Kevin Morales Lozano y Otros.

Expediente 98/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
98/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Kevin Morales Lozano y Otros.
  • Kevin Morales Lozano
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Fiscalía General de la República que intervino en la causa penal 13/2022

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio, a través de la cual se negó el amparo en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo, agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, una vez transcurridos tres años. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. V I S T O S, para dictar sentencia en el juicio de amparo 98/2022-VII, promovido por ********** y **********, por conducto de **********, en su carácter de defensor público federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en funciones de Juez de Control; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito ese mismo día, ********** y Janira **********, por conducto de **********, en su carácter de defensor público federal, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, de quien reclamó lo siguiente: "III. Autoridades responsables y IV acto reclamado a cada una de ellas: Se señalan como autoridades responsables y actos reclamados a: (.) 5.- Se reclama el auto de vinculación a proceso de doce de enero del año en curso dictado en contra de ********** Y **********, por el Juez **********, en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II y III de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dentro de la causa penal 13/2022. (.)" SEGUNDO. Derechos que se consideró transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación del juicio. En proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número 98/2022-VII, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se llevó a cabo el emplazamiento de la parte tercero interesada. Cabe especificar que en este juicio, únicamente se analiza el acto reclamado consistente en el auto de vinculación de doce de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 13/2022. Lo anterior, debido a que en el diverso juicio de amparo 36/2022, del índice de este juzgado, en el auto de admisión de la demanda se ordenó la separación de los autos, y en ese juicio se indicó ventilaría el proceso legislativo del Decreto por el que se reformó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; así como su acto de aplicación, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada al Juez responsable. CUARTO. Acreditación de credenciales como licenciado en Derecho del defensor del imputado. Al respecto, el Juez responsable remitió las videograbaciones relativas a la audiencia celebrada el doce de enero de dos mil veintidós, de las que se desprende que fue nombrado como defensor de ********** y Janira **********, el licenciado **********, defensor público federal, quien se identificó con cédula profesional **********, circunstancia que fue corroborada por el Juzgador con el auxiliar de la sala, quien aceptó y protestó el cargo conferido. De manera que, ha quedado evidenciado que el profesional en comento sí cuenta con las credenciales atinentes que lo avalan como perito en Derecho; de tal suerte que, la prerrogativa constitucional de los aquí quejosos, de contar con una defensa técnica adecuada, por parte de un licenciado en Derecho, está colmada. Continuando con el trámite del presente juicio, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en la fecha señalada para tal efecto. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Análisis de la competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la causa penal 13/2022, por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y e), con la agravante contemplada en el segundo párrafo del numeral 83, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, consistente en el auto de vinculación a proceso de doce de enero de dos mil veintidós, dictado en la causa penal 13/2022, en contra de la parte quejosa, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación, certeza que se corrobora con los discos ópticos que al mismo acompañó, a los cuales se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2004362, del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. En razón de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Análisis del acto reclamado. Previo al estudio del acto reclamado, debe precisarse que a los quejosos les resulta el carácter de imputados; y, por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se debe aplicar en su favor el principio de suplencia de la queja, en la deficiencia de la formulación de los conceptos de violación; incluso ante la ausencia de los mismos (hipótesis que se encuentra actualizada), porque los conceptos de violación están encaminados a combatir los actos que se analizarán en el diverso juicio 36/2022, del índice de este juzgado, objeto de separación de autos citado en el resultando tercero de esta sentencia. No obstante, en el caso, se estima que no existe deficiencia de la queja que suplir en beneficio de la parte quejosa, en atención a que del análisis de las constancias y videograbaciones remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, y que sirvieron de base para emitir el acto reclamado, se advierte que no existe