Laura Margarita Rodríguez Solís
Expediente 102/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 27 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Laura Margarita Rodríguez Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Solicitud de copias Súmese a los autos el escrito de cuenta, para que conste como legalmente corresponda, atento a su contenido, el licenciado ******* autorizado en términos amplios de la quejosa ******* pide que se le expida copia certificada de todas las constancias que obran en el presente expediente. Autorización de copias y digitalización Respecto a lo solicitado, se hace saber al promovente que en términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Tal como se estableció en el auto admisorio, con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará previa cita que registren para acudir al juzgado, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. En el entendido que, las mismas podrán obtenerse una vez que se reanuden en su totalidad las labores del juzgado, dado que, por el momento se mantiene un esquema de trabajo semipresencial. Transición al juicio en línea Lo anterior, sin perjuicio de invitarle para que transite al esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL), donde podrá tener acceso a la totalidad del expediente para su impresión; invitación que se realiza con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se sobreseyó en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y se negó la definitiva el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso a) y c), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL ENTRE OTRAS DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 102/2021-I-1, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. En el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Juárez, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se presentó la demanda y se recibió en este juzgado, por razón de turno, el mismo día. En el escrito inicial la parte quejosa ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que se citan enseguida: [.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Al tenor de lo dispuesto por el artículo 5 de la nueva Ley en materia, me permito señalar las siguientes: TIENEN EL CARÁCTER COMO ORDENADORAS Y EJECUTORAS LAS SIGUIENTE: 1. Se señala como autoridad responsable de ORDENAR, a los Juzgados, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO. OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, CIVILES POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, así como el CENTRO AUXILIAR CIVIL Y FAMILIAR, todos con domicilio conocido en la avenida eje vial Juan Gabriel y Aserraderos de la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez, Chihuahua. IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: 1.- LA FALTA DE NOTIFICACIÓN PARA COMPARECER A CUALQUIER JUICIO Y/O PROCEDIMIENTO DONDE LA SUSCRITA QUEJOSA TENGO INTERÉS JURÍDICO. 2.- LA SENTENCIA O INTERLOCUTORIA QUE ORDENA LA ADJUDICACIÓN A UN TERCERO, DEL INMUEBLE INSCRITO BAJO LA INSCRIPCIÓN ******* FOLIO ******* DEL LIBRO *******, PROPIEDAD DE LA MADRE DE LA SUSCRITA QUEJOSA QUIEN SOY SU HEREDERA. 3.-RESTRICCIÓN DE LOS JUZGADOS CIVILES POR AUDIENCIAS A DARME INFORMACIÓN DE SI EN ALGUNO DE LOS MISMOS EXISTE ALGÚN JUICIO DONDE LA QUEJOSA SOY PARTE O TENGO INTERÉS JURÍDICO PARA ASÍ PODER COMPARECER AL MISMO. [.] Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se registró con el número 102/2021-I-1, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, y previo diferimiento, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia civil en el que se reclama un acto que tiene ejecución material en el lugar sobre el cual ejerce jurisdicción este juzgador. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, Civiles por Audiencias del distrito judicial Bravos, así como de la Secretaria de Acuerdos encargada del Centro Auxiliar de Juzgados Familiares de Primera Instancia del Sistema Tradicional y Sistema por Audiencias encargada del despacho por Ministerio de ley del distrito judicial Bravos, todos con sede en esta ciudad, los actos siguientes: a) La falta de emplazamiento a algún juicio del orden civil, en el que tenga interés jurídico, dado que podría verse afectada directamente a sus derechos sustantivos. b) La sentencia o resolución interlocutoria que ordene la adjudicación a un tercero, respecto del inmueble registrado bajo la inscripción ******* folio ******* del libro *******, que dice ser propiedad por herencia. c) La restricción de los juzgados civiles por audiencias a darle información respecto de algún juicio en el que sea parte o tenga interés jurídico. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, los que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes algunos de los actos reclamados, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Al rendir informe, las autoridades responsables Juez Noveno Civil por Audiencias distrito judicial Bravos (foja 46), Juez Provisional Segundo Civil por Audiencias distrito judicial Bravos (foja 51 y 68), Juez Primero Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 53), Juez Octavo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 57), Juez Décimo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 58), Secretaria de Acuerdos encargada del Centro Auxiliar de Juzgados Familiares de Primera Instancia del Sistema Tradicional y Sistema por Audiencias encargada del despacho por Ministerio de ley del distrito judicial