Laura Cynthia Mata Heredia
Expediente 874/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Laura Cynthia Mata Heredia
- SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, en la Ciudad de México. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de abril del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución de los tres tomos de pruebas. que la autoridad Administradora Desconcentrada Jurídico de Michoacán "1" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de las autoridades responsables ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE RECAUDACIÓN DE MICHOACÁN "1", DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE MORELIA, MICHOACÁN y VERIFICADOR, NOTIFICADOR Y EJECUTOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DE MORELIA, CON SEDE EN MICHOACÁN del citado Servicio de Administración Tributaria, adjuntó a su informe, solicitando de la manera más atenta acuse de recibo los mismos. ARCHIVO. Por otra parte, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo I-874/2021, promovido por Laura Cynthia Mata Heredia, por propio derecho, contra actos del: Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede la Ciudad de México. Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad. Verificador, Notificador y Ejecutor de la Administración Local de Recaudación de Morelia, del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad; y, Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Laura Cynthia Mata Heredia, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que precisó en los siguientes términos: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables a las siguientes: 1.- EL C. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (.) 2.- LA C. JEFA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), ÓRGANO DESCONCETRADO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (.) 3.- EL C. ADMINISTRADOR DESCONCETRADO DE RECAUDACIÓN DE MICHOACÁN "1", DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (.) 4.- EL C. VERIFICADOR, NOTIFICADOR Y EJECUTOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DE MORELIA, CON SEDE EN MICHOACÁN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (.) 5.- EL C. DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD RAÍZ Y DEL COMERCIO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN (.) IV.- EL ACTO DE LA AUTORIDAD QUE SE RECLAMA: a).- De las autoridades señaladas como responsables en los números 1, 2 y 3 del apartado número III correspondientes a las AUTORIDADES RESPOSNABLES de esta demanda de amparo se reclama en primer lugar la orden de embargo sobre bienes de mi legítima propiedad, dentro del expediente de crédito H-431174, no obstante que la orden se determinó sobre bienes del contribuyente ANTONIO ORTIZ GARCILAZO. b).- En segundo lugar de las autoridades señaladas como responsables en los números 1,2 y 3 del apartado número III correspondiente a las AUTORIDADES RESPONSABLES de esta demanda de amparo, con motivo de la orden de embargo señalada en el inciso inmediato anterior, emitida en contra del contribuyente ANTONIO ORTIZ GARCILAZO, se reclama el oficio número 400-38-00-02-01-2016-00321, número de clasificador SAT-322-10-01/2016, Exp,; H-431174, de fecha 7 siete de enero de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el L.C.P. RUBÉN FLORES VERGARA, Administrador Desconcentrado de Recaudación Michoacán "1", el cual ordena una solicitud de inscripción de embargo dirigido al C. Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, SE EJECUTO sobre bienes de mi legítima propiedad, siendo que la suscrita soy tercera ajena al crédito que están ejecutando las citadas autoridades tributarias. c).- De la autoridad señalada como responsable en el número 4 del apartado III de esta demanda de amparo correspondientes a las AUTORIDADES RESPONSABLES denominada c. VERIFICADOR, NOTIFICADOR Y EJECUTOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DE MORELIA, CON SEDE EN MICHOACÁN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, se reclama la diligencia de embargo de fecha 10 diez de agosto de 2015 dos mil quince, practicada en ejecución del crédito número 431174, con número de documento determinante PDR030/15, de fecha 5 cinco de junio de 2015 dos mil quince, emitido por el C. Auditor Superior de la Federación, supuestamente notificado con fecha 10 de junio de 2015, el cual fue determinado a cargo del contribuyente ANTONIO ORTIZ GARCILAZO, (.) por la cantidad de $742,404.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.), actuación de embargo en donde se decretó el embargo de los siguientes bienes inmuebles: 1).- INMUEBLE.