materia para su aplicación. Lo anterior es así, porque del estudio oficioso de la resolución reclamada, se aprecia la legalidad del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control responsable en contra de los aquí quejosos, dentro de los autos de la causa penal 13/2022. En principio debe puntualizarse que los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.)" "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. (.)" "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De la interpretación armónica de dichos preceptos se obtiene que, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse requisitos formales y de fondo; los cuales se precisan a continuación: Elementos formales: Se haya verificado imputación (formalización o judicialización del procedimiento). Escuchado la declaración del imputado o que éste haya manifestado su deseo de abstenerse a declarar. Se debe dictar dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que podrá duplicarse a petición del imputado. Debe estar debidamente fundado y motivado. Elementos de fondo: En la resolución, se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución de delito. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delitos y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participo en su comisión. Que no esté plenamente comprobada en favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Tomando como punto de partida lo anterior, se procede a determinar si el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional reúne los requisitos anotados. Así, por lo que hace a los requisitos formales, obtenemos lo siguiente: A) Que se haya formulado imputación. Este requisito se encuentra cumplido pues del registro audiovisual de la audiencia inicial celebrada el doce de enero de dos mil veintidós, se advierte que (00:01:12) se individualizaron las partes; (00:05:28) la Representación Social peticionó se calificara de legal la detención del justiciable y coimputados, (00:28:50) lo cual fue resuelto por el Juzgador en los términos solicitados. Enseguida, (00:34:24) la Representante Social actuante formuló imputación en contra de los quejosos, Kevin Morales Lozano y Janira Abigail Hernández Jaramillo, para lo cual realizó una exposición detallada de los hechos que se le atribuyen y que se desprenden de los registros de la investigación, en los términos siguientes: La agente del Ministerio Público comunicó a los imputados ********** y **********, que fueron detenidos, respectivamente, a las cuatro horas con cincuenta y siete minutos, y a las cinco horas con once minutos, del once de enero de dos mil veintidós, por agentes de la Agencia Estatal de Investigación, sobre la calle Guadalupe Victoria casi cruce con calle **********, en esta ciudad, porque probablemente portaban dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata en el interior del vehículo que tripulaban concretamente: Entre el asiento del copiloto y la consola central se localizó 1un arma de fuego tipo fusil, calibre Multi (5.56 Nato en cañón), marca Anderson, modelo AM-15, matrícula 16443567, desabastecida. Además, en la cajuela del referido automotor: 2Un arma de fuego tipo fusil, calibre Multi (300 BLK), o lo correspondiente calibre 7.62X39 mm, marca Aero Precisión, modelo X15, matrícula X206736, sistema de disparo semiautomático, desabastecido; 3Un arma de fuego tipo fusil, calibre 7.62X39 mm, marca IZHMASH (IMEZ), modelo SAIGA, matrícula H03101491, desabastecida; 4Un arma de fuego tipo escopeta, calibre 12GA, marca CHONGQING JIANSHE MACHINERY, modelo M12 AR, matrícula AR2003247, sistema de disparo semiautomático, con longitud de cañón de 51 centímetros, desabastecida y dos cargadores de cartucho para arma de fuego calibre 12 GA desabastecidos; 5Un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm, marca SWD, modelo M-11/9, matrícula 89-0058548, desabastecida; y 6Un arma de fuego tipo pistola, calibre .45", Auto, marca Ruger, modelo P345D, matrícula 664-30453, desabastecida. Asimismo, indicó que los citados hechos imputados se ubican en el ilícito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contemplado y sancionado en el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el 11, incisos b), c), y e), con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del citado numeral, esto es por portar más de dos armas de fuego, previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Injustos penales de consumación permanente, acorde a lo establecido en la fracción I, del ordinal 7, de acción en relación con el 8, doloso conforme lo prevé el ordinal 9, párrafo I, en términos del 13, fracción III, como autor material, todos del Código Penal Federal. Asimismo, se hizo la precisión de los artefactos bélicos, atendiendo a los incisos b), c) y e), anteriormente citado: Por lo que respecta al arma de fuego tipo fusil calibre 5.56 Nato en cañón; así como el 3000 (BLK) y el 7.62X39 mm, son de las contempladas en el inciso c). Por su parte, el arma de fuego calibre 45" de 9 mm, en el inciso b); mientras que la escopeta se contempla en el inciso e). Finalmente, las personas que deponen en su contra, es decir, los Agentes de la agencia estatal de investigación, ********** y **********, fueron quienes los detuvieron cuando tripulaban un automotor. De ahí que es inconcuso