Laura Romero Aguilar.
Expediente 899/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 37 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 899/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 01/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Laura Romero Aguilar.
- Mónica Martínez Alvarado
- Edgar Alejandro Montelongo Casillas
- Carmen Juliana Castañeda Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
En uno de junio de dos mil dieciséis, el licenciado Jesús Armando Ferreyra Bautista, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para las partes del dieciocho al treinta y uno de mayo de la presente anualidad, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio de este órgano jurisdiccional el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo 899/2015. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio de este órgano jurisdiccional el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en la cual se negó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que por una parte negó y por otra concedió la suspensión, de los actos reclamados; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del invocado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Armando Ferreyra Bautista, Secretario que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
En diez de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio y anexos registrados con el número de folio 9104. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al que acompaña el juicio de amparo 899/2015, el cual quedó registrado en el Juzgado de su cargo como cuaderno de antecedentes 77/2016-I, en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en la que negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos Edgar Alejandro Montelongo Casillas, Luis Fernando Estrada Valdez, Martín Franco Salazar, Omar Estrada Sánchez, José Roberto Sánchez Ruelas, Jorge Adrián Cabrera Sarabia, Laura Romero Aguilar, Carmen Juliana Castañeda Ibarra, Alma Cecilia Aguilera González y Griselda López Torres. Asimismo, ténganse por recibido el disco compacto que se adjunta. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes relativo. En atención a lo anterior, notifíquese personalmente al promovente del amparo y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa, como se ordenó en el oficio STCCNO/1519/2015, emitido por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EDGAR ALEJANDRO MONTELONGO CASILLAS, TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: En diez de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con un oficio y anexos registrados con el número de folio 9104. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al que acompaña el juicio de amparo 899/2015, el cual quedó registrado en el Juzgado de su cargo como cuaderno de antecedentes 77/2016-I, en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, en la que negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos Edgar Alejandro Montelongo Casillas, Luis Fernando Estrada Valdez, Martín Franco Salazar, Omar Estrada Sánchez, José Roberto Sánchez Ruelas, Jorge Adrián Cabrera Sarabia, Laura Romero Aguilar, Carmen Juliana Castañeda Ibarra, Alma Cecilia Aguilera González y Griselda López Torres. Asimismo, ténganse por recibido el disco compacto que se adjunta. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes relativo. En atención a lo anterior, notifíquese personalmente al promovente del amparo y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa, como se ordenó en el oficio STCCNO/1519/2015, emitido por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Amci. SENTENCIA DE 29 DE ABRIL DE 2016. VISTOS los autos relativos al juicio de amparo 899/2015, promovido por Édgar Alejandro Montelongo Casillas y por otros contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, Édgar Alejandro Montelongo Casillas, Luis Fernando Estrada Valdez, Martín Franco Salazar, Omar Estrada Sánchez, José Roberto Sánchez Ruelas, Jorge Adrián Cabrera Sarabia, Laura Romero Aguilar, Carmen Juliana Castañeda Ibarra, Alma Cecilia Aguilera González y Griselda López Torres solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de veintisiete de mayo de dos mil quince radicó la demanda de amparo bajo el expediente 899/2015 de su índice; la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación; tuvo como terceros interesados a Pascual Delgado Delgado, Édgar Jonathan Rodríguez Rivera, Pioquinto Rodríguez Delgado, Pedro Díaz Ábrego y María Guadalupe Guerrero González y al Agente del Ministerio Público interviniente en la integración del procedimiento penal y señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintidós de enero de dos mil dieciséis. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. El Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 899/2015 de su estadística a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este Juzgado Tercero de Distrito Auxiliar. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito Auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del indicado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 77/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación de actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con el informe justificado, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: Del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, en el Estado de Zacatecas, se reclaman: La resolución de control de detención de cuatro de mayo de dos mil quince, dictada dentro de la causa penal 165/2015. La determinación de imposición de medida cautelar de cuatro de mayo de dos mil quince, emitida en la propia causa penal. El auto de vinculación a proceso de siete de mayo de dos mil quince, seguido contra los quejosos por su probable participación en los hechos que la ley califica como el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracciones I, incisos a), b), c) y d), y II, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, en el Estado de Zacatecas, toda vez que al rendir su informe con justificación admitió la existencia de los actos que se le atribuyen, circunstancia que se corrobora con las constancias que allegó al sumario consistentes en las copias certificadas de las transcripciones de las resoluciones de control de detención, de imposición de medida cautelar y de vinculación a proceso, así como de los audios y videos de dichas audiencias celebradas en la causa penal 165/2015; actuaciones que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque se trata de documentos públicos emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la diversa jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), con el rubro y contenido que a continuación se citan: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. En virtud de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todas las hipótesis de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la octava época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de mil novecientos noventa y uno, página sesenta, que reza: IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. QUINTO. Justificación para no transcribir conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa si bien no se transcriben se tienen por reproducidos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los quejosos argumentan que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio el contenido de los artículos 16 Constitucional y 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que no fueron detenidos de acuerdo con lo que prevé el último precepto mencionado; es decir, en su opinión no se acreditó el supuesto de flagrancia, por lo que no se debió declarar legal su detención. Lo anterior aseguran ya que de la exposición hecha por el Ministerio Público en el sentido de que el día de los hechos los imputados fueron detenidos por elementos del Ejército, quienes se trasladaron al domicilio ubicado en calle Laurel sesenta y tres, colonia Campesina, en Guadalupe, Zacatecas; que al llegar a dicho lugar y al encontrar a una persona privada de su libertad pudieron percatarse que dos personas corrieron y subieron a la segunda planta, pasando por la azotea e introduciéndose en el inmueble marcado como cincuenta y siete, que fue donde encontraron a los quejosos durmiendo y los aprehendieron. Refieren que fueron detenidos a las nueve horas de dos de mayo de dos mil quince y que los elementos castrenses los pusieron a disposición del Ministerio Público en esa propia fecha a las doce horas cincuenta minutos, y el fiscal los puso a disposición del Juzgador hasta el cuatro de mayo de esa anualidad a las trece horas cuarenta y seis minutos; esto es, que el representante