- Casa habitación en condominio marcado con el número oficial 792 setecientos noventa y dos, ubicada en la calle Avenida de la Perla, construida sobre parte del lote 7, manzana 14 del conjunto habitacional denominado Villas del Pedregal segunda etapa (.) inscrito en el libro de propiedad correspondiente al distrito de Morelia, ubicado en el municipio de Morelia, Michoacán. 2).- INMUEBLE.- Lote 10 diez de la manzana 20 veinte ubicado en la calle Río Balsas sin número de la colonia La Moderna, ubicado en el municipio de Zacapu, Michoacán (.) inscrito en el libro de propiedad correspondiente al distrito de Zacapu, ubicado en el municipio de Zacapu, Michoacán. 3).- INMUEBLE.- Lote marcado con el número 11 once de la manzana 20 veinte ubicado en la esquina que forman la calle Río Balsas y Prolongación Morelos de la colonia Moderna. (.) inscrito en el libro de propiedad correspondiente al distrito de Zacapu, ubicado en el municipio de Zacapu, Michoacán. 4).- INMUEBLE.- Totalidad del lote marcado con el número 12 doce de la manzana 20 veinte con frente a la calle Río Márquez del fraccionamiento La Moderna (.) inscrito en el libro de propiedad correspondiente al distrito de Zacapu, ubicado en el municipio de Zacapu, Michoacán. Bienes en su totalidad que fueron declarados formalmente embargados en la actuación de embargo que se señala y que fue ejecutada por la autoridad señalada como responsable; y en la inteligencia que al final del acta de embargo, la autoridad responsable que ejecutó la orden de embargo, literalmente señala: "LOS BIENES INMUEBLES DESCRITOS SE DECLARAN LEGAL Y FORMALMENTE EMBARGADOS ASÍ COMO LOS FRUTOS, PRODUCTOS Y RENTAS QUE LOS MISMOS GENEREN". Es decir de lo anterior, que de acuerdo a lo señalado por el ejecutor, los bienes inmuebles que se embargaron fueron embargados en su totalidad, es decir en propiedad y accesorios tales como los frutos que produzcan, por lo que no se hace una distinción si solo se embargó la nuda propiedad o el usufructo del inmueble, por lo que se entiende que fueron embargados en su totalidad. d).- De la autoridad señalada como responsable con el número 5 del apartado III de esta demanda de amparo correspondiente a las AUTORIDADES RESPONSABLES, se reclama la inscripción de la diligencia de embargo de fecha 10 diez de agosto de 2015 dos mil quince, practicada por el c. VERIFICADOR, NOTIFICADOR Y EJECUTOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DE MORELIA, CON SEDE EN MICHOACÁN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, en ejecución del crédito número 431174, con número de documento determinante PDR030/15, de fecha 5 cinco de junio de 2015 dos mil quince, emitido por el C. Auditor Superior de la Federación, supuestamente notificado con fecha 10 de junio de 2015, el cual determinado a cargo del contribuyente ANTONIO ORTIZ GARCILAZO, (.) la cual se inscribió bajo el número de registro 00000007, del tomo 00008524, del Libro de Gravamen correspondiente al Distrito de Morelia. De igual forma, el embargo de referencia se inscribió bajo el registro número 14, del tomo 291, del Libro de Gravamen correspondiente al distrito de Zacapu, Michoacán." Actos que la promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió a este juzgado de Distrito; así, mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó formar el expediente I-874/2021; y, una vez solventada la prevención efectuada, en auto de veintidós de octubre siguiente se ordenó admitir a trámite el referido ocurso; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló pedimento; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Antonio Ortiz Garcilazo; y, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Dicha audiencia previo diferimientos, se celebró el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 7/2022 del propio Pleno. Lo anterior porque se reclaman actos derivados de un procedimiento de ejecución administrativo cuyas consecuencias tienen materialización en un inmueble ubicado en esta ciudad. Materia y lugar sobre la que este juzgado ejerce jurisdicción, respectivamente. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que la quejosa señaló como actos reclamados de las autoridades responsables, como tercera extraña en estricto sentido, los siguientes: Del Secretario de Hacienda y Crédito Público; la Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; y, del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, los primeros dos con sede en la Ciudad de México y el último con residencia en esta ciudad: Las órdenes de embargo emitidas dentro del expediente de crédito H-431174, con motivo de la resolución determinante PRD030/15, de cinco de junio de dos mil quince y catorce de junio de dos mil diecisiete, sobre bienes que, aduce, son de su propiedad; y, El oficio 400-38-00-02-01-2016-00321, número de clasificador SAT-322-10-01/2016, derivado del expediente de crédito H-431174, de siete de enero de dos mil dieciséis, por el cual se ordenó al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado la inscripción de embargo trabado. Del Verificador, Notificador y Ejecutor de la Administración Local de Recaudación de Morelia, del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad; y, Las diligencias de embargo de diez de agosto de dos mil quince, treinta de septiembre de dos mil diecinueve y trece de octubre de dos mil veinte, practicadas en ejecución del crédito H-431174, con motivo de la resolución determinante PDR030/15, en donde se decretó el embargo de los tres bienes inmuebles que, aduce, son de su propiedad, sin hacer una distinción sobre si tal secuestro correspondía a la totalidad de éstos o únicamente a su usufructo. Del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, con sede en esta ciudad. La inscripción de la diligencia de embargo de diez de agosto de dos mil quince, practicada en ejecución del crédito H-431174, con motivo de la resolución determinante PDR030/15, sobre los tres bienes raíces que, señala, son de su propiedad. TERCERO. Inexistencia de los actos. Al rendir su informe justificado, el Secretario de Hacienda y Crédito Público y la Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ambos con residencia en la Ciudad de México, negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos. A pesar de ello, la quejosa no ofreció pruebas tendentes a desvirtuar tales manifestaciones; de modo que al no haber sido desvirtuadas las negativas de las autoridades responsables, en la especie, tal y como lo aduce el fiscal de esta adscripción, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo por lo que corresponde a éstas autoridades; en consecuencia, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio de amparo, por la inexistencia de los actos reclamados que les fueron atribuidos. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reproduce a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, al rendir su informe justificado las autoridades denominadas como Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria; Verificador, Notificador y Ejecutor de la Administración Local de Recaudación de Morelia, del Servicio de Administración Tributaria; y, Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, todos con sede en esta ciudad, aceptaron la existencia de los actos que les fueron reclamados. Lo anterior se ve corroborado con las copias certificadas de la resolución determinante PDR030/15, así como de la inscripción de los gravámenes inscritos bajo los números 7 y 14, de los tomos 8524 y 291, de los libros correspondientes a los distritos de Morelia y Zacapu, que remitieron a este órgano jurisdiccional, con los que se evidencia la emisión y ejecución del embargo, incluida su inscripción ante la oficina registral aludida. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene por probada la existencia de dichos actos en esta vía constitucional. QUINTO. Existencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, tal y como lo aducen las autoridades responsables Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria y Verificador, Notificador y Ejecutor de la Administración Local de Recaudación de Morelia, del Servicio de Administración Tributaria, ambos con residencia en esta ciudad, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene mencionar que los artículos 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior, la tesis I.13o.C.12 C (10a.), que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1a. /J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto quiere decir que para pedir amparo, el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente que tiene derecho subjetivo y la afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), con motivo del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene la Jurisprudencia 51/2019 (10a) siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis es añadido). Sentado lo anterior, es menester reiterar que en el caso, Laura Cynthia Mata Heredia instó el presente juicio de amparo como tercera extraña en estricto sentido, reclamando en forma destacada la orden de embargo emitida dentro del expediente de crédito H-431174, con motivo de la resolución determinante PRD030/15, de cinco de junio de dos mil quince, sobre bienes que aduce son de su propiedad; y, su ejecución de diez de agosto de dos mil quince, en donde se decretó el embargo de los bienes inmuebles ahí precisados, sin hacer una distinción sobre si tal secuestro correspondía a la totalidad de éstos o únicamente a su usufructo, así como su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con sede en esta ciudad. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el derecho de propiedad del bien raíz controvertido, era necesario que para la justificación del interés jurídico la peticionaria de la protección constitucional acreditara en un primer momento, la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la tesis XXI.2o.48 C: "INTERÉS JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDÓNEA, EN TÉRMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo." De tal forma que la promovente señaló bajo protesta de decir verdad que es propietaria de la nuda propiedad de los siguientes bienes inmuebles: a) Lote diez de la manzana veinte, ubicado en la calle Río Balsas sin número de la colonia La Moderna, en el municipio de Zacapu, Michoacán; b) Lote once de la manzana veinte ubicado en la esquina que forman la calle Río Balsas y Prolongación Morelos de la colonia Moderna, en el municipio de Zacapu, Michoacán; y, c) Lote doce de la manzana veinte con frente a la calle Río Márquez del fraccionamiento La Moderna, ubicado en el municipio de Zacapu, Michoacán. Lo que acreditó fehacientemente con copia cotejada de las escrituras públicas veinte mil quinientos cincuenta y dos, de veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, pasada ante la fe de José Rivera Ferreira, Notario Público número cuatro, con ejercicio y residencia en Zacapu; la escritura pública número tres mil ciento sesenta y cuatro, volumen ochenta y ocho, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, celebrada por José Octavio Dieguez Camarena, Notario Público número ciento once en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán; y, de la escritura pública número cuatro mil quinientos ochenta y seis, volumen ciento treinta y cuatro, de veinticuatro de mayo de dos mil diez, otorgada ante la fe pública de Karla del Río Villaseñor, Fedataria Pública número ciento once, en el Estado, con ejercicio y residencia en Zamora, Michoacán Documentales con las que se evidencia que la aquí quejosa es propietaria de la nuda propiedad de los inmuebles identificados en supra líneas, en tanto que, el tercero con interés Antonio Ortiz Garcilazo, es propietario del usufructo vitalicio de éstos. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sin embargo, lo anterior es insuficiente para acreditar que el acto reclamado cause una afectación personal y directa en la esfera jurídica de la quejosa. Para evidenciarlo, conviene traer a colación los antecedentes que se obtienen de las constancias que obran en autos y los tomos de pruebas que fueron remitidos por la responsable al momento de rendir su informe justificado, en ese sentido, de su análisis se desprende lo siguiente: El cinco de junio de dos mil quince, la autoridad fiscalizadora emitió la resolución determinante PDR030/15, en la que estableció la existencia de la responsabilidad resarcitoria atribuida a Antonio Ortiz Garcilazo y Salvador Cuevas Ortega, en su calidad de responsables directos respecto de la irregularidad advertida con motivo de la práctica de la auditoría cincuenta y cuatro, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos", practicada al Gobierno del Estado de Michoacán, de la que resultó un daño a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de $725,597.54 (setecientos veinticinco mil quinientos noventa y siete pesos 54/100 moneda nacional), cantidad que deberían resarcir de manera conjunta los antes citados; por lo que se les requirió en aquél procedimiento para que dentro del plazo de quince días naturales, contados a partir de su notificación, cubrieran ante la Tesorería de la Federación dicho monto. En la inteligencia de que la autoridad fiscal ejecutora podría dirigirse contra cualquiera de los dos responsables o en contra de ambos a la vez para su cumplimiento. El diez de agosto de dos mil quince, al no haberse garantizado el crédito fiscal, la autoridad exactora actualizó el monto establecido y ordenó la ejecución del crédito H-431174, con número de documento determinante PDR030/15, el cual fue determinado a cargo del contribuyente Antonio Ortiz Garcilazo, por la cantidad actualizada de $742,404.00 (setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 M.N.). El veintisiete de agosto de dos mil quince, se ejecutó el embargo ordenado respecto de los siguientes bienes inmuebles: 1) Casa habitación en condominio marcado con el número oficial setecientos noventa y dos, ubicada en la calle Avenida de la Perla, construida sobre parte del lote siete, manzana catorce del conjunto habitacional denominado Villas del Pedregal segunda etapa, en el municipio de Morelia, Michoacán. 