que el requisito que nos ocupa está plenamente cumplido. B) Que se haya dado al imputado la oportunidad de declarar. Este requisito se cumple en tanto que, de la videograbación (00:43:05), se obtiene que, en la audiencia de formulación de la imputación, el Juez de Control se aseguró de que los imputados estuvieran debidamente informados de sus derechos y con la asistencia técnica y adecuada de un defensor. Asimismo, hizo de su conocimiento el derecho que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de toda persona imputada y los cuestionó sobre si era su deseo declarar, aclarándoles que tenían el derecho de no hacerlo, conforme a la garantía que les otorga dicho precepto constitucional; a lo que, manifestaron su voluntad de reservarse su derecho. En ese tenor, puede colegirse que la resolución reclamada efectivamente cumple con el requisito objeto de estudio, en virtud de que los imputados, aquí quejosos, tuvieron la oportunidad de declarar respecto de los hechos que se le imputan. C) Que el auto de vinculación a proceso se dicte dentro del término de setenta y dos horas a partir de que el imputado sea puesto a disposición del Juez de Control o dentro de la duplicidad de dicho término. Este elemento se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder de setenta y dos horas, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso; lo anterior con excepción de que el imputado solicite la duplicidad de dicho plazo constitucional. Ahora, siguiendo con la reproducción de la audiencia de control de la detención, se advierte que la Representante Social de la Federación refirió que a las cuatro horas con cincuenta y siete minutos del once de enero de dos mil veintidós, se detuvo a **********, mientras que a ********** a las cinco horas con once minutos de ese mismo día, procediéndose a la formal detención; quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República a las once horas con cincuenta y nueve minutos del once de enero del año en curso; imputados que quedaron a disposición del órgano jurisdiccional a las veinte horas del doce de enero de la anualidad en curso, misma fecha en la que se celebró la audiencia de control de la detención. Atento a ello, en audiencia de doce de enero del presente año, una vez que la fiscalía formuló la imputación, solicitó la vinculación a proceso (00:44:20), al tenor de los hechos y datos de pruebas siguientes: parte informativo de once de enero de dos mil veintidós, signado por los elementos captores ********** y **********; evidencia material respecto de los artefactos bélicos asegurados y su respectiva cadena de custodia; dictamen en materia de balística de esas armas de fuego, así como la inspección judicial de los artefactos bélicos. Luego, el Juez le hizo saber a los imputados los plazos para resolver su situación jurídica, a lo que manifestaron que se resolviera en ese momento; así, a las veintitrés horas con veintisiete minutos del doce de enero del año en curso, el Juez resolvió vincular a proceso a los imputados, aquí quejosos, en los términos que más adelante se precisarán. Por lo que es dable colegir, que el Juez de Control, resolvió la situación jurídica de los ahora quejosos dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas, con lo que el requisito que nos ocupa está colmado. D) Debe estar debidamente fundado y motivado. Ahora bien, debe acotarse que como requisito fundamental de todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por lo primero -fundar-, que en la determinación pronunciada ha de expresarse con precisión, el precepto o preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo - motivar- que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión. Siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de diciembre de 2005, Materia Común, página 162, de la Novena Época, registro 176546, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. De ahí que, la fundamentación y motivación no puede soslayarse por los juzgadores cuando emiten un auto de vinculación a proceso, pues aun cuando los Jueces de Control no tienen acceso a la carpeta de investigación, permanece incólume su obligación de fundar y motivar sus determinaciones, inclusive en forma oral, ante las partes presentes en la audiencia. En ese contexto, una vez analizado el disco versátil que contiene la audiencia de doce de enero de dos mi veintidós, se advierte que el Juez de Control cumplió con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fundó y motivó la causa legal de su proceder, en virtud que citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, entre los que destacan, los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo que se sigue que, a la luz del contenido de tales dispositivos, consideró de manera individual y conjunta, conforme a sus atribuciones legales, los datos de prueba y argumentos puestos a su consideración por las partes. También, de la reproducción audiovisual correspondiente, puede advertirse que expuso en su resolución, los razonamientos que consideró oportunos, con lo cual se acredita que el acto reclamado cumple, además, con los requisitos que al efecto exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el imputado y su defensa pudieron conocer los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido en que lo hizo, así