Laricsa Elizabeth Tello Quijano

Expediente 736/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
736/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Laricsa Elizabeth Tello Quijano
  • Doctor Horacio Morales Domínguez, médico cirujano adscrito al Hospital General Zona Seis del Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de nueve de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es conservable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que aunque se sobreseyó respecto de los actos reclamados, se concedió la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en el numeral 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, aplicado por analogía. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto ********************, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 736/2023-V. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiséis de julio de dos mil veintitrés, se recibió la demanda presentada por *****, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del 1) médico cirujano Horacio Morales Domínguez, 2) Director y 3) Subdirector, todos del Hospital General de Zona Número Seis del Instituto Mexicano del Seguro Social. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16, 73, fracción XVI y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se radicó con el consecutivo 736/2023-V, proveyendo sobre la suspensión de plano de los actos reclamados, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: Del 1) médico cirujano Horacio Morales Domínguez, 2) Director y 3) Subdirector, todos del Hospital General de Zona Número Seis del Instituto Mexicano del Seguro Social. a) la omisión de brindarle atención médica, a través del tratamiento con motivo de su padecimiento de colescistitis aguda, consistente en medicamento, estudios y procedimiento quirúrgico. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director del Hospital General de Zona Número Seis del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, al rendir informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le endilgan; sin embargo, de la relación de actuaciones que realiza, se advierte su existencia, a saber la omisión de brindar atención médica a la justiciable en tiempo y forma. Por su parte, el) médico cirujano **** y el Subdirector, ambos del Hospital General de Zona Número Seis del Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron omisos en rendir sus informes justificados no obstante haber sido debidamente requeridos para ello. En consecuencia, debe tenerse por cierto el acto que les reclama la parte quejosa, en términos de los ordinales 115 y 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, respecto a los actos reclamados consistentes en la omisión de brindarle atención médica, a través de la entrega de medicamento, estudios y procedimiento quirúrgico, con motivo de su padecimiento de colescistitis aguda. Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se radicó la demanda presentada por la justiciable, en la que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, la omisión de brindarle atención médica, a través del tratamiento con motivo de su padecimiento de colescistitis aguda, consistente en medicamento, estudios y procedimiento quirúrgico. En este tenor, la promovente manifestó ser derecho habiente de dicho Instituto, pues cuenta con número de afiliación 2409924321-1F1992OR, así como que en el año dos mil veinte, comenzó con dolores en el abdomen, por lo que acudió al médico y la diagnosticaron con piedras en la vesícula biliar colecistitis aguda; luego, con motivo de la pandemia, no fue atendida medicamente, comunicándole que debería de acudir hasta que la misma finalizara; así, y toda vez que tenía un dolor muy fuerte, el veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno acudió a urgencias, pero únicamente la medicaron y le indicaron que acudiera con su médico familiar para que realizará los protocolos para cirugía, sin que a la fecha se haya realizado dicha intervención. Además, que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, acudió nuevamente a urgencias por el dolor tan agudo que tenía; sin embargo, solo fue medicada, sin que se llevara a cabo su evento quirúrgico; para luego, el veinticinco del citado mes y año, el médico familiar le entregó una solicitud de estudios de radio diagnóstico a efecto que el cirujano realizará el tratamiento quirúrgico; no obstante, éste no se ha realizado. Por lo que la quejosa exhibió la nota de alta y tratamiento de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que se le ordenó continuar con seguimiento con médico familiar para realizar protocolo de envío a cirugía; estudio de radiología e imagen de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en el que se concluyó que presentó datos ecográficos en relación a colecistolitiasis no agudizada al momento y abundante gas intestinal en marco colonico; nota médica de veintitrés de enero de dos mil veintitrés; solicitud de estudios de radiodiagnóstico de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, consistente en ultrasonografía/ultrasonido; estudio de radiología e imagen de diez de abril de dos mil veintitrés en el que se concluyó que cuenta con datos ultrasonográficos en relación con hidrocolecistolitiasis; resultados de laboratorio de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés; receta individual de uno de junio de dos mil veintitrés; solicitudes de servicio en el que fue programada para cirugía el doce de junio de dos mil veintitrés, constancia de reprogramación de diecinueve y veintiséis, de junio, diecisiete y veintiséis de julio del año que transcurre; constancia de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en el que se asentó que la justiciable acudió sin ultrasonido -institucional-, además de que no se cuenta con material para laporoscopia, motivo por el cual se difería la cirugía. 2. El veintidós de agosto del presente año, se tuvo al Director del Hospital General de Zona Número Seis del Instituto Mexicano del Seguro Social, informando que el dos del citado mes y año, la quejosa Laricsa Elizabeth Tello Quijano, fue sometida al procedimiento quirúrgico de colecistectomía laparoscópica, remitiendo al efecto la nota de evolución. 3. El veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, a solicitud de la quejosa, se requirió al Director de dicho nosocomio, informara si la justiciable contaba con citas programadas para que continúe con el tratamiento médico que se haya recomendado atento a su particular estado de salud, y en su caso, el especialista a cargo de ello. 4. El uno de septiembre de dos mil veintitrés, el delegado del Director, remitió nota médica de dieciocho de agosto pasado en la que se indica que la quejosa recibió atención postquirúrgica por la especialista en cirugía general, advirtiendo que se encuentra consciente, tranquila, independiente, encontró heridas quirúrgicas con buena cicatrización, sin salida de secreciones, abdomen blando, depresible, sin dolor a la palpación, sin datos de irritación peritoneal, resto normal, actualmente tolerando la vía oral y evacuaciones al corriente; otorgándole el alta del servicio de cirugía, con indicaciones higiénico- dietéticas y expedición de incapacidad por diez días. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés legal corresponde, sin que se haya pronunciado al respecto. Por lo que, los actos que por esta vía se reclaman consistentes en la omisión de brindar atención médica, debe estimarse que han cesado, ya que de los antecedentes narrados se desprende que se brindó la atención médica reclamada, esto es, se realizó la intervención quirúrgica recomendada, además de que se dio seguimiento médico. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este considerando. Así, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 736/2023-V, promovido por *****. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a las autoridades. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en auto de uno de septiembre del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo que remitió el delegado del Director del Hospital General de Zona Número Seis del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo no obra constancia de notificación a la quejosa; por ello se ordena realizar dicha notificación, de inmediato; lo anterior, con fundamento en lo establecido por los artículos 27 de la Ley de Amparo y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional pactada para esta fecha y en su lugar se señalan las once horas con treinta minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como corresponde el oficio que remite la Jefa de la División de Amparos Fiscales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en suplencia del Director General, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa las gestiones que realizó a fin de cumplir con el requerimiento formulado en auto once de agosto del presente año; sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento, pues el veintidós del mismo mes y año, se le tuvo al Director del Hospital General de Zona Número Seis del Instituto Mexicano del Seguro Social, comunicando que el dos del mes y año en comento, la quejosa fue sometida a procedimiento quirúrgico.. En el entendido de que el valor probatorio del informe rendido por la autoridad oficiante, recibido en el correo electrónico oficial del juzgado, es pleno, por identidad de las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS

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