Laura Elena León Buy
Expediente 1217/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1217/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Laura Elena León Buy
Actuaciones
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la celebración de la audiencia incidental; sin embargo, este asunto no está integrado para llevarla a cabo, en atención a que se encuentra transcurriendo el plazo de cuarenta y ocho horas que establece el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, con que cuenta la autoridad responsable juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para rendir su informe previo. En consecuencia, la audiencia incidental señalada para hoy se difiere y en su lugar, se fijan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la titular de la Delegación en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, por medio del cual, en atención a lo solicitado en proveído de veintidós de noviembre del año en curso, informa que designó al licenciado ********************, como representante especial de la menor quejosa de identidad reservada ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, se requiere al citado asesor -por conducto de la delegada en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública- para que dentro del término de tres días siguientes, presente escrito mediante el cual acepte el cargo e intervenga en el juicio como representante especial de la citada menor o en su defecto comparezca a este recinto judicial para aceptar y protestar el cargo que le fue conferido. Se invita a dicha representante para que peticione que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, mediante la utilización de la firma electrónica, ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva, de conformidad con lo previsto en los numerales 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Debido a que la titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública solicita el acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, por medio del Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación -al asesor que designa- en consecuencia, se procede a la autorización respectiva, para lo cual se hace del conocimiento a la oficial judicial "A" a fin que realice el alta del mismo con el nombre de usuario ********************. Por último, en relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se toma nota como medios de localización. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número 1217/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes; se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda presentada por ****, en representación de su hija menor de edad de iniciales reservadas *.*.*.*. Incidente de suspensión. No ha lugar a decretar la suspensión de plano como lo pretende la parte quejosa, debido a que el acto reclamado no encuadra dentro de las hipótesis establecidas en el precepto 15 de la Ley de Amparo, ni tampoco en las previstas en el diverso 22 de la Constitución Federal; de ahí que no sea factible su concesión. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión para proveer en relación a la medida cautelar solicitada. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlo y en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto los actos reclamados, salvo prueba en contrario. En el entendido de que deberá exponer las razones y los fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañarán en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en el caso de que no rindan su informe justificado. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto atacado en este asunto o alguno diverso relacionado con el juicio de origen. Se autoriza al actuario(a) de la adscripción para que la solicitud del informe justificado sea entregada al correo electrónico oficial de esa autoridad, misma que deberá ser corroborada por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá enviar su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, así como las constancias respectivas. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causal de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se le impondrá la multa a que se refiere el numeral 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las doce horas con cinco minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito este auto de forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda y de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. En términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista electrónicas. Requerimiento a la delegada en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública. Con fundamento en el artículo 4º de la Constitución Federal, 18 de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes y tomando como criterio orientador los lineamientos establecidos en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a fin de garantizar el superior interés de la menor de edad, requiérase a la delegada en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, para que dentro del plazo de tres días contadas a partir de que surta efectos la notificación de este auto, designe un representante especial para la infante quejosa menor de edad identificada con las iniciales *.*.*.*., para lo cual, envíese copia simple de la demanda de amparo. Se le apercibe que de no hacerlo, se le impondrá con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, al momento de realizar la conducta sancionada. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su ocurso y como su autorizado en términos restringidos del ordinal 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica por así solicitarlo expresamente. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico y las notificaciones vía electrónica [por así haberlo solicitado expresamente] para lo cual, proporciona el usuario "****" mismo que se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se comisiona a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que realice el alta correspondiente del usuario en comento. Debido a que se autorizó la realización de notificaciones electrónicas, no se tiene por señalado el domicilio procesal que indica, porque las notificaciones personales se harán por la vía electrónica, sin que en el caso puedan coexistir dos formas de notificación de manera simultánea, ya que esa situación generaría incertidumbre jurídica en cuanto a la forma en la que deberán llevarse a cabo las comunicaciones procesales al promovente. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese por lista.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1217/2023 promovido por ********************, en representación de su hija menor de edad de iniciales reservadas ********************. Con fundamento en lo previsto por los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se le deberá acompañar copia de la demanda de amparo. Se hace saber a la autoridad responsable que la no rendición del informe previo se sanciona con una multa en términos de lo dispuesto por el arábigo 260, fracción I, de la Ley de Amparo y esa misma omisión permite tener por cierto el acto reclamado, según lo previsto por el numeral 142 de la citada ley reglamentaria. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. En términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la décima época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" se hace del conocimiento de la autoridad responsable o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista electrónicas. Para la celebración de la audiencia incidental, se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estudio de la medida suspensional. Debe considerarse el normativo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el numeral 125 de la Ley de Amparo, la suspensión es una medida cautelar que puede decretarse de oficio o a petición del quejoso; en el segundo caso para que proceda la suspensión del acto reclamado, además de que sea solicitada por el disidente es necesario que concurran los requisitos siguientes: El acto combatido sea cierto. El acto impugnado sea susceptible de ser suspendido. Resulta preciso apuntar que la suspensión constituye una medida cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia de la controversia. Evitar que su solicitante sufra una afectación a su esfera mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante la aplicación de medidas conservativas, es decir, paralizantes de la ejecución del acto reclamado, o bien, de tutela anticipada. Esto es, con efectos restitutorios de las condiciones necesarias para garantizar el goce del derecho fundamental violado. Como se adelantó, la quejosa en esencia reclama la omisión de la autoridad que señala como responsable jueza Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en atender el escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles y Familiar del Distrito Judicial del Centro, en la que hace peticiones relacionadas a la publicación de edictos, ordenada en el expediente ********************, a fin de notificar a ******************** -como se desprende del acuse del escrito que anexa a su demanda- de tal manera, acredita su interés suspensional. Ahora bien, para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender y dependiendo de la naturaleza del acto reclamado así como del derecho fundamental sobre el que éste se proyecta, la parte quejosa debe probar que es titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) o bien, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Los efectos del acto reclamado son susceptibles de paralizarse. En términos de los artículos 131 y 147 de la Ley de Amparo la ponderación de la apariencia de buen derecho frente al perjuicio que la concesión puede causar sobre el interés social o la contravención a normas de orden público, permite que se otorgue la medida. Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Para otorgar la suspensión, es necesario realizar de forma simultánea, un juicio de probabilidad anticipado acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y una valoración sobre si la eventual concesión causaría perjuicio al interés social o al orden público, lo que, en términos generales puede acontecer cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese contexto, se advierte que para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender. Así es, la suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, puede tener efectos "conservativos" y "restitutivos". El artículo 147 de la Ley de Amparo, en sus párrafos primero y segundo, establece lo siguiente: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo". Como se puede apreciar, la suspensión del acto reclamado no se limita a mantener las cosas en el estado que guardan, es decir, no tiene como único propósito "paralizar" un acto para evitar que afecte derechos del quejoso, sino que también permite "restablecer" provisionalmente al promovente del amparo en el goce del derecho violado, siempre que ello no implique "constituir" un derecho del que no gozaba previamente la parte quejosa (restricción establecida en el párrafo segundo del artículo 131 de la Ley de Amparo). Dicho en otras palabras, la Ley de Amparo prevé la posibilidad que el órgano jurisdiccional, con el otorgamiento de la medida cautelar, restablezca o restituya al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, para impedir perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". De tal manera, cuando se reclama la inactividad del Estado (omisión) y con ello, se restringe un derecho, no existe obstáculo jurídico para otorgar la medida cautelar, dotándola de efectos restitutorios, con el objeto de impedir que esa afectación perdura durante la substanciación del juicio de amparo. En el caso concreto, los efectos de la medida cautelar solicitados no restituyen a la quejoso(a) en el goce del derecho vulnerado puesto que la suspensión provisional tiende únicamente a que desaparezca la inactividad procesal con motivo de una falta de proveído. Aunado a que la según el dicho de la parte disidente, bajo protesta de decir verdad, existe una paralización total con relación a lo pedido en su escrito, lo cual justifica establecer medidas de protección del derecho al acceso eficaz de la tutela judicial, de una vez y no esperar a que se continúe violando ese derecho procesal básico y fundamental. No sólo involucra una cuestión que relativa a la pronta impartición de la justicia, en la medida en la que ese derecho humano se ve potenciado, ante la presencia de otros bienes de igual o mayor jerarquía, como son el derecho a que se declare firme la sentencia de nulidad En ese sentido, si lo que se reclama es la omisión de una autoridad jurisdiccional responsable de proveer sobre una promoción de la parte aquí quejosa, que tiene la calidad parte en el juicio natural y como tal, es parte del procedimiento administrativo y dicha promoción fue presentada sesenta y un días naturales antes de solicitar el amparo (la promoción fue recibida por la responsable el veinte de septiembre de dos mil veintitrés y la demanda se presentó el veintiuno de noviembre pasado) entonces, la afectación que pudiera producir el acto reclamado versa sobre el derecho de acceso a la justicia de la quejosa, como una variante del derecho de petición que tiene ligar cuando éste se ejerce dentro del marco de un procedimiento. Por lo tanto, el efecto restitutorio de la medida cautelar debe ser el de vincular a la autoridad responsable a que, con libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con la petición de la quejosa, pues de esa forma es posible evitar que la afectación derivada de la omisión reclamada siga incidiendo en la esfera jurídica del quejoso. En consecuencia, se concede la suspensión provisional para el efecto de vincular a la autoridad responsable a que, con plena libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con la promoción de la quejosa. Con este efecto, se evita que la afectación derivada de la omisión aludida siga incidiendo en la esfera jurídica de la impetrante durante la sustanciación del juicio y en esa medida, la suspensión cumpla con su propósito en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. Respalda lo anterior, por