como los razonamientos lógico jurídicos en los que apoyó tal determinación, con lo que se garantiza su derecho a una debida defensa. Por tanto, es dable colegir que el Juez de Control, sí cumplió con el requisito formal de que toda resolución debe estar fundada y motivada. Para una mayor comprensión de dicho requisito formal, conviene distinguir entre lo que es la falta de fundamentación y motivación, de la indebida fundamentación y motivación. Por lo primero, debe entenderse la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; lo cual puede dispensarse, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia, sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las funden, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. En tanto que, la indebida fundamentación y motivación, se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste, por lo que se constituye como un requisito de fondo, mismo que, en el caso que nos ocupa, será materia de estudio en párrafos subsecuentes. Sin embargo, en el caso concreto, el Juez del proceso, citó los preceptos legales que sirvieron de sustento para emitir el auto de vinculación a proceso en contra de ********** y **********; aquellos relacionados con la valoración de los datos de prueba aportados por la Fiscalía; y los que prevén los injustos penales materia de la imputación. Ahora, por lo que respecta a los requisitos de fondo, de la resolución que constituye el acto reclamado se obtiene: 1. Que se exprese el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito consiste en que en la resolución se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito en comento, mismo que se cumple, ya que, de la videograbación relativa a la audiencia vinculatoria, se advierte que el Juez responsable, en este tópico retomó en sus términos los hechos materia de formulación de imputación, y fueron precisamente los hechos comprendidos por los imputados. 2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que la imputada lo cometió o participó en su comisión. Ahora, a fin de verificar si el auto de vinculación a proceso cumple con tal requisito resulta necesario acudir a la descripción de los hechos que se imputan a los justiciables, ********** y **********, y la clasificación jurídica realizada por el órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el diverso numeral 11, incisos b), c) y e), con la agravante contemplada en el segundo párrafo del precepto 83, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; establecen lo siguiente: "11.- Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: (.) b).- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores. (.) c).- Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30" en todos sus modelos. (.) e).- Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial. (.)" "Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: (.) II.- Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y III.- Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes." De la lectura de los preceptos transcritos tenemos que efectivamente los hechos reconocidos por la ley como los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, para ser susceptible de originar el dictado de auto de vinculación a proceso, implica que los datos de prueba aportados por la fiscalía hagan referencia a que la persona imputada, tuvo dentro de su esfera material de dominio, con la facilidad para apoderarse de los mismos, los artefactos bélicos. Se tomó en consideración como datos de prueba los siguientes: Informe policial de once de enero de dos mil veintidós, signado por los elementos de la Agencia Estatal Investigación, Raúl Cano Portillo y Candy Lugo Rubio, en el que asentaron que los imputados ********** y **********, fueron detenidos, respectivamente, a las cuatro horas con cincuenta y siete minutos, y a las cinco horas con once minutos, del once de enero de dos mil veintidós, sobre la calle **********, en esta ciudad, porque probablemente portaban dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata en el interior del vehículo que tripulaban concretamente: Entre el asiento del copiloto y la consola central se localizaron 1un arma de fuego tipo fusil, calibre Multi (5.56 Nato en cañón), marca Anderson, modelo AM-15, matrícula 16443567, desabastecida. Además, en la cajuela del referido automotor encontraron 2Un arma de fuego tipo fusil, calibre Multi (300 BLK), o lo correspondiente calibre 7.62X39 mm, marca Aero Precisión, modelo X15, matrícula X206736, sistema de disparo semiautomático, desabastecido; 3Un arma de fuego tipo fusil, calibre 7.62X39 mm, marca IZHMASH (IMEZ), modelo SAIGA, matrícula H03101491, desabastecida; 4Un arma de fuego tipo escopeta, calibre 12GA, marca CHONGQING JIANSHE MACHINERY, modelo M12 AR, matrícula AR2003247, sistema de disparo semiautomático, con longitud de cañón de 51 centímetros, desabastecida y dos cargadores de cartucho para arma de fuego calibre 12 GA desabastecidos; 5Un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm, marca SWD, modelo M-11/9, matrícula 89-0058548, desabastecida; y 6Un arma de fuego tipo pistola, calibre .45", Auto, marca Ruger, modelo P345D, matrícula 664-30453, desabastecida. Evidencia material de la totalidad de las seis armas de fuego, localizadas en el interior del automotor, con las características