Kevin Eriel Niño Ramirez
Expediente 636/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Kevin Eriel Niño Ramirez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio y anexos de cuenta signado por la Síndico Municipal en funciones del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, toda vez que la misma no es parte en el presente juicio. Hecho lo anterior, vuelva el presente expediente al archivo donde se encontraba. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida vía electrónica por Kevin Eriel Niño Ramírez, por conducto de César Augusto Aguilar Garlant quien bajo protesta de decir verdad señala que tiene reconocida su calidad como abogado defensor, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General conjunto 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede San Luis Potosí conforme lo prevén el artículo 3, párrafo quinto y séptimo, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emitieron la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en el cual regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 636/2021-IV. En atención a su contenido y como lo prevé el diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, indíquese a las partes de la tramitación electrónica del presente juicio de amparo a través del sistema PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por lo anterior, se ordena a la responsable del Registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, y al Secretario vigile la digitalización oportuna y de manera legible de las constancias que en su caso integraran el presente juicio de amparo. Ahora bien, examinada la demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. De los términos del escrito de demanda se advierte que el promovente del amparo reclama del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede San Luis Potosí, los actos que hizo consistir: 1.- La resolución emitida en audiencia intermedia de dieciséis de junio del año en curso, dentro de la causa penal 613/2019 que se le instruye por el delito de homicidio calificado, en donde se excluyen dos medios de prueba ofrecidos por la parte aquí quejosa, a decir, el primero, la testimonial con cargo a Brenda Berenice Delgado Mora y, la segunda con cargo a Santos Alemán Vázquez. 2.- El auto de apertura de juicio dictado el dieciséis de junio del año en curso una vez que concluyó la audiencia intermedia dentro de la causa penal 613/2019. Así, de conformidad con los artículos 113, 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se dijo, debe desecharse de plano la demanda por notoriamente improcedente, en virtud de que el quejoso inobservó el principio de definitividad, porque previamente a promover el presente juicio de amparo, debió agotar el recurso de apelación. El numeral citado contiene el principio de definitividad que rige a los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar, revocar o anular la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se hayan agotado los recursos ordinarios de defensa; por tanto, es improcedente en contra de resoluciones recurribles. Destacado lo anterior, conviene reiterar que en el caso, el quejoso reclama la resolución en audiencia intermedia de dieciséis de junio del año en curso dictada dentro de la causa penal 613/2019, en donde se excluyeron dos medios de prueba ofrecidos por la parte aquí quejosa, así como el auto de apertura a juicio dictado el dieciséis de junio del año en curso una vez que concluyó la audiencia intermedia dentro de la referida causa penal. En tal sentido, a fin de establecer si se surte o no la causa de improcedencia en análisis, es menester determinar si en las leyes ordinarias se prevé un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En el caso concreto, de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se advierte que el juez de control el dieciséis de junio del presente año, dentro de la audiencia intermedia excluyó dos medios pruebas ofrecidas por la parte aquí quejosa y dictó auto de apertura a juicio. En este sentido, es dable concluir que la autoridad responsable, al haber excluido dos de los medios de prueba ofrecidos por la defensa del quejoso, actualiza el supuesto de apelación contenido en los ordinales citados del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, el acto que se tilda de inconstitucional por el quejoso, debe ser impugnado mediante el recurso de apelación previsto, específicamente, en el artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en virtud de él es factible lograr su modificación, revocación o anulación. En otras palabras, el quejoso está obligado a agotar el aludido recurso previamente a promover el presente juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de este medio de defensa, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de modificar o revocar el auto reclamado, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tanto que no se advierte que el inconforme esté en alguno de los supuestos de excepción que prevé dicha legislación. Se afirma ello, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no consiste en un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa y tampoco afecta a persona extraña al procedimiento, en virtud de que el quejoso es el acusado en el juicio de origen. Finalmente, no se está en el supuesto de que el recurso de apelación que debió agotar la parte quejosa, deba sujetarse a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. En este último aspecto, cabe precisar que la citada excepción no se actualiza atento a que, para considerar que en contra del acto aquí reclamado procede el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se requiere mayor interpretación que la simple lectura del referido artículo; de ahí que no existe duda en cuanto a que dicho medio de defensa es procedente en contra del acto reclamado. Así pues, no nos encontramos ante un caso de excepción, en el que no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del amparo, por lo que la procedencia del juicio constitucional está condicionada al cumplimiento del principio de definitividad, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese tenor, la parte quejosa está obligada a promover el recurso de apelación en contra del acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. En esas condiciones y puesto que el amparo es un juicio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de impugnación previstos por la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar, revocar o anular los actos que vayan a reclamarse, y al no haberlo hecho así el quejoso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado analizado. Sin que escape a la atención del suscrito, que la parte quejosa señale como acto destacado al auto de apertura a juicio, empero de la lectura de la demanda, resulta claro que el mismo no se reclama por vicios propios, sino que de lo que fundamentalmente se queja el impetrante, es de la exclusión de los diversos medios de prueba, como una consideración precisamente del auto de apertura a juicio oral. De ahí que, si esa inadmisión se dio en la propia audiencia intermedia, es claro que el recurso de apelación debía agotarse previo a interponer el presente medio extraordinario de defensa. Por todo lo expuesto, con fundamento en las disposiciones antes precisadas, así como 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda promovida por Kevin Eriel Niño Ramírez, por conducto de su abogado defensor César Augusto Aguilar Garlant, contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede San Luis Potosí. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte promovente. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Por lo expuesto y fundado, se acuerda: ÚNICO. Se desecha de plano por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por Kevin Eriel Niño Ramírez, por conducto de su abogado defensor César Augusto Aguilar Garlant, contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede San Luis Potosí, por las consideraciones expuestas. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa vía electrónica.
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