social se excedió del término legal de cuarenta y ocho horas con que contaba para su retención. Manifiestan que el Juez responsable vulneró el principio de continuidad en tanto que otorgó un receso para resolver, siendo que el único supuesto para que pudiera solicitarlo es el que establece el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé que únicamente se decretará receso cuando al inicio de la audiencia el agente ministerial no esté presente, lo que en la especie no ocurrió. En cuanto al dictado del auto de vinculación a proceso, los quejosos arguyen que se vulneró en su perjuicio el contenido de los numerales 16 y 19 de la Carta Magna, ya que éste no se encuentra debidamente fundado y motivado, aunado a que no se aplicó en su favor el control difuso de convencionalidad que se relaciona con el principio pro persona. Finalmente, los inconformes indican que la medida cautelar de prisión preventiva vulneró su derecho fundamental de audiencia, puesto que no se dio oportunidad a sus defensores de hacer las manifestaciones conducentes para evitar la imposición de tal medida, lo que consideran que vulneró su derecho a una defensa adecuada. Los conceptos de violación antes relatados son ineficaces. La indicada calificativa en relación con los argumentos tendentes a combatir la resolución que declaró legal la detención de los imputados se justifica con el hecho de que, contrario a lo que aseveran los inconformes, sí se actualizó la figura de la flagrancia delictiva. Ello es así, partiendo de la base que en el aludido fallo el Juzgador tomó en consideración los datos de investigación que colectó la fiscalía, los que se hicieron consistir en las manifestaciones de las propias víctimas Édgar Jonathan Rodríguez Rivera, Pioquinto Rodríguez Delgado, Pedro Díaz Ábrego y María Guadalupe Guerrero González que se corroboraron con los hechos informados por los elementos castrenses, quienes acudieron a la calle Laurel sesenta y tres, colonia Campesina en Guadalupe, Zacatecas, a prestar auxilio una vez que recibieron la comunicación de que ahí se encontraban personas secuestradas; concretamente al haber sido notificados por Édgar Jonathan Rodríguez Rivera, quien aludió a que en ese lugar había sido retenido o privado de su libertad. También valoró lo planteado por Pioquinto Rodríguez Delgado, Pedro Díaz Ábrego y María Guadalupe Guerrero González, los que habían informado a los elementos del Ejército que existía una persona secuestrada en el segundo piso, por lo tanto éstos se dirigieron al lugar, abrieron el portón y lograron percatarse que dos personas corrieron en el interior, los siguieron y escucharon que estaban en la azotea; que vieron que brincaron a dos casas y se destinaron a una finca diversa; que dos personas cercanas al lugar, Flora y Domitila, ambas de apellidos Hernández Hernández, les dijeron que en el domicilio marcado como cincuenta y siete de la calle Laurel, colonia Campesina, se encontraban los sujetos que entraban y salían habitualmente a la casa enumerada como sesenta y tres de esa misma calle; que inclusive en la madrugada de la propia fecha llegaron en una camioneta Mazda blanca y que la tenían en la cochera que se encontraba en ese domicilio. De ahí que ante la noticia anunciada, los elementos castrenses se introdujeron a la casa a donde habían huido los sujetos activos y en la tercer planta encontraron a varias personas acostadas en colchones tirados en el suelo y distribuidos en dos recámaras y en una sala comedor, por lo que detuvieron a diez de éstas, tratándose de cuatro mujeres y seis hombres, aunado a que se dio cuenta de haber encontrado tres armas largas que se trataba de un fusil AK47 en una habitación, un fusil R15 en la sala y en la otra recámara una escopeta calibre 20, así como tres granadas cilíndricas, cartuchos y cargadores, todo de uso reservado del Ejército y Fuerza Área; también se precisó que fueron asegurados tres vehículos, entre ellos el de la víctima Pioquinto Rodríguez Delgado, dos televisiones y un teatro en casa, reconocido por los ofendidos Pedro Díaz Ábrego y María Guadalupe Guerrero González como los que les fueron hurtados por las personas que los plagiaron la madrugada del dos de mayo de dos mil quince. En esa medida, atendiendo a que el delito de secuestro agravado, por su naturaleza son de los denominados permanentes o continuos, en virtud de que se prolongan por todo el tiempo que se mantenga privada de la libertad a la persona, y en atención a que se dio noticia de que aún existían personas privadas de su libertad, y que en el domicilio ubicado en calle Laurel cincuenta y siete, colonia Campesina en Guadalupe, Zacatecas, se encontraban los sujetos que entraban y salían habitualmente de la finca marcada como sesenta y tres de la misma calle es por ello que, como acertadamente lo apuntó el Juez de Control, sí se actualizó el supuesto de flagrancia. Es decir, precisamente por la inferencia de que todavía se encontraban ciertas personas privadas de su libertad y por virtud de la noticia de que los directamente relacionados con la perpetración de la conducta delictiva entraban y salían de la finca marcada como cincuenta y siete es por ello que se actualizó la hipótesis normativa a que aludió el representante social y que a su vez calificó de legal el Juzgador, pues precisamente por la naturaleza jurídica del injusto era permisible concluir que al momento de ser detenidos los aquí quejosos se encontraban materializando el ilícito imputado, lo que efectivamente es acorde con lo previsto por el ordinal 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además que ante la noticia de que al menos una persona seguía privada de la libertad, el juzgador consideró que se actualizaba el supuesto que prevé el ordinal 290, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que se podrá ingresar a un domicilio cerrado cuando sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas; hipótesis que estimó que se surtía en la especie, ya que los elementos castrenses tuvieron conocimiento por el dicho de otro individuo de que existían personas privadas de su libertad, lo que se traducía en un riesgo actual, real e inminente sobre la libertad personal de esos sujetos, por lo que se encontraban en condiciones de ingresar y hacer cesar esa conducta delictiva. En esa tesitura, es ineficaz el concepto de violación por medio del cual los quejosos se dirigen a tachar de ilegal la detención de que fueron objeto, ya que como se indicó, la hipótesis normativa de flagrancia sí se actualizó en el caso concreto, fundamentalmente porque quedó acreditada la relación entre el domicilio en que se privó de la libertad a los pasivos (sesenta y tres) y el diverso en que se detuvo a los imputados (cincuenta y siete), así como la agresión real, actual o inminente y sin derecho de la que eran objeto diversos ofendidos. Por lo que respecta al alegato dirigido a evidenciar que el agente ministerial rebasó el término de cuarenta y ocho horas que establece la legislación de la materia para ponerlos a disposición del Juzgador, éste se califica igualmente de ineficaz, dado que como acertadamente lo refirió el Juez de Control si bien es verdad que se estableció que los inconformes fueron puestos a disposición del Ministerio Público a las doce horas cincuenta minutos del dos de mayo de dos mil quince, y los dejó a disposición del órgano jurisdiccional a las trece horas cuarenta y seis minutos, lo que revela aproximadamente una hora de exceso, también es cierto que se hizo del conocimiento que las personas imputadas fueron internadas en los centros penitenciarios correspondientes de varones y de mujeres, los primeros a las doce horas con veinte minutos y las segundas a las doce horas con treinta minutos. En ese contexto y atendiendo a que la detención ministerial dejó de existir a partir del momento en que se ingresó a los imputados a los centros de reinserción y, por ende, se pusieron a disposición material del órgano resolutor es por ello que se desestiman los conceptos de violación tendentes a evidenciar un extremo opuesto, pues lo que resalta es el hecho de que a partir de las doce horas con veinte y treinta minutos, respectivamente, los encausados dejaron de estar a disposición del representante social, lo cual deja de manifiesto que no se rebasó el término de cuarenta y ocho horas que estipula la ley para mantenerlos retenidos, como erróneamente lo exponen los inconformes. De ahí que resulte ineficaz el motivo de disenso que nos ocupa. Por otro lado, es ineficaz el argumento en que los quejosos aluden a que el Juzgador vulneró el principio de continuidad al otorgar un receso para pronunciarse durante