Laura Elisa Villanueva Vázquez
Expediente 945/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Laura Elisa Villanueva Vázquez
- Juzgado Único Civil de Partido de la Ciudad de Purísima del Rincón, Guanajuato
Actuaciones
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 23 DE FEBRERO DE 2022, QUE REZA: I. Causa ejecutoria resolución de trece de enero de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar el original del incidente de suspensión y destruir la presente pieza de actuaciones, así como el duplicado del incidente de suspensión en virtud de que: Se sobreseyó en el juicio de amparo. Se concedió la suspensión definitiva. Hágase la anotación en carátulas y agréguese al incidente copia certificada del presente acuerdo. III. Devolución de documentos. Se previene a las partes para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibidas que, de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a las partes que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Versión pública de la resolución. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general. V. Se deja billete a disposición. En virtud de lo anterior, una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, procédase a devolver el billete de depósito número N 919394 expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), con número de orden 109/2021, al haberse sobreseído en el juicio y existir terceros interesados. En la inteligencia que de no comparecer a este Juzgado por dicho certificado hasta antes de que transcurra el término legal establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación (dos años a partir de la notificación de este proveído), éste prescribirá a favor del fisco federal; en el entendido de que dicho término comenzará a computarse una vez que transcurra el diverso de seis meses a que se hizo referencia en el párrafo que antecede. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de guarda.
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León, Guanajuato, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. I. Causa ejecutoria resolución de trece de enero de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar el original del incidente de suspensión y destruir la presente pieza de actuaciones, así como el duplicado del incidente de suspensión en virtud de que: Se sobreseyó en el juicio de amparo. Se concedió la suspensión definitiva. Hágase la anotación en carátulas y agréguese al incidente copia certificada del presente acuerdo. III. Devolución de documentos. Se previene a las partes para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibidas que, de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a las partes que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Versión pública de la resolución. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general. V. Se deja billete a disposición. En virtud de lo anterior, una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, procédase a devolver el billete de depósito número N 919394 expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), con número de orden 109/2021, al haberse sobreseído en el juicio y existir terceros interesados. En la inteligencia que de no comparecer a este Juzgado por dicho certificado hasta antes de que transcurra el término legal establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación (dos años a partir de la notificación de este proveído), éste prescribirá a favor del fisco federal; en el entendido de que dicho término comenzará a computarse una vez que transcurra el diverso de seis meses a que se hizo referencia en el párrafo que antecede. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de guarda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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V I S T O el juicio de amparo 945/2021-V promovido por Laura Elisa Villanueva Vázquez, contra actos de la Jueza Única de lo Civil, con residencia en Purísima del Rincón, Guanajuato, y otra autoridad, que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Por escrito depositado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y recibido en este Juzgado de Distrito por razón de turno al día siguiente, Laura Elisa Villanueva Vázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que más adelante se mencionarán. Por auto de diecinueve de noviembre del año pasado (fojas 10 a 12), se ordenó el registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno bajo el número 945/2021-V, y se admitió a trámite la misma, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado y constancias inherentes a los actos reclamados, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, por determinación de ocho de diciembre siguiente (foja 20 y 21), se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Ma. Leticia Sánchez Vaca, lo cual aconteció mediante lista publicada en la puerta de acceso de este tribunal y en página electrónica el catorce de diciembre del año pasado (fojas 28 y 29); quien compareció a juicio a través del ocurso glosados en autos a foja 38, por lo que se convalidó cualquier deficiencia que pudiera contener su emplazamientos en términos del artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Seguida la secuela procesal del presente juicio, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 58, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 8/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. La competencia de este órgano jurisdiccional se surte en razón de que la ejecución de