Laura Aidee Aguirre Montes
Expediente 486/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Laura Aidee Aguirre Montes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente principal es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. Mientras que, el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General en cita. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el expediente principal y depurar el original del cuadernillo incidental, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De igual manera, según lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 486/2020-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, turnado a este juzgado el mismo día, *******, promovió demanda de amparo en contra del Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: 4.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad responsable ordenadora c. Juez Sexto De Lo Civil Por Audiencias de este Distrito Bravos, reclamo como Tercera Extraña al Juicio, todo lo actuado en el presente Juicio Oral Ordinario Civil, empezando por el ilegal Auto de Radicación, el Emplazamiento a los demandados, la ilegal Audiencia Preliminar celebrada el día 04 de febrero del 2020, el auto de fecha 06 de marzo del 2020 que declara ejecutoriada la sentencia y demás actos tendientes a la afectación de mis derechos sustantivos de propiedad y la privación de la posesión material y jurídica del bien inmueble de mi propiedad que más adelante describiré, promovido por los señores ******* Y *******, hoy Terceros Interesados, y radicado bajo el expediente #*******, en dicho juzgado donde es titular la Responsable, recalcando que los actos que se reclaman son a todas luces ilegales, porque están ejecutándose en un bien inmueble de mi propiedad, sin darme participación en el mismo (Sic). Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. Mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte (foja 37), se admitió a trámite la demanda. Asimismo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Cuarto. Vista para ampliar demanda y efectivo apercibimiento. En auto de catorce de octubre de dos mil veinte, al recibir el informe justificado del Juez responsable, entre otras cosas, se dio vista a la quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, en los siguientes términos: (.)con apoyo en el artículo 111, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda en relación con los conceptos de violación que endereza en contra de la falta de emplazamiento del que se duele, al haber afirmado, que desconocía de la existencia del juicio de origen; o bien, respecto de algún otro acto que advierta del informe con el que se le da vista; en cuyo caso deberá exhibir las copias necesarias de su escrito de ampliación de demanda (.). Sin que se haya recibido promoción alguna al respecto. En esa medida, en acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinte (foja 86), se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado y se ordenó la continuación del presente juicio, en los términos indicados en el ocurso de amparo. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: Del Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: Todo lo actuado en el juicio oral ordinario civil *******; de forma destacada, la admisión a trámite de tal asunto, el emplazamiento a los demandados ******* y *******, la celebración de la audiencia preliminar, la sentencia emitida y su ejecutoria; así como cualquier acto tendiente a privarla de la posesión que aduce tener respecto del inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Lo anterior, ostentándose tercero extraña en sentido estricto. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo aceptó el Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación (foja 53; y tomo de pruebas I). Lo que se corrobora con las constancias con que acompañó dicho informe, consistentes en todo lo actuado dentro del juicio oral ordinario civil en ejercicio de la acción especial hipotecaria *******; de las que se desprende, primero, la existencia del asunto de origen, así como que, efectivamente, la aquí quejosa no es parte formal en dicha contienda, a pesar de que guarda relación con el bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, del que aduce ser poseedora. Las constancias remitidas por el Juez responsable, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles2 , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario adscrito al Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Cuarto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo3 . En el caso, se estima la actualización de una hipótesis de improcedencia. Sin embargo, antes de examinarla, por cuestión de técnica, es pertinente reseñar brevemente los antecedentes de los actos aquí combatidos: I. Mediante escrito y anexos presentados el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficialía de Turnos del Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, ******* y *******, comparecieron a promover juicio oral ordinario civil, en ejercicio de la acción especial hipotecaria, en contra de ******* y *******, respecto del bien inmueble ubicado en *******. Al respecto, acreditaron tener la calidad de cesionarios del acreedor original, *******. II. En auto de uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 262, tomo I de pruebas), fue admitida a trámite tal demanda, por parte del Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, misma que se registró bajo el consecutivo *******; momento en el cual fue reconocida a los promoventes la calidad ostentada y, entre otras cosas, se ordenó el emplazamiento de los demandados, ******* y *******, mediante carta rogatoria, al aducir la parte actora que tales personas tenían su domicilio en la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. III. A la postre, una vez que se contó con la referida carta rogatoria, debidamente diligenciada, en proveído de veintisiete de enero de dos mil veinte (foja 291, tomo I de pruebas), se declaró la rebeldía de los demandados, ******* y *******. IV. Después, el cuatro de febrero de dos mil veinte (foja 292, tomo I de pruebas), se verificó en tal asunto la audiencia preliminar, a la cual no comparecieron los demandados, aquí terceros interesados. V. Así, el trece de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva, en la que se determinó lo siguiente: PRIMERO: Ha procedido la vía Oral ORDINARIA CIVIL. SEGUNDO. La parte actora [******* Y *******] acreditaron la procedencia de su acción y la parte demandada, señores [*******] Y [*******], no dieron contestación a la demanda, constituyéndose rebelde en el juicio. TERCERO. Se declara el vencimiento anticipado del plazo, para el pago del crédito otorgado a los señores, [*******] Y [*******], dentro del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado en esta Ciudad Juárez Chihuahua, [treinta de mayo del año dos mil siete], se formalizó mediante instrumento público número escritura pública número [cinco mil quinientos cuarenta y cuatro], de fecha [treinta de mayo de dos mil siete], levantada ante la fe de la