anteriormente referida. Cadena de custodia de los artefactos bélicos. Dictamen en materia de balística forense practicado por la perito en la materia, Fabiola Cuadrado García, pericial realizada el once de enero de dos mil veintidós, en la cual la perito que una vez aplicó los métodos de estudio propios a su experticia determinó que por lo que respecta a las tres armas de fuego tipo fusil calibre .556 Nato en cañón, así como el 7.62X39 mm, por sus características y calibre la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos la contempla en su artículo 11, inciso c); como de aquellas armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea Nacional; respecto al arma de fuego tipo escopeta, calibre 12GA, la perito determinó por la longitud y tipo de cañón que es inferior a 635 mm, o 25 pulgadas, artículo 11, inciso e), como del uso exclusivo para el Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional; respecto a las armas de fuego tipo pistolas calibre 9mm y 45" pulgadas; esta por su tipo de armas y calibre pues la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos las contempla en su artículo 11 inciso b), también como del uso reservados para las fuerzas castrenses del país. Inspección practicada por el policía federal ministerial, Armando Leos, tanto del lugar de la detención como de las armas de fuego, y el vehículo asegurados en la causa penal, estas inspecciones fueron realizadas el doce de enero del año en curso, y con estas se da cuenta de la existencia y características tanto de lugar de la detención como de las armas aseguradas, así como del vehículo que tripulaban los imputados. Ahora bien, de un ponderado análisis de los datos de prueba expuestos por la Representación Social, se estima que la autoridad responsable actuó apegada a derecho, en cuanto a que son aptos y suficientes para establecer que se han cometido los hechos determinados como delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como la probabilidad de que los imputados cometieron o participaron en su comisión, en tal sentido, el Juez de Control responsable consideró que con los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público (transcritos en párrafos precedentes), se presumen acreditados los hechos que la ley prevé como los delitos precisados con antelación, y que se atribuyen a ********** y **********. Lo anterior es así, pues puede advertirse que el Juez de Control al resolver la situación jurídica de los quejosos ********** y Janira **********, concretizó la imputación que la agente del Ministerio Público le atribuyó, al señalar, en lo conducente, que los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los requisitos de forma y fondo para resolver; el primero de ellos es que se haya formulado imputación, lo cual ocurrió en audiencia; que se haya dado a los imputados la oportunidad de declarar, quienes se reservaron su derecho para hacerlo y; el tercero, que de los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía de la Federación, se obtengan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de participación o comisión en el mismo por parte de los imputados, lo cual se entenderá cuando existan indicios suficientes que así permitan suponerlo. Así, al valorar los datos de prueba en términos del ordinal 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juzgador de origen precisó, que ello le permitía evidenciar un hecho, esto es, que aproximadamente a las cuatro horas con cincuenta y siete minutos del once de enero de dos mil veintidós fue detenido Kevin Morales Lozano, mientras que **********a las cinco horas con once minutos de esa fecha, en el interior del vehículo sobre la calle **********, en esta ciudad, dos personas mantenían dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad los artefactos bélicos asegurados, siguiente: tres armas de fuego tipo fusil calibre .556 natu 3lk, así como el 7.62X39 mm, por sus características y calibre la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos la contempla en su artículo 11, inciso c); como de aquellas armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, fuera Armada y fuera área nacional; respecto al arma de fuego tipo escopeta, calibre 12GA, la perito determinó por la longitud y tipo de cañón que es inferior a 635 mm, o 25pulgadas, artículo 11, inciso e), como del uso exclusivo para el ejército armada y fuerza área nacional; respecto a las armas de fuego tipo pistolas calibre 9mm y 45" pulgadas; esta por su tipo de armas y calibre pues la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos las contempla en su artículo 11 inciso b), también como del uso reservados para las fuerzas castrenses del país. De este modo, de manera acertada, el Juez de Control precisó que los datos de prueba que le permitieron inferir la existencia de ese hecho, es el informe policial homologado realizado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para lo cual tomó en consideración su razonabilidad, es decir, su estancia en el lugar, al realizar revisión de rutina del área de la colonia, al observar un vehículo estacionado y al acercarse a ese automotor, emprendieron su huida, lográndose detener metros adelantes y se les indicó que descendieran del vehículo, al revisar se localizó los artefactos bélicos anteriormente descritos; pieza