Laura García Aquino

Expediente 526/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
526/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Laura García Aquino

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en el que se tuvo por no presentado el escrito inicial que dio origen a este expediente ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo dispuesto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el proveído de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, resolución con la que se puso fin a este juicio constitucional, sin decidirlo en cuanto al fondo, en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del numeral 21 de ese acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que Laura García Aquino, quien promueve por sí y se ostenta como apoderada de Silvia Lorena García Aquino no compareció al despacho de este Juzgado Federal a la diligencia programada para el veintisiete de mayo del año en curso, a la cual fue citada en el proveído de veinte de mayo anterior para que ante la presencia judicial manifestara bajo protesta de decir verdad sí reconocía como suya la firma puesta en la promoción presentada ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el dieciocho de mayo pasado, a través del cual se pretende aclarar el escrito inicial; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo y se tiene por no presentado dicho libelo. En otro punto, de este juicio constitucional se desprende que el plazo de cinco días con el que la justiciable contaba para cumplir la prevención que le fue formulada en el auto de once de mayo del año en curso, transcurrió del diecisiete al veintitrés del mes y año en curso, sin que la inconforme haya atendido esa prevención; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este medio extraordinario de defensa. Notifíquese por la vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que se pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en el auto de once de mayo pasado. Al respecto, dado que la firma que calza ese ocurso difiere notablemente de la estampada en la demanda de amparo, con fundamento en lo previsto por los artículos 204 y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su normativo 2, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido, requiérase a Laura García Aquino para que comparezca al despacho de este Juzgado Federal y en la diligencia relativa ante la presencia judicial manifieste bajo protesta de decir verdad sí reconoce como suya la firma puesta en la promoción de cuenta, apercibida que de no cumplir con lo anterior se tendrá por no presentado dicho libelo; la citada diligencia se realizara en los términos siguientes: Atendiendo a que subsiste la pandemia derivada del virus Covid-19 y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, en el que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a los justiciables y al personal de los órganos jurisdiccionales y estableció un mecanismo de citas con la finalidad de que las partes acudan presencialmente, se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que Laura García Aquino comparezca ante este órgano jurisdiccional a la diligencia señalada. En razón de lo anterior, genérese la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", en el entendido que el código QR se dejará en el acceso del edificio que alberga a este órgano jurisdiccional para su ingreso respectivo, por lo que mediante un oficio que derive de este proveído hágase del conocimiento al Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en esa ciudad, de la hora y la fecha señaladas para el desahogo de la diligencia indicada, con la precisión de que a ese comunicado deberá anexarse el aludido código, de modo que quien acuda a la cita pueda ingresar bajo la regla de hasta dos personas por código a efecto de garantizar las medidas de distanciamiento social necesarias, a fin de que la referida diligencia no interfiera con personas que hayan programado personalmente sus citas y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal de este órgano jurisdiccional, ni de las personas que asistan a la diligencia. Hágase saber a la promovente que deberá presentarse en la entrada del edificio que alberga a este órgano jurisdiccional con un documento oficial que la identifique, cuando menos con cinco minutos de anticipación de la hora y la fecha programadas a efecto de que se permita su ingreso, ya que no existe tiempo de tolerancia, por lo que se instruye al Actuario(a) Judicial adscrito(a) a este órgano jurisdiccional para que al notificar este proveído entregue a la parte quejosa el ejemplar del código QR generado; asimismo, indíquese a la justiciable que deberá observar los protocolos y las medidas de seguridad y sanitarias que al efecto se tienen adoptados en el edificio que alberga a este Tribunal, entre otras, portar cubrebocas en todo momento, respetar la sana distancia y el uso de gel antibacterial. En otro punto, comuníquese a Laura García Aquino que la Ley de Amparo, en su arábigo 261, fracción I, prevé que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda o en algún acto procesal afirme hechos falsos; además, se precisa que este órgano jurisdiccional está facultado para ordenar oficiosamente la práctica y el desahogo de la pericial en las materias de caligrafía y grafoscopía a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza el libelo de cuenta en el caso de que advierta que esa rúbrica con la diversa que en su caso se plasme durante la diligencia relativa sean notoriamente diferentes. En el caso, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Asimismo, se apercibe a la promovente que en el caso de que afirme hechos falsos se dará vista al Agente del Ministerio Público adscrito para que en el ejercicio de sus atribuciones investigue si se actualiza alguna de las conductas típicas especiales previstas por el normativo 261 de la Ley de Amparo. En tal sentido, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Libro 45, Agosto de 2017, del Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato" Notifíquese por la vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 526/2022. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada porque existen diversas irregularidades en ese escrito que necesitan enmendarse. El artículo 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese ocurso; b) en el caso de que se hubiera omitido alguno de los requisitos que establece el arábigo 108 de la propia legislación; y, c) cuando no se haya acompañado el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. Por otro lado, el ordinal 108, fracción I, de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberán señalarse, entre otros aspectos, el nombre y el domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. A su vez, el normativo 10 del citado ordenamiento estatuye que la representación del quejoso se acreditará en el juicio constitucional en los términos previstos por la Ley de Amparo y en los casos no previstos la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. En el caso, la parte quejosa no colma íntegramente las prevenciones contenidas en los dos últimos preceptos citados, por las razones siguientes: En primer orden, Laura García Aquino en el proemio del escrito inicial señala que promueve por sí este juicio constitucional; posteriormente, en el apartado de antecedentes del acto reclamado afirma que es apoderada de Silvia Lorena García Aquino y que el siete de marzo del año en curso, presentó ante la autoridad que designa como responsable el escrito que contiene la petición que formuló, cuya omisión de dar respuesta constituye la actuación impugnada. Lo anterior impide saber en realidad quién es la parte quejosa en este asunto, porque la promovente por un lado señala que ejerce la acción de amparo por sí y, por otro, aduce que es mandataria de Silvia Lorena García Aquino y que quien suscribe la demanda fue quien ejerció el derecho de petición, cuya transgresión reclama, lo cual es necesario a fin de identificar plenamente a la titular o titulares de la acción constitucional que integrarán la relación jurídica procesal en este medio extraordinario de defensa. En otro punto, Laura García Aquino se ostenta como apoderada de Silvia Lorena García Aquino y aduce que esa calidad la demuestra con la copia fotostática simple del instrumento veinte mil setenta y tres de uno de marzo del año en curso, pasado ante la fe de la Notaria Pública Ochenta y Siete en Oaxaca, con ejercicio en la capital de esta entidad federativa, que exhibe; sin embargo, tal documento por su naturaleza carece de valor alguno en términos de lo dispuesto por el arábigo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2, de la Ley de Amparo; por tanto, no está demostrado el presupuesto de la personalidad. Los aspectos destacados denotan la existencia de irregularidades en el escrito inicial, lo cual da pauta a prevenir a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito con las copias de traslado necesarias realice lo siguiente: 1. Deberá señalar si este juicio de amparo lo promueve por sí o como apoderada de Silvia Lorena García Aquino, o bien, si ambas son titulares de la acción de amparo conforme a lo prescrito por el numeral 108, fracción I, de la ley de la materia. 2. En el caso de que la justiciable sea Silvia Lorena García Aquino tendrá que exhibir el documento idóneo con el que acredite su personalidad para ejercer la acción constitucional a nombre de esa persona en términos de lo dispuesto por los ordinales 6, 10 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo. Precisa señalar que la personalidad es un presupuesto procesal de análisis oficioso y de orden público, de cuyo examen si está plenamente demostrado, este Tribunal de amparo debe hacerlo constar en el acuerdo admisorio, por esa razón es necesario que se satisfaga ese aspecto. En este punto, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 43/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL' y 'PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Infórmese a la parte quejosa que los requerimientos formulados en este auto deberán ser atendido por la parte quejosa, por su apoderado o por su representante legal en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que esos aspectos puedan atenderse por la persona designada como su autorizada en términos amplios del precepto 12 de la Ley de Amparo, porque las facultades de las que goza esta última no son equiparables a las de un mandato, ni tampoco por las personas designadas como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento legal, porque las facultades de las que gozan estas últimas solamente son para recibir notificaciones e imponerse de los autos; en ese sentido, se apercibe a la parte agraviada que de hacerlo las personas que señaló como autorizadas no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Forma de notificación y autorizados de la parte quejosa. Se autoriza a la parte quejosa para recibir notificaciones por la vía electrónica con el nombre del usuario "erikcarmona" que proporciona, porque manifiesta expresamente que esa es su voluntad, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, circunstancia que se privilegia dada la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país derivado del virus Covid-19. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza a la parte quejosa el acceso y la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto, vía Internet, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "erikcarmona" proporcionado para tal efecto. En razón de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice el alta del usuario "erikcarmona" a fin de que la parte quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico indicado y se esté en aptitud de realizar las notificaciones electrónicas. Por otro lado, se tiene como autorizado de la parte quejosa con las facultades amplias previstas por el ordinal 12 de la Ley de Amparo a Erik Carmona López con cédula profesional 6114698 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; por otra parte, téngase como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento a las personas restantes que indica, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque así lo solicita expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese por la vía electrónica a la parte quejosa.

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