Laura Adela González Arriaga y Otros.
Expediente 227/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Laura Adela González Arriaga y Otros.
- Laura Adela González Arriaga
- Regina Novoa González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficios de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que ha causado estado el proveído por el que desechó el recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos, adscrito a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción, Director General de Epidemiología y Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, en contra del proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. En virtud de lo anterior, se levanta la reserva de veintinueve de julio del año en curso, y respecto al archivo del presente expediente se provee: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. Asimismo, atendiendo al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el legajo de copias certificadas formado con motivo del recurso de queja interpuesto, deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que remite el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual informa que se desechó el recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos, adscrito a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción, Director General de Epidemiología y Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, en contra del proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; en virtud de haber quedado sin materia dicho recurso al haberse sobreseído el presente juicio de amparo y decretado su firmeza el veintinueve de julio pasado.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de seis de julio del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obren en autos la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables del auto que se declara firme, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, al haberse sobreseído el mismo. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, visto el estado de autos se desprende que por falta de acuses de las responsables, se encuentra pendiente él envió del recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos, adscrito a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción, Director General de Epidemiología y Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, en contra del proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; en ese sentido y derivado de la presente determinación, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, el escrito electrónico de su interposición, el informe sobre la materia de la queja y copia certificada de las constancias que se estimaron pertinentes para la substanciación del recurso interpuesto. En relatadas condiciones, se reserva proveer lo concerniente al archivo del presente expediente, hasta que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, que por turno le corresponda conocer del recurso de queja, remita el testimonio respectivo.
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el presente caso, ****************, en representación de su hija de iniciales R.N.G., reclamó en esta instancia constitucional la omisión de incluir a los niños de cinco a once años de edad en la Política Nacional de Vacunación, y, por tanto, la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 a la quejosa en cita, quien cuentan con ocho años de edad. Sin embargo, resulta un hecho notorio para el suscrito que al día de hoy ya está contemplado el registro para la quejosa de iniciales R.N.G. (quien cuenta con la edad de ocho años), debiéndose ajustar a los programas, fechas y condiciones que determinen las autoridades responsables competentes, lo que así se corrobora de la propia página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que el registro para los niños de cinco años o más se encuentra habilitado, como se verá a continuación. Asimismo, de la página de internet https://coronavirus.guanajuato.gob.mx se advierte que a la fecha el grupo etario de cinco a once años (al que pertenece la quejosa por contar actualmente con la edad de ocho años de edad), se encuentra en jornada de vacunación en su primera dosis (del cuatro al seis de julio de dos mil veintidós), cuyos puntos de vacunación en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, son: - El Caises Emiliano Zapata. - El IMSS UFM N° 49; y, - La clínica del ISSSTE. Datos que representan un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según la tesis I.3o.C.35 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Además de haber sido publicitados por distintos medios de comunicación que resultan de fácil acceso para la población en general. Es por ello que, se afirma que actualmente la quejosa no se encuentra excluida del plan nacional de vacunación. Máxime que, como se desprende del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, la infante quejosa fue citada por la autoridad sanitaria a efecto de que acudiera el treinta de junio de dos mil veintidós a las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, a recibir la aplicación del biológico en su primera dosis. En relatadas condiciones, ha quedado demostrado que el acto omisivo aquí reclamado cesó a través de una conducta positiva, consistente en que el mencionado Plan Nacional de Vacunación sí contempla ya al grupo etario al que pertenecen los quejosos y, por ello, basta con que se realicen los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sean inoculados. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
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