Laura Torres Medina

Expediente 1854/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1854/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
27/04/2016

Partes del expediente

  • Laura Torres Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del Despacho con un oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el número 8345; y anexo que se acompaña. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado de la resolución pronunciada por ese Órgano Colegiado, el veintiuno de abril del año en curso, en el amparo en revisión laboral 431/2015 y el cuaderno original relativo al juicio de amparo 1854/2015, del índice de este órgano jurisdiccional; acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la sentencia del doce de noviembre de dos mil quince, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y A LOS TERCEROS INTERESADOS; ASÍ COMO POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a seis de enero de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual, transcribe el proveído de cuatro de enero de dos mil dieciséis, de cuyo contenido se advierte que la Superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Laura Torres Medina, en contra de la sentencia de doce de noviembre de dos mil quince, dictada por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el cual quedó registrado bajo el Amparo en Revisión Laboral 431/2015-3. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*

  3. Principal

    En treinta de noviembre de dos mil quince, se da cuenta al Secretario encargado del despacho con un escrito con registro 23605 y copias que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de noviembre de dos mil quince. Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa LAURA TORRES MEDINA; en atención a su contenido y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88, y 89, de la Ley de Amparo, téngasele por interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el doce de noviembre de dos mil quince; dese vista a las partes, y una vez que se encuentre debidamente integrado el juicio de garantías en que se actúa, remítase al Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta Ciudad, junto con el escrito original de expresión agravios y la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Órgano Colegiado. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios.". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*