licenciada [*******], Notario Público número ******* del Distrito Judicial Bravos, e inscrito bajo el número [******* a folio ******* del libro ******* de la sección ******* del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos], mismo que obra agregado en autos a foja (ciento setenta y cinco a foja doscientos cuatro) en copia certificada de apéndice expedida por el Registro Público de la Propiedad de esta localidad); y la hipoteca en la inscripción [******* a folio ******* del libro *******] de la sección *******, ambos registros el [veinte de julio del año dos mil siete]; y toda vez que, los hoy demandados desde el primero de junio de dos mil once hasta el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, omitieron el pago de las mensualidades como se comprobó con el certificado de adeudo expedido por el contador facultado de la parte actora, de fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho; y no cumplieron con su obligación de pago pactada en el contrato base de la acción y conforme a los fundamentos de derecho expuestos en esta resolución, consecuentemente; CUARTO. Se condena a los señores [*******] Y [*******], al pago de la suma de $******* (*******), por concepto de capital total vencido adeudado, mismo valor que se obtiene sumando la cantidad de $******* (*******) por concepto de capital insoluto vencido o amortizaciones vencidas y no pagadas, cifras que aparecen asentadas en el estado de cuenta certificado o certificación contable en autos. Se condena de igual manera al pago de la cantidad de $******* (*******), por concepto de intereses ordinarios a la tasa de 11.75% (once punto setenta y cinco por ciento) anual que se generaron hasta el día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (.). QUINTO. Se condena a la parte demandada al pago de costas y gastos generados en esta instancia. SEXTO. Se concede a la parte demandada un término improrrogable de CINCO DÍAS, contados a partir de que la presente resolución cause ejecutoria, a fin de que haga el pago al que se les condenó, apercibidos que en caso de no hacerlo, se hará trance y remate del bien dado en garantía, consistente en el bien inmueble hipotecado antes mencionado, finca marcada con el número ******* de Ciudad Juárez, Chihuahua, con superficie de ******* (*******) metros cuadrados, y con el producto de su venta se hará el pago a la moral actora del presente negocio. SÉPTIMO. Queda a disposición de las partes copia de la presente sentencia. OCTAVA. Teniéndose por notificadas de la presente resolución las partes sin necesidad de formalidad alguna a quienes están presentes o debió haber estado. Notifíquese. Así Definitivamente lo resolvió y forma el Licenciado *******, Juez Sexto Civil por Audiencias Provisional del Distrito Judicial Bravos, ante el Secretario Judicial licenciado *******, con quien actúa y da fe. Doy fe. (Sic). VI. Después, en auto de seis de marzo de dos mil veinte (foja 325, tomo I de pruebas), se declaró que dicha sentencia quedó firme. VII. En acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veinte (foja 329, tomo I de pruebas), el Juez responsable determinó omitir la junta de acreedores; asimismo, tuvo a la parte actora designando como su perito, al ingeniero de nombre *******. VIII. Posteriormente, en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, (foja 339, tomo I de pruebas), el Juez responsable tuvo por emitido el avalúo realizado por tal profesional, respecto del inmueble ubicado en *******. IX. Finalmente, en auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, al recibir los oficios girados por este Juzgado Federal, el Juez responsable ordenó la emisión de los informes correspondientes. -La anterior determinación constituye la última actuación que aparece practicada por la responsable, de acuerdo con las copias certificadas que remitió a solicitud de este órgano constitucional-. Como se sostuvo, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5 fracción I, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, conforme a la cual resulta improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa; numerales que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Con relación a la hipótesis de improcedencia de trato, es preciso dejar asentado que por imperativo del artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, posterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y los diversos numerales 5º, fracción I, penúltimo párrafo, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Esto es, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, es un requisito de procedibilidad que el quejoso ostente un derecho subjetivo. Este requisito, a su vez, guarda íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo y que, vistos en su conjunto, permiten afirmar que, cuando se reclama un acto o resolución emitida en un procedimiento jurisdiccional, su procedencia está sujeta a que se cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho subjetivo4 . Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo a defender sus derechos humanos5 . Así las cosas, como se precisó, la parte quejosa aduce tener la calidad de tercero extraña en sentido estricto en el juicio oral ordinario civil en ejercicio de la acción especial hipotecaria *******, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; promovido por ******* y *******, en contra de ******* y *******, todos aquí terceros interesados. La accionante del amparo señala, que -a pesar de no ser parte formal en el juicio civil de origen- con la emisión de los actos reclamados, se le pretende privar del derecho de posesión que aduce detentar respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. Ahora bien, con las constancias que obran en el juicio de origen, se acredita que los actores en tal asunto, como ya se acotó, son ******* y *******; y la parte demandada, son los señores ******* y *******; y que, efectivamente, la accionante del amparo no es parte en el mismo. Ahora bien, el derecho que la quejosa aduce tener respecto del bien inmueble de referencia, pretendió acreditarlo con los siguientes medios de convicción que en copia certificada, ofreció: I. Del contrato privado de compraventa -con reserva de dominio- que celebraron ******* y *******-como vendedores- con *******, aquí quejosa -como compradora- respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, así como de diversos bienes muebles que componen el menaje de dicho domicilio; presentado ante autoridad judicial el veintiséis de junio de dos mil trece, con motivo de la demanda que los vendedores, aquí terceros interesados ******* y *******, ejercitaron en la vía ordinaria civil en contra de la aquí quejosa, que originó el juicio *******, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, con lo cual, adquirió fecha cierta desde el momento de la admisión a trámite de tal asunto. El Secretario adscrito a dicho órgano, certificó debidamente, la documental de referencia, exhibido así por la parte quejosa. Pacto consensual que, es del siguiente contenido: Contrato de compraventa Contrato de