los actos impugnados acontece en el territorio jurisdiccional de este tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina la demanda de derechos fundamentales, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, por lo cual se deduce que la quejosa reclama: De la Jueza Única de lo Civil, con residencia en Purísima del Rincón, Guanajuato, lo siguiente: La orden de desocupación y entrega respecto al predio ubicado en la fracción de terreno con una superficie de 2-79-05.580 hectáreas, conocida como "La Laguna Tuerta" dentro del predio rústico denominado San José del Paso en el municipio de Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, la cual fue decretada en el expediente C-90/2019 del registro del Juzgado Único de lo Civil de Purísima del Rincón, Guanajuato, del cual la quejosa se ostenta tercera extraña, al no ser parte del mismo; afirmando que de dicho bien raíz tiene calidad de propietaria. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Única de lo Civil, con residencia en Purísima del Rincón, Guanajuato, pues así lo admiten al rendir su respectivo informe justificado (fojas 15 a 19); la afirmación de la responsable constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se corrobora la existencia del acto reclamado con las copias certificadas del juicio ordinario civil sobre prescripción positiva registrado bajo número de expediente C-90/2019, remitidas por la Jueza responsable en apoyo de su informe justificado, las cuales hacen prueba plena en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de su encargo. Atendiendo al informe afirmativo y a la plena eficacia de las documentales exhibidas, está demostrada fehacientemente la existencia del acto combatido, según las jurisprudencias 226 y 278, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Quinta Época, páginas 153 y 231, de los Apéndices de 1995 y 2000, de consulta rápida en los registros electrónicos números 917,812 y 394,182 de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia que se advierten de oficio. En este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I del numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no se acredita la afectación a algún derecho de la demandante del amparo, que la faculte a acudir ante este órgano de control constitucional. Ahora bien, la causal en estudio es del orden textual siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." La fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De tal suerte que, al estar frente a actos provenientes de un órgano jurisdiccional, se requiere de la existencia de un derecho legítimamente tutelado que al ser violentado por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el tribunal constitucional correspondiente, para demandar el cese de esa trasgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, destacándose que dicho interés debe acreditarse fehacientemente, de tal manera que no se infiera con base en meras presunciones. Encuentra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225, Tomo XXVII, enero de 2008, Novena Época, con número de registro 170500, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Para una mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de la orden de desalojo reclamada, mismos que se desprenden del juicio ordinario civil sobre prescripción positiva registrado bajo número de expediente C-90/2019, de índice de la Jueza responsable, siendo los siguientes: Genaro Villanueva Rodríguez, promovió demanda en la vía ordinaria civil sobre prescripción positiva, en contra de Ma. Leticia Sánchez Vaca, respecto del predio materia de Litis (fojas 1 a 7 del tomo de pruebas). Demanda que se radicó con el número de expediente C-90/2019 del índice del Juzgado Único de lo Civil de Purísima del Rincón, Guanajuato, y se admitió a trámite, y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada (fojas 28 a 30 del tomo de pruebas). Seguido el juicio en sus etapas procesales, el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se declaró que Ma. Leticia Sánchez Vaca, tiene el dominio de un fracción del predio rústico denominado "San José del Paso", de la municipalidad de Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, con una superficie de 2-79-05.580 dos hectáreas, setenta y nueve áreas, cero cinco punto quinientos ochenta centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias: al norte 762.68 setecientos sesenta y dos punto sesena y ocho metros con Serafín Fuentes Gutiérrez; al sureste 37.04 treinta y siete punto cero cuatro metros con brecha; al sur 754.94 setecientos cincuenta y cuatro punto noventa y cuatro metros con Francisco Flores Palma; y, al oeste 37.23 treinta y siete punto veintitrés metros con brecha. Por lo anterior, se condenó a Genaro Villanueva Rodríguez a desocupar y entregar a Ma. Leticia Sánchez Vaca el referido bien, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde, concediéndole para tal efecto el término de diez días hábiles, contados a partir de que la presente resolución cause ejecutoria (fojas 143 a 166 del tomo de pruebas). Determinación que fue confirmada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, mediante resolución de catorce de enero de dos mil veinte, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Genaro Villanueva Rodríguez (foja 216 a 228 del tomo de pruebas). Contra la determinación mencionada en el punto anterior, el aquí quejoso interpuso juicio de amparo directo, el cual se radicó bajo el número 333/2020, del registro