2) Lote diez de la manzana veinte, ubicado en la calle Río Balsas sin número de la colonia La Moderna, en el municipio de Zacapu, Michoacán; 3) Lote once de la manzana veinte ubicado en la esquina que forman la calle Río Balsas y Prolongación Morelos de la colonia Moderna, en el municipio de Zacapu, Michoacán; y, 4) la totalidad del lote doce de la manzana veinte con frente a la calle Río Márquez del fraccionamiento La Moderna, ubicado en el municipio de Zacapu, Michoacán. (Acto que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional). Derivado de lo anterior, mediante oficio 400-38-00-02-01-2016-321, con número de clasificador SAT-322-10-01/2016, de siete de enero de dos mil dieciséis, se requirió al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, con sede en esta ciudad, para que inscribiera ante dicha oficina el embargo trabado a bienes de Antonio Ortiz Garcilazo. El uno de junio de dos mil dieciséis, la autoridad registral exhibió dos certificados de inscripción de gravamen, inscritos bajo los tomos 8524 y 291, con registros 7 y 14, con los que acreditó ante dicha autoridad exactora el registro del embargo trabado respecto de la totalidad del inmueble identificado con el número 1), del antecedente III, de este capítulo; y, únicamente el usufructo vitalicio de los inmuebles identificados con los números 2), 3) y 4). (Acto que constituye la ejecución del acto reclamado en el presente juicio constitucional). Inconforme con lo anterior, Antonio Ortiz Garcilazo promovió juicio de nulidad 1084/15-21-01-8-OT, contra la resolución determinante PDR030/15, misma que fue resuelta el once de abril de dos mil dieciséis, por la Sala Regional del Pacifico Centro del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien declaró su nulidad para efectos. En cumplimiento a dicho juicio de nulidad, la autoridad hacendaria dejó insubsistente el embargo e inscripción ordenados en la resolución determinante PDR030/15 y, emitió la diversa resolución PDRCS08/17, de once de abril de dos mil dieciséis, en la que ordenó el embargo de bienes de Antonio Ortiz Garcilazo. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve y trece de octubre de dos mil veinte, se ejecutó el embargo ordenado respecto de los siguientes bienes inmuebles: 1) La totalidad de la casa habitación en condominio marcado con el número oficial setecientos noventa y dos, ubicada en la calle Avenida de la Perla, construida sobre parte del lote siete, manzana catorce del conjunto habitacional denominado Villas del Pedregal segunda etapa, en el municipio de Morelia, Michoacán. 2) Parte alícuota del lote diez de la manzana veinte, ubicado en la calle Río Balsas sin número de la colonia La Moderna, en el municipio de Zacapu, Michoacán; 3) Parte alícuota del lote once de la manzana veinte ubicado en la esquina que forman la calle Río Balsas y Prolongación Morelos de la colonia Moderna, en el municipio de Zacapu, Michoacán; 4) Parte alícuota del lote doce de la manzana veinte con frente a la calle Río Márquez del fraccionamiento La Moderna, ubicado en el municipio de Zacapu, Michoacán; y, 5) Diversos depósitos bancarios en múltiples cuentas de inversión y cheques registradas a nombre de Antonio Ortiz Garcilazo. Mediante oficio 400-38-00-02-01-2021-08548, de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad fiscalizadora responsable requirió al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, con sede en esta ciudad, para que inscribiera ante dicha oficina el embargo trabado a bienes de Antonio Ortiz Garcilazo, respecto de la totalidad de la casa habitación en condominio marcado con el número oficial setecientos noventa y dos, ubicada en la calle Avenida de la Perla, construida sobre parte del lote siete, manzana catorce del conjunto habitacional denominado Villas del Pedregal segunda etapa, en el municipio de Morelia, Michoacán. Además, de los certificados exhibidos por la quejosa, que expidió el Subdirector del Registro Público de la Propiedad del Estado, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno; y, las diversas exhibidas por la autoridad exactora, de las que se aprecia que ésta vigente el embargo únicamente sobre la parte alícuota que corresponde al deudor respecto de los restantes inmuebles. (Fojas 13 a 15 y 174 del amparo). Como se observa, lo transcrito revela que los actos combatidos en esta instancia de control constitucional no causan un daño en la esfera jurídica de la quejosa, ya que por una parte, el embargo decretado el veintisiete de agosto de dos mil quince, fue dirigido específicamente a bienes de Antonio Ortiz Garcilazo e, incluso, la inscripción de uno de junio