  4. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las ONCE HORAS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1854/2015, estando en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas (por conducto de sus integrantes) y Coordinadora de Actuarios adscrita a dicha Junta, ambas con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, y por legalmente emplazados a los terceros interesados Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado de Zacatecas (CECYTEZ); Comisión Mixta de Admisión, Promoción y Permanencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado de Zacatecas (CECYTEZ) e Instituto Mexicano del Seguro Social. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con las documentales que remitió la autoridad responsable como justificación de sus actos, consistentes en copias certificadas deducidas del expediente laboral 336/IV/2014; así como con la documental; instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana que el quejoso ofreció en su demanda de garantías. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas antes relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1854/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el cinco de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, LAURA TORRES MEDINA solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por el acto que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, reclamo la resolución dictada con fecha 30 de septiembre de 2015, dentro del Expediente Laboral No. 336/IV/2014, PROMOVIDO POR LAURA TORRES MEDINA en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (ZECyTEZ) [sic]. Del C. Actuario Adscrito a la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, se reclama el cumplimiento que pretende llevar a cabo de la resolución que se reclama a la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje". Preceptos constitucionales que se consideran violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contemplados en los artículos 1° 16 y 17 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo el consecutivo 1854/2015; y en auto de seis de octubre de dos mil quince se ordenó su admisión; pedir informe justificado a las autoridades responsables; dar la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; emplazar a los terceros interesados; y, se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor y las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que en su escrito inicial de demanda el quejoso reclama el auto de treinta de septiembre de dos mil quince que emitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dentro del expediente laboral 336/IV/2014; así como el cumplimiento que se atribuye al Actuario adscrito a ese tribunal del trabajo. II.2. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas (por conducto de sus integrantes); así como a la Coordinadora de Actuarios adscrito a dicha Junta, ambos con sede en esta ciudad, toda vez que así lo reconocieron expresamente en su respectivo informe justificado [f. 28 y 29]. Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las documentales que en apoyo a su comunicado remitió la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistentes en copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente laboral 336/IV/2014; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de ésta legislación. Al respecto, es aplicable el contenido de la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión que debe analizarse de manera oficiosa, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo en vigor. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este Juez de Distrito advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Previamente conviene acotar, que con base en las porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es posible colegir que, contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten a la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, los actos procesales (sucedidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, hasta antes de emitirse la resolución de primera instancia), tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por la Constitución General de la República a través de las garantías individuales, por lo que en este supuesto no pueden reparase las violaciones que en determinado caso llegasen a perpetrarse a través del amparo directo; lo que no ocurre tratándose de otro tipo de resoluciones, entre otras, aquellas que versan sobre el ofrecimiento, admisión o desechamiento de pruebas dentro del procedimiento respectivo, dado que sus efectos se contraen exclusivamente a consecuencias dentro del proceso, esto es, son de naturaleza intraprocesal, salvo que se trate de afectaciones en grado predominante o superior; de tal manera que, al ser violaciones ocurridas en la secuela procesal, deben ser reclamadas hasta que se dicte la resolución definitiva, en caso de que ésta sea desfavorable al recurrente, por medio del juicio de amparo directo, previa impugnación a través de los recursos ordinarios que establece la ley que rige el acto reclamado de que se trate. En efecto, ha sido criterio jurisprudencial reiterado, que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y; como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. En ese sentido, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene sentencia favorable. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 774, consultable en la página 523, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, del rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva..". En ese contexto, se considera que en el caso a estudio, se está en presencia de un acto que no es de ejecución irreparable, ya que con la resolución que se combate en esta instancia constitucional, no se afectan los derechos sustantivos de la impetrante de garantías; tampoco en grado predominante o superior, afirmación que se sustenta en las consideraciones que enseguida se expondrán. Precisado quedó en párrafos que preceden, que del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados consistes en la resolución de treinta de septiembre de dos mil quince que emitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dentro del expediente laboral 336/IV/2014 promovido por la ahora quejosa. La determinación reclamada es del tenor literal siguiente: "EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS, SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUIINCE (SIC), fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES.- Encontrándose legalmente integrada esta Junta y abierta la audiencia por el C. Presidente Auxiliar, el C. Secretario que actúa da cuenta y hace constar que comparece por el acto el C. LIC. JUAN FRANCISCO IZAGUIRRE ANAYA, no compareciendo el demandado COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS (CECYTEZ); y por el Tercero llamado a juicio COMISIÓN MIXTA DE ADMISIÓN PROMISIÓN (sic) Y PERMANENCIA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS no comparece persona alguna que legalmente la represente en virtud de que no se encuentra debidamente emplaza a juicio, asi mismo da cuenta que no comparece el IMMS ni persona alguna que legalmente la represente desprendiéndose de autos que se encuentra debidamente notificada de la celebración de la presente audiencia, lo que se informa a la Junta para todos los efectos legales a que haya lugar.-DOY FE.- LA JUNTA ACUERDA: Certifica esta secretaria de que toda vez que no se encuentra debidamente emplazada a juicio la COMISIÓN MIXTA DE ADMISION PROMOSION (sic) Y PERMANENCIA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS por lo que se difiere la presente diligencia y de conformidad con el Artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo, se difiere la presente audiencia Y SE SEÑALAN DE NUEVA CUENTA LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXEPCIONES, en el local que ocupa este Tribunal del trabajo, por lo que se comisiona a el C Actuario de ésta Junta a fin de que notifique demandada COMISIÓN MIXTA DE ADMISIÓN PROMOSIÓN (sic) Y PERMANENCIA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS en el domicilio en CALLE ELENA PONIATOWSKA NO. 16 DE LA COLONIA DE OJO DE AGUA DE LA PALMA EN GUADALUPE, ZAC., de la AMPLIACIÓN de la demanda de fecha 13 de abril del año que transcurre, toda vez que como se desprende de las actuaciones a fojas 43 y 44 ya obra en autos que se le corrió traslado con escrito inicial de demanda, auto de fecha 9 de abril de 201, y proveído de 15 de julio del año 2015, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al tercero interesado, quedando apercibido en términos del auto de fecha 28de mayo del año 2014, en caso de incomparecencia.- Con lo anterior concluye la presente actuación que firman al margen los comparecientes para debida constancia.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES y por ESTRADOS AL IMSS.- Quedando notificado el actor por conducto de su Apoderado Jurídico, en términos del Artículo 749 de la Ley Federal del Trabajo.- Así lo Acordaron y Firmaron los CC. Representantes que integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con la asistencia del C. Secretario de la misma que actúa.- DOY FE.- (f. 18 del expediente de amparo). Como se ve, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emitió la resolución impugnada, -es decir, durante la sustanciación del juicio laboral de origen y antes de dictarse el laudo- es inconcuso que no se trata de un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la quejosa, en razón de que la circunstancia de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje emitiera el auto que en esta instancia se reclama, que data del treinta de septiembre de dos mil quince, dentro del expediente laboral 336/IV/2014, en el que determinó diferir la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y comisionó al Actuario de su adscripción para que notificara a la tercero llamada a juicio Comisión Mixta de Admisión Promoción y Permanencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, la ampliación de la demanda de fecha trece de abril del año que transcurre, no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, pues en todo caso sólo pudieran vulnerarse derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales; de manera tal que las irregularidades que aduce la inconforme se cometieron en su perjuicio, podrán ser reparadas si obtiene laudo que le favorezca, sin haber dejado ninguna lesión en su esfera jurídica; y en caso de que dicho fallo le sea adverso, las afectaciones procesales generadas con la determinación que en esta instancia se reclama, podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo directo que contra ese fallo se promueva, pudiendo reclamar entonces las infracciones que considere se originaron durante la secuela procesal. En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no puede considerarse como de aquellos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación; como tampoco implican una afectación en grado predominante o superior; por tanto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia analizada, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías 1854/2015, promovido por LAURA TORRES MEDINA, respecto de los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas y a la Coordinadora de Actuarios Adscritos a dicha Junta, por los motivos indicados en el considerando III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ASÍ COMO A LOS TERCEROS INTERESADOS Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. L´JJMT*L/F/R

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