la audiencia de control de detención, lo que -en su opinión- no fue acorde con lo que prevé el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello ya que en atención a los principios constitucionales de fundamentación y de motivación, el hecho de que el resolutor otorgara un receso para pronunciarse en relación con la legalidad de la detención realizada por el fiscal encuentra justificación con el propio texto inserto en el ordinal 16 de la Carta Magna, en tanto que para arribar a una determinación que cumpla con los derechos fundamentales ahí consagrados es necesario un ejercicio reflexivo por parte del ente jurisdiccional de conocimiento, lo que de ninguna manera se contrapone con la continuidad del proceso, sino que contrario a ello inclusive otorga seguridad a las partes en el sentido de que serán analizados la totalidad de los elementos expuestos ante el juzgador a efecto de emitir su decisión; en esa tesitura, por más que la medida no se encontrara prevista específicamente en la legislación de la materia, ésta se justifica con el propio texto de la Constitución Federal que exige a los juzgadores un ejercicio de valoración a efecto de respetar los derechos fundamentales de los inconformes. En diverso orden, es ineficaz el concepto de violación en el que los quejosos pretenden controvertir la decisión de la autoridad responsable de decretar la medida cautelar de prisión preventiva, ya que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, específicamente en su numeral 2, tercer párrafo, establece que los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en los artículos, entre otros, 9 y 10 de dicho ordenamiento, durante la secuela procesal estarán sujetos a prisión preventiva. De ahí que si atendiendo al propio ordinal la autoridad responsable declaró procedente la medida solicitada por la fiscalía con base en lo que la propia legislación de la materia establece es incuestionable que arribó a una determinación ajustada a derecho; máxime cuando dicha medida debe decretarse de manera oficiosa y en estricto acatamiento a la ley que rige para el delito analizado en la instancia de origen, lo que genera que aun cuando la defensa pretendiera argumentar lo que a su juicio estimara conveniente para evitar su imposición, tales alegaciones resultarían intrascendentes habida cuenta que, como se indicó, es una exigencia que regula el ilícito en estudio, a saber, secuestro agravado previsto y sancionado por los numerales 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna. En otro aspecto, para estar en aptitud de analizar la legalidad del auto de vinculación a proceso reclamado, conviene citar que el precepto 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso ordinal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen los requisitos de fondo y de forma que éste debe contener, en los siguientes términos: ARTÍCULO 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.). Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De la lectura de las porciones normativas trascritas se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se precisa de la concurrencia de los siguientes requisitos: De forma: Que se haya formulado la imputación. Que el encausado haya tenido oportunidad de declarar o manifestado su deseo de no hacerlo. Que se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa, en audiencia pública y atendiendo a los principios de inmediación y de publicidad, el cual es un requisito de orden constitucional. De fondo: Que existan datos suficientes que establezcan que se han cometido hechos que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Que no se encuentre demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Se precise el delito que se le imputare al indiciado, el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de los hechos. Además, es requisito que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por motivación que en el acto de autoridad han de señalarse con precisión las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que en forma pormenorizada se hayan tenido en consideración para su emisión; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Resulta aplicable la jurisprudencia 204 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Asimismo, al respecto es ilustrativa la tesis XIII.P.A.30P, que reza: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Ahora, se considera que en la especie se encuentran satisfechos los dos primeros requisitos aludidos, en tanto que el cuatro de mayo de dos mil quince se formuló imputación por parte del Ministerio Público contra Édgar Alejandro Montelongo Casillas, Luis Fernando Estrada Valdez, Martín Franco Salazar, Omar Estrada Sánchez, José Roberto Sánchez Ruelas, Jorge Adrián Cabrera Sarabia, Laura Romero Aguilar, Carmen Juliana Castañeda Ibarra, Alma Cecilia Aguilera González y Griselda López Torres; diligencia en la que se les otorgó la oportunidad de declarar en relación a los hechos que les fueron atribuidos, por lo que debidamente asistidos por sus defensores decidieron acogerse a su derecho a guardar silencio, de conformidad con el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal. En consecuencia y por virtud de así solicitarlo, el Juez responsable el siete de mayo siguiente resolvió su situación jurídica en la que determinó procedente dictar auto de vinculación a proceso en contra de los aquí quejosos por considerar que los datos de prueba que enumeró el fiscal resultaban suficientes para presumir su probable participación en la comisión de los hechos que consideró encuadraban en el delito de secuestro agravado. Ello partiendo de la base de que de la exposición hecha por el fiscal se lograba establecer que se trataba de tres hechos en los que fueron privadas de su libertad cinco personas, cuatro del sexo masculino y una del sexo femenino. El primer evento indicó que se suscitó el veintitres de abril de dos mil quince, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, cuando la víctima Pascual Delgado Delgado se encontraba en la avenida Héroes de Chapultepec, concretamente en la parada de camiones que se ubica en las cercanías de la Presidencia Municipal de Zacatecas, donde se estableció que dos individuos llegaron y lo tomaron de los brazos, lo subieron a un vehículo y cuando lo llevaban consigo le robaron sus pertenencias, según indicó, setecientos cincuenta pesos, identificaciones, su teléfono celular y dos tarjetas bancarias; que el ofendido refirió haber sido llevado a una finca donde fue golpeado en diversas ocasiones y que el dos de mayo siguiente fue liberado por elementos del Ejército Mexicano. En relación con el segundo suceso, el Juez sostuvo que se podía desprender que se ventiló el dos de mayo de dos mil quince, a la una hora con treinta minutos aproximadamente, cuando las víctimas Édgar Jonathan Rodríguez Rivera y Pioquinto Rodríguez Delgado fueron privadas de su libertad al salir de un bar denominado El Botanero, ubicado en la vialidad Emiliano Zapata, frente al sitio conocido como Bonito Pueblo en Guadalupe, Zacatecas, donde éstos manifestaron de manera general que llegaron varios sujetos armados que andaban en dos vehículo y les quitaron una camioneta Mazda blanca, modelo dos mil siete, así como dinero y otras pertenencias; que fueron llevados a una finca donde fueron golpeados; que ambas víctimas lograron huir y Édgar Jonathan Rodríguez Rivera dio aviso a elementos del Ejército Mexicano, a quienes una vez que acudieron al sitio donde los tuvieron retenidos les indicaron que en esa finca habían sido secuestrados y que había una persona más secuestrada. Por lo que respecta al tercer incidente, el Juzgador consideró que ocurrió el dos de mayo del dos mil quince a las dos horas, donde fueron privadas de su libertad las víctimas Pedro Díaz Ábrego y María Guadalupe Guerrero González, quienes se encontraban en su domicilio ubicado en la calle Privada Nardos, en Jardines de Sauceda, Guadalupe, Zacatecas, por varios sujetos armados que ingresaron a esa finca llevándoselos con ellos y tomando de la finca tres pantallas de plasma, un teatro en casa, una computadora y veinte mil pesos; además, éstos refirieron que fueron llevados a una finca donde se dieron cuenta que había otras personas secuestradas, logrando también huir hasta encontrarse con elementos del Ejército Mexicano, a quienes comunicaron lo que ocurría y regresaron hasta el lugar donde los mantuvieron retenidos, siendo informados que una persona más estaba privada de su libertad. Así, atendiendo a cada caso particular, el Juez de Control estimó que lo que en realidad pretendían los agentes activos, desde que privaron de la libertad a las