Laura Ernestina Valdez Gómez

Expediente 253/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
253/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Laura Ernestina Valdez Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Causa estado proveído de veintiuno de abril del año en curso (fojas 157-161). En este caso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha resolución. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, se ordena destruir el cuadernillo único del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que acuda ante este juzgado Federal a recoger los documentos originales que exhibió en el presente asunto, dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública en el presente asunto, para que pueda ser consultable por el público en general.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Causa estado proveído de veintiuno de abril del año en curso (fojas 157-161). En este caso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha resolución. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, se ordena destruir el cuadernillo único del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a la parte quejosa para que acuda ante este juzgado Federal a recoger los documentos originales que exhibió en el presente asunto, dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública en el presente asunto, para que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    Efectivo apercibimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, del que se advierte que ya feneció el plazo de quince días otorgado a la quejosa en proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo y señalar como autoridad responsable al juez Sexto de lo Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, por tener participación en el acto reclamado, sin que a esta data lo haya realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de referencia, por lo que se continua el procedimiento únicamente respecto de las autoridades responsables señaladas en su escrito de demanda, con las consecuencias legales que ello implique. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". El acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: La diligencia de embargo y emplazamiento ordenada en el inmueble ubicado en calle Rey Alfonso, número 227, colonia Vibar, de esta ciudad. En primer término, se destaca que no son ciertos los actos reclamados en atención a las siguientes autoridades jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero, Civiles de Partido; jueces, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Menores Civiles; juez Regional de Oralidad Mercantil; y, juez Primero Menor Mixto, todas con residencia en esta ciudad, pues así lo refirieron en sus informes justificados, sin que hayan sido desvirtuados por la parte quejosa. Al respecto, el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio en relación a las citadas autoridades. Del mismo modo, en el presente asunto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; cuestión que se considera en este sentido por las razones que a continuación se exponen. Las porciones normativas citadas disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" La interpretación, invertida de lo establecido en la porción normativa del segundo de los numerales transcrito, en relación con el contenido de la diversa del que se reprodujo en primer lugar, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso deje de anotar en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo al señalamiento de autoridades responsables o entes de quienes proviene el acto que le perjudica al particular, así como a los titulares de los órganos del Estado a quienes competa la promulgación de una norma cuando en el juicio de amparo se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de una ley. La finalidad de lo anterior radica en la medida en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si el peticionario de amparo decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, resulta necesario que a ésta se le tenga como parte de la relación procesal del juicio de amparo, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del acto a cuyo estudio se abocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que encuentra también su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional; en ese sentido debe destacarse que cuando del análisis integral al escrito de demanda, el órgano de control constitucional advierta la existencia de una autoridad no señalada por el justiciable de manera destacada, habrá de prevenir al quejoso a efecto de que la regularice, tal y como así lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 30/96, visible en la página 250 del tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA"; de igual forma, es necesario puntualizar que el referido órgano de control constitucional ha sustentado el mismo criterio pero en el caso en que la participación de una autoridad se advierta del contenido del informe que rinda una diversa o de las constancias que al efecto ésta allegue a la sede constitucional, como se encuentra establecido en la jurisprudencia 112/2003, visible en la página 93 del tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA". Es tan contundente en el juicio de amparo la regla procesal precisada en párrafo precedente, que uno de los supuestos en que