Bravos (foja 59), Juez Quinto Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 60), Juez Sexto Civil por Audiencias Provisional del distrito judicial Bravos (foja 61), Secretaria Judicial encargada del despacho por Ministerio de ley del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 62) y Jueza Cuarto de lo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 66), todos con sede en esta ciudad, negaron de forma contundente los actos endilgados por la quejosa consistentes en la falta de emplazamiento a algún juicio del orden civil, en el que tenga interés jurídico, las resoluciones interlocutorias o sentencias que ordenen la adjudicación a un tercero, respecto del inmueble registrado bajo la inscripción ******* folio ******* del libro *******, que dice ser propiedad por herencia; y, la omisión a darle información respecto de algún juicio en el que sea parte. Por su parte, la Jueza Tercero Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos (foja 73 a 126 y 150 a 244), con residencia en esta ciudad, al rendir su informe indicó que la aquí quejosa en su carácter de apoderada legal de ******* promovió el juicio oral ordinario civil *******, en contra de *******, ******* y del Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el treinta de octubre de dos mil diecinueve se dictó sentencia en la que se determinó ordenar la cancelación de la anotación marginal de reserva de dominio que obra en la inscripción número ******* a folio ******* del libro ******* de la Sección ******* del Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial sobre el inmueble propiedad de la actora ******* consistente en lote de terreno ubicado en la manzana *******, en *******, de esta ciudad y que el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la misma. Ahora, toda vez que, el juicio oral ordinario civil *******, fue promovido por la quejosa ******* en su carácter de apoderada legal de *******, y en el presente asunto reclama la falta de emplazamiento a juicio al alegar ser tercera extraña por equiparación, se desvirtúa la certeza del acto reclamado a la Jueza Tercero Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, respecto del juicio de origen a que se ha hecho referencia. Además, de la jueza de referencia tampoco son ciertos los actos consistentes en las resoluciones interlocutorias o sentencias que ordenen la adjudicación a un tercero, respecto del inmueble registrado bajo la inscripción ******* folio ******* del libro *******, que dice ser propiedad por herencia la quejosa; y, la omisión a darle información respecto de algún juicio en el que sea parte. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si la autoridad negó los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En el caso, la parte accionante del amparo omitió ofertar pruebas tendentes a la acreditación de los actos reclamados, a pesar de que se le dio vista con el contenido de los informes justificados, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza de los actos reclamados. La Jueza Tercero Civil del distrito judicial Bravos, con sede en esta localidad, al rendir su informe justificado aceptó que en el órgano que preside se tramita el juicio sucesorio testamentario ******* promovido por *******, en los que se emitieron acuerdos relacionados con el inmueble ubicado en la manzana 9 de la Colonia Hortensias (hoy Melchor Ocampo), en esta ciudad, ya que dicha propiedad forma parte del caudal hereditario de la de cujus. Además, la certeza de los actos queda acreditada con los elementos de prueba que exhibió la referida autoridad responsable consistentes en copia certificada del juicio sucesorio testamentario ******* del registro del juzgado responsable, probanzas a la cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De modo que, se tiene como cierto la tramitación del juicio de origen al cual la aquí quejosa no ha sido llamada. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Análisis de la causa de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, quien esto suscribe determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la que se establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 3, Materia Común, con registro 2004501, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio el quejoso se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de las autoridades responsables es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de dos mil trece, Tomo 3, Materia(s): Común, con registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. La parte impetrante reclama lo actuado en el juicio civil ******* del índice del Juzgado Tercero de lo Civil por Audiencia del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y de manera relevante la falta de emplazamiento al mismo. Los actos que reclama son de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. También la jurisprudencia 854, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página quinientos ochenta y dos, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación a mil novecientos noventa y cinco, con registro 394810, que preceptúa: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Por las razones expuestas, se infiere que, para la promoción del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde a la quejosa; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo. Cobra vigencia, la jurisprudencia 293, formulada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de País, publicada en la página doscientos cuarenta y dos, tomo VI, Octava Época, del citado apéndice, compilación al dos mil, con registro 917827, que señala: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Asimismo, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Sentado lo precedente, es conveniente precisar que de la copia certificada del juicio sucesorio testamentario *******, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos, con morada en esta ciudad, se desprenden, en lo que aquí interesa, los siguientes datos: 1. ******* denunció el juicio sucesorio testamentario a bienes de la señora *******, por lo que el trece de septiembre de dos mil dieciséis, la Jueza Tercero de lo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, radicó la demanda bajo el consecutivo *******, y la admitió a trámite. 2. El denunciante basó su acción en la escritura pública *******, de veintiséis de septiembre de dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público ******* con ejercicio en el distrito Bravos, en esta ciudad, instrumento en que se hizo constar el testamento de la señora *******, en el que la testadora nombró, declaró e instituyó como su único y universal heredero a *******. 3. Seguido en sus cauces el trámite del asunto, en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se adjudicaron los bienes que conforman la masa hereditaria al aquí tercero interesado por ser el único y universal heredero. Como se ve, la quejosa es tercera extraña stricto sensu al juicio sucesorio testamentario *******, pues la parte denunciante y único con interés jurídico reconocido en el mismo es el aquí tercero interesado *******. De manera que, dado que la promovente del amparo es ajena al expediente ******* del índice del Juzgado Tercero de lo Civil por Audiencias del distrito judicial Bravos, con sede en Juárez, Chihuahua, que deriva del primero, no le depara perjuicio a su esfera de derechos, al no causarle un agravio personal y directo el juicio de amparo es improcedente. Sobre el particular, por su idea jurídica, tiene aplicación la jurisprudencia 1764 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se publicó en el Apéndice 1917- Septiembre 2011 al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Civil, visible en la página 2015, con registro 1003643, de texto y rubro siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Conviene apuntar que esta determinación no prejuzga sobre la legalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables, ni limita la posibilidad de que la parte quejosa acuda ante las instancias competentes para deducir sus derechos, pues la conclusión a que arribó este Juzgado no involucra el estudio de fondo de los actos reclamados. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la parte solicitante de amparo. Es aplicable a esta consideración, la tesis II.3o. J/58 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, con registro 214593, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. En este contexto, resulta innecesario abordar el estudio de las diversas causas de improcedencia propuestas, pues no modificarían el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable al presente caso, la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 414, que señala lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 102/2021-I-1 promovido por *******, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones expresadas en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente a la quejosa, al tercero interesado y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado ******* a través del cual comparece a este juicio de amparo en su carácter de tercero interesado. Autorizados y domicilio Por así haberlo solicito el tercero interesado, así como por encontrarse inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado *******. Asimismo, en los términos restringidos del numeral 24 de la legislación referida en el párrafo que antecede, a *******, en virtud de no encontrarse inscrito en el sistema referido en el párrafo que antecede, así como tampoco haber proporcionado su número de cédula profesional a efecto de realizar una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******, en esta ciudad, así como el correo electrónico ******* y el teléfono *******, para esos mismos efectos. Alegatos Por otro lado, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos vierte la parte tercera interesada, los que, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tomarán en cuenta al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, y de ser procedente se tomarán en consideración al momento de dictar el fallo definitivo. Ofrecimiento de prueba Finalmente, se tiene al tercero interesado en cita ofreciendo como prueba de su parte la documental que anexa al ocurso que se atiende consistente en copia certificada del expediente *******, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; medios de convicción que se tienen por admitidos y desahogados dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Quedan 23 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Laura Fierro Mata500/2023
- Laura Gabriela Vázquez Juan1018/2022
- Laura Genoveva López González64/2020
- Laura Irene Limones Galindo y Otros.198/2019
- Laura Isela Hernández Ramírez331/2017
- Laura Lazalde Zamora564/2015
- Laura Meza Herrera20/2016
- Laura Rivas Lozoria667/2016
- Laura Rivera Zamora y Otros.264/2019
- Laura Selene Contreras Guzmán1003/2022
- Laura Vega Velázquez699/2019
- Laura Victoria Garcia Lopez542/2023