víctimas, era obtener cualquier beneficio para sí, ya que desde que se perpetró su privación de la libertad procedieron inmediatamente a revisarlos entre las pertenencias que traían con ellos e incluso a las víctimas Pioquinto Rodríguez Delgado y Édgar Jonathan Rodríguez Rivera les quitaron un vehículo de motor en el que andaban, aunado a ello se dieron a la tarea de indagar si las víctimas tenían algunos otros bienes que pudieran ser entregados a ellos, lo que -en su criterio- revelaba que su pretensión era la de obtener algún beneficio, ya fuera en dinero o en bienes muebles o inmuebles; por tal razón, el Juez responsable reclasificó la conducta y consideró que encuadraba en lo previsto por el artículo 9, fracción I, inciso a), con las agravantes enunciadas por el fiscal consagradas por el ordinal 10, fracciones I, incisos a), b), c) y d), y II, inciso d), ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, para lo cual desglosó sus elementos de la siguiente manera: a) La privación de la libertad de una persona; y, b) Que esa conducta se realice con el propósito de obtener para sí o para un tercero, recate o cualquier beneficio. En relación con el secuestro que se dijo fue cometido en contra de Pascual Delgado Delgado, el resolutor tomó en consideración la propia denuncia del ofendido en la que indicó que el veintitrés de abril de dos mil quince, alrededor de las catorce horas con treinta minutos, se encontraba en la parada de camiones ubicada frente a la Presidencia Municipal de Guadalupe, Zacatecas, particularmente donde se encuentra un teléfono público; que ahí lo abordaron unos sujetos y lo subieron a un vehículo, quienes le quitaron su celular, lo tiraron en el asiento y le taparon el rostro, le amarraron las manos con una agujeta y le dieron a toda marcha al vehículo; que también le quitaron setecientos cincuenta pesos, sus identificaciones y dos tarjetas del banco, lo llevaron a una casa donde lo ingresaron a un cuarto, preguntándole si tenía dinero o carros, comenzando a golpearlo y amenazaron con que lo iban a matar; que fue golpeado en el pecho con un bate y que sus pies fueron amarrados por varios días; que después lo subieron al segundo piso donde le pusieron esposas y lo amarraron con cadenas en el cuerpo, a un costado de la ventana; que un día después de ocurrido esto un sujeto le dio una golpiza que le hizo perder el sentido e, incluso, la noción del tiempo; que el dos de mayo subieron dos personas y le dijeron que iba a tener visitas porque había más secuestrados; que en esa propia fecha escuchó muchas personas que le preguntaban si estaba vivo o muerto y que era personal del Ejército, quienes lo auxiliaron y lo liberaron; que al salir se dio cuenta que se encontraba en una casa de la colonia Campesina de Guadalupe, Zacatecas, y que vio que había más gente secuestrada. Dato de prueba que el Juzgador valoró de conformidad con los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de donde estimó que se lograba desprender un señalamiento muy contundente respecto a que dos personas limitaron sus movimientos corporales y que se lo llevaron consigo a bordo de un vehículo hasta una finca donde lo tuvieron cautivo, lo que indicaba que realmente la libertad personal del denunciante se vio privada, por lo que mostraba la existencia del primer elemento del injusto analizado, el cual fue cometido en su contra. Tales manifestaciones el Juez estimó que se reforzaban con lo expuesto por las diversas víctimas Édgar Jonathan Rodríguez Rivera, Pioquinto Rodríguez Delgado, Pedro Díaz Ábrego y María Guadalupe Guerrero González, quienes indicaron cómo fueron privados de su libertad el dos de mayo de dos mil quince; además, refirieron los lugares y los horarios en que ello ocurrió, y en cuanto a la privación ilegal de libertad de Pascual Delgado Delgado señalaron que los mismos plagiarios les hicieron del conocimiento que en el segundo piso tenían a una persona más privada de su libertad, por lo que el resolutor estableció que tales narrativas tenían un valor preponderante y lograban mostrar que realmente la víctima Pascual Delgado Delgado estuvo privada de su libertad en las condiciones en las que refirió. Asimismo, el Juzgador tomó en cuenta el dato de prueba consistente en el escrito suscrito por el capitán segundo de infantería Armando Flanco Alcoltzi Green y los soldados Julio César Alcalá, Teodoro de Jesús Márquez Vázquez y Artemio Juventino Espinoza Torres, así como las propias entrevistas que dichos elementos realizaron ante la fiscalía, ya que -en su opinión- del escrito como de sus manifestaciones se podía desprender de manera concreta que Édgar Jonathan Rodríguez Rivera les informó el dos de mayo de dos mil quince, mediante una llamada telefónica, que había escapado de un lugar de donde lo tenían secuestrado a él y a su papá y que había más personas detenidas, lo que generó que los elementos castrenses junto con la mencionada víctima acudieran al lugar donde los tenían secuestrados, que era una finca ubicada en la calle Laurel de la colonia Campesina en Guadalupe, Zacatecas, concretamente en la finca marcada como sesenta y tres, y que ahí fueron abordados por tres persona más que eran los diversos ofendidos Pioquinto Rodríguez Delgado, Pedro Díaz Ábrego y María Guadalupe Guerrero González, quienes les hicieron del conocimiento que ellos también habían estado privados de su libertad en ese lugar y que existía otra persona que se encontraba todavía cautiva. En tal informe se estableció que algunos de esos elementos ingresaron al lugar y en el segundo piso lograron liberar a la persona de nombre Pascual Delgado Delgado; manifestaciones que el Juzgador consideró que eran acordes y uniformes con lo dicho por Pascual Delgado Delgado en cuanto a las circunstancias en que se mantuvo privado de su libertad y en torno a los actos que en su contra se ejecutaron; por tal razón, la responsable consideró que eran dignas de tenerse en cuenta atendiendo a que se trataba de personas que en ejercicio de sus funciones acudieron hasta el lugar de los hechos una vez que tuvieron conocimiento de la posible comisión de un evento delictivo y que por sus propios sentidos y en uso de sus atribuciones pudieron percatarse que realmente Pascual Delgado Delgado se encontraba retenido en la finca a que hicieron referencia y en las condiciones que indicaron, lo que generaba que se corroborara el dicho del ofendido y se lograra establecer que efectivamente esa persona fue privada de su libertad al restringírsele su movimiento y obligarlo a permanecer en el sitio en que los captores decidieron que debía encontrase. Por lo que respecta al segundo elemento consistente en que la privación de la libertad se realizara con el propósito de obtener para sí cualquier beneficio, el Juez responsable consideró que se lograba acreditar con las manifestaciones que hizo la propia víctima Pascual Delgado Delgado, quien dio a conocer que inmediatamente después de ser privado de su libertad fue revisado por sus captores, quienes le quitaron setecientos cincuenta pesos, sus identificaciones, un teléfono celular, dos tarjetas de banco y una vez que lo tenían en el lugar lo mantuvieron retenido por varios días y lo cuestionaron respecto a si tenía dinero y carros, lo que denotaba que tales preguntas tenían como propósito obtener alguno de esos objetos de parte de las personas que lo tenían privado de su libertad y que era justamente esa finalidad la que los llevó a retenerlo en ese sitio. En relación con las calificativas en que concurrió el hecho delictivo, el Juez estimó que se podían acreditar las previstas por el ordinal 10, fracciones I, incisos a), b) y c), y II, inciso d), de la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. La primera de ellas relativa a que la privación de la libertad ocurriera en un camino público, lo que el Juez estimó que se lograba establecer a partir de la declaración de la víctima, la que consideró se reforzaba con la inspección del lugar de los hechos, en donde se indicó que se trataba de una vía de cinta asfáltica que contaba con todos los servicios, que cada sentido tenía tres carriles de circulación, que al lado norte se encontraba la presidencia municipal de Zacatecas, ubicada frente a la colonia Frente Popular, que había un puente peatonal blanco y un cajero automático de Banorte, lo que permitía arribar a la conclusión de que, de acuerdo a las características relatadas, se desprendía que se trataba de una vialidad pública por tener acceso la población a ese lugar sin restricción alguna. La segunda de las agravantes relativa a que la privación ilegal de la libertad fuera cometida por un grupo de