Kristell Adzuira Sanchez Palau

Expediente 1661/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1661/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/01/2023

Partes del expediente

  • Kristell Adzuira Sanchez Palau

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno tanto físico como electrónico. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Kristell Adzuira Sánchez Palau, contra actos del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con dos copias que se acompañan, que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1661/2022-VII. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, de la citada legislación, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, esto es, una para la autoridad responsable y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, aclare su demanda en los siguientes términos. ÚNICO. Clarifique en forma cronológica, ordenada, congruente, clara y concreta, los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto que efectivamente reclama, debiendo precisar para tal efecto, la fecha en que hubiese presentado la demanda laboral que refiere promovió contra el titular del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Finanzas, ambos en el Estado de San Luis Potosí. Lo anterior se considera indispensable, pues no obstante en el apartado relativo a "actos reclamados" señaló que la presentación de la demanda fue el veintidós de noviembre de dos mil veintidós; sin embargo, de los hechos que relata, bajo protesta de decir verdad, en el apartado correspondiente, se observa que la demanda la presentó el doce de septiembre de dos mil veintidós. Por lo cual se estima que la citada quejosa deberá esclarecer dicho extremo, bajo protesta de decir verdad, de modo que pueda comprenderse lo acontecido en torno al acto que por esta vía se pretende reclamar. En la inteligencia de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la omisión reclamada, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; numeral que en lo conducente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Apercíbase a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del citado 14, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Eréndira Litzahaya Castillo Molina y Varinia Hernández Cruz, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del aludido numeral a Raúl Castillo Torres, por así solicitarlo. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio, a través del primero de los usuarios que se proporcionan. Asimismo, se tiene a la aludida promovente, proporcionando el correo electrónico y número telefónico que menciona, a efecto de entablar comunicaciones no procesales que deriven del presente asunto. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.

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