Laura Olivia de Ávila Ibarra

Expediente 412/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
412/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
23/07/2015

Partes del expediente

  • Laura Olivia de Ávila Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día veinticinco de junio del año en curso, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, atendiendo a que el mismo concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Respecto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, es también SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, a las TRECE HORAS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 412/2015, presentes en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del Secretario de Juzgado licenciado Jesús Alberto Rodríguez Flores, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. A continuación, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendido los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y Ejecutor Fiscal adscrito a la Secretaría de Finanzas, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. Enseguida, se declara abierta la ETAPA DE PRUEBAS, en donde el Secretario da cuenta con el oficio original número DGD/DVV/00043-2015, que acompañó a su informe justificado el Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por desahogada de acuerdo a su propia y especial naturaleza la documental antes señalada. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que se hace constar que las partes no los formularon y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a dictar la resolución correspondiente. Resolución Constitucional Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 412/2015, promovido por Laura Olivia de Ávila Ibarra, contra actos del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, y de otras autoridades, que considera violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: I. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Laura Olivia de Ávila Ibarra demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. AUTORIDAD ORDENADORA.- 1. EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, con domicilio ubicado en Boulevard Héroes de Chapultepec N° 1902, Ciudad Administrativa, C.P.98160, Zacatecas, México. AUTORDADES EJECUTORAS.- 1.- DIRECTOR DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y/O QUIEN CUMPLA LAS FUNCIONES DE RECAUDACIÓN FISCAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS, con domicilio ubicado en Boulevard Héroes de Chapultepec N° 1902, Ciudad Administrativa, C.P.98160, Zacatecas, México. 2.- EL EJECUTOR FISCAL Y/O QUIEN CUMPLA LAS FUNCIONES DE EJECUCIÓN FISCAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, con domicilio ubicado en Boulevard Héroes de Chapultepec N° 1902, Ciudad Administrativa, C.P.98160, Zacatecas, México". IV.- NORMA GENERAL O ACTOS RECLAMADOS: a).- De la Autoridad Ordenadora, se reclama LA ORDEN de ejecución de una supuesta multa impuesta al suscrito, de la cual no he sido notificado y desconozco, por lo que no se me ha dado la oportunidad de defenderme y ser oído y vencido en juicio, lo que deriva en perjuicio patrimonial del suscrito. b) De las Autoridades Ejecutoras, se reclama el cumplimiento de lo ordenado en los resolutivos del auto reclamado, es decir, la ejecución de la supuesta multa impuesta al suscrito y de la cual no fui notificado". II. Substanciación del Juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto del veinte de marzo de dos mil quince la registró y admitió a trámite bajo el número 412/2015; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante auto de seis de mayo de dos mil quince, se dio vista a la quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo al evidenciarse la participación de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Zacatecas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término de quince días se continuaría el procedimiento únicamente por las autoridades y actos señalados en su escrito inicial de demanda; sin embargo, transcurrido el término de ley, la quejosa no amplió su demanda, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó la continuación del presenta amparo; finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada al tenor del acta que antecede. Considerando: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV y 107 de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce. II. Precisión, negativa y certeza de actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la quejosa Laura Olivia de Ávila Ibarra, comparece a esta instancia federal, por su propio derecho y como tercera extraña, a reclamar particularmente: La multa impuesta en resolución de dieciocho de agosto de dos mil catorce, por la Delegación Zacatecas de la Procuraduría Federal del Consumidor y su ejecución. II.2. Certeza y desvirtúo de negativa de actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, pues al rendir su informe justificado así lo manifestó (foja 16 de autos). Por otra parte, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado y el Ejecutor Fiscal adscrito a la Secretaría de Finanzas, al rendir su informe de ley (fojas 13 y 14 de autos) negaron los actos que reclama la quejosa; sin embargo, del contenido del oficio número DGD/DVV/00043-2015, que acompañó a su informe justificado el Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, se aprecia que el Jefe de Verificación y Vigilancia de la Delegación Zacatecas de la Procuraduría Federal del Consumidor, comunicó al Secretario de Finanzas en el Estado que en fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce se dictó resolución en la que se impuso multa a la persona moral denominada Transportes Merlo, y solicitó se hiciera efectiva la misma; por tanto, esa negativa rendida por las referidas autoridades en su informe queda desvirtuada y se tiene como cierta e inminente la ejecución de la multa reclamada. III. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En lo que respecta a la multa impuesta en resolución de dieciocho de agosto de dos mil catorce, por la Delegación Zacatecas de la Procuraduría Federal del Consumidor, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 5° fracción II, primer párrafo, y 108 fracción III, todos de la Ley de Amparo vigente, mismos que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.)" De los preceptos legales transcritos se obtiene que la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es el ente público que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, y modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, uno de los requisitos básicos e indispensables que debe cumplir el quejoso al formular una demanda de amparo, es precisamente la designación de la autoridad o autoridades responsables que hayan intervenido en el acto reclamado. En el particular, como ya se anticipó, la lectura integral de la demanda de amparo revela la intención de la quejosa de reclamar una multa que le fue impuesta