Laura Angélica Macías Sánchez
Expediente 881/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Laura Angélica Macías Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de quince de marzo del presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en correlación con la Circular CAP/DGAD/7/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN por haberse concedido la suspensión provisional y negado la definitiva, una vez transcurridos tres años. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, este órgano jurisdiccional califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del capítulo noveno, del referido Acuerdo General, la versión electrónica del presente juicio de amparo coincide en su totalidad con la impresa en este expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de marzo de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 881/2021-VI, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado por conducto de la autoridad responsable, el cinco de marzo de dos mil veintiuno, depositado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, el seis de diciembre de dos mil veintiuno, y turnado en esa misma data al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, y otra autoridad, residentes en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. El veintinueve diciembre de dos mil veintiuno, se recibieron los autos del juicio de amparo directo laboral *******, promovido por *******, toda vez que mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y ordenó remitir los autos al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, para su turno correspondiente. Asimismo, mediante auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo en comento, se admitió a trámite bajo el consecutivo 881/2021-VI, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó al tercero interesado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: a) De la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad: - La omisión de dar trámite al incidente promovido el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en el expediente laboral *******; - La omisión de proveer respecto al escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veinte, en el citado procedimiento laboral; y, -Todos los autos, decretos y resoluciones, dictados con posterioridad. b) Del Ministro Ejecutor adscrito a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad: - La ejecución de esos autos. Por ende, se tiene a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Ministro Ejecutor de su adscripción, al rendir informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados; remitiendo para tal efecto copia certificada del expediente laboral *******. Sin embargo, tanto de las manifestaciones expuestas por las autoridades responsables, como de las constancias que obran en autos se advierte la existencia de los actos reclamados. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia. Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se estiman actualizadas. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, esta resolutora advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho . De la interpretación de los preceptos normativos trascritos con antelación, realizada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arribó a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Corrobora lo antes expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se precisó, el cinco de marzo de dos mil veintiuno, la quejosa acudió a la instancia constitucional reclamado en forma destacada la omisión de dar trámite al incidente promovido el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en el expediente laboral *******, y la omisión de proveer respecto al escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veinte, en el citado procedimiento laboral. Sin embargo, de las constancias remitidas por la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, se advierte que el dos de octubre de dos mil veinte, se resolvió en definitiva el referido procedimiento especial de declaración de beneficiarios *******. Asimismo, de autos se desprende que mediante proveído dictado el siete de enero de dos mil veintiuno, en el expediente *******, atendiendo los escritos presentados por *******, el veintisiete de noviembre y quince de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dio apertura al incidente planteado por la aquí quejosa; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia incidental respectiva. También, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se declaró improcedente el incidente de nulidad planteado por la quejosa *******. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Bajo esas premisas, en virtud de que en el procedimiento especial de declaración de beneficiarios *******, a través del auto de siete de enero de dos mil veintiuno, atendiendo los escritos presentados por *******, el veintisiete de noviembre y quince de diciembre de dos mil veinte, la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, se pronunció respecto al incidente planteado por la quejosa y el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, resolvió dicha incidencia; es inconcuso que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Lo anterior, porque una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligar a la responsable a pronunciarse respecto al incidente planteado por la quejosa; lo que como se precisó, finalmente ocurrió debido a la actuación propia de la autoridad responsable. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto a la omisión reclamada. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Sobreseimiento que se hace extensivo a las determinaciones dictadas con posterioridad al incidente planteado, así como su ejecución reclamada al Ministro Ejecutor de la adscripción de la responsable, por no combatirse por vicios propios; y por derivar de dicha incidencia, toda vez que fueron consecuencia de las peticiones formuladas por la parte quejosa y respecto de las cuales, ante esta instancia se reclamaba que no habían sido atendidas por la responsable; esto es, las resoluciones posteriores a la omisiones reclamadas, consistirían en el citado auto de siete de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se dio apertura al incidente planteado por *******; y la determinación de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en la cual se resolvió el incidente de nulidad planteado por la quejosa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción V, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *******, solicitó el amparo, contra actos de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Actuario adscrito a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, en los términos expuestos en el último considerando de la presente determinación. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistida de la Licenciada *******, Secretaria de Juzgado con quién actúa y da fe, autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de marzo de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 881/2021-VI, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, ******* solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual, fue desahogada al tenor de la audiencia que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. El Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y Actuario Judicial adscrito a dicha Junta, con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes previos manifestaron que no es cierto el acto que les reclama la parte quejosa; sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierten las omisiones reclamadas; por tanto, de conformidad con el artículo 142, se tienen por ciertos los actos que se les endilgaron, para efectos de resolver la presente incidencia. TERCERO. Determinación que adopta este órgano jurisdiccional. De las constancias que obran en autos del presente incidente se advierte que la parte quejosa reclama a las responsables lo siguiente: a) De la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad: - La omisión de dar trámite a la demanda incidental, recibida por ese tribunal, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, interpuesta por la quejosa en relación al expediente laboral *******. - La omisión de acordar la promoción de quince de diciembre de dos mil veinte, interpuesta por la quejosa, en relación al expediente laboral *******. -todos los autos, decretos y resoluciones, que se hayan dictado con posterioridad a los señalados anteriormente en el juicio citado. b) Del Ministro Ejecutor adscrito a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad: - La ejecución de esos autos. Ahora, es oportuno precisar que respecto a la suspensión definitiva de los actos reclamados consistentes en las omisiones de la autoridad laboral deviene improcedente conceder la suspensión peticionada toda vez que resulta un hecho notorio para la suscrita que de las constancias que integran el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia, se advierte que el dos de octubre de dos mil veinte, se resolvió en definitiva el referido procedimiento especial de declaración de beneficiarios *******. Asimismo, de autos se advierte que mediante proveído dictado el siete de enero de dos mil veintiuno, en el expediente *******, atendiendo los escritos presentados por *******, el veintisiete de noviembre y quince de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dio apertura al incidente planteado por la aquí quejosa; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia incidental respectiva. También, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se declaró improcedente el incidente de nulidad planteado por la quejosa *******. De igual forma, la suspensión peticionada por la quejosa es improcedente, porque a los actos reclamados, consistentes en todos los autos, decretos y resoluciones dictados *******, les reviste el carácter de consumados; pues de hacerlo, ello equivaldría a darles efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia II.3o. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 51 del Tomo 60, Diciembre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Asimismo, la diversa jurisprudencia 12 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, que dice: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE ÚNICO. Se niega a *******, la suspensión definitiva por los motivos expuestos en el considerando tercero. Notifíquese vía electrónica a las partes y por medio de oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el informe justificado que rinden la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, por sí y representación de la misma, así como el Actuario de dicha adscripción, residentes en esta ciudad; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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