Kristian Gutiérrez Pérez
Expediente 600/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Kristian Gutiérrez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que el auto de veinte de agosto del dos mil quince, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ******* contra actos del Subprocurador Región "C", con sede en esta ciudad y otras autoridades, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede; en relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, en vista de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos; en el entendido que al tratarse de un asunto en materia penal, solo podrán hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la presente determinación.
- Principal
Agréguense a sus autos los escritos signados por el quejoso; atento a sus contenidos se acuerda: En cuanto al primer escrito de cuenta, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa razón de entrega que se deje asentada en autos; se autoriza para recibirlas a las personas que indica. Ahora respecto al segundo escrito de cuenta, téngasele haciendo las manifestaciones que refiere y dígasele que tiene expedito su derecho para impugnar la validez de las notificaciones que considere irregulares.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso; atento a su contenido, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa razón de entrega que se deje asentada en autos; se autoriza para recibirlas a las personas que indica.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigaciones de Tramitación Común número VII, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de doce de los actuales, remite copia certificada del archivo de la indagatoria penal número 6438/2015 de su índice. Ahora bien, como de la referida documental, a la cual el suscrito le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que el tres de agosto del año en curso, se ordenó el archivo de la averiguación previa número 6438/2015 de la estadística de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigaciones de Tramitación Común número VII, indagatoria de la que emana el acto reclamado en el presente juicio, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Bajo las consideraciones anteriores, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, pues a pesar de que subsiste el citatorio emitido mediante oficio 07-UEITC-A07-1832/2015 de veinticuatro de junio de dos mil quince, por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigaciones de Tramitación Común número VII, con sede en esta ciudad, dentro de la averiguación previa 6438/2015 de su índice, dado que no se ha dejado insubsistente, lo cierto es que no puede ya surtir efecto legal alguno, toda vez que ha dejado de existir el objeto del mismo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el objeto de dicha cita fue para que el solicitante del amparo compareciera el tres de julio el año en curso, ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigaciones de Tramitación Común número VII de esta ciudad, a rendir su declaración ministerial en calidad de probable responsable en la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones, en agravio de la salud de Paola Hernández Garduño; con el apericibimiento que de no presentarse en la fecha y hora señalada, se haría acreedor a una sanción prevista en el artículo 42 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Sin embargo, mediante resolución de tres de agosto de dos mil quince, el Jefe de la Unidad de Investigación de Tramitación Común Región "C", con sede en esta ciudad, decretó el archivo de la averiguación previa número 6438/2015 de la estadística de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigaciones de Tramitación Común número VII, indagatoria de la que emana el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En ese tenor, si bien es cierto que subsiste el citatorio de referencia, que constituye el acto reclamado en el presente juicio, también lo es que no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Lo anterior es así, dado que si el objeto del referido citatorio fue para requerir al aquí quejoso Kristian Gutiérrez Pérez, para que se presentara ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigaciones de Tramitación Común número VII, a rendir su declaración ministerial en calidad de probable responsable en la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones, en agravio de la salud de Paola Hernández Garduño, dentro de la averiguación previa 6438/2015 de su índice, y por resolución de tres de agosto de dos mil quince, el Jefe de la Unidad de Investigación de Tramitación Común Región "C", con sede en esta ciudad, decretó el archivo de la referida indagatoria; es inconcuso que en la especie dejó de existir la materia del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada lo que procede es decretar el sobreseimiento del presente juicio constitucional fuera de audiencia, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la referida audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
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