en resolución de dieciocho de agosto de dos mil catorce, por la Delegación Zacatecas de la Procuraduría Federal del Consumidor; sin embargo, la peticionaria del amparo no señaló como autoridad responsable a esa dependencia, pese a que fue la autoridad que emitió el acto reclamado y a que mediante auto de seis de mayo de dos mil quince, se le dio vista para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, sin que así lo haya hecho; en tal virtud, no es posible examinar su constitucionalidad, toda vez que al no haber sido llamada a juicio no es factible jurídicamente analizar su actuación, pues ella es la única facultada para defender ese acto. En esas condiciones, se concluye que la quejosa no cumplió con lo previsto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que exige al promovente del amparo señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, por lo que al no cumplir con esa obligación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo en lo que respecta al acto mencionado. Es aplicable al caso, por analogía, la Jurisprudencia del rubro y texto, siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Asimismo, sirve de apoyo la tesis que reza: "AUTORIDAD RESPONSABLE, OMISIÓN DE LA. Debe sobreseerse en el amparo cuando esté comprobado en autos que los actos que se reclaman proceden de una autoridad que no ha sido designada como responsable, ni llamada a juicio, ni oída en el procedimiento respectivo, pues es, jurídicamente, imposible examinar la constitucionalidad de esos actos, ya que ese examen tendría que hacerse necesariamente, en un procedimiento unilateral y a espaldas de la autoridad que verdaderamente tiene el carácter de responsable y, por tanto, el derecho de justificar la legalidad de sus procedimientos." Finalmente, respecto de la ejecución de la multa atribuida al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, al Director de Ingresos y al Ejecutor Fiscal adscritos a esa dependencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Los dispositivos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] ". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] ". Conforme a estos preceptos, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la norma de observancia general que se reclama. En esa medida, el presupuesto indispensable para la promoción y el seguimiento del juicio de amparo radica en la existencia del perjuicio que resiente el gobernado en su esfera de derechos con motivo del acto de autoridad; así, para efectos de la procedencia del juicio constitucional se entiende por parte agraviada el sujeto que sufre un perjuicio objetivo, entendido como un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier acto de autoridad. De modo que se requiere de un acto concreto que causa un perjuicio o agravio a los derechos o intereses del gobernado, para que surja su legitimación para promover el juicio de derechos fundamentales, esto es, tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Es ilustrativa la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama." Respecto al tema del agravio personal y directo y su relación con el interés necesario para instar la acción de amparo, es oportuno e ilustrativo citar el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En el caso, la quejosa Laura Oliva de Ávila Ibarra reclama la ejecución de una multa impuesta en su contra en resolución de dieciocho de agosto de dos mil catorce, por la Delegación Zacatecas de la Procuraduría Federal del Consumidor, sin embargo, no tiene interés jurídico para reclamar ese acto ya que de la copia certificada de la resolución que acompañó el Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, se aprecia que la multa le fue impuesta a la persona moral Transportes Merlo, y la quejosa no demuestra tener la representación legal de esa empresa, pues acude al presente amparo por propio derecho, razón que no la legitima a defender un acto que no va dirigido hacia ella, por no causarle un perjuicio. Ahora bien, no pasa desapercibido que del contenido del oficio número DGD/DVV/00043-2015, de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, signado por el Jefe de Verificación y Vigilancia de la Delegación Zacatecas de la Procuraduría Federal del Consumidor, y dirigido al Secretario de Finanzas en el Estado para que hiciera efectiva la multa decretada en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil catorce, se advierte que dicha autoridad señaló que la quejosa tiene la calidad de propietaria de Transportes Merlo: "Por medio del presente se participa que con fecha 18 de Agosto de 2014 se dictó resolución mediante la cual se impuso una multa por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), por haber infringido la Ley Federal de Protección al Consumidor. A la Proveedora TRANSPORTES MERLO, propiedad del C. LAURA OLIVIA DE AVILA IBARRA, con domicilio en." Empero, esa sola circunstancia no convalida la obligación de la quejosa, de acompañar a este amparo, el documento idóneo en el que se acredite que ella es la representante legal de la empresa Transportes Merlo, a la que se encuentra dirigida la ejecución de la multa; por tanto, no puede hablarse de un agravio causado por el acto que se analiza, al no afectar real y efectivamente las prerrogativas de que la quejosa es titular. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 412/2015, promovido por Laura Olivia de Ávila Ibarra, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.-

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a quince de junio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el once del mes y año en curso, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa el once de junio del año en curso; por tanto, a fin de dar oportunidad de que la misma conozca su contenido, SE DIFIERE la audiencia constitucional que estaba señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS DEL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, para su celebración. Lo anterior, en el entendido de que existe causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la Ley de Amparo vigente, para la celebración de la citada audiencia en el nuevo plazo señalado. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que transcurrió el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de seis de mayo del año en curso, a fin de que cumpliendo con los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo vigente manifestara si ampliaba su demanda en relación con el acto reclamado consistente en el procedimiento de verificación PFC.ZAC.C.1./000611-2014 y autoridad responsable Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Zacatecas, sin que haya hecho ninguna manifestación al respecto. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se continúa el procedimiento en el presente juicio de garantías únicamente por las autoridades y actos señalados en el escrito inicial de demanda.".

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