dos o más personas, la responsable consideró que se demostraba con las manifestaciones del ofendido relacionadas con lo expuesto por las diversas víctimas, en el sentido de que había más personas que estuvieron en contacto con ellas, quienes se turnaban para cuidarlas, que iban y venían a un domicilio aledaño; de ello el Juez estimó que podía establecerse que fueron más de dos personas quienes privaron de su libertad a Pascual Delgado Delgado. Con relación a la agravante relativa a la existencia de violencia en la privación de la libertad de la víctima, igualmente el Juez consideró que se lograba comprobar con la narrativa del ofendido sustentada con el certificado médico que le fue realizado, donde se asentó que presentaba doce lesiones en su cuerpo. Y, finalmente, en cuanto a la agravante consistente en que en la privación de la libertad se ejerzan actos de tortura, el Juzgador consideró que desprendía de lo expuesto por el ofendido y por el resto de las víctimas, donde el primero de ellos indicó que las golpizas recibidas le hicieron perder el conocimiento, las que -en su opinión- lograban establecer que eran infringidas como un castigo hacia su persona. Datos de prueba que de su análisis particular y en conjunto, el Juez determinó que revelaban la existencia del delito de secuestro agravado cometido contra Pascual Delgado Delgado, ya que quedaba establecido que el veintitrés de abril de dos mil quince fue plagiado en el lugar y a la hora a que hizo referencia, por dos sujetos, quienes lo subieron a la fuerza a un vehículo y lo condujeron hasta una finca marcada como sesenta y tres, de la calle Laurel, de la colonia Campesina; sitio donde fue cuestionado sobre los bienes que tenía y antes de ello le fueron incautados otros que llevaba consigo, además que en ese lugar fue retenido, atado de sus extremidades, esposado y golpeado hasta el dos de mayo siguiente en que fue liberado por elementos del Ejército Mexicano. Por otra parte, en cuanto al segundo evento, el Juzgador consideró que se lograba desprender el primer elemento del injusto analizado, de las manifestaciones vertidas por las víctimas Édgar Jonathan Rodríguez Rivera y Pioquinto Rodríguez Delgado, quienes refirieron que el dos de mayo de dos mil quince, alrededor de la una hora con treinta minutos, fueron privados de su libertad cuando salían del bar "El Botanero" que se ubica en la calle Emiliano Zapata, frente a Bonito Pueblo en Guadalupe, Zacatecas; que llegaron en dos vehículos varios sujetos armados y encapuchados, quienes les quitaron una camioneta Mazda blanca, modelo dos mil siete; que los subieron a los vehículos y los llevaron hasta una finca de donde ambos lograron escapar, dando aviso el primero de los nombrados a elementos castrenses para posteriormente en compañía de éstos dirigirse hasta el lugar donde los tuvieron retenidos. Exposiciones a las que el Juzgador otorgó valor al tratarse de eventos relatados por personas que los sufrieron por sí mismos que los dieron a conocer y que revelan de manera razonable que su libertad fue constreñida o privada, lo que conformaba el primer elemento del antisocial de secuestro. Antecedentes que el Juez estableció que se corroboraban con las manifestaciones de los diversos ofendidos María Guadalupe Guerrero González y Pedro Díaz Ábrego y con lo expresado por los elementos castrenses, quienes indicaron que el dos de mayo de dos mil quince recibieron una llamada telefónica por parte de Édgar Jonathan Rodríguez Rivera, quien les informó que había escapado ya que se encontraba secuestrado, que había más personas también secuestradas, razón por la que acudieron al lugar y una vez que fue señalado el domicilio donde fueron plagiados se acercaron otras tres personas, a saber, Pioquinto Rodríguez Delgado, Pedro Díaz Ábrego y María Guadalupe Guerrero González, quienes indicaron que de igual forma habían sido privados de su libertad y que en el domicilio que fueron retenidos se encontraba una persona más privada de su libertad. Dato de prueba a cargo de los elementos castrenses que el Juzgador precisó que si bien no se trataba de personas que de manera directa vieron cuando ambas víctimas se encontraban privadas de su libertad, lo cierto era que fueron comunicadas por ellas mismas que había ocurrido ese hecho y que acaban de escapar, lo que -a su juicio- cobraba relevancia en el sentido de que pudieron percatarse del lugar en que se mantuvo retenidos a los ofendidos y que incluso corroboraron la veracidad de su dicho al haber encontrado en ese sitio a una diversa persona privada de su libertad. En cuanto al segundo elemento consistente en que la privación de la libertad de esas personas se realizara con el propósito de obtener para sí los plagiarios un beneficio cualquiera, el Juez estimó que se lograba acreditar por el hecho de que al ser privados de su libertad, los ofendidos también fueron despojados de una camioneta Mazda blanca, modelo dos mil siete, así como dinero en efectivo, identificaciones y, además, les preguntaron cuánto dinero tenían, que inclusive pedirían rescate por ellos, lo que revelaba que los agentes activos pretendían obtener un mayor beneficio del que ya habían logrado al cuestionarlos respecto de si tenían dinero en el sentido de que pedirían rescate por ellos. Por lo que respecta a la agravante atinente a que fuera en camino público, el Juez valoró el dicho de las víctimas, el que concatenó con la inspección de ese sitio, de donde se obtuvo que se trataba de un camino público. En relación con la agravante consistente en que la privación de la libertad se realizara por un grupo de más de dos personas, el resolutor valoró las expresiones que realizaron ambas víctimas al señalar que en el momento en que fueron privadas de su libertad llegaron al lugar dos vehículos del que descendieron varios sujetos armados y encapuchados, lo que se complementó con lo manifestado por Pioquinto Rodríguez Delgado, quien estableció que eran aproximadamente ocho personas. Por lo que toca a la agravante relativa a que el secuestro se realice con la utilización de violencia, el Juzgador la consideró actualizada con las manifestaciones de ambas víctimas, quienes fueron contundentes al señalar que los agentes activos llegaron a bordo de dos camionetas hasta el lugar donde fueron privados de su libertad, los tiraron primero al piso, estableciendo Pioquinto Rodríguez Delgado que a su hijo Édgar Jonathan Rodríguez Rivera le dieron un "culatazo" en un ojo, concretamente en el derecho, asimismo que les dieron patadas en todo su cuerpo. Manifestaciones que el resolutor estimó reforzadas con lo señalado por el segundo de los nombrados, quien expresó que los sujetos que descendieron, los amarraron y los obligaron a bajar, los agredieron físicamente en el momento en que los privaban de su libertad; circunstancias que permitían establecer -a juicio de la responsable- que se realizaron actividades evidentemente violentas contra los ofendidos y que ello fue justamente para privarlos de su libertad, por lo que consideró que se acreditaba esa agravante. En relación a que existieran actos de tortura, también el Juzgador la estimó demostrada con lo expuesto por los pasivos en relación con los ataques sufridos, realizados con el fin de pedirles los documentos de la camioneta que les habían quitado, además de las amenazas de que subirían para golpearlos con un bate para obtener la entrega de lo pedido, lo que consideró se reforzaba con los certificados médicos que les fueron realizados que revelaban la existencia de daños en sus cuerpos, es decir, que realmente se les infringieron castigos de carácter físico, lo que actualiza la agravante de tortura; datos de prueba que valoró con fundamento en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con los antecedentes de investigación relatados, el Juez estimó que los datos arrojados por el fiscal eran bastantes para establecer que el dos mayo de dos mil quince, entre la una y media y dos de la mañana, las víctimas Édgar Jonathan Rodríguez Rivera y Pioquinto Rodríguez Delgado fueron privados de su libertad en las afueras del bar "El Botanero" ubicado en la vialidad Emiliano Zapata en Guadalupe, Zacatecas, por varios sujetos armados que descendieron de dos vehículos y mediante la violencia los sometieron y subieron a los vehículos en los que llegaron, llevándose también con ellos la camioneta en que viajaban los ofendidos, reteniéndolos por algunas horas en una finca localizada en calle Laurel sesenta y tres, colonia Campesina, hasta que lograron escapar; que durante su cautiverio fueron cuestionados respecto del dinero que tenían y fueron violentados de forma física, lo que