informativa que generó convicción en el juzgador, pues fue conocido por los elementos a través de los sentidos, y en la evocación, la manera de narrarlos, lo que encontró en franca armonía con el resto de los datos de prueba, como lo es la evidencia material, dictamen de balística forense y la inspección de los objetos correspondientes. Este hecho, de manera correcta, lo delimitó, en lo que hace a los imputados en el artículo 83, fracciones II y III, el cual establece que es prohibido para los particulares portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, de ahí que para su portación sería necesario justificar ser parte de las fuerzas armadas del país; lo que no fue demostrado dado que no se exhibió algún medio de convicción; respecto a la agravante también el juez responsable la acreditó, al referirse que solamente se bastaba que se portara cuando menos dos o más armas de la contempladas para el uso exclusivo de las fuerzas castrenses, que se demostró pues se localizaron seis artefactos bélicos anteriormente descritos como del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. Por otra parte, en cuanto a la probable participación de los imputados, lo datos de prueba valorados por el Juzgador de la causa, hasta este momento son suficientes para acreditar una coautoría respecto de la portación de las armas de fuego aseguradas; pues al estar en el interior del vehículo que tripulaban válidamente tenían disponibilidad de esas armas; máxime que una tipo fusil se localizó entre el asiento del copiloto y la consola central, siendo la identificada como arma de fuego tipo fusil, calibre Multi (5.56 Nato en cañón), marca Anderson, modelo AM-15, matrícula 16443567, desabastecida, es decir, a un lado del copiloto, y el resto de los artefactos bélicos en la cajuela del automotor, conducta en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal; sin advertir alguna causa de atipicidad, justificación, de inculpabilidad o de causa de extinción de la acción penal. Así, con dichos datos de prueba, el Juez consideró de manera correcta y justificada, que son aptos y suficientes, para pronunciar el auto de vinculación a proceso en contra de Kevin Morales Lozano y Janira Abigail Hernández Jaramillo, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el 11, incisos b), c) y e), con la agravante contemplada en el segundo párrafo del numeral 83, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; ello, en el grado de probabilidad que es el estándar que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales y por tanto son suficientes para emitir un auto de vinculación a proceso, pues para ello ponderó, de manera preponderante, los deposados de los elementos captores que conocieron los hechos que expusieron ante la agente del Ministerio Público, de manera directa, sin que se advierta que hayan emitido su versión de los hechos con una finalidad distinta a la de hacer del conocimiento del ministerio público los hechos que les constaron, tampoco se advierte que hayan sido con el afán de perjudicar a los imputados, por lo que se desprenden indicios que permiten establecer la actualización de las conductas que se le reprochan. De ahí que sea dable colegir que, de acuerdo con la pretensión ministerial, es manifiesto que la conducta investigada se trata de un actuar doloso, en cuanto a que existen datos de que los sujetos activos actuaron con conocimiento de los elementos de los hechos con apariencia de delito, pues se advierte que conocían los elementos objetivos del hecho y no obstante quisieron su realización. Así, los datos de prueba se estiman correctamente ponderados por el Juez de Control, al haber sido considerado idóneo por ser actuaciones realizadas por personal en ejercicio de sus facultades legales, expresando detalles, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En este orden, debe decirse que para el dictado de la vinculación a proceso, no se requiere de un cumulo probatorio amplio, porque el representante social no presenta pruebas formalizadas para el hecho y menos la responsabilidad de los imputados, sino solo hace referencia a los datos que establezcan en grado de probabilidad que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión. En efecto, el auto de vinculación a proceso es una fase previa al juicio oral, pues forma parte de la etapa de investigación en la que el imputado es informado de que existen hechos por los cuales la autoridad ministerial realiza una investigación sobre su persona; sin embargo, al ser un acto procesal que afecta derechos fundamentales, debe satisfacer estándares mínimos de protección judicial, por lo que en la decisión de vinculación a proceso se debe precisar la fundamentación y motivación de los datos de investigación por los que se ha llegado a ese convencimiento. Bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, para decidir sobre la vinculación a proceso el juzgador debe emplear un grado de razonabilidad, a partir del contraste entre lo expuesto por la representación social y por la defensa o por el indiciado en vía de réplica, teniendo como normas rectoras la legalidad (la cita de hechos tipificados como delitos y datos de información), la confrontación (entre las versiones y la información que pueda confirmarlas); la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por