Laura López Méndez

Expediente 837/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
837/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Laura López Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ... Causa estado. Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la determinación de veintiuno de septiembre del año en curso, por medio de la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito. ... archívese este expediente como concluido.... este expediente es destruible. ...

  2. Principal

    ... Autoridad informa entrega de certificado parcelario. Agréguese sin mayor proveer el oficio del Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, toda vez que mediante auto de veintiuno de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, el cual fue notificado a la citada autoridad responsable mediante oficio 30711/2022, el veintitrés de septiembre pasado...

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el informe justificado que rinde el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Delegados y domicilio. Con apoyo en lo establecido por los artículo 9º y 28, fracción I, de la ley en cita, ténganse como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones, los señalados por la citada autoridad en su informe de cuenta. Prueba. De conformidad con lo establecido por el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia autorizada del certificado parcelario 80265 a nombre de Laura López Méndez, que anexó a su informe. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa Laura López Méndez, señaló como acto reclamado por parte del Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la omisión de darle respuesta y/o entregarle el certificado parcelario que la acredite como titular de la parcela 65 Z-1 P3/3 112 del Ejido el Raudal, Municipio de Nautla, Veracruz. Ahora, el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en su informe de cuenta manifiesta que fue concluida con satisfacción la reposición del certificado parcelario número 80265 a nombre de Laura López Méndez, el cual está a su disposición en el módulo de atención a trámites de esa Delegación, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes, sin necesidad de generar previa cita para recogerlo, pues sólo deberá mencionar al personal de esa dependencia el número de juicio de amparo. Por tanto, se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de cumplir con la reposición del certificado parcelario número 80265 a nombre de la quejosa Laura López Méndez, se actualiza tal y como lo refiere la autoridad responsable al rendir su informe justificado, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo, el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, ya repuso el certificado parcelario 80265 a nombre de la quejosa Laura López Méndez, el cual se encuentra a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Igualmente, por sus consideraciones se invoca la Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pronunciada al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL., el siete de febrero del año dos mil tres y aprobada el dieciocho del mismo mes y año, de rubro: "SOBRESEIMIENTO PROCEDENTE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior, sin que se inadvierta el hecho de que el certificado de derechos parcelarios, a favor de la aquí quejosa, se encuentra a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación, en el horario que indica la autoridad responsable en el oficio de cuenta. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con diecisiete minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable...

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el informe justificado que rinde el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Delegados y domicilio. Con apoyo en lo establecido por los artículo 9º y 28, fracción I, de la ley en cita, ténganse como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones, los señalados por la citada autoridad en su informe de cuenta. Prueba. De conformidad con lo establecido por el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia autorizada del certificado parcelario 80265 a nombre de Laura López Méndez, que anexó a su informe. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa Laura López Méndez, señaló como acto reclamado por parte del Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la omisión de darle respuesta y/o entregarle el certificado parcelario que la acredite como titular de la parcela 65 Z-1 P3/3 112 del Ejido el Raudal, Municipio de Nautla, Veracruz. Ahora, el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en su informe de cuenta manifiesta que fue concluida con satisfacción la reposición del certificado parcelario número 80265 a nombre de Laura López Méndez, el cual está a su disposición en el módulo de atención a trámites de esa Delegación, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes, sin necesidad de generar previa cita para recogerlo, pues sólo deberá mencionar al personal de esa dependencia el número de juicio de amparo. Por tanto, se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de cumplir con la reposición del certificado parcelario número 80265 a nombre de la quejosa Laura López Méndez, se actualiza tal y como lo refiere la autoridad responsable al rendir su informe justificado, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo1. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo, el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, ya repuso el certificado parcelario 80265 a nombre de la quejosa Laura López Méndez, el cual se encuentra a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Igualmente, por sus consideraciones se invoca la Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pronunciada al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL., el siete de febrero del año dos mil tres y aprobada el dieciocho del mismo mes y año, de rubro: "SOBRESEIMIENTO PROCEDENTE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior, sin que se inadvierta el hecho de que el certificado de derechos parcelarios, a favor de la aquí quejosa, se encuentra a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación, en el horario que indica la autoridad responsable en el oficio de cuenta. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con diecisiete minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar...

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