opera la ampliación de demanda es cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre una diversa autoridad de la inicialmente señalada como responsable, tal y como así se lee en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En la especie, una vez que esta juzgadora advirtió la participación del juez Sexto de lo Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, en la emisión del acto reclamado, puesto que así se aprecia del informe rendido por el juez Décimo Cuarto de Partido Civil de esta ciudad, ya que en el mismo se plasmó lo siguiente: "(.) Que es cierto el acto reclamado por el quejoso, en virtud de que en el índice de este juzgado existe exhorto número E14/2023 formado por el exhorto enviado por el Juez Sexto de lo Civil de Morelia, Michoacán, derivado del juicio Ejecutivo Mercantil número 79/2022, promovido por MENDELAB, S.A. DE C.V. en contra de ISMEL MELENDEZ BERNAL, radicado en este juzgado en fecha tres de febrero de año dos mil veintitrés, ordenándose cumplimentar lo ordenado por el juez exhortante, en el auto de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, respecto de requerir de pago, embargar y emplazar al demandado, diligencia que tuvo lugar el día veintitrés de febrero del año dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en calle Rey Alfonso número 2287 de la colonia Vibar de esta ciudad, por lo que mediante auto de fecha dos de marzo del año en curso, se ordenó agregar únicamente la diligencia en mención y dar salida al exhorto por encontrarse diligencia, dado que corresponde al Juez exhortante pronunciado sobre esa diligencia. (.)" Para sustentar su dicho, el juez Décimo Cuarto de Partido Civil de esta ciudad, remitió diversas constancias que integran el exhorto con número de registro E14/2023, las cuales adquieren valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. De la trascripción que antecede y documentales, se advierte la participación del juez Sexto de lo Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, puesto que éste fue quien ordenó requerir de pago y embargar en el inmueble que defiende la quejosa; en consecuencia, mediante actuación de quince de marzo del año en curso (foja 152), se requirió a la parte demandante del amparo, a efecto de que manifestara dentro del término de quince días siguientes, si era su deseo señalar como autoridad responsable al juzgador mencionado. Sin embargo, a pesar de que el contenido del proveído de referencia le fue notificado a la quejosa desde veintitrés de marzo del año en curso, aquélla no realizó manifestación alguna al respecto, motivo por el cual, una vez fenecido dicho término, en esta fecha, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, y se ordenó continuar el presente juicio sólo respecto a las autoridades señaladas en su escrito de demanda, y en consecuencia, se tuvo por no señalada como autoridad responsable en el presente proceso de amparo al juez Sexto de lo Civil, con residencia en Morelia, Michoacán. En este orden de ideas, debe tomarse nuevamente en consideración la interpretación a contrario sentido de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad de los actos reclamados si no fueron parte del mismo las autoridades responsables que en ellos intervinieron, en este caso, el juez Sexto de lo Civil, con residencia en Morelia, Michoacán; pues así, se evidencia del informe rendido y constancias remitidas por el juez Décimo Cuarto de Partido Civil de esta ciudad, en el sentido de que dicha autoridad judicial ordenó requerir de pago y embargar en el domicilio que defiende la quejosa ubicado en calle Rey Alonso, número 227, colonia Vibar, de esta ciudad. Así, debe entenderse que si la demandante de la acción constitucional no cumplió con el requisito señalado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, emerge el supuesto de improcedencia aludido, que conlleva el obstáculo procesal de que no se puede atender la litis constitucional efectivamente planteada sin menoscabar su derecho de audiencia y defensa que le resulta a la autoridad responsable que tuvo injerencia el acto reclamado pero que no formó parte del desarrollo procesal de este juicio, de ahí la improcedencia de mérito; tomando en consideración además que la razón por la que una de las partes, esto es, la autoridad responsable, no fue llamada a juicio, reside en la voluntad tácita del justiciable que así lo decidió, como ha quedado demostrado en autos del presente expediente. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así como la jurisprudencia VI.2o. J/205, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, octubre de 1995, página 468, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución que se reclama del director general de Policía Municipal y Policía Vial (foja 51); actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios en Materia Civil (foja 74); y, juez Décimo Cuarto Décimo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, toda vez que al sobreseerse respecto a la autoridad ordenadora, también debe fallarse en el mismo sentido en cuanto a aquéllas, pues no se atribuyen vicios propios a su acto de ejecución. Es aplicable al caso, la jurisprudencia Séptima Época, con número de Registro: 253622; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; localizable en el Semanario Judicial de la Federación; Volumen 91-96, Sexta Parte; Materia(s): Común; Tesis: Página: 286, que versa: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Debe indicarse que resulta innecesario estudiar si se actualiza alguna otra causa de improcedencia, -como pudiera ser la actualización de falta de interés jurídico por parte de la demandante del amparo, puesto que de autos no se advierte constancia alguna que acredita que ésta tenga algún derecho sobre el bien inmueble afecto-, en tanto que tal examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional -diez horas con treinta y tres minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés- (foja 156); comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Efectivo apercibimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, del que se advierte que ya feneció el plazo de quince días otorgado a la quejosa en proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo y señalar como autoridad responsable al juez Sexto de lo Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, por tener participación en el acto reclamado, sin que a esta data lo haya realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de referencia, por lo que se continua el procedimiento únicamente respecto de las autoridades responsables señaladas en su escrito de demanda, con las consecuencias legales que ello implique. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". El acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: La diligencia de embargo y emplazamiento ordenada en el inmueble ubicado en calle Rey Alfonso, número 227, colonia Vibar, de esta ciudad. En primer término, se destaca que no son ciertos los actos reclamados en atención a las siguientes autoridades jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero, Civiles de Partido; jueces, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Menores Civiles; juez Regional de Oralidad Mercantil; y, juez Primero Menor Mixto, todas con residencia en esta ciudad, pues así lo refirieron en sus informes justificados, sin que hayan sido desvirtuados por la parte quejosa. Al respecto, el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio en relación a las citadas autoridades. Del mismo modo, en el presente asunto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; cuestión que se considera en este sentido por las razones que a continuación se exponen. Las porciones normativas citadas disponen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" La interpretación, invertida de lo establecido en la porción normativa del segundo de los numerales transcrito, en relación con el contenido de la diversa del que se reprodujo en primer lugar, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso deje de anotar en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo al señalamiento de autoridades responsables o entes de quienes proviene el acto que le perjudica al particular, así como a los titulares de los órganos del Estado a quienes competa la promulgación de una norma cuando en el juicio de amparo se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de una ley. La finalidad de lo anterior radica en la medida en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si el peticionario de amparo decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, resulta necesario que a ésta se le tenga como parte de la relación procesal del juicio de amparo, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del acto a cuyo estudio se abocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que encuentra también su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional; en ese sentido debe destacarse que cuando del análisis integral al escrito de demanda, el órgano de control constitucional advierta la existencia de una autoridad no señalada por el justiciable de manera destacada, habrá de prevenir al quejoso a efecto de que la regularice, tal y como así lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 30/96, visible en la página 250 del tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA"; de igual forma, es necesario puntualizar que el referido órgano de control constitucional ha sustentado el mismo criterio pero en el caso en que la participación de una autoridad se advierta del contenido del informe que rinda una diversa o de las constancias que al efecto ésta allegue a la sede constitucional, como se encuentra establecido en la jurisprudencia 112/2003, visible en la página 93 del tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA". Es tan contundente en el juicio de amparo la regla procesal precisada en párrafo precedente, que uno de los supuestos en que opera la ampliación de demanda es cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre una diversa autoridad de la inicialmente señalada como responsable, tal y como así se lee en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En la especie, una vez que esta juzgadora advirtió la participación del juez Sexto de lo Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, en la emisión del acto reclamado, puesto que así se aprecia del informe rendido por el juez Décimo Cuarto de Partido Civil de esta ciudad, ya que en el mismo se plasmó lo siguiente: "(.) Que es cierto el acto reclamado por el quejoso, en virtud de que en el índice de este juzgado existe exhorto número E14/2023 formado por el exhorto enviado por el Juez Sexto