compraventa con reserva de dominio que celebran por una parte los señores ******* y ******* en lo sucesivo "el vendedor" y por la otra parte la señora ******* en lo sucesivo "el comprador", al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas. Declaraciones I. De "el vendedor". Declara el vendedor, bajo protesta de decir verdad que: A) El primero de los mencionados se llama *******, de nacionalidad *******, originario de *******., en donde nació el día *******, estado civil ******* en la vecina ciudad de *******, bajo el régimen matrimonial de ******* con el señor *******, quien dijo ser originario de esta ciudad en donde nació el día *******, casado. B) Señalan como su domicilio para todos los efectos del presente contrato ambas personas el ubicado en *******, en esta ciudad Juárez, Chih. C) Que tienen la capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato. D) Que son propietarios y se encuentran en pleno dominio de una casa habitación, localizada en *******, en ciudad Juárez, Chihuahua; el cual obra inscrito bajo los siguientes datos: inscripción *******, folio *******, libro *******, sección ******* del registro público de la propiedad distrito judicial bravos; inmueble que reporta un gravamen consistente en hipoteca en primer lugar y grado a favor de *******., misma que obra registrada bajo la inscripción *******, folio *******, del libro *******, sección ******* del registro público de la propiedad, distrito bravos, así mismo dicho inmueble cuenta con el equipo y accesorios que se describen ampliamente en hoja por separado (anexo1) y que forman parte del presente contrato. E) Que es su voluntad vender con reserva de dominio a la Sra. ******* la propiedad, equipo especial, accesorios y muebles descritos ampliamente en el inciso d) anterior. Propiedad que previamente ya habían prometido vender en acuerdo de voluntades por separado de fecha 18 de marzo del año 2009, documento este último al cual le reconocen efectos plenos y del cual deriva el presente contrato definitivo de compra venta con reserva de dominio estando de acuerdo en que los efectos de aquel instrumento cesen para dar lugar a la plena validez del presente acuerdo de voluntades. II. De "el comprador". Declara el comprador, bajo protesta de decir la verdad que: A) se llama *******. De nacionalidad *******, originaria de esta ciudad en donde nació el día *******. ******* por *******, de ocupación ******* y vecina de esta ciudad. B) Señala como su domicilio para todos los efectos del presente contrato el ubicado en *******, en esta ciudad Juárez, Chih. C) Que tiene la capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato. D) Tiene interés en adquirir con reserva de dominio el inmueble y demás bienes, equipo e instalaciones especiales así como los muebles del (anexo 1) mencionado en el inciso D) de las declaraciones del vendedor, el cual manifiesta en este momento conocerlo a la perfección así como su estado físico de conservación en que se encuentra, para todos los efectos legales a que haya lugar. Expuesto lo anterior, ambas partes han decido celebrar el presente contrato el cual sujetas al tenor de las siguientes: Clausulas Primera.- "el vendedor" en este acto vende con reserva de dominio a "el comprador" y este compra para sí mediante contrato de compraventa una casa habitación y terreno sobre el cual está construida localizada en *******, en esta ciudad Juárez, Chih.; el cual obra registrado bajo los siguientes datos: inscripción *******, folio *******, libro *******, sección ******* del registro público de la propiedad distrito judicial bravos. En el entendido que "el comprador" tiene pleno conocimiento que el inmueble reporta un gravamen real consistente en hipoteca en primer lugar y grado a favor de *******, misma que obra registrada bajo la inscripción *******, folio *******, del libro *******, sección ******* del registro público de la propiedad, distritos bravos. Por lo que "el vendedor" se reserva en todo momento la propiedad de dicho inmueble hasta que el precio total de la operación de compraventa sea cubierto por "el comprador", así mismo, si al vencimiento del plazo a que se refiere el inciso E) de la cláusula tercera del presente contrato, "el comprador" no ha cubierto la totalidad del precio pactado, además de ser casusa de rescisión en los términos de la cláusula novena de este contrato, el vendedor podrá enajenar dicho inmueble sin responsabilidad alguna. Segunda.- El precio de la operación de compraventa a que se refiere la cláusula anterior es de $******* Dlls. E.U.A. (******* dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100 E.U.A.), o la cantidad mayor que resulte del precio antes referido o la entrega en efectivo al el vendedor de $******* Dlls. E.U.A. (******* dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100 E.U.A.) más el pago total de un préstamo hipotecario que tiene contratado el vendedor en *******, el cual ha sido ampliamente descrito en la cláusula tercera del inciso D) de este contrato, el precio más alto que resulte de ambas opciones será el valor final de la venta del inmueble y contenidos, equipo y demás accesorios. Tercera.- "El comprador" cubrirá a "el vendedor" el precio de la operación de compraventa consignada en este contrato, en el domicilio señalado en la declaración I inciso B) de este contrato, de la siguiente forma: A) La suma de $******* Dlls. (******* dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100 E.U.A.) como primer pago, el cual fue previamente entregado en fecha 18 de marzo del año 2009 a la firma de un contrato promisorio del cual deriva el presente instrumento, y que "el vendedor" recibió a su entera satisfacción, extendiendo el recibo correspondiente en su oportunidad al momento de recibir el pago. B) Un segundo pago de $******* Dlls. (******* dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100 E.U.A.) el día 15 de mayo del año 2009 cantidad que será entregada precisamente en el domicilio señalado en la declaración I inciso B) de este contrato, contra la entrega del recibo correspondiente expedido por "el vendedor". C) Un tercer pago $*******Dlls. (******* dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100 E.U.A.) el día 15 de junio del año 2009 cantidad que será entregada precisamente en el domicilio señalado en la declaración I inciso B) de este contrato, contra la entrega del recibo correspondiente expedido por "el vendedor". D) Un cuarto y último pago por el resto de la operación, o sea la cantidad que resulte como saldo total del crédito hipotecario que se tiene con ******* derivado de un préstamo hipotecario con número de crédito *******, que tienen vigente en dicha institución los señores ******* y *******, cuenta en la cual al mes de marzo del año 2009 existía un saldo insoluto a cargo de "la vendedora" por un monto de $******* pesos M.N., adeudo que en su totalidad deberá ser liquidado a cuenta de este último pago, independientemente de que el saldo no corresponda al que se tenía al mes de marzo del año 2009; préstamo en el cual se dio en garantía hipotecaria el inmueble materia del presente contrato y por ende es necesario su pago para la correspondiente liberación del gravamen y que así sea posible escriturar dicho bien a favor de la compradora sin limitación o gravamen alguno. El presente pago deberá ser hecho por "la compradora" a más tardar en un periodo improrrogable de 6 meses contados a partir de la fecha de firma del presente contrato, quedando comprendidos dentro de los compromisos asumidos por esta última, pagar las mensualidades que dicho préstamo hipotecario genere durante el tiempo que dure en pagar el saldo total del crédito mensualidad que ascienden a un promedio de $******* M.N. mensuales pagaderos los días 27 de cada mes en cualquier sucursal de ******* al número de préstamo hipotecario citado líneas atrás; en el entendido que se han pagado hasta el mes de abril de 2009 por parte de "la vendedora" todas las mensualidades y está al corriente el crédito hipotecario, quedando liberada esta de dicho compromiso a partir del mes de mayo de 2009. Además queda facultada "la compradora" para que personalmente realice los trámites ante la institución bancaria citada y obtenga la liberación del préstamo hipotecario y de la garantía en su caso. Cantidades que en total suman un importe igual al valor de la operación aquí pactada. Cuarta.- "el vendedor" en este acto se compromete a que en caso de ser necesarios proporcionar todo el apoyo ante la institución de crédito *******, para que "la compradora" pueda cumplir con los compromisos de pago asumidos, ya que no tiene personalidad e injerencia ante la institución citada, respecto del crédito hipotecario, así mismo dar el apoyo para la cancelación del gravamen correspondiente ante fedatario público una vez obtenida la carta de pago total al banco y la liberación de garantía sobre el bien inmueble. Quinta.- Ambas partes están de acuerdo en que la escrituración del bien material de la venta, se realizara hasta en tanto "el comprador" haya cubierto el valor total de la operación a "el vendedor", en la forma y términos aquí pactados y dentro de la fecha limite acordada, mientras no se verifique el pago total del precio de la operación, subsistirá la reserva de dominio a favor de "el vendedor". Asimismo, las partes se obligan a entregar al notario designado por la compradora toda la documentación necesaria para la elaboración de la escritura pública correspondiente. Los gastos de escrituración, los honorarios del notario, así como el impuesto de traslación de dominio que se cause con motivo de la presente operación de compraventa serán por cuente de "el comprador", por lo que hace al impuesto sobre la renta este será pagado por la parte que resulte causante del mismo, de conformidad con la legislación aplicable. Sexta.- "El vendedor" manifiesta haber entregado previo a la firma del presente contrato y con motivo de celebración de un contrato promisorio de compra venta, la posesión física y jurídica del bien inmueble descrito en el inciso E) de la declaración I de este contrato, así como el menaje y equipo especial debidamente identificado en el (anexo 1) en el buen estado de conservación que actualmente se encuentra el inmueble y que "el comprador" acepta y manifiesta en este momento haber recibido a satisfacción total las cosas materia del presente contrato y conocer a la perfección el bien inmueble para todos los efectos legales a que haya lugar, de acuerdo al inciso D) de la declaración II del presente instrumento, por lo que "el vendedor" no asume ninguna obligación de efectuar obras en el inmueble objeto de la compraventa, a excepción de proporcionar el apoyo necesario para el trámite de pago del préstamo hipotecario, cancelación de hipoteca, etc. y todo lo relacionado con la compra venta aquí celebrada, una vez que sean entregados los pagos a que se ha hecho referencia en la cláusula tercera. Séptima.- desde el momento en que "el comprador" recibió la posesión del inmueble lo cual ocurrió el día 18 de marzo del año 2009, correrán por su cuenta los impuestos y contribuciones correspondientes que este cause, así como los gastos de vigilancia, mantenimiento, etc. de manera enunciativa y no limitativa y los que se deriven del régimen de propiedad que en su caso se encuentre sujeto al inmueble. Octava.- La escritura pública de compraventa a que se refiere la cláusula cuarta de este contrato expresara, además: Que el vendedor transmite al comprador la propiedad del inmueble objeto de la operación de compraventa con reserva de dominio en garantía del cumplimiento en el pago total acordado por la compraventa, a no ser que al momento de la escrituración correspondiente se hayan cubierto en su totalidad los pagos acordados en la cláusula tercera de este contrato. Novena.- Las partes convienen que si el presente contrato no se formaliza en escritura pública, se rescinde por causas imputables a "el comprador", la compraventa se rescindirá de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial y "el comprador" pagara como indemnización la cantidad fija de $******* dólares moneda americana de los Estados Unidos de Norteamérica, más la cantidad de $******* dólares americanos de los Estados Unidos de Norteamérica por concepto de renta mensual respecto del bien inmueble y su equipo previamente entregado, computándose dichas rentas a partir del mes de marzo del año 2009, fecha en que se entregó la posesión del bien al comprador y hasta que este sea devuelto en definitiva en las mismas condiciones que lo recibió a sus dueños; en el entendido que de faltar algún bien, equipo o presentar deterioros los bienes materia de este contrato, además deberá ser pagado su precio actual de marcado a valor de reposición de uno nuevo. Todos los importes que en su caso se generaren por concepto de pena, rentas y daños en los bienes a cargo de "el comprador", se descontaran en su caso de las cantidades previamente enteradas con motivo de los acuerdos de pago y el resto será devuelto al momento de recibir la posesión física y jurídica del inmueble a "el vendedor", dejando a este último en aptitud de disponer libremente del bien inmueble y sus contenidos para su venta o el mejor uso que le quiera dar sin restricción o limitación de alguna índole. Décima.- En caso de no realizarse la compra definitiva del bien materia del presente contrato por causas imputables a "el vendedor", "el comprador" lo penalizara con $******* dólares americanos de los Estados Unidos de Norteamérica, quedando además exento en el pago de rentas por el uso del bien inmueble, siempre y cuando la operación se tenga que revertir a más tardar en los plazos de pago aquí acordados, asumiendo el único compromiso de entregar el inmueble al momento de recibir la devolución de su anticipo más la penalización acordada a su favor, en las mismas condiciones y con el equipo y accesorios que lo recibió. Pero si se excede en la posesión del bien "el comprador" de las fechas señaladas en la cláusula tercera como límite de pago del precio de venta, este pagara integras las rentas a razón de los $******* dólares americanos de los Estados Unidos de Norteamérica, por todo el tiempo que dure la posesión del inmueble a su favor la cual inicio desde el mes de marzo del año 2009. Décima primera.- En el presente contrato no existe error, dolo, mala fe, ni lesión, por lo que ambas partes renuncian al derecho de pedir la nulidad del mismo por vicios del consentimiento. Décima segunda.- Las partes están conformes en obligarse de acuerdo al contenido de este contrato y lo no previsto por el mismo, se regirá por las disposiciones del código civil vigente para el estado de Chihuahua. Décima tercera.- El inmueble materia de este contrato, el cual ya fue entregado el pasado día de 18 de marzo del año 2009 a "el comprador", ambas partes están de acuerdo que se entregó con la reserva de dominio a que se ha hecho referencia en el presente documento, debidamente constituida y con cargo por esos derechos a "el comprador" así como los gastos de cancelación en su oportunidad, también correrán por su cuenta. Se podrá dar por rescindido el presente contrato sin necesidad de declaración judicial, por la sola falta de pago oportuno de cualquiera de los compromisos de pago asumidos en la cláusula tercera por "el comprador", quedando facultado "el vendedor" para que mediante un simple aviso por escrito se le notifique de su decisión de rescindir la presente operación y además aplicar las penas pactadas, haciendo la correspondiente deducción de las cantidades ya enteradas hasta el momento en que surja el incumplimiento; además si así lo decide "el vendedor" y a su libre albedrio, en caso de mora o retraso en los pagos y una vez transcurrido el plazo pactado para la entrega de cualquiera de las parcialidades y en su caso el pago final, podrá aplicar un 5% mensual de intereses moratorios sobre las cantidades no entregadas a tiempo y siempre y cuando no opte por la recisión del contrato, pena por mora que se cobrara mientras subsista esta y será decisión de este si la aplica o rescinde la operación por incumplimiento de "el comprador" con las consecuencias legales y aplicación de penas acordadas. Decima cuarta.- Para la interpretación y cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en este contrato las partes se someten a la competencia de los tribunales de ciudad Juárez, estado de Chihuahua, con renuncia expresa a cualquier otra que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. El presente contrato de compraventa con reserva de dominio se firma en Cd. Juárez, Chih. A los 25 días del mes de abril del año 2009. (.) (Sic). Es propio lo destacado. Así, en dicho convenio, las partes pactaron el precio de la venta por la cantidad de ******* dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de Norteamérica ($******* dólares), o la cantidad que resultara mayor de dicho precio o la entrega en efectivo a la parte vendedora de ******* moneda de los Estados Unidos de Norteamérica ($******* dólares) pagaderos a plazos, a saber: a) La cantidad de cincuenta mil dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de Norteamérica ($******* dólares), que "la parte compradora", aceptó haber recibido con anterioridad. b) La cantidad de ******* dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de Norteamérica ($******* dólares), el quince de mayo de dos mil nueve. c) La cantidad de ******* dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de Norteamérica ($******* dólares), el quince de junio de dos mil nueve. Así como el pago de la cantidad que resultara como saldo total del crédito hipotecario que los vendedores refirieron tener con *******, derivado del préstamo hipotecario con número de crédito *******, en torno al cual, en el mes de marzo de dos mil nueve, refirieron que existía como monto total de adeudo, la cantidad de ******* ($*******), saldo que acordaron, la compradora, aquí quejosa, liquidaría, aun cuando el mismo no correspondiera al que tenía el mes de marzo de dicha anualidad; mismo que, se puntualizó, debía ser pagado, al haberse dado en garantía hipotecaria el inmueble materia de tal contrato. II. Copia certificada de la totalidad de constancias que integran el referido juicio *******, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; en las que aparecen como actores los terceros interesados ******* y *******, quienes demandaron en la vía ordinaria civil a la aquí quejosa, a quien le reclamaron lo siguiente: a) El pago de la cantidad de USD $******* (******* dólares 00/100 Moneda en Curso Legal de los Estados Unidos de Norte América), por concepto de suerte principal. b) El pago de los intereses moratorios pactados, a razón de una tasa mensual del 5% (cinco por ciento), calculado sobre la cantidad adeudada, de acuerdo a la cláusula décima tercera del contrato base de la acción. c) El pago de gastos y costas del Juicio. (Sic). A la postre, mediante sentencia dictada el dieciocho de septiembre de dos mil quince (foja 200, tomo II de pruebas), el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, emitió sentencia, que, en lo que interesa, es del siguiente contenido: CONSIDERANDO I.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo señalado por los artículos, 148, 149, 150, 154 y demás conducentes del Código de Procedimientos Civiles del Estado.- La vía de tramitación elegida es la adecuada de conformidad con lo señalado por el artículo 248 del ordenamiento procesal en cita. II.- De conformidad con lo dispuesto por el numeral 266 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones. La parte actora demanda substancialmente las prestaciones que indica en su escrito de cuenta, como lo es el pago de la cantidad de $******* dólares (******* dólares 00/100 Moneda del curso legal en los Estados Unidos de Norte América) por concepto de suerte principal; el pago de los intereses moratorios pactados a razón de una tasa mensual del 5% (cinco por ciento), calculado sobre la cantidad adeudada de acuerdo a la cláusula décima tercera del contrato base de la acción; así como el pago de gastos y costas de juicio. Para ejercitar su acción exhibe y obre agregado a fojas 17 (diecisiete) a la 32 (treinta y dos) de autos, contrato privado de compraventa con reserva de dominio; y, a través de sus declaraciones y cláusulas se desprenden los términos, modalidades, obligaciones, condiciones y compromisos asumidos por los contratantes, las que se tienen aquí por reproducidas literalmente como si se insertasen a la letra en obvio de repeticiones innecesarias; documental privada a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 323 y 375 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de que la demandada contesta como cierto que con fecha veinticinco de abril del año dos mil nueve los señores ******* y *******, en su carácter de "VENDEDOR" y la señora *******, en su carácter de "COMPRADOR", celebraron Contrato de Compraventa con Reserva de Dominio, respecto de: Casa habitación ubicada en *******, de esta ciudad; y que obra registrada bajo la inscripción ******* (*******), folio ******* (*******) del Libro ******* (*******) de la Sección ******* del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos; que dicho inmueble cuenta con equipo y accesorios que también son objeto de la compra venta y se describen en el anexo uno. Contesta como cierto que el precio final pactado por las partes fue la cantidad que resultare mayor: entre la cantidad de USD $******* (******* dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos de Norte América) y la cantidad de USD ******* (******* Dólares 00/100) que debía entregar el comprador en efectivo, más el pago total de un préstamo hipotecario que tienen contratados los vendedores con la Institución de Crédito *******, y que pesa sobre el inmueble materia del presente contrato. Así también contesta como cierto que se obligó pagar el precio de la compra venta en el domicilio ubicado en ******* de esta ciudad. De igual forma expresa que es cierto que de acuerdo a la cláusula tercera del contrato base de la acción, el precio de compra venta se pagaría de la siguiente manera: la cantidad de USD $******* (*******Dólares 00/100) como primer pago, cantidad que fue entregada en fecha 18 de marzo del año 2009; un segundo pago por la cantidad de USD $******* (******* Dólares), el día 15 de mayo de 2009; un tercer pago por la cantidad de $******* (*******dólares) pagadero en fecha 15 de junio de 2009; y un cuarto y el último pago por el saldo de la operación, siendo el que resulte como saldo total del crédito hipotecario que se tiene contratado con ******* derivado del préstamo número ******* que tiene se encuentra vigente, y al mes de marzo de 2009, fecha de la compra venta, ascendía a la cantidad de $******* (*******), por lo que dicho saldo debía ser liquidado a cuenta del precio dentro de un periodo improrrogable de seis meses contados a partir de la firma del contrato base de la acción. Contesta como cierto que se obligó a pagar desde el mes de mayo de 2009 las mensualidades del crédito hipotecario durante el tiempo en que tardara en pagar el saldo total del crédito, dichas mensualidades debían ser pagadas cada día veintisiete de cada mes en la institución bancaria *******. Contesta como cierto que acordaron las partes que subsistiría la reserva de dominio hasta en tanto la compradora hubiera cubierto el valor total de la operación. Expresamente contesta como cierto que una vez satisfecho el crédito se proporcionaría al Notario Público la documentación necesaria para la elaboración de la escritura correspondiente a favor de la parte compradora, y los gastos de escrituración, los honorarios de Notario y el impuesto de traslación de dominio que se causara, seria por cuenta del comprador; respecto del impuesto sobre la renta lo pagaría la parte que lo genere. Contesta como cierto que los vendedores le entregaron la posesión física y jurídica del inmueble, así como el menaje y equipo especial que se describe en el anexo 1 (uno), todo en buen estado de conservación; y recibió a satisfacción total los bienes objeto de la compra venta, no existiendo obligación alguna a cargo de los vendedores a realizar obras en el inmueble, a excepción de la obligación de proporcionar el apoyo necesario para que la compradora realizara el pago del crédito hipotecario y llevar a cabo la cancelación de la hipoteca. Contestó como cierto que se pactó para el caso de mora en los pagos pactados en la cláusula tercera del contrato base de la acción un interés moratorio del 5% (cinco por ciento) mensual, el cual se cobraría durante el tiempo que subsista la mora. La parte actora desahogó la confesional a cargo de la demandada en fecha trece de marzo de dos mil catorce (visible en autos a fojas 132 a 136 vuelta inclusive), a la que es de concedérsele valor probatorio pleno en cuanto a su contenido y resultado de las posiciones formuladas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 290, 372 y 379 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a fin de tener por acreditado que la demandada realizó pagos al precio pactado hasta por la cantidad de USD $******* (******* dólares 00/100 Moneda del Curso Legal en los Estados Unidos de Norte América); que adeuda a los actores la cantidad de USD $******* (******* dólares); y, que ha omitido pagar la cantidad de referencia. En cuanto a la documental pública consistente en el informe rendido por la institución bancaria denominada *******, (agregada a fojas 165 de autos), mediante el cual hace del conocimiento de este Tribunal que al verificar en sus archivos y registros se localizó un crédito hipotecario registrado a nombre de *******, el cual presenta un estatus de vencido, con un adeudo total de $******* pesos; lo anterior en virtud de que la institución de crédito denominada ******* informó mediante escrito presentado en este juzgado el día cinco de marzo de dos mil catorce (visible a fojas 140 de autos) que el crédito número ******* otorgado a los señores ******* y ******* fue vendido-cedido (venta de cartera) a la citada institución; documentales de referencia a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al no haber sido objetados por la parte contraria; para tener por cierto que el crédito hipotecario que pesa sobre el inmueble materia de la compraventa se encuentra insoluto. III.- Por su parte la demandada ******* al dar contestación a la demanda instaurada en su contra oponer las excepciones y defensas que vierte en escrito de cuenta; y las hace consistir en que el incumplimiento que le imputan los actores deviene como consecuencia de la falta de cumplimiento por los mismos, al esconderse y negarse a legitimarla frente a la Institución Bancaria *******, conforme a lo pactado en la cláusula cuarta del contrato base de la acción; obligación, que según su dicho, era indispensable a fin de poder cumplir con las obligaciones a su cargo; todo lo cual era del conocimiento y obligación expresa de los actores, sin embargo, deliberadamente incumplieron. La demandada desahogo la inspección judicial que tuvo verificativo a las once horas del día diez de enero de dos mil catorce (visible a foja 74 de autos); inspección que versó sobre el contrato base de la acción, y en especial sobre la cláusula séptima, en la cual se hizo constar y se dio fe que se texto el del tenor literal siguiente: "SEPTIMA.- DESDE EL MOMENTO EN QUE "EL COMPRADOR" RECIBIO LA POSESION DEL INMUEBLE, LO CUAL OCURRIO EL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2009, CORRERAN POR SU CUENTA LOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES QUE ESTE CAUSE, ASI COMO LOS GASTOS DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO, ETC. DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA Y LOS QUE SE DERIVEN DEL REGIMEN DE PROPIEDAD QUE EN SU CASO SE ENCUENTE SUJETO EL INMUEBLE"; probanza desahogada que no abona nada a las excepciones y defensas opuestas por la demandada, en atención a los principios de idoneidad y pertinencia de la prueba. IV.- Ahora bien, se debe atender al principio que rige los contratos civiles: de que cada uno se obliga de la manera y términos que aparezca que quiso obligarse y que en cuanto a los actos bilaterales de los contratos, la voluntad de las partes resulta ser la suprema ley, y que además, los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes, y que dese que se perfeccionan obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según la naturaleza sean conforme a la buena fe, al uso o la ley, como lo disponen los artículos 1688 y 1726 del Código Civil para el Estado de Chihuahua. Con los elementos de convicción antes analizados y valorados, se concluye que la demandada ha incumplido con las obligaciones y compromisos que asumió en el contrato base de la presente acción, por lo que se le deberá condenar al pago del adeudo que expresamente reconoce, por la cantidad de $******* dólares (******* dólares 00/100 Moneda del Curso Legal en los Estados Unidos de Norteamérica). En cuanto a la prestación consistente en el pago de intereses moratorios pactados a razón de una tasa mensual del 5% (cinco por ciento) calculado sobre la cantidad adeudada, este Tribunal la considera parcialmente procedente, toda vez que, si bien es cierto que los contratantes pueden estipular cierta prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla, o no se cumpla de manera convenida de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1734 del Código Sustantivo Civil, también es cierto que con fundamento en el artículo 1741 del citado ordenamiento, no podrá hacerse efectiva cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor; esto es así toda vez que, como se desprende de la cláusula cuarta del contrato que nos ocupa, el vendedor se comprometió a que en caso de ser necesario, proporcionara todo el apoyo ante la institución de crédito *******, para que la compradora pudiera cumplir con los compromisos de pago asumidos, ya que no tenía personalidad e injerencia ante la institución citada respecto del crédito hipotecario; así mismo, a dar apoyo para la cancelación del gravamen correspondiente ante el fedatario público, una vez obtenida la carta de pago total al banco y liberación de garantía sobre el inmueble. Por lo que en tal orden de ideas, la parte demandada arrojo la carga de la prueba a la parte actora, a fin de que acreditara el hecho positivo de que llevó a cabo las gestiones necesarias a fin de apoyarla y legitimarla ante la institución de crédito, lo que sucedió en la especie; lo que se traduce en un incumplimiento de los vendedores a la citada clausula. En consecuencia, únicamente debe condenársele a la demandada al pago de los intereses moratorios estipulados generados por la cantidad de $******* dólares (******* dólares 00/100 Moneda del Curso Legal en los Estados Unidos de Norteamérica), monto en efectivo que faltó de enterar la demandada de los ******* dólares (******* dólares 00/100 Moneda del Curso Legar en los Estados Unidos de Norteamérica) pactados, sin que se incluya el monto del préstamo hipotecario contratados por los vendedores; lo anterior calculado a partir del día quince de junio de dos mil nueve. No se hace especial condena en costas, por no encontrarnos en ninguno de los supuestos que regula el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En mérito de lo antes expuesto y fundado, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO.- Ha procedido la vía ORDINARIA CIVIL SEGUNDO.- La parte actora acreditó parcialmente la procedencia de su acción, y por su parte la demandada acredito su excepción. TERCERO.- Se condena a ******* a pagar a favor de los señores ******* y ******* la cantidad de $******* dólares (******* dólares 00/100 Moneda del Curso Legal en los Estados Unidos de Norteamérica) o su equivalente en Moneda Nacional al momento de efectuarse el pago; lo anterior por concepto de suerte principal. CUARTO.- Se condena a la demandada al pago de intereses moratorios pactados en razón del 5% (cinco por ciento) mensual; calculados a partir del día quince de junio de dos mil nueve; únicamente sobre la cantidad de $******* dólares (******* dólares 00/100 Moneda del Curso Legal en los Estados Unidos de Norteamérica). QUINTO.- No se hace especial condena en gastos y costas. SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes materiales la presente resolución por haberse dejado de actuar por más de dos meses consecutivos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 inciso c) del Código de Procedimientos Civiles del Estado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (.) Determinación que quedó firme, al resolver la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, el recurso de apelación interpuesto por la demandada, aquí quejosa, que originó el toca ******* del índice de tal alzada, de cuyo contenido se desprende que determinó: PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida, dictada el diecisiete de julio de dos mil quince, por el Juez Cuarto de lo Civil. SEGUNDO.- Se hace especial condena en costas, a cargo de la parte demandada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 145, inciso d) del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Notifíquese. (.) De tal manera que, si bien es cierto que con tales probanzas, para efectos del presente juicio de amparo, se acredita que dicho bien inmueble fue materia del contrato de compraventa que los propietarios originarios del mismo, ******* y *******, celebraron con la aquí quejosa, como ya fue acotado, se pactó la reserva de dominio, hasta en tanto fueran cubiertos totalmente los pagos pactados, mismos que, por supuesto, incluyen los relativos a la hipoteca garantizada con tal inmueble, misma que incluso se refirió en tal pacto, acotando el número de crédito respectivo. De tal suerte que tal bien inmueble no puede considerarse como de posesión jurídica de la quejosa, sino meramente simple, al haberse realizado la operación respecto del referido bien raíz con reserva de dominio, sin que se comprobara en este juicio que se cumplió con la referida cláusula suspensiva, es decir, que colmaron la totalidad de pagos que tenía pendientes, a pesar de que fue condenada a ello mediante sentencia ejecutoria dictada en el juicio *******, de índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, no obstante que era obligación de la impetrante de derechos humanos de allegar las pruebas conducentes para acreditar su interés jurídico. En el caso particular, se tiene que del contrato privado de compraventa con reserva de dominio, se desprende que se celebró entre los señores ******* y ******* en su carácter de vendedores y la aquí quejosa, respecto del inmueble ubicado en *******, en esta ciudad; asimismo, en la primera cláusula se dispuso que el contrato de compraventa se pactó a plazos y con reserva de dominio. Así, en dicho convenio, las partes pactaron el precio de la venta por la cantidad de ******* moneda de los Estados Unidos de Norteamérica ($******* dólares), o la cantidad que resultara mayor de dicho precio o la entrega en efectivo a la parte vendedora ******* dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de Norteamérica ($******* dólares) pagaderos a plazos, a saber: a) La cantidad de ******* dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de Norteamérica ($******* dólares), que "la parte compradora", aceptó haber recibido con anterioridad. b) La cantidad de ******* dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de Norteamérica ($******* dólares), el quince de mayo de dos mil nueve. c) La cantidad de *******dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de Norteamérica ($******* dólares), el quince de junio de dos mil nueve. Así como el pago de la cantidad que resultara como saldo total del crédito hipotecario que los vendedores refirieron tener con *******, derivado del préstamo hipotecario con número de crédito *******, en torno al cual, en el mes de marzo de dos mil nueve, refirieron que existía como monto total de adeudo, la cantidad de ******* ($*******). Y que, una vez efectuados todos y cada uno de tales pagos, se levantaría la reserva de dominio y se procedería a la escrituración respectiva, para efectuar la traslación del mismo. Ahora bien, se estima pertinente citar el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 187733, publicada en la página 5, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Civil, Novena Época, del rubro y texto siguientes: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. De la intelección del criterio de referencia, el Pleno del Más Alto Tribunal acotó, que tras una búsqueda y análisis de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Carta Magna, no coligió la existencia de datos o elementos que pudieran servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Por lo que, tras un examen del artículo 790 del Código Civil para el (entonces) Distrito Federal6 -similar al de todas las legislaciones civiles locales del país; y en el caso del Código Civil para el Estado de Chihuahua, su análogo, cuyo texto es idéntico, es el artículo 7607 -, el Pleno de la Suprema Corte del País determinó que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, que debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Al respecto, en la ejecutoria respectiva de la que derivó dicho criterio, acotó "Por otra parte, si interpretamos en forma literal el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal, y concluimos que el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa se refiere a una relación o estado de hecho entre una persona y una cosa, caeríamos en el absurdo de decir que el propietario que es despojado de su bien carece de interés jurídico para acudir a través de la vía del amparo a solicitar se le respete su garantía de audiencia, dado que quien tiene el poder de hecho es un poseedor derivado, ya sea usufructuario, depositario, arrendatario, etcétera". En esa línea, concluyó, que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo biinstancial -cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil de origen- es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Así, dicho criterio alude entonces, a la existencia de dos tipos de posesión, la simple y la jurídica; entendiéndose sólo como protegible a través del juicio de amparo, la segunda, pues es la que se sustenta en alguna figura jurídica eficaz o precepto legal que genere el derecho a poseer. Dicho lo anterior, se tiene que si bien se otorgó en favor de la quejosa, la posesión simple del bien inmueble en cuestión, desde el propio momento de la celebración del referido contrato, el dominio - característica esencial del derecho real de propiedad- no fue transmitido mediante el mismo, ante la voluntad de las partes de fijar una reserva de dominio hasta en tanto fueran cubiertos los pagos, con las características ahí determinadas. De ahí que no se produce afectación directa y personal en la esfera jurídica de la quejosa. Pues bien, se itera, si bien se puede concluir que la quejosa tiene la posesión del bien inmueble de que se trata, lo cierto es que la misma es una posesión material, no sustentada en alguna figura jurídica, dado que únicamente la posesión que se protege a través del juicio de amparo es la posesión -jurídica-, sustentada en documento idóneo del que se advierta su causa generadora lo cual, puede ser mediante la exhibición de un título que se sustente en alguna figura jurídica eficaz para el objeto o precepto legal que generen el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que cuenta con ese derecho. Por ende, se evidencia que la aquí quejosa, carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, contra los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, correspondiente al mes de febrero de 2002, página 15, cuyo rubro y texto dicen: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. También encuentra orientación y apoyo en la tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XVIII, octubre de 2003, página 1030, que se transcribe a continuación: INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías. Así, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia examinada y procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo en términos de los numerales 61, fracción XII, 5º, fracción I, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría, máxime cuando se estima que la estudiada, por prelación, es la que debe prevalecer; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el Amparo indirecto 486/2020 sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:Único.Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia.Notifíquese.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo enviados por el Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento efectuado el dieciséis de los corrientes. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que consten como legalmente correspondan el escrito y anexos presentados por los terceros interesados ******* y *******. En cuanto pruebas documentales que exhiben, se tienen por admitidas y desahogadas debido a su especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo; lo previo, sin perjuicio, claro está, de relacionarlas en la audiencia constitucional y de valorar su eficacia probatoria en este asunto específico, al momento de dictar sentencia, en términos del diverso numeral 124 de la ley invocada. Ahora bien, los promoventes refieren que en el juicio oral ordinario civil *******, del índice del Juzgado Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ya fue dictada sentencia, misma que aparentemente se encuentra firme. Al respecto, de autos se colige que se tuvo a dicha autoridad informando que las partes se encontraban en proceso de arribar a un acuerdo conciliatorio, sin que haya referido a la postre si el mismo se verificó, así como si se dictó sentencia en el juicio de referencia. Por tanto, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado legalmente, remita copia certificada del arreglo conciliatorio de las partes, la sentencia (de ser el caso) y la totalidad de las actuaciones posteriores a ello. Se le apercibe que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Amparo, fracción I, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional ($8,962.00). Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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