de dos mil dieciséis, solicitada al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con sede en esta ciudad, fue realizada únicamente por lo que corresponde al usufructo vitalicio de los inmuebles de los que es copropietaria la ahora quejosa y el referido tercero con interés, según se evidencia de los diversos certificados de inscripción de gravamen, inscritos bajo los tomos 8524 y 291, con registros 7 y 14. Máxime, que por otra parte, no se inadvierte que en virtud de la resolución de once de abril de dos mil dieciséis, emitida por la Sala Regional del Pacifico Centro del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro de los autos del juicio de nulidad 1084/15-21-01-8-OT, promovido por el aquí tercero, se declaró la nulidad de la resolución determinante PDR030/15 y todas sus consecuencias, entre las que se encuentra el embargo aquí combatido de veintisiete de agosto de dos mil quince y, su inscripción de uno de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior se corrobora con lo manifestado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", con sede en esta ciudad, al momento de solventar el requerimiento que le fue efectuado por este órgano jurisdiccional el catorce de febrero de dos mil veintidós, donde precisó que derivado de dicha resolución de nulidad, emitió la orden de cancelación de los gravámenes inscritos con motivo de las actuaciones que se dejaron insubsistentes, circunstancia que acreditó con las constancias que obran a fojas 174 y 178 del juicio de amparo en que se actúa. Manifestaciones que se traducen en una confesión merecedora de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONFESIÓN JUDICIAL. La doctrina admite que la confesión solo produce efecto en lo que perjudica a quien la hace; pero también acepta por otra parte, que no puede dividirse, en daño de quien la hace, cuando el demandado, admitiendo en todo o en parte los hechos afirmados por el actor, añade elementos que modifican su forma jurídica. En este caso, el actor deberá cuidarse de la prueba del hecho constitutivo, como si no mediare confesión (Chiovenda. Principios de Derecho Procesal Civil).". Además, el hecho de que conste en autos la emisión de un nuevo acto derivado de la diversa resolución determinante PDRCS08/17, de catorce de junio de dos mil diecisiete, en el que nuevamente se procedió al embargo e inscripción de diversos bienes a nombre del tercero interesado, no puede ser materia de análisis en esta instancia constitucional, precisamente porque no es el acto que aquí se combate. Al margen de ello, aunque éste fuera el acto reclamado, tampoco ocasiona un menoscabo a la esfera jurídica de la quejosa, pues las constancias que obran en autos y que fueron previamente reseñadas, patentizan que sus efectos únicamente tienen consecuencias sobre la totalidad de la casa habitación en condominio marcado con el número oficial setecientos noventa y dos, ubicada en la calle Avenida de la Perla, construida sobre parte del lote siete, manzana catorce del conjunto habitacional denominado Villas del Pedregal segunda etapa, en el municipio de Morelia, Michoacán -propiedad del ahora tercero interesado-, así como sobre la parte alícuota que le corresponde a éste respecto de los restantes inmuebles. Cabe señalar que lo afirmado con antelación de ningún modo implica que este juzgado federal haya emitido un pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad del embargo decretado por la responsable respecto a la parte alícuota (usufructo vitalicio) del tercero con interés, porque ya quedó precisado que el presente juicio de amparo resulta improcedente debido a la falta de interés jurídico de la aquí quejosa para combatir tales actos; y, porque ese aspecto debe ser dilucidado por la autoridad que en su momento conozca del medio de control que eventualmente pudiera hacerse valer en contra de la mencionada diligencia, en caso de que se considere pertinente hacerlo valer. Por ende, al no haberse acreditado el interés jurídico de la peticionaria del amparo, en términos de los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, con sede en esta ciudad, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Orienta lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Lo anterior sin que se inadvierta que las autoridades responsables Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria y Verificador, Notificador y Ejecutor de la Administración Local de Recaudación de Morelia, del Servicio de Administración Tributaria, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación refirieron que además se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al declararse la actualización de la causal XII, del mismo ordenamiento, por lo que corresponde a los actos reclamados a las autoridades referidas y decretado previamente el sobreseimiento, resulta innecesario el análisis de la diversa causal de improcedencia invocada, pues a ningún efecto práctico conduciría. Ello porque con dicho estudio no cambiaría el sentido de la resolución; a más de que no existe obligación de verificar dicho estudio respecto de cada uno de los supuestos de improcedencia legal. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Laura Cynthia Mata Heredia, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veintiocho de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintidós. JUZGADO SOLICITA VINCULACIÓN Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta suscrito por el actuario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual solicita la autorización de la vinculación del expediente electrónico del juicio en que se actúa. Atento a lo anterior, se comunica al juzgador de mérito, que este juzgado en auto de seis de abril del año en curso, se autorizó la vinculación del expediente electrónico del juicio en que se actúa al expediente 292/2022 y su acumulado 293/2022 del índice del juzgado oficiante, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se ordena imprimir copia simple de la promoción y anexo de cuenta, para que se registre en la Oficialía de Partes de este juzgado, para que se registre como promoción en el juicio de amparo indirecto II-875/2021 de este índice, a fin de que se acuerde lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE CATORCE DE FEBRERO DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE I- 874/2021, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 874/2021, promovido por LAURA CYNTHIA MATA HEREDIA, contra actos del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en Ciudad de México, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo existe tercero interesado ANTONIO ORTIZ GARCILAZO, quien fue debidamente emplazado al presente juicio en que se actúa. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: a) Administradora Desconcentrada Jurídico de Michoacán "1", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación de la Administradora Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1" y Verificador, Notificador y Ejecutor de la Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad. (visible a fojas 71-79). b) Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales Adscrito a la Administración de Amaparo e Instancias Judiciales "4" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Adminstración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México. (visible a fojas 87- 90). c) Director General de Amparos contra Leyes y del Subdirector Fiscal Federal Amparos en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede Juicio de amparo I-874/2021 en la Ciudad de México. (visible a fojas 144-148). d) Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad. (visible a fojas 119-141). EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales a su libelo constitucional; y, las autoridades señaladas como responsables Administradora Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1" y Verificador, Notificador y Ejecutor de la Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, por conducto de la Administradora Desconcentrada Jurídico de Michoacán "1", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexaron a sus informes justificados documentales con las que se ordenó formar tres tomos de pruebas por separado1; de igual forma obran las diversas documentales que remitió mediante oficio 400-38-00- 00-02-2022-0152 el diecinueve de febrero del año en 1 Fojas 80-81 del juicio en que se actúa. curso, ante la oficialía de partes de este juzgado2; y el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, adjuntó diversas documentales a sus informe justificado3, pruebas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado formuló alegatos4. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos del representante social adscrito y por perdido el derecho al resto de las partes, y se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYES (Firmado electrónicamente)
Quedan 23 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Laura Arce Alarcón649/2018
- Laura Ayala Martínez1036/2019
- Laura Azucena Dominguez Carpio796/2021
- Laura Barajas Morales501/2023
- Laura Chávez Gutiérrez795/2022
- Laura Cynthia Mata Heredia693/2022
- Laura del Cármen Ramírez Cruz329/2022
- Laura Elena Castañón Ibarrola515/2022
- Laura Elena Castañón Ibarrola617/2020
- Laura Elena Catañón Ibarrola675/2020
- Laura Elena Morales Santacruz526/2023
- Laura Elena Zepeda Zaragoza470/2018