las partes) asegurando con ello el interés del Estado en la impartición de justicia y salvaguarda de los derechos de las partes. La valoración razonable se vincula al deber de fundar y motivar adecuadamente la determinación judicial. Esto implica que el juzgador no puede limitarse a la enunciación genérica de los datos de la carpeta de investigación, sino que debe justificarlos y ponderarlos de forma pormenorizada, exponiendo de manera particular el alcance y peso de cada uno de los datos de investigación, encuadrando la conducta a la norma penal, permitiendo identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Además, entre el sistema tradicional y el actual (acusatorio y oral), en éste cambia el estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación solo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión 216/2013 en sesión de doce de febrero de dos mil catorce, señaló que de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primer párrafo del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución General, y del análisis de la exposición de motivos de dicha reforma, se advierte que el Constituyente reformador determinó, en principio, que la investigación en el procedimiento penal y la consecuente acusación se apoyarían solo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido, y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos, y la existencia de la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. También precisó que en el sistema penal acusatorio, la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso se encuentran regulados dentro de la etapa de investigación que da inicio al procedimiento penal, cuya finalidad tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos constitutivos del delito y la determinación sobre la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por lo que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito lo investigará y en su caso promoverá la persecución penal. Ello, dijo, porque de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional reformado, el Agente del Ministerio Público promoverá y dirigirá la investigación, quien podrá realizar por sí mismo -o encomendar a la policía-, todas las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, pudiendo allegarse para ello de diversos medios de investigación. Por tanto, señala la Superioridad, debe considerarse a la etapa de investigación como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, y es por ese motivo que el registro de los medios anteriormente señalados, de considerarse idóneos, pertinentes y suficientes para formular la acusación, se llevará a cabo en la carpeta de investigación que al efecto integre el Ministerio Público; sin embargo, tales actuaciones carecen de valor probatorio para el dictado de la sentencia, por disposición expresa de la fracción III del Apartado A del artículo 20 Constitucional, salvo que se autorice el anticipo de prueba o la incorporación por lectura o reproducción en la audiencia de juicio oral. En tal virtud, refiere la Primera Sala, el Ministerio Público, para solicitar el dictado de una orden de aprehensión o formular la imputación, solo hará una recolección de los datos; siendo relevante destacar que el Agente Investigador está obligado a no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable y, sobre todo, cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso. Así, la petición de la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso se sustentan en los datos que se contienen en la carpeta de investigación que al efecto integra el Ministerio Público. De lo anterior, refiere que el objetivo de la solicitud del dictado de una orden de aprehensión es traer al imputado ante el juez de control para poder iniciar los actos posteriores de investigación; y por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso; de ahí, respecto del contenido de la carpeta de investigación debe considerarse que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, pues la convicción final será la del Juez. Dado lo antes expuesto, señala, se puede colegir que bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, el dictado de la resolución sobre la vinculación o no del imputado al proceso, se debe basar en el estudio de los datos en que se sustente la imputación, así como en la razonabilidad de los argumentos expuestos por la Representación Social, que deben resultar suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el Juez de garantía. Además, acotó que solo en el caso de que exista controversia entre los intervinientes respecto del contenido de la carpeta de investigación, el Juzgador podrá verificar su contenido. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 160950, Décima Época, Materias Común, Penal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, de octubre de 2011, Tomo 2, página 689, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor." Así, con base en las consideraciones expuestas, al no apreciar violación a los derechos humanos y sus garantías, en perjuicio de los quejosos Kevin Morales Lozano y Janira Abigail Hernández Jaramillo, y no advertir deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** y **********, con relación al acto reclamado y autoridad responsable precisada en los considerandos segundo y quinto de esta sentencia, por las razones ahí esgrimidas. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********, hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado signado por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la audiencia constitucional acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos versátiles digitales compulsados en formato DVD (por sus siglas en ingles), remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante **********, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. *MGCJ/Jeam/spm

