LAURA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ y Otros.
Expediente 292/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- LAURA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ y Otros.
- Laura Elena Martinez Hernandez
- Titular de la Secretaria de Salud de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Determinación causa estado. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que el proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, ha adquirido firmeza procesal. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de guarda. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Tribunal Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Se agrega constancia. Vista la certificación de cuenta y en atención a su contenido, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibida, admitida y desahogada, dada su especial naturaleza, la documental atinente a la aplicación de la primera dosis del biológico Pfizer-BioNTech al infante quejoso menor de edad, constancia a la que la suscrita Juzgadora confiere valor probatorio, en razón a que la aplicación de la primera dosis de la vacuna al referido menor no constituye un hecho controvertido en autos. Al respecto, cobra aplicación la tesis publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, enero a noviembre de 1999, que indica: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES CUYO CONTENIDO RECONOCE EL QUEJOSO. TIENEN VALOR PROBATORIO PLENO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, carácter que tienen las copias fotostáticas, por ser reproducciones fotográficas de documentos, quedan al prudente arbitrio del juzgador; por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio debe otorgársele valor probatorio a la documental exhibida por el quejoso en el juicio de amparo, consistente en un escrito que dirigió a la autoridad responsable, si aquél la reconoció como veraz." Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En este caso, el acto reclamado consiste en la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS -CoV-2 (COVID 19) a la persona menor de edad quejosa; por su parte, la autoridad oficiante anexó copia certificada del comprobante de vacunación relativo a la aplicación de la segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a la persona menor de edad quejosa; mientras que la constancia atinente a la primera inoculación de dicho biológico, fue aportada por la parte quejosa a través de una fotografía del comprobante respectivo; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con las cuales se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso, debido a que el acto reclamado consiste en la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS -CoV-2 (COVID 19) a la persona menor de edad quejosa; por tanto, es evidente que los efectos de dicho acto han cesado, al haberse acreditado que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se le aplicaron a la persona menor de edad quejosa las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, que requiere para su protección contra el virus SARS -CoV-2. Se afirma lo anterior, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda y durante su tramitación -conforme a la causa de pedir- existía la omisión reclamada, cierto es también que la misma dejó de existir el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, fecha en que se suministró la segunda dosis de la vacuna solicitada. Ello es así, en atención a que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
Requerimiento judicial. Visto el estado procesal de actuaciones del que se advierte que mediante auto de treinta de agosto pasado, se tuvo al secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, reiterando la imposibilidad material que tiene para remitir copia certificada de la valoración médica atinente al menor de edad quejoso, por los motivos que indica en su oficio de cuenta; sin embargo, fue omiso en informar lo conducente respecto a la constancia de la primera dosis de vacunación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se le requiere de nueva cuenta para que dentro del término de tres días, contado a partir de la recepción del oficio correspondiente, realice todas las gestiones correspondientes en coordinación con las demás autoridades responsables y conforme al ámbito de sus respectivas competencias, allegue a este órgano jurisdiccional la constancia que le es solicitada (primera dosis), pues es a esa potestad a quien le corresponde acreditar el cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, para el caso de incumplimiento y contumacia. Se requiere nuevamente a la parte quejosa. Luego, atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que la autoridad oficiante informó que el menor de edad quejoso no se hizo presente en el lugar, fecha y hora en que fue citado para su valoración médica y que de la base de datos con la que cuenta la potestad oficiante se inadvierte registro de la inoculación de la primera dosis, porque la parte impetrante acudió a vacunación en campaña abierta. Dado que la parte quejosa ha sido omisa en acatar los requerimientos que le fueron formulados en autos de veintinueve de junio, ocho, veinte de julio y dieciséis de agosto, todos de dos mil veintidós, a pesar de estar debidamente notificada, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, justifique fehacientemente, por escrito y bajo protesta de decir verdad el motivo por el cual el infante quejoso no fue presentado a las citas programadas para su valoración médica e inoculación de primera dosis, e informe si es o no su deseo continuar con el trámite del juicio constitucional en que se actúa, toda vez que la utilización ociosa de los recursos materiales y humanos a cargo del Estado, se traduce en una afectación y obstáculo para la prontitud y expeditez en la impartición de justicia en perjuicio de otros gobernados que acuden a los tribunales, transgrediendo lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Asimismo, en virtud de que en autos únicamente obra glosada la constancia que acredita la inoculación del infante quejoso con la segunda dosis del biológico PfizerBioNTech, misma que tuvo verificativo el veintisiete de mayo del año en curso (en jornada de vacunación abierta para niños de doce a catorce años de edad, grupo etario al que pertenece el infante amparista); requiérase a la parte impetrante para dentro del mismo término legal, informe las datas en las que el menor de edad quejoso fue valorado médicamente e inoculado con la primera dosis del biológico de trato y exhiba las constancias que así lo acrediten, al ser necesarias para la prosecución del presente juicio. Apercibida de que en caso de una nueva omisión y de persistir en su actitud contumaz se harán efectivos los apercibimientos decretados en autos de veintinueve de junio (multa), ocho, veinte de julio y dieciséis de agosto (sobreseimiento), todos del presente año. Se difiere audiencia constitucional. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con dos minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós para su celebración.
- Principal
Autoridad informa imposibilidad. Agréguese a los autos el oficio remitido por el apoderado legal de la autoridad responsable secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de dieciséis de agosto pasado, reitera la imposibilidad material que tiene para remitir copia certificada de la valoración médica atinente al menor de edad quejoso, por los motivos que indica en su oficio de cuenta; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Sin embargo, dígase a la oficiante que las consecuencias físicas como legales que de ello deriven (inoculación sin previa valoración médica), serán bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad sanitaria y de su progenitora, tomando en consideración la edad del infante quejoso y lo ordenado en autos. Estese a la espera de que la parte quejosa desahogue los requerimientos que le fueron formulados en proveído de dieciséis de agosto del presente año, a fin de proveer lo que en derecho corresponda.
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