Laura Teresa Hernández Salazar
Expediente 1234/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1234/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Laura Teresa Hernández Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, a veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Ahora, de autos se advierte que por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de diciembre de dos mil catorce (fojas 131 a 195), este órgano jurisdiccional, por una parte sobreseyó el juicio, por otra negó y en una más concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por Laura Teresa Hernández Salazar, en los siguientes términos: ".1.No podrán realizar los descuentos por aportaciones del doce por ciento de las jubilaciones o pensiones que lleguen a disfrutar los quejosos, y eventualmente a sus beneficiarios; y 2. Para calcular la cuantía de las pensiones que eventualmente se concedan a los quejosos y a sus beneficiarios, se considere el promedio del sueldo de cotización percibido en el último año anterior a la fecha de baja, en lugar del sueldo regulador." Inconformes con el fallo constitucional emitido, tanto la parte quejosa como la autoridad responsable interpusieron recurso de revisión razón por la que mediante acuerdos seis y veintiocho de enero de dos mil quince, respectivamente, se tuvo al autorizado de la parte quejosa Rafael González Avillaced, y al Director General y Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, interponiendo tal medio de defensa (fojas 207 y 380); y mediante oficios 1969/2015 y 3624/2015 del índice de este juzgado, el veintiuno de enero y tres de febrero enero de dos mil quince, se remitieron a la Oficina de Correspondencia Común Adscrita a los Órganos Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación de los medios defensivos hechos valer por las partes (fojas 340 y 400). Posteriormente, el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, se recibieron en la oficialía de partes de este juzgado los oficios número 3591/2016-B y 3593/2016-B, signados por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjuntan los autos del juicio de amparo 1234/2014 en que se actúa y copias autorizadas de las resoluciones dictadas en los expedientes de Revisión de Trabajo 59/2015 y 76/2015. Ahora de la copia autorizada relativa al expediente de Revisión de Trabajo 59/2015, se advierte que la Superioridad resolvió: ".PRIMERO.- En la materia de la revisión se MODIFICA la sentencia recurrida.- SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1234/2014, promovido por Laura Teresa Hernández Salazar, respecto de los artículos 19, 95, fracción II, y tercero transitorio, todos de la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por los motivos a que se refiere el considerando quinto de esta ejecutoria.- TERCERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Laura Teresa Hernández Salazar, respecto de los artículos 1, 6 Y 36 de la Ley número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el veintiuno de julio del dos mil catorce, por los motivos a que se refieren los considerandos sexto y séptimo de esta ejecutoria." Asimismo, de la copia autorizada relativa al expediente de Revisión de Trabajo 76/2015, se advierte que el Tribunal Colegiado resolvió: ".ÚNICO.- En la materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida, que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Laura Teresa Hernández Salazar, por los artículos 3, fracción XIV, 16, quinto, octavo y noveno transitorios de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y contra los actos que reclama del Gobernador, Congreso e Instituto de Pensiones, todos del Gobierno del Estado de Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando décimo primero de la resolución recurrida." Por auto de treinta de junio de dos mil dieciséis, se recibieron los testimonios de referencia de la superioridad y, en términos de la ejecutoria pronunciada por este juzgado federal, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Director del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado tal acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 760 a 761). Mediante oficio presentado el ocho de julio del año en curso, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el Director General y Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado, informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector (fojas 772 a 777); por lo anterior, mediante acuerdo de once de julio de la presente anualidad, quedaron los autos a la vista de la parte quejosa por el término de tres días a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (fojas 779 y 780), quien fue notificada mediante la lista de acuerdos que se publica en este juzgado por no haber acudido a este Juzgado en el término concedido mediante citatorio que se dejó en su domicilio (fojas 781 a 783) y dentro de ese lapso no desahogó la vista de mérito. Ahora, debe precisarse que el amparo concedido, fue para el efecto de que la autoridad responsable encargada de operar la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prescindiera de la aplicación presente y futura al quejoso del artículo 3, fracción XIV, 16, quinto, octavo y noveno transitorios de la citada ley y, en consecuencia, no podrá que al momento de calcular la cuantía de la pensión que eventualmente le sea concedida, se considere el promedio del sueldo de cotización percibido en el año anterior a la fecha de baja (sueldo regulador). Sobre el particular, el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad -autoridad encargada de operar la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave-, en el oficio número SJ/1396/2016 de ocho de julio pasado, expuso su imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia amparadora, por cuanto hace al artículo 16 de la citada ley; en razón de que la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en cumplimiento a lo decidido por el Más Alto Tribunal de este país, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 101/2014, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de diversos artículos de la multicitada Ley 287,-en la parte que interesa-, derogó el precepto 16, lo cual se aprecia de las manifestaciones que hizo la autoridad oficiante, así como de la publicación de doce de noviembre de dos mil quince, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 452, en la que aparece el Decreto número 598, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que respecto del referido artículo, tal como lo sostiene la autoridad responsable, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento del fallo protector emitido en este juicio, pues a la fecha ya no es jurídicamente posible cumplirlo al haberse eliminado, del texto vigente la referida disposición que incidía en la esfera jurídica de la quejosa. Es aplicable al caso por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia número 2/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 431, del Tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Por otra parte, tocante a los artículos 3°, fracción XIV, quinto, octavo y noveno transitorios de la multicitada Ley de Pensiones, hecho un análisis a las constancias mediante las cuales el Director General del Instituto señalado como responsable, informó el cumplimiento a la sentencia amparadora, se advierte que giró las instrucciones correspondientes, mediante Memorándum número SJ/1397/2016 dirigido a la Subdirectora de Prestaciones Institucionales de dicha dependencia, a fin que tomara las medidas necesarias y se abstuviera de la aplicación presente y futura a la quejosa de tales artículos, asimismo, se aprecia que la responsable instruyó para que en el expediente personal de la quejosa Laura Teresa Hernández Salazar, se insertara copia del Memorándum de mérito, ello con la finalidad de que al momento de que soliciten algún beneficio, de ser concedido, se observen los lineamientos del fallo protector emitido en el presente asunto. En esas condiciones, se colige que la autoridad responsable encargada del cumplimiento, acató en sus términos la sentencia; por lo que procede declarar que ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se restituyó a los peticionarios del amparo, en el goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vulnerados; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del mismo cuerpo normativo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir de dos mil trece, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto por una parte se sobreseyó, por otra se negó y en una más se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración y por cuanto al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, procede su depuración, haciendo conservable el acuerdo y la resolución interlocutoria donde se decretó la medida cautelar referida. Así las cosas, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, la licenciada Luz María García Bautista, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizada para actuar como encargada de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por disfrutar el titular, licenciado Arnulfo Moreno Flores, del periodo vacacional correspondiente al primer semestre de dos mil dieciséis, de acuerdo al oficio número CCJ/ST/2670/2016 de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Penélope Rodríguez Landa Secretaria que autoriza y da fe.
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...Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa...
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...Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa...
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...EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL CITADO AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ...Xalapa de Enríquez, Veracruz, a once de julio de dos mil dieciséis. Visto: téngase por recibido el oficio signado por el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al fallo protector, remite las constancias relativas al mismo. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que en el acto de la diligencia, o bien, en el término de tres días, contado a partir de que le sea notificado el presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, en el entendido que aun cuando la parte quejosa no desahogue dicho requerimiento, esta autoridad federal se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio con base en las constancias que obran en autos. Se cita como apoyo a lo anterior por sus consideraciones, la tesis 1ª. XC/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión". Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Nueva Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado ante la licenciada Luz María García Bautista, Secretaria que autoriza y da fe...
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