  4. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 98/2022-VII, promovido por ********** y **********, y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, la que por razón de turno le correspondió conocer a este juzgado, promovida por ********** y ********** en el que solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia, en funciones de Juez de Control, con domicilio en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes reclamó: El auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 13/2022. SEGUNDO. Tramitación del incidente de suspensión. Mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós se admitió la demanda, se ordenó la tramitación de este incidente de suspensión, se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se desahogó el día de hoy. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Concede la suspensión definitiva. En principio, a efecto de resolver sobre la suspensión, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclamó de dichas autoridades, la vinculación a proceso así como su ejecución. La autoridad responsable, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia, en funciones de Juez de Control, con domicilio en esta ciudad, al rendir su respectivo informe previo por lo que hace a la vinculación a proceso acepto la existencia del acto consistente. Previo a realizar pronunciamiento respecto a la suspensión definitiva, es necesario destacar que en la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que, por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. De ahí que, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte ("reglas generales") de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. Por tanto, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: que la suspensión sea solicitada por el agraviado y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, con fundamento en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que los quejosos ********** y **********, queden a disposición de este juzgado, en el lugar en que se encuentren, por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición del Juez de Control responsable para la continuación del proceso penal 13/2022. Asimismo, respecto de los efectos procesales del auto de vinculación a proceso, indíquese al Juez encargado de la causa penal 13/2022 instruida en contra de los quejosos, que a efecto de evitar un cambio de situación jurídica que acarree la consumación irreparable de las violaciones constitucionales que reclama, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, deberá suspender el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificado del acuerdo en que quede firme la resolución definitiva que recaiga a este juicio de amparo, lo que la autoridad responsable deberá acreditar ante este juzgado. Medida cautelar que surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136, primer párrafo de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.II.P. J/10 P (10a.), sustentada por Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, junio de 2021, Tomo IV, página 3865, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO, PUEDE SER MATERIA DE SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: Los órganos jurisdiccionales contendientes, al resolver el incidente de suspensión (revisión), analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, toda vez que para uno de ellos, en tratándose del auto de vinculación a proceso, la suspensión en el juicio de amparo indirecto no procede, pues considera que no trae implícita la aplicación de alguna medida cautelar para la afectación de la libertad dentro del procedimiento del orden penal, mientras que para el otro, es procedente conceder la suspensión del acto reclamado, porque es un acto que afecta la libertad personal. Criterio jurídico: Este Pleno de Circuito determina que, procede conceder la suspensión contra el auto de vinculación a proceso. Justificación: Lo anterior, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", estableció que el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando esa determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a procedimiento. Consecuentemente, el auto de vinculación a proceso sí puede ser materia de suspensión en el juicio de amparo indirecto, para lo cual deberá tomarse en consideración lo previsto por los artículos 163 y 166 de la ley de la materia." Por lo expuesto y fundado, se, Resuelve: ÚNICO. Se concede a ********** y ********** la suspensión definitiva que solicitaron, a través de su defensor, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma la licenciada **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el licenciado ********** secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano