Laura Elena Castañón Ibarrola
Expediente 617/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Laura Elena Castañón Ibarrola
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil veinte. Visto estado de autos; causa estado. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de ocho de octubre de la presente anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Laura Elena Castañón Ibarrola; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Devolución de cuaderno de pruebas. Atento a lo anterior, devuélvase a la Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el toca I-65/2020 que remitió como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. Se ordena archivo físico. Ahora, visto el estado de autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente judicial. En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el artículo 22 del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil veinte. Se recibe demanda de amparo por incompetencia. Por recibido el oficio ********************, signado por el Secretario de acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, a través del cual remite los autos originales del amparo directo ********************, promovido por ********************, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, en el cual obran glosados los informes justificados rendidos por las responsables; además, se acompaña el testimonio del toca I-65/2020, de donde emana el acto reclamado, con el cual se ordena formar cuaderno de prueba por separado. Acúsese de recibo. Ahora, como de las constancias que se reciben se obtiene que mediante acuerdo de once de septiembre pasado, el tribunal oficiante determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en la cual se reclama del Magistrado responsable la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del toca I-65/2020, en donde se confirma el auto pronunciado en veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, pronunciado dentro del juicio sumario civil hipotecario 210/2017 de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, al considerar que no constituye sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; además, que el conocimiento del amparo compete a este Juzgado de Distrito, por conocimiento previo, de acuerdo a los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Avocamiento. En ese contexto, con apoyo en los artículos 45 y 107, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; en consecuencia, fórmese expediente con la documental de cuenta y regístrese en el libro de gobierno respectivo de este juzgado con el número V-617/2020. Se exhorta a las partes. En otro sentido, en atención al Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 2°, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea. Análisis de procedencia. Ahora, los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos transcritos, se desprende que la demanda inicial del juicio de amparo debe examinarse a efecto de establecer si al respecto se actualiza alguna causa de improcedencia; también, que éstas se deben analizar de manera oficiosa. Asimismo, que el juicio de amparo indirecto es procedente contra los actos verificados en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo; es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, que tratándose de remates, la última resolución es aquella que ordena de manera categórica la entrega de la escritura de adjudicación, así como la entrega de los bienes rematados. Luego, del análisis de la demanda que dio origen al presente expediente, así como de las constancias relativas al acto reclamado que acompañó el Magistrado responsable con su informe justificado, se obtiene que BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer, por conducto de su apoderado, promovió demanda en la vía sumaria hipotecaria, en contra de la aquí quejosa, procedimiento identificado con el número 210/2017; que previa secuela procesal, por resolución firme se condenó a la accionada y aquí promovente, entre otros aspectos, a lo siguiente: "[.] CUARTO. En su oportunidad, hágase trance y remate del bien inmueble hipotecado. [.]". Asimismo, que por auto de catorce de junio de dos mil dieciocho, se ordenó poner los autos en estado de ejecución; también, que en actuación de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, entre otras cuestiones, se acordó lo siguiente: "[.] Así mismo, se manda requerir a la parte demandada para que en el plazo de 5 cinco días, presente la actualización del peritaje que a su parte corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo, se tendrá por conforme con el avalúo exhibido por la actora, para los efectos legales procedentes. [.]"; determinación que fue impugnada por la accionada, la cual fue confirmada por el tribunal de alzada por resolución de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del toca I-65/2020, lo cual constituye el acto reclamado en el presente asunto. De lo anterior se concluye que el acto reclamado por la quejosa fue dictado dentro del procedimiento de ejecución derivado del juicio sumario civil hipotecario de origen; empero, dicha actuación no constituye la última determinación dictada en aquel procedimiento, sino que únicamente se trata del proveído en que se le da vista para que presente el peritaje de su parte, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por conforme con el exhibido por su contraparte. Por ende, no constituye el acto definitivo al que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, no es aquella resolución que ordena el otorgamiento de la escritura ni la entrega de los bienes rematados. Se invocan por identidad jurídica, por las razones que contienen, los siguientes criterios: "Época: Décima Época Registro: 2020631 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 57/2019 (10a.) Página: 110 ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. Contradicción de tesis 29/2019. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito. 12 de junio de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz". "Época: Décima Época Registro: 2011474 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Página: 1066 REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Contradicción de tesis 74/2015. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 18 de noviembre de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Ahora, por la amplitud del contenido de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que dicha disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la también invocada fracción IV, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos exclusivamente cuando: a) El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Esto es, el acto que se reclame en la etapa de ejecución deberá reunir esas dos características; afectar directamente algún derecho sustantivo, estar desvinculado con lo resuelto en la ejecutoria que se cumplimenta, o lo que es lo mismo, que no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; ello, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Además, como ya se dijo, el juicio natural se encuentra en la etapa de remate, en el cual, la determinación definitiva impugnable es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados; sin embargo, el acto reclamado no constituye la última resolución, ni tampoco vulnera los derechos sustantivos de la peticionaria del amparo; de modo que tampoco se actualiza la mencionada hipótesis de excepción. Lo anterior conforme al criterio sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "Época: Novena Época Registro: 193038 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.8o.C.21 K Página: 1262 DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión (improcedencia) 100/97. Luis Fernando Rivera Hernández. 21 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro". En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por tanto se impone desechar la demanda de amparo analizada. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. Autorizados de la parte quejosa. Dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Ana Bárbara Cabrera Aceves, con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, y en términos del segundo párrafo, del artículo 24 de la Ley de Amparo a María Guadalupe Bermúdez López, Daniela Cortés Cedeño y Adolfo David Pantoja Jiménez. Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Medidas de prevención ante contingencia sanitaria. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que, de conformidad con el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberán notificar las determinaciones de carácter personal en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Además, cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Horario para notificaciones en el local de este juzgado y generación de citas para consulta de expediente. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se indica a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia actual. Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
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