Laura Elena Jiménez Cuevas
Expediente 1048/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Laura Elena Jiménez Cuevas
- Miembros Integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
MESA VII. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del auto en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, en virtud que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente, conservando la demanda de amparo, la sentencia y el presente auto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. En atención al estado de autos, se advierte que ya transcurrió el plazo para hacer valer el medio de impugnación previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada en este juicio de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Ahora bien, en dicha sentencia se concedió el amparo al quejoso ****, para los efectos siguientes: "El amparo se concede para que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el Presidente Ejecutor de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca: Celebre la audiencia de pruebas y alegatos fijada para el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y dicte la resolución que en derecho corresponda. Para el caso de que no le sea posible celebrar dicha audiencia, fije una nueva fecha, la más próxima posible acorde a su agenda y una vez celebrada, dicte la resolución que en derecho corresponda". Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual deberá remitir copia certificada que acredite dicho cumplimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que si no actúa como se le indica en esta resolución, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo. Así mismo, que en términos del artículo 195 de la referida ley de la materia, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no lo exime de responsabilidad, pero, podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1048/2021 III-A, promovido por ***, contra los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca. I. ANTECEDENTES Ante la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, en autos del expediente laboral 539/2007, la aquí quejosa presentó un escrito el trece de junio de dos mil diecinueve, en el cual promovió incidente de liquidación y/o incrementos salariales. Mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, la Junta responsable tuvo a la parte actora promoviendo incidente de liquidación y/o incrementos salariales respecto al laudo de catorce de noviembre de dos mil doce, en términos de los artículos 761 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que señaló las doce horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre del año en curso, para que se verifique la audiencia incidental de pruebas y alegatos; ordenando al actuario adscrito notificara ese proveído a las partes. El ocho de octubre pasado, se notificó a la parte actora (aquí quejosa) el acuerdo mencionado en el párrafo que antecede. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ****, por su propio derecho, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa señala como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda se turnó el mismo día de su presentación a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que mediante acuerdo de veintiocho de septiembre pasado, se admitió a trámite, se requirió de la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en materia laboral y el acto reclamado se atribuye a una autoridad que tiene residencia donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la quejosa reclama del Presidente de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, lo siguiente: La dilación procesal en la cual ha incurrido la responsable en tramitar y resolver el incidente de liquidación y/o incrementos salariales respecto del laudo de catorce de noviembre de dos mil doce, en el expediente 539/2007 del índice de la Junta responsable. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Presidente de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado. Lo anterior, pues manifestó que el diecisiete de agosto pasado, tuvo por recibido el escrito de trece de junio de dos mil diecinueve, en el cual la aquí quejosa planteó la mencionada incidencia y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, a saber, las doce horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe de ley, derivadas del expediente laboral 539/2007; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de omisiones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa, que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". CAUSALES DE IMPROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. ESTUDIO. Es esencialmente fundado el concepto de violación en el que aduce la parte quejosa que el Presidente de la Junta responsable, ha vulnerado su derecho fundamental consagrado por el artículo 17 Constitucional, al omitir tramitar dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, el incidente que promovió. Así es, del apartado de antecedentes del acto reclamado, se obtiene que el trece de junio de dos mil diecinueve, la aquí quejosa planteó incidente de liquidación y/o incrementos salariales respecto del laudo de catorce de noviembre de dos mil doce y fue hasta el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, que se acordó su petición. Lo que es así, porque se transgredió el derecho humano de administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Carta Magna, al no cumplirse con los plazos que prevé la ley del acto para tramitar el referido incidente. En efecto, se violentó en perjuicio de la solicitante de amparo el artículo 17 constitucional por la falta de una administración de justicia pronta y expedita, pues no debe pasarse por alto que desde el trece de junio de dos mil diecinueve, la parte actora de la controversia laboral de origen solicitó se diera trámite al incidente de liquidación y/o incrementos salariales, pero fue hasta el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, que se proveyó al respecto. Es decir, transcurrieron dos años y dos meses aproximadamente, para que la autoridad responsable acordara la petición de la aquí quejosa, a pesar que la Ley Federal del Trabajo prevé que las Juntas tienen cuarenta y ocho horas para proveer los escritos que reciben de las partes. En ese orden, resulta conveniente analizar el artículo 17 constitucional, del tenor literal siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento que los tribunales están expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. En el caso, resulta útil resaltar el atributo relativo a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. También se destaca que en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de 2001, con registro digital 188804, que dice: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Partiendo de lo que expuesto, es procedente afirmar, con base en las constancias del expediente laboral 539/2007, que se mencionaron previamente, a la fecha de presentación de la demanda de amparo origen de este asunto, la autoridad señalada como responsable no ha velado por tramitar y resolver, dentro de los plazos de ley, el incidente planteado por la quejosa; pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo, aún no le notificaba el proveído de diecisiete de agosto pasado, en el que acordó su petición de trece de junio de dos mil diecinueve. Ahora bien, en el aludido acuerdo, la Junta responsable fijó las doce horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para la audiencia de pruebas y alegatos en el multicitado expediente. En ese sentido, debe precisarse que el artículo 765 de la Ley Federal del Trabajo establece que los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se resolverán de plano oyendo a las partes. Lo expuesto con anterioridad, evidencia que la responsable dejó de aplicar los principios de economía, concentración, sencillez, así como de celeridad que distinguen al proceso laboral, conculcando en perjuicio de la quejosa el derecho público subjetivo contenido en el numeral 17 constitucional, pues excedió en demasía el plazo que tenía para proveer el escrito de la quejosa, respecto del incidente que intentó y a pesar de haber transcurrido más de dos años, apenas se le dio trámite. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Décima Época, Libro XI, Agosto de 2012, con registro digital 2001213, que a la letra dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia." DECISIÓN En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en estudio y con el fin de resarcir la violación al artículo 17 Constitucional, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ***. EFECTOS DE LA CONCESIÓN El amparo se concede para que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el Presidente Ejecutor de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca: Celebre la audiencia de pruebas y alegatos fijada para el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y dicte la resolución que en derecho corresponda. Para el caso de que no le sea posible celebrar dicha audiencia, fije una nueva fecha, la más próxima posible acorde a su agenda y una vez celebrada, dicte la resolución que en derecho corresponda. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal ampara y protege a ****, respecto del acto reclamado al Presidente de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, por los argumentos expuestos en el apartado VIII de la presente resolución. El amparo se concede para los efectos precisados en el diverso apartado X. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y ténganse por recibidas las documentales que en copia certificada exhibe como prueba; con su contenido dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.
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