dejaba de manifiesto la existencia del hecho que la ley señala como el delito de secuestro agravado, perpetrado en contra de las referidas víctimas. Con relación al tercer hecho reseñado por el fiscal, el Juzgador lo describió como que el dos de mayo de dos mil quince alrededor de las dos horas Pedro Díaz Ábrego y María Guadalupe Guerrero González fueron privados de su libertad cuando se encontraban en su domicilio que se ubica en la calle Privada Nardos, en Jardines de Sauceda, en Guadalupe, Zacatecas, por varios hombres armados que ingresaron a esa finca una vez que tumbaron la puerta, llevándoselos con ellos junto con algunas pertenencias de las víctimas y manteniéndolos retenidos en un inmueble del cual lograron escapar. En relación con el primer elemento consistente en que una persona sea privada de su libertad, la responsable lo estimó actualizado con las manifestaciones que hicieron las propias víctimas, donde dieron a conocer que al estar dormidos en su domicilio, alrededor de las dos horas del dos de mayo de dos mil quince, se dieron cuenta que varias personas armadas tumbaron la puerta de ese domicilio e ingresaron a éste sometiéndolos y trasladándolos a una finca diversa en vehículos separados; que de ese lugar lograron escapar y que apreciaron la llegada de elementos del Ejército Mexicano, a quienes pidieron ayuda y les indicaron el domicilio en el que habían sido retenidos; expresiones a las que el Juez otorgó valor partiendo de la base que se trataba de personas que sufrieron los hechos de manera directa y se encontraban en condiciones óptimas de informar lo que ocurrió en su contra, lo que permitía colegir que el día en que los ofendidos dijeron que ocurrieron los hechos les fue restringida su libertad por varios sujetos que ingresaron hasta su domicilio. Datos que el Juzgador consideró reforzados con lo establecido por los ofendidos Édgar Jonathan Rodríguez Rivera y Pioquinto Rodríguez Delgado, quienes indicaron que una vez que lograron quitarse algunas de las ataduras que les pusieron los captores se dieron cuenta que ahí se encontraba una pareja; inclusive el segundo de los nombrados dio cuenta de que ayudado por María Guadalupe Guerrero González, a quien no identificó con ese nombre, pero sí dijo que la señora que estaba ahí logró quitarse la cinta canela al quebrar un frasco de mayonesa y cortó esas ataduras. También, el Juez valoró el hecho de que se encontró personal del Ejército que acudió hasta el lugar donde se les informó que había sido privado de su libertad uno de los ofendidos junto con otras personas y que una vez que arribaron al lugar se acercaron Pedro Díaz Ábrego y María Guadalupe Guerrero González, quienes les hicieron del conocimiento que habían permanecido privados de su libertad en ese domicilio, lo que -a juicio del resolutor- daba contundencia a las manifestaciones que en ese sentido realizaron las víctimas, por lo que le otorgó valor indiciario de acuerdo con lo establecido por los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al segundo componente del delito de secuestro, consistente en que esa privación de la libertad se realizara con el propósito de obtener para sí los plagiarios cualquier beneficio, igualmente el Juez consideró relevantes las manifestaciones de las víctimas en el sentido de que los cuestionaron si tenían algún bien de valor, a lo que contestaron que contaban con veinte mil pesos, por lo que el sujeto activo ordenó a otro que fuera a buscarlos a su casa, de lo que el Juzgador consideró que se lograba desprender que el interés que tenían los plagiarios al privar de la libertad a las víctimas era obtener algún beneficio derivado de ello, lo que además se advertía del cuestionamiento que hicieron a las víctimas respecto de si tenían algún bien valioso, que en el caso fue una cantidad en efectivo. Dato de prueba que el Juez de Control vio complementado con el dicho de la víctima María Guadalupe Guerrero González, quien dio a conocer que las personas que los privaron de su libertad sacaron de su hogar tres pantallas de plasma, un teatro en casa, una computadora de su esposo y que en el camino de su domicilio a donde los mantenían retenidos les indicaron que pedirían dinero por su libertad, lo que -en su opinión- revelaba también de manera razonable que buscaban obtener un beneficio derivado de esa privación de la libertad. Por lo que respecta a la agravante consistente en que el plagio se realizara por un grupo de dos o más sujetos, el resolutor lo estimó actualizado con las manifestaciones que hicieron las víctimas, quienes informaron que un grupo de varios sujetos ingresaron a su domicilio y los privaron de su libertad, específicamente según el dicho de Pedro Díaz Ábrego, que se trataba de cuatro o cinco sujetos armados. En cuanto a la existencia de violencia, el Juez estimó que lograba acreditarse únicamente en cuanto a la ofendida María Guadalupe Guerrero González, en tanto que Pedro Díaz Ábrego no hizo manifestación alguna en torno a que haya sido violentado más allá de ser llevado por la fuerza por los sujetos que ingresaron a su domicilio, en cambio, sí estableció que su esposa fue sometida y en concordancia con tal expresión la propia víctima mencionada indicó que cuando la subieron a una camioneta azul marino, la agacharon los plagiarios y le dieron algunos golpes, lo que materializaba el hecho de que recibió un trato violento al ser privada de su libertad. Datos de prueba que el Juez consideró robustecidos con el certificado médico que estableció haber encontrado en la persona la víctima un hematoma en región parietal izquierda, lo que dejaba ver la veracidad con que se condujeron ambos ofendidos y que mostraba que realmente el cuerpo de María Guadalupe Guerrero González fue lastimado justamente cuando fue privada de su libertad por los sujetos que se introdujeron hasta su domicilio. En relación con la tercera agravante consistente en que los plagiarios allanaran el inmueble donde se encontraban ambas víctimas, el Juez también la estimó acreditada con las manifestaciones de ambos ofendidos e, inclusive, con la inspección del lugar, donde se indicó que se trataba de la calle Nardos, ubicada en la colonia Jardines de Sauceda y especialmente se apuntó que se trataba de una casa habitación de una sola planta con enjarre blanco. Atento a los antecedentes de investigación relatados, el Juzgador consideró que se lograba demostrar el hecho que la ley señala como el delito de secuestro agravado cometido en contra de Pedro Díaz Ábrego y de María Guadalupe Guerrero González; que ello ocurrió el dos de mayo de dos mil quince, aproximadamente a las dos horas, mientras ambos estaban en el interior de su casa y varios sujetos armados derribaron la puerta de ese domicilio, ingresaron a la finca y se los llevaron para retenerlos privados de su libertad en una finca diversa, hasta que horas después los propios ofendidos lograron escapar para enseguida dar detalles de ese evento a elementos castrenses. Ahora, por lo que respecta a la probable participación de los imputados en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de secuestro agravado, el Juzgador sostuvo que se lograba establecer en grado de coautoría, en términos de la fracción II del artículo 11 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Ello primeramente al hacer la acotación de que de las manifestaciones que realizaron las víctimas no se podía desprender una imputación directa sobre una persona determinada, lo que resultaba lógico atendiendo a que ninguna de las víctimas conocía a sus plagiarios, además que éstas relataron que se les mantuvieron los ojos vendados, dando cuenta únicamente con el lugar donde se les mantuvo cautivos y la ruta de escape que tomaron; sin embargo -consideró el Juez- de lo expuesto por Pioquinto Rodríguez Delgado quien indicó que un sujeto dijo que se iba a ir a dormir a la casa de al lado, que también escuchó a otro que dijo que iba por cigarros y que otro sujeto manifestó que iba a ver que si las "viejas" habían hecho de comer porque tenía hambre, de ello se desprendía que los plagiarios contaban con un lugar cercano al que podían acudir a verificar esas situaciones o adquirir esos objetos a los que se aludió; aunado a que Édgar Jonathan Rodríguez Rivera estableció de manera puntual que las personas que los tenían privados de su libertad se turnaban para cuidarlos y que escuchó cuando una dijo a la otra que tenía ganas de cigarros y que iría al lado a traerlos, que les diría a los demás que "se pusieran truchas". Manifestaciones que según el criterio del resolutor permitían colegir que existía un lugar próximo al que se encontraban donde