Laura Elena Zepeda Zaragoza
Expediente 470/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 05/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Laura Elena Zepeda Zaragoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil dieciocho. ARCHIVO Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de control ...DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN... En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en las hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el mismo, por lo que se estima que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. ORIGINAL DE INCIDENTE Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por haberse concedido la suspensión definitiva, es susceptible de depurarse y se deberán conservar todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación. DUPLICADO DE INCIDENTE En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA Finalmente, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. ...
- Principal
Morelia, Michoacán, a diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. CUENTA CON AUTOS. Vista la cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien le afecta el sentido de la presente resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en los autos del juicio de amparo en que se actúa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veinticinco minutos del trece de agosto de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 470/2018, promovido por Laura Elena Zepeda Zaragoza, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Silvia Lorena Arenas Raya Secretaria que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. En este acto, la secretaria da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Acto continuo, la Secretaria da cuenta con los oficios recibidos en esta fecha, registrados con los números . Asimismo, da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Asimismo, se hace constar que la autoridad responsable Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido notificado con la debida oportunidad, según constancia que obra a foja 48. EL JUEZ: Téngase por realizada la relación de los informes previos recibidos con antelación y que ya obran en autos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito presentado el trece de junio en curso, mismas que con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación, formuló alegatos, mediante escrito presentado el once de junio de dos mil dieciocho en la oficialía de este Juzgado de Distrito. EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 124 de la ley de amparo. Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 470/2018; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Laura Elena Zepeda Zaragoza, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y otras autoridades. 2.- Mediante proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la medida suspensiva respecto de los efectos y consecuencias del acto que reclama, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas; lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis 2a./J.111/2003, consultable en la Tesis 2a./J. 111/2003, localizable en la Página 98, tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." En ese tenor, como la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio de origen y solicita la suspensión respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, esto es, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan en relación a la orden de requerimiento y embargo decretada a su hijo Eduardo Carrillo Zepeda, respecto del bien inmueble ubicado en la calle Virrey de Mendoza Número 3 del fraccionamiento La Nueva Luneta, de Zamora, Michoacán, que aduce es propiedad de su esposo y el cual constituye su domicilio conyugal. SEGUNDO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, Jueces Primero y Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, se advierte negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Sin embargo la promovente del amparo no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, por lo que procede negar la suspensión definitiva solicitada en contra de los referidos actos, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO." En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables en cita, sobre la existencia de los actos reclamados, sin que la peticionaria del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dichas aseveraciones, es indudable que cobra firmeza el contenido de sus informes previos y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada; toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO." Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, ya que pese a que fue omiso en rendir su informe, no ha lugar a presumir cierto el acto que se le atribuye ante la negativa del titular de dicho órgano jurisdiccional, lo que evidencia que en el juzgado a su cargo no se registró el exhorto relativo para verificar la diligencia reclamada, de ahí que el acto de ejecución que se le imputa sea inexistente. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las principales constancias que integran el exhorto número 84/2018, registrado en ese juzgado con el número 147, remitido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 122/2018. Teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la medida suspensiva respecto de los efectos y consecuencias del acto que reclama, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas; lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis 2a./J.111/2003, consultable en la Tesis 2a./J. 111/2003, localizable en la Página 98, tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." En ese tenor, como la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio de origen y solicita la suspensión respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, esto es, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan en relación a la orden de requerimiento y embargo decretada a su hijo Eduardo Carrillo Zepeda, respecto de los bienes que se encuentran en el inmueble ubicado en la calle Virrey de Mendoza Número 3 del fraccionamiento La Nueva Luneta, de Zamora, Michoacán, que aduce es propiedad de su esposo y su hogar conyugal. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés suspensional. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. De lo que se sigue que en sí mismos, son susceptibles a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, producen consecuencias hacia el futuro, como lo es la afectación a la propiedad y posesión de los bienes que se localizan en el bien inmueble del que presuntivamente acredita la quejosa el interés suspensional que le asiste en razón de las copias cotejadas que anexó a su escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, consistentes en la escritura pública del referido bien inmueble, copia cotejada del acta de matrimonio, y también produce un cambio de situación jurídica en su estatus general que como persona tiene frente al resto de sus congéneres. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 1ª./J.4/2009, localizable en la página 515, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos y las garantías establecidas en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la violación a su derecho de propiedad en torno a los bienes que se ubican en de ese inmueble, propiedad de su esposo y donde tienen su domicilio conyugal. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés legítimo para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de la solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que la amparista es titular de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho a la libertad protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. En ese orden de ideas, en términos de los artículos 128, en relación con los diversos preceptos 139 y 151, todos de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Laura Elena Zepeda Zaragoza, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que si a la fecha no se ha verificado la diligencia encomendada en el exhorto respectivo, no se lleven a cabo actos que tiendan a ello, y si a la fecha ya se verificó y se embargó algún bien, no se realicen actos que tiendan a la traslación de dominio, ni se lleven a cabo la cancelación de inscripciones, no se efectúen las escrituraciones o facturas relativas, ni se entregue la posesión del mismo al adjudicatario, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio de amparo al que este incidente corresponde. Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la quejosa no cumple con las medidas de aseguramiento como otorgar garantía ante este juzgado federal, por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.), en billete de depósito del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., en el que deberán aparecer como depositante la propia quejosa, ante y a satisfacción de este juzgado, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, que deberá exhibir dentro del término de cinco días, contados a partir de su notificación, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, en caso de que la parte impetrante no obtenga resolución favorable en el amparo al que este incidente corresponde, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de la referida autoridad, la que quedará en aptitud de ejecutar los actos reclamados, en sus consecuencias; suma que se fija de manera discrecional, en atención a la facultad que otorga el artículo 132 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe dato alguno en autos que permita determinar con precisión el monto de la misma, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de los datos que se aporten a los presentes autos por las partes. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 610, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del rubro siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL, FIJACION DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO.". La suspensión que se concede no surtirá sus efectos, en caso de que a la fecha ya se realizaron actos tendientes a la cancelación de inscripciones, se otorgaron escrituras o facturas, se efectuaron traslados de dominio, o bien, si se llevó a cabo la entrega real y material de la posesión de los bienes embargados al adjudicatario; tal medida tampoco surtirá sus efectos, si los actos reclamados son de fecha posterior a la presentación de la demanda o bien, dimanan de autoridades distintas a las señaladas como responsables. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de amparo, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA a Laura Elena Zepeda Zaragoza, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, del acto reclamado a las autoridades responsables, en los términos establecidos en el segundo de los considerandos de este fallo interlocutorio. SEGUNDO. SE CONCEDE a Laura Elena Zepeda Zaragoza, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, del acto reclamado a la autoridad responsable, en los términos establecidos en el tercero de los considerandos de este fallo interlocutorio. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Por medio de lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veinticinco minutos del trece de agosto de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 470/2018, promovido por Laura Elena Zepeda Zaragoza, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Silvia Lorena Arenas Raya Secretaria que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. En este acto, la secretaria da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Acto continuo, la Secretaria da cuenta con los oficios recibidos en esta fecha, registrados con los números . Asimismo, da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por: Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Asimismo, se hace constar que la autoridad responsable Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido notificado con la debida oportunidad, según constancia que obra a foja 48. EL JUEZ: Téngase por realizada la relación de los informes previos recibidos con antelación y que ya obran en autos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito presentado el trece de junio en curso, mismas que con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación, formuló alegatos, mediante escrito presentado el once de junio de dos mil dieciocho en la oficialía de este Juzgado de Distrito. EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 124 de la ley de amparo. Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 470/2018; y, R E S U L T A N D O: 1.- Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Laura Elena Zepeda Zaragoza, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y otras autoridades. 2.- Mediante proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la medida suspensiva respecto de los efectos y consecuencias del acto que reclama, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas; lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis 2a./J.111/2003, consultable en la Tesis 2a./J. 111/2003, localizable en la Página 98, tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." En ese tenor, como la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio de origen y solicita la suspensión respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, esto es, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan en relación a la orden de requerimiento y embargo decretada a su hijo Eduardo Carrillo Zepeda, respecto del bien inmueble ubicado en la calle Virrey de Mendoza Número 3 del fraccionamiento La Nueva Luneta, de Zamora, Michoacán, que aduce es propiedad de su esposo y el cual constituye su domicilio conyugal. SEGUNDO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, Jueces Primero y Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, se advierte negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Sin embargo la promovente del amparo no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, por lo que procede negar la suspensión definitiva solicitada en contra de los referidos actos, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO." En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables en cita, sobre la existencia de los actos reclamados, sin que la peticionaria del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dichas aseveraciones, es indudable que cobra firmeza el contenido de sus informes previos y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada; toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO." Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, ya que pese a que fue omiso en rendir su informe, no ha lugar a presumir cierto el acto que se le atribuye ante la negativa del titular de dicho órgano jurisdiccional, lo que evidencia que en el juzgado a su cargo no se registró el exhorto relativo para verificar la diligencia reclamada, de ahí que el acto de ejecución que se le imputa sea inexistente. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las principales constancias que integran el exhorto número 84/2018, registrado en ese juzgado con el número 147, remitido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 122/2018. Teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la medida suspensiva respecto de los efectos y consecuencias del acto que reclama, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida única y exclusivamente respecto de ellas; lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis 2a./J.111/2003, consultable en la Tesis 2a./J. 111/2003, localizable en la Página 98, tomo XVIII, Diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." En ese tenor, como la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio de origen y solicita la suspensión respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, esto es, para que las cosas se mantengan en el estado que guardan en relación a la orden de requerimiento y embargo decretada a su hijo Eduardo Carrillo Zepeda, respecto de los bienes que se encuentran en el inmueble ubicado en la calle Virrey de Mendoza Número 3 del fraccionamiento La Nueva Luneta, de Zamora, Michoacán, que aduce es propiedad de su esposo y su hogar conyugal. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés suspensional. La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. De lo que se sigue que en sí mismos, son susceptibles a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, producen consecuencias hacia el futuro, como lo es la afectación a la propiedad y posesión de los bienes que se localizan en el bien inmueble del que presuntivamente acredita la quejosa el interés suspensional que le asiste en razón de las copias cotejadas que anexó a su escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, consistentes en la escritura pública del referido bien inmueble, copia cotejada del acta de matrimonio, y también produce un cambio de situación jurídica en su estatus general que como persona tiene frente al resto de sus congéneres. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis 1ª./J.4/2009, localizable en la página 515, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos y las garantías establecidas en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la violación a su derecho de propiedad en torno a los bienes que se ubican en de ese inmueble, propiedad de su esposo y donde tienen su domicilio conyugal. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa, tiene un interés legítimo para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de la solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido, se concluye que la amparista es titular de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho a la libertad protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. En ese orden de ideas, en términos de los artículos 128, en relación con los diversos preceptos 139 y 151, todos de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Laura Elena Zepeda Zaragoza, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que si a la fecha no se ha verificado la diligencia encomendada en el exhorto respectivo, no se lleven a cabo actos que tiendan a ello, y si a la fecha ya se verificó y se embargó algún bien, no se realicen actos que tiendan a la traslación de dominio, ni se lleven a cabo la cancelación de inscripciones, no se efectúen las escrituraciones o facturas relativas, ni se entregue la posesión del mismo al adjudicatario, hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio de amparo al que este incidente corresponde. Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la quejosa no cumple con las medidas de aseguramiento como otorgar garantía ante este juzgado federal, por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.), en billete de depósito del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., en el que deberán aparecer como depositante la propia quejosa, ante y a satisfacción de este juzgado, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, que deberá exhibir dentro del término de cinco días, contados a partir de su notificación, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, en caso de que la parte impetrante no obtenga resolución favorable en el amparo al que este incidente corresponde, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de la referida autoridad, la que quedará en aptitud de ejecutar los actos reclamados, en sus consecuencias; suma que se fija de manera discrecional, en atención a la facultad que otorga el artículo 132 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe dato alguno en autos que permita determinar con precisión el monto de la misma, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de los datos que se aporten a los presentes autos por las partes. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 610, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del rubro siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL, FIJACION DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO.". La suspensión que se concede no surtirá sus efectos, en caso de que a la fecha ya se realizaron actos tendientes a la cancelación de inscripciones, se otorgaron escrituras o facturas, se efectuaron traslados de dominio, o bien, si se llevó a cabo la entrega real y material de la posesión de los bienes embargados al adjudicatario; tal medida tampoco surtirá sus efectos, si los actos reclamados son de fecha posterior a la presentación de la demanda o bien, dimanan de autoridades distintas a las señaladas como responsables. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de la responsable que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de amparo, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA a Laura Elena Zepeda Zaragoza, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, del acto reclamado a las autoridades responsables, en los términos establecidos en el segundo de los considerandos de este fallo interlocutorio. SEGUNDO. SE CONCEDE a Laura Elena Zepeda Zaragoza, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, del acto reclamado a la autoridad responsable, en los términos establecidos en el tercero de los considerandos de este fallo interlocutorio. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretario que autoriza. Doy fe.
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