa. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Cambio de titular Visto el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se colige que informó que fue determinada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, se ordena hacer lo previo del conocimiento de las partes, con la finalidad de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Incidental

    InterlocutoriaCiudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 768/2022-II; Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, y turnado el día hábil siguiente a éste órgano jurisdiccional, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra: el Congreso del Estado de Chihuahua y otra autoridad, de quienes reclamó lo siguiente: d. Acto de Autoridad. DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. la expedición del decreto LXVII/RFLEY/0286/2022IIIP.E. Publicado en el periódico oficial del estado el 16 de julio del año en curso mediante el cual se reforma la Ley de Transporte del Estado. DE LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL CHIHUAHUA. La publicación de la referida Ley de Transporte del Estado de Chihuahua. Segundo. Tramitación del incidente. Previo desahogo de la prevención de la demanda, mediante auto de cuatro de octubre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de mérito, se ordenó aperturar el presente incidente de suspensión; les fueron solicitados los informes previos a las autoridades responsables; y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Existencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes previos, la Gobernadora y el Congreso, ambos del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, aceptaron la existencia de los actos que les fueron endilgados. Por tanto, se tienen ciertos los actos que se le atribuyó el accionante del amparo. Cuarto. Se niega la suspensión definitiva. En principio, se reitera que el quejoso reclama de la Gobernadora y Congreso, ambos del Estado de Chihuahua lo siguiente: d. Acto de Autoridad. DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. la expedición del decreto LXVII/RFLEY/0286/2022IIIP.E. Publicado en el periódico oficial del estado el 16 de julio del año en curso mediante el cual se reforma la Ley de Transporte del Estado. DE LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL CHIHUAHUA. La publicación de la referida Ley de Transporte del Estado de Chihuahua. En tal tesitura, los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de amparo debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. En ese orden de ideas, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, es necesario que: a. La solicite el quejoso; y, b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva. Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. En este sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados la expedición y publicación del Decreto No. LXVII/RFLEY/0286/2022 III P.E. publicado en el P.O.E. No. 57 del 16 de julio de 2022; y específicamente los artículos 75 y 151 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 24 del 21 de marzo de 2020, que establecen lo siguiente: Artículo 75. El otorgamiento de concesiones se podrá realizar mediante un concurso entre las personas físicas o morales interesadas, o bien mediante adjudicación directa de la Subsecretaría, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 81 de esta ley, y en los términos de las condiciones que establezca el presente ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables. La convocatoria para el concurso se publicará en el Periódico Oficial y en las redes digitales del Gobierno del Estado, con por lo menos quince días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración del concurso. Las Concesiones y Permisos se otorgarán en favor de personas físicas y morales que cumplan con los requisitos que se establecen en la presente Ley, su Reglamento, y en el caso de concesiones, en las bases del concurso correspondiente. El servicio de transporte de taxi solo se otorgará a personas físicas. Para el otorgamiento de Concesiones, además del cumplimiento de los requisitos establecidos para los concesionarios, como a los vehículos con que se prestará el servicio, se tomarán en cuenta los siguientes factores: I. Características y modo de propulsión de vehículos para la prestación del servicio. II. La calidad y condiciones de seguridad, modelos, accesibilidad universal e innovación de los vehículos con que se prestará el servicio. III. La tecnología con la que cuenten sus vehículos: emisiones, aditamentos tecnológicos, mecánicos y telecomunicaciones. IV. Infraestructura y equipamiento físico para el mantenimiento y resguardo de unidades propuesto. V. Metas de atracción de pasajeros comprometidas. VI. La posible entrada de nuevos competidores al mercado. VII. El historial de cumplimiento o incumplimiento de requisitos de operación de transporte en otras concesiones que tenga o en las que participe el concursante, así como el historial de las multas y sanciones de transporte, vialidad y tránsito a sus conductores y vehículos en las concesiones o permisos que tengan. [Artículo reformado en su primer párrafo y fracción VII de su cuarto párrafo mediante Decreto No. LXVII/RFLEY/0286/2022 III P.E. publicado en el P.O.E. No. 57 del 16 de julio de 2022] Artículo 151. Los vehículos que sean utilizados para el servicio de Transporte Especializado deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda de: I. Diez años para transporte escolar, de personas con discapacidad, de personal y turístico. Se deroga. II. Cinco años para autos de arrendamiento. III. Siete