permanecían otras personas que probablemente estaban involucradas en la privación de la libertad de las víctimas. Datos que se corroboraban con el dicho de Pedro Díaz Ábrego y de María Guadalupe Guerrero González, siendo esta última quien dijo haber escuchado que uno de los plagiarios comentó que iría por marihuana a un lado como a tres casas, lo que vinculaba a una finca cercana con los plagiarios que mantenían cautivos a los ofendidos. Informción que a juicio del resolutor resultaba relevante porque derivado del conocimiento que tuvieron esas víctimas y de la posibilidad que tuvieron para escapar, y que concretamente dio pie a que Édgar Jonathan Rodríguez Rivera avisara a los elementos castrenses fue que derivó en la identificación de esa otra finca y también de las personas que en ellas se encontraban, además de los objetos que en ese lugar fueron hallados, lo cual se robustecía con el escrito presentado por los miembros de las fuerzas militares mediante el cual dejaron a disposición a los imputados, los vehículos, armamento y otros objetos, y en concordancia con ese escrito rindieron sus declaraciones en las que se pronunciaron en términos similares; ello -a consideración de la responsable- lograba establecer de forma global que la mañana del dos de mayo de dos mil quince, alrededor de las ocho horas, los elementos castrenses recibieron una llamada por parte de la víctima Édgar Jonathan Rodríguez Rivera, quien les dijo que había escapado de la casa donde lo tenían a él y a su papá; que había otras personas ahí; que se montó un operativo y que al llegar al lugar en compañía de la mencionada víctima les señaló, al igual que los diversos ofendidos Pedro Díaz Ábrego, María Guadalupe Guerrero González y Pioquinto Rodríguez Delgado, que aún se encontraba una persona privada de su libertad en la finca marcada como sesenta y tres de la calle Laurel, colonia Campesina, además que se estableció por esos elementos que una vez que ingresaron al lugar lograron rescatar a otra víctima que se mantenía en el segundo piso de ese domicilio atado de sus extremidades superiores con unas esposas y cadenas, ubicado junto a una ventana. Aunado a lo anterior, el Juez valoró las manifestaciones de los militares Teodoro de Jesús Márquez Vázquez, Artemio y Juventino Espinoza Torres, en cuanto a que apreciaron cómo fue que dos sujetos del sexo masculino se dieron a la fuga de esa finca por las azoteas y que ingresaron a diverso domicilio cercano, donde establecieron que una vez que se adentraron al lugar encontraron a los diez imputados, a quienes procedieron a detener y que también encontraron armas largas, granadas, cartuchos y otros objetos. Información que a juicio de la responsable revelaba que existía un vínculo de ambos domicilios con las personas que los habitaban y con los plagiarios que tenían privadas ilegalmente de su libertad a las víctimas, ya que éstas dieron cuenta de haber escuchado justamente a sus plagiarios que se dirigían a un lugar cercano a ese sitio, lo que resultaba relevante en la medida en que, según lo manifestaron los ofendidos, dos de las personas que se encontraban en ese lugar realizando labores de vigilancia se dieron a la fuga al momento en el que entraron elementos del Ejército Mexicano en la finca en que se mantenía a una persona privada de su libertad y se introdujeron justamente en un inmueble cercano, donde se encontraron elementos que guardaban relación con las manifestaciones que hicieron las víctimas, especialmente el armamento al haber indicado que habían sido abordados por personas que portaban armas; por tal razón, el Juez consideró que se lograba establecer la existencia de un vínculo de los moradores de ese domicilio con los hechos delictivos que se pudieron acreditar, además que tales manifestaciones se sustentaban con el hecho de que en las afueras del lugar donde fueron detenidos los imputados, que es el marcado como cincuenta y siete, de la calle Laurel, de la colonia Campesina fue encontrado un vehículo Nissan, línea Titán, azul marino, que según también indicaron las víctimas Pioquinto Rodríguez Delgado y Édgar Jonathan Rodríguez Rivera fue en un auto de similares características donde llegaron los sujetos que los privaron de su libertad. Elementos los anteriores que el Juzgador responsable estimó sustentados con el oficio cuarenta y nueve, presentado por los agentes ministeriales donde establecieron que en la calle Laurel cincuenta y siete, una vez que se realizaron las detenciones y se fijó el lugar de la captura, el perito que acudió hasta ese sitio realizó la fijación de una televisión de la marca Hisense, pantalla plana negra y otra de la marca Emerson, también de pantalla plana negra, un teatro en casa negro Samsung, un par de bocinas como de un metro de alto con otra bocina negra y que fueron recogidas por ellos, y que a ese lugar se acercaron las víctimas Pedro Díaz Ábrego y María Guadalupe Guerrero González, quienes manifestaron que eran de su propiedad. Dato que el Juez consideró sumamente relevante para establecer la vinculación que existía entre ambos domicilios, es decir, el marcado como cincuenta y siete, de la calle Laurel, colonia Campesina, y el diverso sesenta y tres de esa misma calle y colonia, porque el segundo inmueble era donde se mantenía privados de su libertad a todos los ofendidos, en tanto que en el primero fue donde los elementos castrenses vieron ingresar a dos de los sujetos activos y que en ese mismo lugar fueron encontrados objetos que las víctimas Pedro Díaz Ábrego y María Guadalupe Guerrero González indicaron que habían sido sustraídos de su domicilio, lo que denotaba la existencia de un vínculo de esas fincas y la relación entre los moradores de uno y otro, aunado a las expresiones de los ofendidos en el sentido de que los activos dijeron que irían a un lugar cercano a obtener ciertos objetos; que atendiendo a que ambos inmuebles cuentan con números impares era factible colegir que existían dos fincas entre una y otra, una marcada como cincuenta y nueve y otra como sesenta y uno, lo que -en su criterio- daba contundencia a los señalamientos de las víctimas e inclusive de los propios militares que señalaron que vieron cuando dos sujetos brincaron azoteas para ingresar a un diverso domicilio, que es justamente donde se encontró a los imputados y los objetos que habían sido incautados a dos de las víctimas cuando fueron privadas de su libertad. Aunado a lo precedente, el Juez valoró las manifestaciones realizadas por una vecina de esos domicilios, Domitila Hernández Hernández, quien estableció que ella era la dueña del inmueble marcado como cincuenta y siete de la calle Laurel, colonia Campesina; que se trataba de seis departamentos; que fueron detenidos los inquilinos que rentaban ese departamento; que el cinco de marzo se presentó un joven como de veintitrés años de nombre Édgar, quien le informó que se trataba de cuatro personas y una mujer, que después comenzaron a meter muchas personas y varias mujeres, que salían de noche y que llevaban vehículos diferentes, que portaban armas de fuego; que les pidió que dejaran el departamento y se molestaron; que fueron el resto de los inquilinos los que se salieron; que traían ellos una camioneta azul marino; que el dos de mayo de dos mil quince había movimiento de militares que se acercaron con ellos y les dijeron que las personas que ahí habitaban traían armas; que incluso ella permitió el acceso a los militares, quienes informaron que en la casa de al lado (sesenta y tres) había personas que iban y venían a ambas casas; que eran los mismos sujetos y que los militares detuvieron a diez personas porque tenían gente secuestrada. Relatoría que el Juzgador consideró relevante atendiendo a que la testigo dio cuenta del vínculo entre los moradores de esas dos fincas, la cincuenta y siete y la sesenta y tres, pues reveló que las mismas personas que se encontraban en un domicilio iban y venían al diverso, además dio a conocer que esas personas normalmente portaban armas, lo que -a su juicio- también resultaba relevante atendiendo a que en la generalidad todos los delitos de secuestro se realizan con la intervención de personas que portan esos objetos. También destacó el resolutor que aportaba elementos lo manifestado por la diversa vecina del lugar Flora Hernández Hernández, quien dijo ser dueña del lugar donde fueron detenidos los imputados, el cual había sido rentado a una persona de nombre Édgar, quien había metido mucha gente a la casa; que esas personas llegaban con camionetas lujosas, que tenían una azul que decía Titán; que la última que llevaron era una camioneta blanca que vio el sábado como a las