Laura Berenice Rojas Avila
Expediente 61/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 34 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Laura Berenice Rojas Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agrega escrito de cuenta Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el escrito presentado por el por el licenciado **********, autorizado de la quejosa **********. Se autorizan copias En atención a su contenido, se autoriza la devolución de todos los documentos anexados a su escrito inicial, lo anterior dejando impresión simple de los mismos para constancia, documentos que podrá recoger en las instalaciones que ocupa este Juzgado en un horario de nueve a quince horas, previa constancia que de su recibo se deje en autos. Finalmente, una vez que sean devueltos dichos documentos, se ordena devolver el presente expediente al archivo, para su guarda y custodia. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.YMR/JRV
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Este expediente es DESTRUIBLE una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda, de conformidad con lo establecido en la fracción I), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de julio de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo ********************/2023-IV, promovido por********************, y Resultando Primero. Presentación de la demanda. El dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se recibió en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda de amparo promovida por********************, cuya Oficina de Correspondencia Común la turnó a este Juzgado el mismo día; tal demanda, se promovió contra actos de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo. Segundo. Derecho que la quejosa estima vulnerado. La quejosa señala como derecho vulnerado, el previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Previo cumplimiento de una prevención, en auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de referencia, se registró bajo el expediente ********************/2023-IV, se requirió informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo emplazamiento de la tercera interesada ******************** y las gestiones relativas a lograr el emplazamiento del tercero interesado ********************, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados tuvieron lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de las constancias que integran este juicio, se colige que el quejoso reclamó de las autoridades responsables: Del Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La tramitación del juicio reivindicatorio ********************/2022, seguido en contra de una persona de nombre ********************, donde se dictó sentencia condenatoria, actualmente ejecutada, en cuanto al otorgamiento de la posesión del bien inmueble objeto del mismo, a la parte actora. De la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos y del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a dicha Unidad, en esta ciudad: La diligencia de quince de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual se desalojó 'al demandado', del bien inmueble objeto del juicio natural, ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. Lo anterior, como tercera extraña en sentido estricto respecto del juicio natural y propietaria del bien inmueble objeto del mismo. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La Encargada de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado negó el acto reclamado, lo que se corrobora tomando en cuenta que, conforme a los artículos 82, fracción V y 84 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, sus funciones son meramente administrativas. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con dicha autoridad responsable. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Juez Quinto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, pues en dicho órgano jurisdiccional se tramitó el juicio oral ordinario ********************/2022, promovido por ********************, en contra de ********************, relativo a la acción reivindicatoria que ejerció la actora, respecto del bien inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. Asimismo, remitió copia certificada de todo lo actuado en el juicio natural, constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un fedatario público, como lo es el Secretario adscrito al Juzgado responsable, quien estampó su firma y el sello oficial, originales, en la leyenda relativa. Por su parte, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Bravos, en esta ciudad, manifestaron que es cierto el acto, pues el quince de diciembre de dos mil veintidós, dieron cumplimiento al auto de veinticinco de octubre del mismo año, y entregaron el bien inmueble descrito a la actora, esto en el juicio natural, lo que así se desprende de las constancias del mismo, ya valoradas. Así pues, se tiene fehacientemente demostrada la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables mencionadas en este considerando. Cuarto. Procedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, de autos se advierte que en auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de terceros interesados a ******************** y a ******************** y se ordenó emplazarlos a este juicio de amparo; así como la constancia levantada por la Actuaria Judicial adscrita, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en la cual hizo constar que el domicilio en el cual se ordenó emplazar al tercero interesado ********************, mismo que se desprendió de las constancias del juicio natural, se encontró desocupado. Por lo anterior, en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se requirió a la quejosa, para que señalara domicilio a fin de emplazar a dicho tercero interesado; toda vez que no lo señaló, en auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó la investigación del domicilio del tercero interesado de mérito, a fin de emplazarlo a este juicio de amparo. Sin embargo, ya que no se obtuvo domicilio alguno, en auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, se ordenó emplazarlo por edictos y se otorgó a la quejosa un término de veinte días hábiles, computados legalmente, a fin de que se presentara al Juzgado a recoger el edicto de emplazamiento, los entregara para su publicación conforme a la Ley y acreditara dichas gestiones, o bien, manifestara la incapacidad económica que tenía para ello; proveído que le fue notificado el cinco de junio de dos mil veintitrés. De manera que, el mencionado término de veinte días, transcurrió del siete de junio al cuatro de julio de dos mil veintitrés, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio, ni uno y dos de julio, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin que la quejosa se presentara a este Juzgado a recoger el edicto de emplazamiento, ni hubiera demostrado gestión alguna para su publicación, tampoco compareció a manifestar la imposibilidad económica que tenía para ello, esto conforme al estado de autos y la certificación levantada por la Secretaria adscrita en la audiencia constitucional. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, de la ley de la materia. Para robustecer lo anterior, se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis 64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 211, del Tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2002, materia común, Novena Época y número de registro 186587, que dice: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Es menester indicar que no se actualiza el supuesto de excepción que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis 108/2010, derivada de la solicitud de modificación de la citada jurisprudencia 64/2002, criterio que se encuentra publicado en la página 416, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2010, materia común, Novena Época y número de registro 164074, y que fue invocado en el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno; criterio que es del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Además, en el referido acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, también se invocó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 84/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 266, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época y número de registro 1********************091, del contenido: EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Ello, pues la parte quejosa no manifestó, dentro del aludido periodo de veinte días, que tuviera imposibilidad económica para sufragar tales edictos para así ordenar su publicación a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En apoyo a lo antes expuesto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época y número de registro 184572, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por********************, contra los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 1******************** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de veinte días otorgado a la parte quejosa en auto de cinco de junio del año en curso, para demostrar la publicación de edictos a fin de emplazar a la parte tercera interesada, o bien, manifestar su imposibilidad económica para ello, el cual fenece el cinco de julio del mismo año. Diferimiento Ante ello, existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data, por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la citada audiencia y se señalan las diez horas con diez minutos del seis de julio de dos mil veintitrés, para su desahogo. Notificación a las partes Notifíquese por lista a las partes, incluyendo a la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Laura Amelia Rodriguez Nevarez310/2015
- Laura Angélica Licerio De la Cruz y Otros.611/2016
- Laura Angelica Macias Sanchez658/2022
- Laura Angélica Macías Sánchez881/2021
- Laura Barraza Derbez663/2014
- Laura Beatriz Pérez Rodríguez952/2022
- Laura Cantú Zarate592/2020
- Laura Cantú Zarate752/2019
- Laura Cecilia Ortega76/2021
- Laura Cristina Rubio Rivera538/2019
- Laura Domenica Molinar González245/2017
- LAURA ELENA OLIVAS MALDONADO y Otros.439/2015