Laura Elena López Centeno
Expediente 593/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Laura Elena López Centeno
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito de cuenta que suscribe **********, mediante el cual cumple el requerimiento de siete de los actuales, lo que hace en la forma y términos de su ocurso. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, es menester destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador puede interpretar el sentido de la demanda, para determinar con exactitud la intención del promovente, pues el obstáculo que opone el principio de que no corresponde al Juez corregir los errores de las partes, es sólo aparente, ya que en la interpretación no se va a perfeccionar el libelo constitucional, en su contenido material, cosa que ya no sería meramente interpretativa, sino nada más armonizar sus datos, para fijar un sentido que sea congruente con todos los elementos del mismo. En ese orden, el suscrito juzgador estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse claramente, el motivo de improceder contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la determinación reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hace consistir en: La suspensión de la diligencia de embargo practicada el quince de mayo de dos mil diecisiete, por el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en el juicio laboral número 2331/2015/L1/CC/IND, así como la validación y aprobación de la diligencia. Puntualizado lo anterior, es necesario descartar, el contenido del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo que dice: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Del numeral transcrito se advierte que contra actos del Presidente, actuario o funcionarios, legalmente habilitados en ejecución de laudos, procede el recurso de revisión. Luego se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para modificar las determinaciones dictadas por el tribunal que las emitió. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama la suspensión de la diligencia de embargo, y el referido precepto legal de la Ley Federal del Trabajo prevé un medio de impugnación ordinario para modificar dicho auto; es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió interponer dicho medio de ordinario de defensa para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es la revisión. Asimismo es necesario precisar que el numeral 617 de la ley en comento, establece que el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la facultad y obligación de revisar los actos de los Actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes, sin que lo haya hecho la parte quejosa. No escapa de la apreciación del suscrito, que la quejosa también se duele de la aprobación del proceder del actuario, por parte de la Junta Local, empero, de existir formalmente ese acto y no tratarse de una mera omisión (como la atribuye al Presidente), también debió agotar el principio de definitividad. En efecto, como la solicitante del amparo no controvirtió dicha determinación mediante el recurso de revisión (artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo), tal y como lo aseveró bajo protesta de decir verdad, en el escrito con el que cumplió la prevención efectuada, es claro que el juicio de amparo resulta improcedente, al no haber observado el principio de definitividad que lo rige, en términos de la fracción XVIII del aludido numeral 61 de la ley de la materia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta apoderada legal de **********, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 593/2017-III. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y III del invocado numeral, en relación con en los artículos 108, fracciones I y V, de la ley de la materia, como se verá a continuación. La primera irregularidad surge de lo preceptuado en la fracción I del artículo 108 de la legislación en consulta, que textualmente reza: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que ********, manifiesta ser apoderada legal de ********, y que con dicho carácter promueve el juicio de amparo de que se trata; sin embargo, no adjunta documento alguno con el que acredite dicho presupuesto, por lo que es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión en capítulos anteriores. De ahí que la demanda de amparo se torne obscura e irregular, pues la quejosa no exhibe algún documento con el que acredite el carácter con el que se ostenta. B) La segunda irregularidad surge de la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Como se advierte de la trascripción anterior, dicho precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo ******************** de la citada ley. En el caso concreto, el promovente en su cometido de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado; sin embargo, no precisó lo siguiente: Si el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, emitió algún auto tendente a calificar la legalidad de la diligencia de quince de mayo pasado. Si interpuso algún recurso o medio de defensa ordinario en contra de la diligencia de embargo, o bien, de su aprobación, y de ser así, en qué sentido se resolvió. En tal virtud, es menester que el suscrito tenga la certeza de lo apuntado, pues tal dato es determinante para poder substanciar el sumario. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas, lo procedente conforme a las fracciones II y III del numeral 114, en relación con el artículo 108, fracciones I y V, ambos de la ley de Amparo, es prevenirlo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Acredite con documento fehaciente la personalidad que dice tener en cuanto apoderada legal de **********. Manifieste bajo protesta de decir verdad, si el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, emitió algún auto tendente a calificar la legalidad de la diligencia de quince de mayo pasado. Asimismo, bajo protesta de decir verdad indique si interpuso algún recurso o medio de defensa ordinario en contra de la diligencia de embargo, o bien, de su aprobación, y de ser así, en qué sentido se resolvió. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la apoderada es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos la integran, de ahí que debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un sólo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En otro contexto, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Andrés Canchola Rocha, Javier Sánchez Quezada, Marco Antonio López Guevara, Néstor Darío Martínez Zavala y Mónica Hernández Murillo, por tratarse de un asunto en materia laboral y la quejosa no tener la calidad de patrón en el juicio de origen. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta apoderada legal de **********, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 593/2017-III. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y III del invocado numeral, en relación con en los artículos 108, fracciones I y V, de la ley de la materia, como se verá a continuación. La primera irregularidad surge de lo preceptuado en la fracción I del artículo 108 de la legislación en consulta, que textualmente reza: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que ********, manifiesta ser apoderada legal de ********, y que con dicho carácter promueve el juicio de amparo de que se trata; sin embargo, no adjunta documento alguno con el que acredite dicho presupuesto, por lo que es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión en capítulos anteriores. De ahí que la demanda de amparo se torne obscura e irregular, pues la quejosa no exhibe algún documento con el que acredite el carácter con el que se ostenta. B) La segunda irregularidad surge de la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Como se advierte de la trascripción anterior, dicho precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo ******************** de la citada ley. En el caso concreto, el promovente en su cometido de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado; sin embargo, no precisó lo siguiente: Si el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, emitió algún auto tendente a calificar la legalidad de la diligencia de quince de mayo pasado. Si interpuso algún recurso o medio de defensa ordinario en contra de la diligencia de embargo, o bien, de su aprobación, y de ser así, en qué sentido se resolvió. En tal virtud, es menester que el suscrito tenga la certeza de lo apuntado, pues tal dato es determinante para poder substanciar el sumario. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas, lo procedente conforme a las fracciones II y III del numeral 114, en relación con el artículo 108, fracciones I y V, ambos de la ley de Amparo, es prevenirlo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Acredite con documento fehaciente la personalidad que dice tener en cuanto apoderada legal de **********. Manifieste bajo protesta de decir verdad, si el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, emitió algún auto tendente a calificar la legalidad de la diligencia de quince de mayo pasado. Asimismo, bajo protesta de decir verdad indique si interpuso algún recurso o medio de defensa ordinario en contra de la diligencia de embargo, o bien, de su aprobación, y de ser así, en qué sentido se resolvió. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la apoderada es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos la integran, de ahí que debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un sólo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En otro contexto, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Andrés Canchola Rocha, Javier Sánchez Quezada, Marco Antonio López Guevara, Néstor Darío Martínez Zavala y Mónica Hernández Murillo, por tratarse de un asunto en materia laboral y la quejosa no tener la calidad de patrón en el juicio de origen. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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