del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, y mediante resolución plenaria de once de diciembre de dos mil veinte, se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitadas. A través del proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se ordenó ejecutar la sentencia respecto de la fracción del predio rústico denominado "San José del Paso", en Manuel Doblado, Guanajuato, con una superficie de 2-79-05.580 dos hectáreas, setenta y nueve áreas, cero cinco punto quinientos ochenta centiáreas; diligencia que no se desahogó el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en virtud de que fue cancelada por la parte interesada (foja 262 del tomo de pruebas). Después de concluido el juicio amparo promovido por Cristina Villanueva Vázquez (hermana de la quejosa según su dicho), en donde señaló, básicamente el mismo acto reclamado que en esta instancia constitucional, la parte actora solicitó la ejecución de la sentencia dictada en autos del juicio de origen, en atención a ello, mediante proveído de veintitrés de septiembre del año pasado, se ordenó el cumplimiento de la misma (foja 328 del tomo de pruebas), lo cual a la fecha no acontecido. Ahora bien, atenta al análisis del escrito inicial, se observa que la quejosa reclama la supuesta afectación de su derecho de propiedad y posesión (amparado por un contrato privado de compraventa), y la consecuente trasgresión de su derecho de audiencia con motivo de la orden de desocupación y entrega decretada respecto al predio ubicado en la fracción de terreno con una superficie de 2-79-05.580 hectáreas, conocida como "La Laguna Tuerta" dentro del predio rústico denominado San José del Paso en el municipio de Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, por no haber sido llamada al juicio de origen. Es decir, la quejosa se ostenta como tercera extraña a dicho contradictorio y pretende de acuerdo a la naturaleza del juicio de origen que el mismo se deje insubsistente, para que sea notificada y acuda a defender sus derechos que ostenta en relación con el bien inmueble materia de Litis. A la luz de las constancias que en vía de apoyo a su informe justificado remitiera la autoridad responsable, resulta claro que la accionante del amparo es ajena al juicio de origen, de ahí que tenga la calidad de tercera extraña a que se refiere el artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo. No obstante, con la documental que ofreció no se acredita su interés jurídico para ser llamada al procedimiento de origen. Es decir, para este órgano jurisdiccional no basta con que la quejosa tenga la calidad de tercera extraña en aquél juicio, sino que debe acreditar, con prueba fehaciente, que debía ser llamada por la autoridad responsable para no violar su derecho de audiencia, de manera que si no prueba dicha circunstancia, la quejosa carecerá de interés para impugnar las consecuencias de la substanciación del contradictorio de origen como son la entrega y desocupación del inmueble afecto. De acuerdo a los criterios desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a las personas que se ostentan como terceras extrañas, el interés jurídico que deben demostrar para obtener protección constitucional, se circunscribe a los siguientes parámetros: Conforme a la jurisprudencia P./J. 1/2002, el tercero extraño a juicio que pretende tutelar a través del juicio de amparo indirecto un derecho de posesión (originaria o derivada), tiene que demostrar, en principio, que el derecho sustantivo que defiende se encuentra apoyado en la existencia de un acto sustentado en una figura jurídica tutelada en la ley secundaria. En términos de la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de título "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO", se debe probar que ese acto jurídico apoyado en la ley secundaria es de fecha cierta, lo que ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Asimismo, jurisprudencia 1a./J. 21/2010, de rubro "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO", debe demostrar que la fecha cierta sea anterior a la emisión del acto de autoridad que se reclama. Los criterios invocados son del contenido siguiente: Tesis: P./J. 1/2002 POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Tesis: 1a./J. 46/99 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Tesis: 1a./J. 21/2010 DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable. Bajo esos estándares, con el simple hecho de que uno de los requisitos no sea satisfecho, el juicio de amparo es improcedente por falta de configuración del interés jurídico. En el caso, la solicitante de protección constitucional, para acreditar el derecho de propiedad que dice tener, exhibió el documento siguiente: Original del contrato privado de compraventa celebrado entre Cristina Villanueva Vázquez como parte vendedora y, por la otra, la aquí quejosa, en su carácter de compradora, ratificado ante el Notario Público número 7, con legal ejercicio en la ciudad de Manuel Doblado, Guanajuato, en relación con el predio de superficie de 2-79-05.580 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 762.68 METROS CON SERAFIN FUENTES GUTIERREZ. AL SURESTE: 37.04 METROS CON BRECHA. AL SUR: 754.94 METROS CON FRANCISCO FLORES PALMA. AL OESTE: 37.23 METROS CON BRECHA. Predio ubicado dentro de la superficie conocida como La Laguna Tuerta, consistente en una fracción del Predio rustico denominado "San José del Paso" perteneciente al municipio de Manuel Doblado, Guanajuato. Del análisis de dicha documental, en relación