años para Empresas de Redes de Transporte, con excepción de los vehículos eléctricos o híbridos, cuya antigüedad máxima la establecerá la Subsecretaría. IV. La determinada por la Subsecretaría, en función de las condiciones físico-mecánicas del vehículo, para los siguientes casos: a) Transporte de Carga en general. b) Transporte de carga riesgosa y de residuos. c) Transporte de carga especial. d) Transporte de agua. e) Transporte de Carga con exceso de dimensiones. f) Grúas. g) Ambulancias, funerarias y escuela de manejo. En todo momento, las dimensiones en el transporte de bienes y la capacidad en el transporte de pasajeros, deberán ser determinadas atendiendo al índice de pasajero por kilómetro, la eficiencia en costos y emisiones contaminantes, así como la promoción del transporte público. [Artículo reformado en su fracción I y IV, derogado en su segundo párrafo de la fracción I mediante Decreto No. LXVII/RFLEY/0286/2022 III P.E. publicado en el P.O.E. No. 57 del 16 de julio de 2022] En esas condiciones es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados, toda vez que a la expedición y publicación de las normas reclamadas, les reviste el carácter de consumadas, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Además, debe tenerse presente que, en los juicios de amparo contra leyes, la materia de la suspensión es la ejecución o su aplicación, pero no éstas en sí, ya que su constitucionalidad es materia del fondo del amparo mas no del incidente de suspensión. Ilustra lo antes expuesto la Jurisprudencia II.3o. J/37 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Núm. 60, Diciembre de 1992, página 51, que dice: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Asimismo, la diversa tesis de jurisprudencia 221, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página 3848 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19172011, Tomo II, que estatuye: LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo. Por otra parte, las normas jurídicas que nos ocupan, por su naturaleza y efectos, son de orden y utilidad pública e interés social, por lo cual, de otorgarse la suspensión en los términos pretendidos por la parte quejosa en la primera parte, se causa perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, básicamente ya que la Ley reclamada emerge con la finalidad de regular y mejorar el transporte público en el Estado de Chihuahua, y toda la sociedad está interesada a que se realicen las regulaciones y mejoras. Lo anterior ya que la sociedad está interesada en que el servicio (transporte) se preste en condiciones óptimas que dignifiquen a los usuarios. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión solicitada, toda vez que, de hacerlo, se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues ello impediría que la colectividad obtenga un desplazamiento seguro, eficiente y de calidad. Esto atendiendo a que la prestación del servicio de transporte se debe desarrollar bajo circunstancias que otorguen seguridad, calidad y eficacia a los usuarios que requieren de ese servicio, pues se debe garantizar la entrada de rutas ya establecidas o de nueva creación, control administrativo consistente en informar quiénes son las personas que prestan el servicio, lo que permite, entre otras cosas, determinar si dichos prestadores se encuentran autorizados para ello (otorgando así seguridad al usuario). Así, en su conjunto permiten satisfacer adecuadamente la necesidad colectiva del transporte, satisfaciendo el interés social y regulando el orden público a que se refiere el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: ORDEN PÚBLICO. Si bien es cierto que la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su resolución. Resulta pues indudable que los Jueces, en casos determinados, pueden calificar y estimar la existencia del orden público con relación a una ley, y no podrían declarar éstos que no siendo ya aplicable una ley en los conceptos que la informaron por cuestión de orden público, conserva aún ese carácter y que subsisten sus finalidades. (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Tesis: 921, página: 1043.) ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesarios cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales. Tesis: 922. Página: 1044.) Asimismo, por el criterio que sostienen, las tesis de rubro: TÍTULOS DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE ABSTENGAN DE ASIGNAR Y SUSCRIBIR LOS RELATIVOS A LAS RUTAS TRONCALES O COMPLEMENTARIAS, RESPECTO DE LAS CUALES LOS QUEJOSOS TENGAN CELEBRADOS CONTRATOS DE SUBROGACIÓN A SU NOMBRE. (Décima Época, Registro: 2016207, Tribunales Colegiados de Circuito, Aislada, Tesis: III.5o.A.50 A (10a.), Página: 1568.) TRANSPORTE. DEBE NEGARSE LA SUSPENSIÓN SOLICITADA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10, 52, 60, 73 BIS, 85 BIS Y 122 BIS DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE PUEBLA QUE TUTELAN LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO PÚBLICO BAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, CALIDAD Y EFICACIA EN BENEFICIO DEL INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). (Novena Época, Registro: 174827, Tribunales Colegiados de Circuito, Aislada, Tesis: VI.3o.A.279 A, Página: 1224.) En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 146, de la Ley de Amparo, se resuelve:Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *******, en contra de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta interlocutoria.Notifíquese.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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