Laura Isela Hernández Ramírez
Expediente 331/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Laura Isela Hernández Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no contiene información clasificada como reservada según los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 97 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil diecisiete. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto *******, promovido por *******. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad y turnado al día siguiente a este juzgado *******, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó la omisión de la autoridad responsable de tramitar el procedimiento laboral en los términos establecidos para el efecto. SEGUNDO. Concesión de amparo. El treinta de marzo de dos mil diecisiete se admitió la demanda de amparo integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional el cinco de junio del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó lo siguiente: [.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para efecto de que de que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que señaló debe efectuarse el doce de junio de dos mil diecisiete, concesión a la que se arriba, pues dada la cercanía con esa data resultaría materialmente imposible obligar a la responsable a que su desahogo se señale con mayor prontitud. Ahora, en caso de que exista la necesidad de diferir la audiencia de referencia, por causas no imputables a la autoridad responsable, la fijación de la nueva fecha para su celebración no podrá exceder del plazo fijado por la legislación laboral. [.] TERCERO. Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia. Por auto de dos de junio de dos mil diecisiete, al no haberse interpuesto recurso de revisión contra la aludida sentencia, ésta causó ejecutoria. CUARTO. Determinación emitida por la Autoridad. Para dar cumplimiento a los efectos para los que se concedió la protección constitucional solicitada, la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informó la imposibilidad para llevar acabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en la fecha señalada para ello, en virtud de no encontrarse emplazado el demando, para lo cual se difirió dentro del término de ley para que tenga verificativo a las nueve horas con veinte minutos del tres de julio del año en curso, para lo cual acompañó copia con firmas autógrafas y sellos originales del auto de doce de junio de dos mil diecisiete emitido dentro del juicio laboral *******, de su índice en el que proveyó lo anterior. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. En proveído de veintidós de junio del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente, con la determinación dictada por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a ******* y lo resuelto por la autoridad responsable, se colige que la Junta informó la imposibilidad para llevar acabo la audiencia en la fecha señalada, toda vez que no se encontraba emplazado el demandado, y en esa fecha el autorizado del aquí quejoso señaló nuevo domicilio para llevar acabo dicho emplazamiento, por lo que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones se difirió dentro del término de ley para que tenga verificativo a las nueve horas con veinte minutos del tres de julio del año en curso, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que al dictar el fallo la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia Por lo expuesto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la quejosa el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo, vigente. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto ******* ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil diecisiete. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto *******, promovido por *******. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad y turnado al día siguiente a este juzgado *******, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó la omisión de la autoridad responsable de tramitar el procedimiento laboral en los términos establecidos para el efecto. SEGUNDO. Concesión de amparo. El treinta de marzo de dos mil diecisiete se admitió la demanda de amparo integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional el cinco de junio del año en curso, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó lo siguiente: [.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para efecto de que de que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que señaló debe efectuarse el doce de junio de dos mil diecisiete, concesión a la que se arriba, pues dada la cercanía con esa data resultaría materialmente imposible obligar a la responsable a que su desahogo se señale con mayor prontitud. Ahora, en caso de que exista la necesidad de diferir la audiencia de referencia, por causas no imputables a la autoridad responsable, la fijación de la nueva fecha para su celebración no podrá exceder del plazo fijado por la legislación laboral. [.] TERCERO. Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia. Por auto de dos de junio de dos mil diecisiete, al no haberse interpuesto recurso de revisión contra la aludida sentencia, ésta causó ejecutoria. CUARTO. Determinación emitida por la Autoridad. Para dar cumplimiento a los efectos para los que se concedió la protección constitucional solicitada, la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informó la imposibilidad para llevar acabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en la fecha señalada para ello, en virtud de no encontrarse emplazado el demando, para lo cual se difirió dentro del término de ley para que tenga verificativo a las nueve horas con veinte minutos del tres de julio del año en curso, para lo cual acompañó copia con firmas autógrafas y sellos originales del auto de doce de junio de dos mil diecisiete emitido dentro del juicio laboral *******, de su índice en el que proveyó lo anterior. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. En proveído de veintidós de junio del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente, con la determinación dictada por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a ******* y lo resuelto por la autoridad responsable, se colige que la Junta informó la imposibilidad para llevar acabo la audiencia en la fecha señalada, toda vez que no se encontraba emplazado el demandado, y en esa fecha el autorizado del aquí quejoso señaló nuevo domicilio para llevar acabo dicho emplazamiento, por lo que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones se difirió dentro del término de ley para que tenga verificativo a las nueve horas con veinte minutos del tres de julio del año en curso, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que al dictar el fallo la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia Por lo expuesto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la quejosa el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo, vigente. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto ******* ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA. Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de junio de dos mil diecisiete.Visto para resolver el juicio de amparo 331/2017-I-1, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado por razones de competencia al día siguiente, ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado que se precisa:III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Es la HONORABLE JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio bien conocido en Eje Vial Juan Gabriel numero 2160 de la colonia Reforma de esta ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo configura la Omisión de la H. Junta Especial Uno designada corresponsable, de actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues con fecha 14 de marzo del 2017, inicié acción laboral en contra de las tercero interesadas ya reseñadas, por razón del despido injustificado del que fui objeto, y se señalo como fecha de audiencia inicial de Conciliación, Demanda y Excepciones el día 12 de junio de 2017 a las 9:10 horas, violando así el precepto legal anteriormente citado. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. RESULTANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo tercero y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo adicionan y reforman, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que es un asunto en materia laboral en el que se reclaman omisiones de autoridad residente dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: El retardo en la administración de justicia por parte de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, por omitir señalar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en los términos establecidos por la ley. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir informe justificado, manifestó que son ciertos los actos que se le atribuyen, es decir, el señalar como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, correspondiente al juicio laboral 1/17/1050, el doce de junio de dos mil diecisiete a las nueve horas con diez minutos. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que del juicio de origen remitió la junta responsable, probanza a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni el que suscribe advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación que expresa la parte quejosa. El accionante aduce que la junta responsable con su omisión vulnera las garantías contenidas en el artículo 17 constitucional. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie podrá ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Del texto trascrito, observamos que la garantía de administración de justicia contiene varios principios de derecho público subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia Pronta, traducida en la obligación que tienen las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que, es claro que todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de 2002, página 299, con registro 922523, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. En suma, el precepto constitucional antes transcrito, consagra a favor de los gobernados el derecho a la administración de justicia pronta y expedita por parte de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, quienes se encuentran obligados inexcusablemente a impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial, para lo cual deben observar además los términos que fijen las leyes secundarias. Por su parte los artículos 873 y 874, de la Ley Federal del Trabajo, en su parte conducente indican: 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. 874.- La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. Del análisis armónico y sistemático de los numerales anteriormente transcritos se advierte la obligación por parte de las Juntas de tramitar los juicios en los términos y plazos que marca la ley. En efecto, es obligación del Pleno o la Junta Especial, radicar la demanda laboral dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que la reciba; además, en el mismo auto debe citar a las partes a la audiencia a que se refiere el artículo 875 de la Ley Federal del Trabajo, dentro de los quince días siguientes al en que la junta haya recibido el escrito inicial de demanda. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de éste último ordenamiento, se infiere que: El catorce de marzo de dos mil diecisiete se radicó la demanda promovida por la quejosa bajo el número 1/17/1050 y se fijó para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones las nueve horas con diez minutos del doce de junio de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la citada audiencia inicial. Esto es, la junta responsable dejó de efectuar las actuaciones del juicio dentro de los plazos establecidos, advirtiéndose como la responsable vulnera la garantía consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, pues retarda la conclusión del procedimiento, cuando debe privilegiar la integración de la contienda. En otras palabras, la junta no constriñó su actuación a los lineamientos que le imponen las normas constitucionales y secundarias, es decir, en los plazos y términos que fijen las leyes, vulnerando con ello la garantía individual consagrada en el referido precepto constitucional. De manera que, si la legislación de la materia establece los plazos en que debe efectuarse cada etapa procesal, y la junta responsable los ignora, sin hacer uso de las medidas de apremio a su alcance para hacer cumplir sus determinaciones, es lógico que vulnera los derechos del quejoso que se traducen en obtener justicia pronta y expedita. En razón de lo anterior, la junta responsable no puede válidamente detener el juicio de origen, pues el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial el que las resoluciones se dicten dentro de los plazos que fijan las leyes, es dable afirmar que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira a la celeridad, cuando las resoluciones judiciales, en general, se dictan dentro de los plazos legales, que son elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa a otra. Además, respetar los términos y plazos establecidos en la ley brinda la seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar la conducta procesal que les corresponda; carga que también le impone la ley al tribunal ante el que se somete un conflicto de intereses para que pronuncie y realice las actuaciones que la ley le impone dentro del espacio temporal respectivo. Por tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para efecto de que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que señaló debe efectuarse el doce de junio de dos mil diecisiete, concesión a la que se arriba, pues dada la cercanía con esa data resultaría materialmente imposible obligar a la responsable a que su desahogo se señale con mayor prontitud. Ahora, en caso de que exista la necesidad de diferir la audiencia de referencia, por causas no imputables a la autoridad responsable, la fijación de la nueva fecha para su celebración no podrá exceder del plazo fijado por la legislación laboral. Tal concesión tiene sustento en la tesis aislada 2ª. CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de dos mil trece, Materia común, con número de registro 2005150, de rubro y texto siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** contra la omisión reclamada de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado * , ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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