de lo Civil de Morelia, Michoacán, derivado del juicio Ejecutivo Mercantil número 79/2022, promovido por MENDELAB, S.A. DE C.V. en contra de ISMEL MELENDEZ BERNAL, radicado en este juzgado en fecha tres de febrero de año dos mil veintitrés, ordenándose cumplimentar lo ordenado por el juez exhortante, en el auto de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, respecto de requerir de pago, embargar y emplazar al demandado, diligencia que tuvo lugar el día veintitrés de febrero del año dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en calle Rey Alfonso número 2287 de la colonia Vibar de esta ciudad, por lo que mediante auto de fecha dos de marzo del año en curso, se ordenó agregar únicamente la diligencia en mención y dar salida al exhorto por encontrarse diligencia, dado que corresponde al Juez exhortante pronunciado sobre esa diligencia. (.)" Para sustentar su dicho, el juez Décimo Cuarto de Partido Civil de esta ciudad, remitió diversas constancias que integran el exhorto con número de registro E14/2023, las cuales adquieren valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. De la trascripción que antecede y documentales, se advierte la participación del juez Sexto de lo Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, puesto que éste fue quien ordenó requerir de pago y embargar en el inmueble que defiende la quejosa; en consecuencia, mediante actuación de quince de marzo del año en curso (foja 152), se requirió a la parte demandante del amparo, a efecto de que manifestara dentro del término de quince días siguientes, si era su deseo señalar como autoridad responsable al juzgador mencionado. Sin embargo, a pesar de que el contenido del proveído de referencia le fue notificado a la quejosa desde veintitrés de marzo del año en curso, aquélla no realizó manifestación alguna al respecto, motivo por el cual, una vez fenecido dicho término, en esta fecha, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, y se ordenó continuar el presente juicio sólo respecto a las autoridades señaladas en su escrito de demanda, y en consecuencia, se tuvo por no señalada como autoridad responsable en el presente proceso de amparo al juez Sexto de lo Civil, con residencia en Morelia, Michoacán. En este orden de ideas, debe tomarse nuevamente en consideración la interpretación a contrario sentido de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad de los actos reclamados si no fueron parte del mismo las autoridades responsables que en ellos intervinieron, en este caso, el juez Sexto de lo Civil, con residencia en Morelia, Michoacán; pues así, se evidencia del informe rendido y constancias remitidas por el juez Décimo Cuarto de Partido Civil de esta ciudad, en el sentido de que dicha autoridad judicial ordenó requerir de pago y embargar en el domicilio que defiende la quejosa ubicado en calle Rey Alonso, número 227, colonia Vibar, de esta ciudad. Así, debe entenderse que si la demandante de la acción constitucional no cumplió con el requisito señalado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, emerge el supuesto de improcedencia aludido, que conlleva el obstáculo procesal de que no se puede atender la litis constitucional efectivamente planteada sin menoscabar su derecho de audiencia y defensa que le resulta a la autoridad responsable que tuvo injerencia el acto reclamado pero que no formó parte del desarrollo procesal de este juicio, de ahí la improcedencia de mérito; tomando en consideración además que la razón por la que una de las partes, esto es, la autoridad responsable, no fue llamada a juicio, reside en la voluntad tácita del justiciable que así lo decidió, como ha quedado demostrado en autos del presente expediente. En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así como la jurisprudencia VI.2o. J/205, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, octubre de 1995, página 468, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución que se reclama del director general de Policía Municipal y Policía Vial (foja 51); actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios en Materia Civil (foja 74); y, juez Décimo Cuarto Décimo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, toda vez que al sobreseerse respecto a la autoridad ordenadora, también debe fallarse en el mismo sentido en cuanto a aquéllas, pues no se atribuyen vicios propios a su acto de ejecución. Es aplicable al caso, la jurisprudencia Séptima Época, con número de Registro: 253622; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; localizable en el Semanario Judicial de la Federación; Volumen 91-96, Sexta Parte; Materia(s): Común; Tesis: Página: 286, que versa: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Debe indicarse que resulta innecesario estudiar si se actualiza alguna otra causa de improcedencia, -como pudiera ser la actualización de falta de interés jurídico por parte de la demandante del amparo, puesto que de autos no se advierte constancia alguna que acredita que ésta tenga algún derecho sobre el bien inmueble afecto-, en tanto que tal examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional -diez horas con treinta y tres minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés- (foja 156); comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma.

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