con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llega a la conclusión de que la quejosa no demuestra un interés jurídicamente tutelado a través de este juicio de amparo. En principio, si bien en términos de la tesis P./J. 1/2002, el derecho sustantivo que pretende defender la quejosa se encuentra apoyado en la existencia de un acto sustentado en una figura jurídica tutelada en la ley secundaria, ya que se trata de un contrato de compraventa en que la quejosa se ostentó como compradora; acto jurídico reconocido y regulados por la legislación civil de esta entidad federativa. En cuanto al criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 46/99, en él se sustenta que se debe probar que ese acto jurídico apoyado en la ley secundaria es de fecha cierta, lo que ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. En el caso, el contrato de compraventa, adquirió fecha cierta el veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, data en que fue ratificado su contenido y firma ante el Notario Público número 7 en legal ejercicio en la ciudad de Manuel Doblado, Guanajuato. Finalmente, en relación a la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, en la que se establece que para acreditar el interés jurídico, se debe demostrar que la fecha cierta sea anterior a la emisión del acto de autoridad que se reclama, sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que la quejosa señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable. De acuerdo a lo anterior, tenemos que el documento presentado por la quejosa para reclamar la ilegalidad de la orden de desocupación y entrega del bien inmueble afecto decretada en el contradictorio natural, no es suficiente para acreditar su pretensión (interés jurídico), porque el mismo adquirió fecha cierta hasta el veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, -fecha en que dicho contrato fue ratificado ante fedatario judicial-, es decir, con posterioridad a la emisión de los actos que pretende impugnar. Ello es así, pues la orden de entrega y desocupación del bien inmueble, data del veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, esto es, desde la fecha en que se deliberaron las acciones pretendidas en el juicio de origen mediante el dictado de la sentencia correspondiente. De manera que el documento con el que la promovente pretende acreditar interés, adquirió certeza en fecha posterior a la emisión del acto reclamado -consistente en la orden de desocupación y entrega respecto al predio ubicado en la fracción de terreno con una superficie de 2-79-05.580 hectáreas, conocida como "La Laguna Tuerta" dentro del predio rústico denominado San José del Paso en el municipio de Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, la cual fue decretada en el expediente C90/2019 del registro del Juzgado Único de lo Civil de Purísima del Rincón, Guanajuato-; por tanto, no tienen el alcance suficiente para que este órgano jurisdiccional determine que la quejosa debió ser llamada al juicio de origen -en el cual se declaró que la aquí tercera interesada es quien tiene el dominio del inmueble afecto -, ya que no cuenta con documento idóneo para ello. Por tanto, al no estar corroborado con prueba idónea que la quejosa tiene algún derecho legalmente reconocido respecto del bien raíz afecto, previo a la emisión de la declaración de desocupación y entrega del mismo en el juicio de origen, es de concluir que el acto reclamado, aun cuando es cierto, no la legitiman para instar este medio de control de la constitucionalidad, en virtud que no demostró la afectación de algún interés jurídico legalmente tutelado en su beneficio, en los términos destacados En conclusión, la quejosa carece de interés jurídico para reclamar la ilegalidad de la orden de desocupación y entrega del bien inmueble afecto decretada en el contradictorio de origen, pues no demostró que a la fecha en que se llevaron a cabo los actos que reclama tenía un derecho sobre el mencionado bien, pues el documento exhibido adquirió fecha cierta con posterioridad a la emisión del acto combatido y, por tanto, se debe sobreseer esta instancia constitucional. Atento a lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, esto es, la contemplada en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I, del numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción V del ordinal 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior, impide analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa, toda vez que no genera agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Por su contenido, se trae a colación la jurisprudencia aprobada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Visible en la página 57, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Debe decirse que si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución; no menos cierto es que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de manera alguna implica que por esa circunstancia se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia, habida cuenta de que no deben soslayarse las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de derechos fundamentales, ya que el control aludido opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto. Es aplicable la jurisprudencia 10/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto informan: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Asimismo, sustenta lo anterior, la tesis emitida en la Décima Época por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, página 