Laura Romero Pérez
Expediente 935/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Laura Romero Pérez
Actuaciones
- Principal
... Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 97 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado el referido acuerdo. ... archívese este expediente como concluido... este expediente es susceptible de destrucción. ... Notifíquese electrónicamente a la quejosa...
- Principal
. Quejosa cumple prevención. Agréguese el escrito de la quejosa . por medio del cual cumple con la prevención efectuada el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, precisando la fecha en que fue notificado el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, por tanto, se provee en los siguientes términos: Acto reclamado. Del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: "(.) De la autoridad responsable ordenadora, reclamo el Auto de fecha 18 de Agosto del año 2022, dictado por la C. Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31 con sede en la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de los autos del Juicio Agrario Número 99/2021 promovido por la suscrita LAURA ROMERO PÉREZ en contra de Augusto Sánchez Palacios, ejidatario del poblado LAGUNILLA, Municipio de Ixtaczoquitlan, Ver., mediante la ratificación hecha en la certificación 791 de 2 de junio de 1999, toda vez que la firma y la huella que calza el citado documento no corresponde a dicha persona, se ordene a la Delegación del Registro Agrario Nacional la cancelación del traslado de derechos que hiciera a favor del demando AUGUSTO SÁNCHEZ SARMIENTO, de los derechos que en vida correspondieron a HILARIO SÁNCHEZ PALACIOS, RESPECTO DE LA PARCELA 30 Z-1-P 1/1, con superficie 4-06-42-91 hectáreas, amparada con el certificado Parcelario 10840125 del mencionado núcleo agrario y que está a favor de AUGUSTO SÁNCHEZ SARMIENTO; que como cónyuge supérstite me corresponden los derechos del finado ejidatario, ya que dentro de dicho auto la responsable DESECHA la prueba de INSPECCIÓN JUDICIAL (.)" Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con las fracciones V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Lo anterior, ya que de los citados artículos se advierte, en esencia, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve contra actos que no ocasionan daño a las personas, cuya reparación sea imposible. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)." De la disposición constitucional trascrita, se observa que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues esa transgresión o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable a sus intereses, precisamente porque la reparación en los derechos vulnerados a la parte quejosa sería imposible. Lo anterior es así, dado que, de dictarse una resolución definitiva favorable en la controversia de origen, puede darse el caso que la violación alegada fuere subsanada o dejada insubsistente y, por ende, la consecuencia sería dejar intacta la esfera jurídica del gobernado al no alterarse ninguno de sus derechos sustantivos. Por ello, esa posibilidad reparadora conduce a no colocar los aspectos intraprocesales como base para la promoción de un juicio de amparo indirecto o bi-instancial, sino que éstos pueden ser subsanados en aquella decisión definitiva o bien al promoverse los medios de defensa ordinarios, o en su caso, el juicio constitucional que hagan valer. En este orden de ideas, debe decirse que el acto reclamado consistente en el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós dictado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito treinta y uno de esta ciudad, dentro del juicio Agrario número 99/2021, en el cual se desechó la prueba de inspección judicial que se practicaría en la Notaría Pública número siete de la Decimoquinta Demarcación notarial, con sede en Orizaba, Veracruz, en modo alguno constituye un acto en el juicio que tenga una ejecución de imposible reparación, en los términos que han sido indicados, sino que se trata de una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse con el dictado del acuerdo referido, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva que resuelva el citado juicio resulta finalmente favorable a sus intereses, ello tomando en consideración que el juicio que se sigue ante el referido Tribunal aún no se encuentra concluido, dentro de la cual la quejosa es parte actora. Cabe destacar además, que en caso de que el acto aquí combatido entrañe violaciones que trascienda al sentido del fallo del referido juicio, podrá hacerlo valer como concepto de violación y reclamarse a través del amparo directo que en su caso promueva la solicitante del amparo, contra la sentencia que en su momento llegare a dictarse y que ponga fin a la controversia. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. . SE NOTIFICA VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA POR ASÍ HABERLO SOLICITADO...
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Laura Romero Pérez, por propio derecho, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31, con sede en esta ciudad; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 935/2022/V-B. Prevención. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece que previo a acordar sobre la admisión de la demanda, se debe verificar que la misma cumpla con las exigencias previstas por el legislador federal. En el caso, de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictado por la autoridad responsable, dentro de los autos del juicio agrario 99/2021, promovido por la quejosa, señalando como fecha de notificación el veintinueve de agosto de dos mil veintiuno. En consecuencia, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con las copias respectivas de su ocurso aclaratorio cumpla con lo siguiente: Señale la fecha en que fue notificada del auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Apercibimiento. De no dar cumplimiento a la prevención, en términos del penúltimo párrafo del número 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Domicilio y autorizados. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario MPALACIOSG, es válido; por tanto, se autoriza tanto el acceso al expediente electrónico como la práctica de notificaciones a la parte promovente, por lo que no ha lugar a tenerle señalando domicilio para éste efecto; asimismo, por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Norma Méndez Gallardo, María de Jesús Palacios González y Rubén Ortega López, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional. Medios de contacto. Conforme al Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medios de contacto de la parte promovente, los correos electrónicos que proporciona, únicamente para que los actuarios judiciales tengan comunicación y se les facilite realizar las notificaciones en este juicio. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa...
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