analogía, la tesis I.2o.P.5 P (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable con el registro digital: 2025443, dentro de la página de internet del Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE PROVEER RESPECTO DE UNA PROMOCIÓN PRESENTADA POR LA PARTE QUEJOSA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO, PARA EL EFECTO DE VINCULARLO A QUE, CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, EMITA UNA DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON ESE ESCRITO. Hechos: La parte quejosa reclamó en el juicio de amparo indirecto la omisión del Juez de Control de proveer respecto de una promoción que presentó en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio. El Juez de Distrito concedió la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad responsable, una vez concluida esa etapa del procedimiento penal, lo suspenda hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo; sin embargo, al no estar de acuerdo con los efectos de la medida cautelar, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se reclama la omisión de la autoridad judicial de proveer sobre la promoción presentada por una de las partes del procedimiento penal en la etapa intermedia, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, lo que implica vincularla a que, con libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con esa promoción. Justificación: De conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, puede tener efectos "conservativos" y "restitutorios", es decir, no tiene como único propósito "paralizar" un acto para evitar que afecte derechos de la parte quejosa, sino que también permite "restablecer" provisionalmente a ésta en el goce del derecho violado, siempre que ello no implique "constituir" un derecho del que no gozaba previamente (restricción establecida en el párrafo segundo del artículo 131 de la Ley de Amparo). En este sentido, si con motivo de la inactividad del Estado (omisión) se restringe el goce de un derecho, por regla general no existe obstáculo jurídico para otorgar la suspensión provisional dotándola de efectos restitutorios, con el objeto de impedir que esa afectación perdure durante la sustanciación del juicio de amparo. Luego, si el acto reclamado es la omisión del Juez de Control de proveer sobre la promoción de la parte quejosa, presentada en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, lo que implica vincular a la autoridad responsable a que, con libertad de jurisdicción, emita una determinación en relación con esa promoción, pues de esa forma se evita que la afectación derivada de la omisión reclamada siga generando consecuencias negativas en la esfera jurídica de la solicitante del amparo durante la sustanciación del juicio, específicamente en el derecho de acceso a la justicia, como una variante del derecho de petición que tiene lugar cuando éste se ejerce dentro del marco de un procedimiento." Sin que lo hasta aquí razonado, implique que la concesión de la suspensión apuntada, deje sin materia el juicio, pues desde una apreciación material, el acto reclamado en realidad la constituye una abierta dilación u omisión de acordar una petición en breve término, que sigue generando un impacto presente y actual en la esfera jurídica de la quejosa y el hecho de que mediante la concesión quede sin materia el juicio, es una situación que sucede en una diversidad de ocasiones en amplio grado (por ejemplo, en asuntos de derecho administrativo, como en el presente caso, actos de peligro de privación de la vida, de la libertad fuera de procedimiento judicial, actos de incomunicación, tortura y en general, actuaciones que puedan consumarse en forma instantánea) de modo que resultaría injustificado que ese hecho impidiera la emisión de las medidas cautelares para la tutela efectiva de los derechos humanos en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, el criterio I.14o.T.9 L (11a.) esbozado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página de internet del Semanario Judicial de la Federación, con el registro digital 2023885 y que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ABIERTA DILACIÓN U OMISIÓN DE EJECUTAR UN LAUDO EN BREVE TÉRMINO. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra el auto por el cual el presidente de la Junta fijó fecha lejana para llevar a cabo su reinstalación, ordenada en el laudo que le fue favorable, pues en su opinión, ello constituía una tardanza excesiva de proveer adecuadamente. Por su parte, el Juez Federal negó la suspensión provisional, al considerar que de concederse, los efectos dejarían sin materia una eventual sentencia protectora, dado que la restitución que aquél solicita coincidiría exactamente, en su caso, con los del fallo protector. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión o abierta dilación de ejecutar un laudo en breve término. Justificación: Lo anterior es así, pues de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." y del artículo 147 de la Ley de Amparo, se advierte que es factible conceder la suspensión provisional de los actos de naturaleza omisiva, por lo que puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con efectos positivos o negativos. Por tanto, de un análisis ponderado del derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones firmes, derivado del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, frente a la abierta dilación de cumplimentar un laudo en breve término, se concluye que debe concederse la suspensión provisional para que cese la omisión de la autoridad responsable, a efecto de que señale una nueva fecha para reinstalar a la parte quejosa en cumplimiento del laudo firme. Sin que la consideración de que el acto reclamado se ha consumado por haber transcurrido la fecha original fijada para la reinstalación del quejoso, o que la concesión de la suspensión dejaría sin materia el juicio, sea un argumento válido para negar la medida cautelar, pues desde una apreciación material, el acto reclamado en realidad la constituye una abierta dilación u omisión de cumplimentar el laudo en breve término, que sigue generando un impacto presente y actual en la esfera jurídica del quejoso, y el hecho de que mediante la concesión quede sin materia el juicio, es una situación que sucede en una diversidad de ocasiones en amplio grado (por ejemplo, en asuntos de derecho familiar, actos de peligro de privación de la vida, de la libertad fuera de procedimiento judicial, actos de incomunicación, tortura y, en general, actuaciones que puedan consumarse en forma instantánea), de modo que resultaría injustificado que ese hecho impidiera la emisión de las medidas cautelares para la tutela efectiva de los derechos humanos en el juicio de amparo." Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la suspensión definitiva. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su ocurso y como sus autorizados en términos restringidos del ordinal 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica por así solicitarlo expresamente. Notifíquese por lista.
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