2066, que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Por último, respecto a los alegatos que formula la tercera interesada, se advierte que constituyen simples opiniones o apreciaciones que no forman parte de la litis en este juicio constitucional, de ahí que resulte innecesario emitir algún pronunciamiento al respecto. Robustece lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/946, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. Vista al Ministerio Público Federal comisionado a este Tribunal. De las constancias relativas al acto reclamado se advierte lo siguiente: En el expediente C-90/2019 del índice del Juzgado Único de lo Civil de Purísima del Rincón, Guanajuato, el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se declaró que Ma. Leticia Sánchez Vaca, tiene el dominio de un fracción del predio rústico denominado "San José del Paso", de la municipalidad de Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, con una superficie de 2-79-05.580 dos hectáreas, setenta y nueve áreas, cero cinco punto quinientos ochenta centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias: al norte 762.68 setecientos sesenta y dos punto sesena y ocho metros con Serafín Fuentes Gutiérrez; al sureste 37.04 treinta y siete punto cero cuatro metros con brecha; al sur 754.94 setecientos cincuenta y cuatro punto noventa y cuatro metros con Francisco Flores Palma; y, al oeste 37.23 treinta y siete punto veintitrés metros con brecha. Por lo anterior, se condenó a Genaro Villanueva Rodríguez a desocupar y entregar a Ma. Leticia Sánchez Vaca el referido bien, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde, concediéndole para tal efecto el término de diez días hábiles, contados a partir de que la presente resolución cause ejecutoria. Posteriormente a ello, Cristina Villanueva Vázquez, promovió juicio de amparo, el cual se radicó con el número 54/2021, del índice de este Tribunal, en el cual impugnó el mismo acto reclamado que en esta instancia constitucional, ostentándose como propiedad del bien inmueble afecto. Para lo cual allegó copia del contrato de compraventa respecto del inmueble ubicado en fracción del predio rústico denominado "San José del Paso", de la municipalidad de Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, con una superficie de 2-79-05.580 dos hectáreas, setenta y nueve áreas, cero cinco punto quinientos ochenta centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte 762.68 setecientos sesenta y dos punto sesena y ocho metros con Serafín Fuentes Gutiérrez. Al sureste 37.04 treinta y siete punto cero cuatro metros con Brecha. Al sur 754.94 setecientos cincuenta y cuatro punto noventa y cuatro metros con Francisco Flores Palma. Al oeste 37.23 treinta y siete punto veintitrés metros con Brecha. Suscrito por Genaro Villanueva Rodríguez, como vendedor, y Cristina Villanueva Vázquez, como compradora, ratificado ante la fe del Notario Público número 7 de la Ciudad de Manuel Doblado, Guanajuato, el diez de febrero de dos mil veintiuno. Juicio de amparo que fue sobreseído por falta de interés jurídico mediante resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, y una vez que causó firmeza la misma se ordenó su archivo. En el presente juicio de amparo, la quejosa aduce tener la propiedad del bien inmueble afecto, manifestando que tiene la propiedad del mismo, en virtud de que su hermana (Cristina Villanueva Vázquez) se lo vendió. En ese contexto, lo procedente es dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, para que tenga conocimiento de los hechos narrados en la presente determinación y proceda conforme a derecho corresponda. Sin que ello implique la suscrita se pronuncie en relación con la responsabilidad penal en que puede haber incurrido alguna persona, pues la facultad y obligación de la suscrita en el presente asunto, únicamente se limita a evidenciar los antecedentes narrados en acatamiento a la legislación penal, el cual obliga a los juzgado federales a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal cuando se éste ante la posibilidad de la comisión de un hecho antijurídico, pero será éste quien en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 Constitucional, determinará, en su caso, lo relativo a la existencia de un ilícito y a la responsabilidad penal. En este sentido, debe decirse a la fiscalía que debe investigar lo aquí narrado, y no limitarse a sacar copias certificadas del presente expediente; siendo necesario corroborar en sede administrativa penal los datos que puedan confirmar una investigación seria que obtenga la verdad legal de los hechos. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 73, 74, 76, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 945/2021-V, promovido por Laura Elisa Villanueva Vázquez, contra los actos precisados en el considerando segundo de este fallo, por las razones asentadas en el apartado cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes, de acuerdo al considerando quinto. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma la licenciada Norma Rojas López, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargada del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización emitida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/4362/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por la secretaria técnica de dicha Comisión, ante el secretario Carlos Armando Salcedo Cordero, que autoriza y da fe. Doy fe.
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