cuatro de la mañana y que esa camioneta fue ingresada a otro lugar donde escuchó que abrían la cortina, metían y sacaban camionetas; que en la noche bajaban de las camionetas con armas largas colgando de los hombros el de nombre Édgar y otras personas del sexo femenino; que el dos de mayo de dos mil quince, como a las cuatro de la mañana, vio que llegó una camioneta blanca cerrada estilo Suburban, abrieron la cortina y la metieron; que como a las ocho de la mañana vio a los soldados, quienes le hablaron para ver si era suya la camioneta Titán; que también comunicó a los miembros militares de la existencia de armas en ese domicilio y que hombres y mujeres entraban y salían todo el día; que fueron sacadas varias personas que tenían secuestradas y que momentos después sacaron a Édgar, así como a hombres y mujeres esposados y se los llevaron. Testimonio que el juzgador consideró relevante para revelar que los imputados cometieron los hechos delictivos que se les imputaron atendiendo a que la declarante dio cuenta de cómo los moradores de la finca sesenta y tres eran vistos portando armas, incluso tripulando una de las camionetas que participó o de características similares a una de la que participó en los hechos analizados; que justamente resultaba relevante que el día en que sucedió la detención de los imputados, a las cuatro de la mañana, llegaron a bordo de una camioneta blanca, diciendo que era de tipo cerrada y estableciendo el lugar donde fue guardada por esas personas, siendo justamente la finca donde fue liberada la víctima Pascual Delgado Delgado y donde, según indicaron el resto de las víctimas, fueron retenidas privadas de su libertad, donde además se encontró una camioneta blanca, de la marca Mazda, que es la que informaron los ofendidos Pioquinto Rodríguez Delgado y Édgar Jonathan Rodríguez Rivera que tripulaban al momento de ser privados de su libertad y de la cual se apropiaron los plagiarios, lo que igualmente -consideró- vinculaba a los moradores de uno y otro lugar, particularmente porque si la ateste Flora Hernández Hernández vio cuando los ocupantes de la finca cincuenta y siete llegaron a bordo de ese vehículo y lo ingresaron a la diversa sesenta y tres era evidente que tenían presencia o tenían acceso a ambos domicilios, por lo que existía la probabilidad de que fueran las personas que tenían privadas de su libertad a las víctimas. Así, con tales datos de investigación, el Juez sostuvo que se lograba revelar que existía una relación entre las personas que vivían en el domicilio marcado como cincuenta y siete, de la calle Laurel, colonia Campesina, en Guadalupe, Zacatecas, con los eventos que ocurrían en la finca sesenta y tres de esa propia calle, lo que permitía establecer de manera razonable que tenían una intervención en coautoría para sumar a la realización de esa privación de la libertad para lograr las finalidades o los propósitos que llevaban esas retenciones consigo, por lo que -estimó- atendiendo a lo dicho por las víctimas en cuanto a que las personas que los vigilaban se turnaban para tal efecto se lograba desprender que de manera probable esas personas aportaban una actividad idónea y suficiente para coadyuvar a la consumación del ilícito que se logró acreditar. Bajo ese tenor, el Juez concluyó que al realizar una valoración conjunta de los datos de investigación y atendiendo a las reglas de la lógica, de conformidad con los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que era probable que los imputados Édgar Alejandro Montelongo Casillas, Luis Fernando Estrada Valdez, Martín Franco Salazar, Omar Estrada Sánchez, José Roberto Sánchez Ruelas, Jorge Adrián Cabrera Sarabia, Laura Romero Aguilar, Carmen Juliana Castañeda Ibarra, Alma Cecilia Aguilera González y Griselda López Torres hayan cometido los hechos delictivos que se tuvieron por revelados en calidad de coautores, al haber aportado acciones esenciales e idóneas para concretar dichos hechos delictivos. Determinación que se estima ajustada a derecho, toda vez que como quedó evidenciado, los relatados antecedentes de investigación que sirvieron de base para el dictado del auto de vinculación a proceso permiten colegir que la resolución emitida por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas cumplió con los requisitos de fondo exigidos por los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello en atención a que en el auto combatido se precisaron los datos de prueba que revelan razonablemente que se cometieron hechos que la ley señala como el delito de secuestro agravado y que existe la probabilidad de que los imputados participaron en su comisión, así como las circunstancias de ejecución, de tiempo y de lugar, ya que la autoridad responsable refirió que los datos obrantes en la carpeta de investigación expuestos por la fiscalía revelaban que el veintitrés de abril y el dos de mayo, ambos de dos mil quince, Pascual Delgado Delgado, Édgar Jonathan Rodríguez Rivera, Pioquinto Rodríguez Delgado, Pedro Díaz Ábrego y María Guadalupe Guerrero González fueron privados de su libertad por un grupo de más de dos personas, con el propósito de obtener los agentes activos para sí un beneficio, por medio de la violencia física y tortura infligida en las víctimas, perpetrados en casa habitación y en camino público, respectivamente. Lo anterior patentiza que el auto de vinculación a proceso reclamado se emitió con apego al derecho fundamental de legalidad, toda vez que se relataron de manera pormenorizada las circunstancias y las condiciones que determinaron el acto, lo que permite a los encausados una auténtica y real defensa, al habérseles dado a conocer los elementos necesarios para cuestionar y controvertir tal decisión. Máxime que para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la demostración de la probable responsabilidad de los imputados (como sí lo exigía el sistema tradicional), sino que únicamente debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la posibilidad en la participación de los activos, esto es, la probabilidad del hecho no de su responsabilidad, en tanto que el mencionado auto en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio, como ocurrió en la especie. Sirve de sustento a lo aseverado la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro V, febrero de dos mil doce, Tomo 3, página mil novecientos cuarenta y dos, que reza: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. En esa tesura, deben calificarse de ineficaces los argumentos en que la parte quejosa pretende evidenciar la ilegalidad del auto de vinculación a proceso reclamado, en relación con lo que marcan los preceptos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, al resultar ineficaces los conceptos de violación y al no advertirse deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Édgar Alejandro Montelongo Casillas, Luis Fernando Estrada Valdez, Martín Franco Salazar, Omar Estrada Sánchez, José Roberto Sánchez Ruelas, Jorge Adrián Cabrera Sarabia, Laura Romero Aguilar, Carmen Juliana Castañeda Ibarra, Alma Cecilia Aguilera González y Griselda López Torres contra los actos que reclaman del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, por las razones expuestas en el sexto considerando de esta sentencia. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 77/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistido de Silvana María D'Amico Toscano, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
En veintiocho de diciembre de dos mil quince, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un oficio registrado con el número 25464 y anexos que se adjuntan. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Administrador Regional del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite las publicaciones de los edictos realizadas en el Diario Oficial de la Federación los días uno, diez y veintiuno de diciembre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se advierte de autos que mediante proveído de nueve de octubre de la presente anualidad, se reservó señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional hasta en tanto obraran en autos las constancias de publicación de los edictos por los que se ordenó el emplazamiento de María Guadalupe Guerrero González en el Diario Oficial de la Federación; y toda vez que ello ya ocurrió, se levanta la suspensión del procedimiento decretado debiendo continuarse con el trámite legal del juicio de garantías en que se actúa y en consecuencia, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A TODAS LAS PARTES y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Lily*
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