Laura Berenice Normandia Aranda
Expediente 959/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Laura Berenice Normandia Aranda
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de diciembre de dos mil veinte Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Laura Berenice Normandía Aranda, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos con iniciales I.V.N. y E.S.V.N.; anexos y copias que de ello acompaña, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar con sede en esta ciudad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 959/2020-III. Ahora bien, sin necesidad de abordar los antecedentes del acto reclamado, es pertinente precisar que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 6°, todos de la Ley de Amparo, debido a que la demanda de amparo, carece de la firma de la parte promovente, a través de la cual se manifieste su voluntad de instar la presente acción constitucional. Bajo esa óptica jurídica, el artículo 6° de la Ley de Amparo dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. En el caso se tiene que la parte quejosa reclama la resolución de siete de diciembre de dos mil veinte, por las que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto, a su vez, en contra del acuerdo por el que se le impuso una multa dentro del expediente de origen. Consecuentemente, en virtud de que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte de ejercer un derecho, se manifiesta mediante la firma o si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; o bien, en el caso de la demanda presentada vía electrónica, debe demostrarse que fue enviada con la firma electrónica de quien reciente el agravio personal y directo; por tanto, es evidente que en el caso no es factible colmar ese requisito, ante su ausencia. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo en cuestión carece del signo correspondiente a la directamente agraviada, que se traduzca en la firma autógrafa que exteriorice la voluntad de la persona que demanda la protección constitucional; y, dado que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, debe declararse improcedente el juicio que nos ocupa. Como consecuencia, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al no existir petición de la parte quejosa que figura como afectada por el acto de autoridad. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Ahora, atendiendo que en el caso probablemente se promueve el amparo en favor de menores de edad, y acorde al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de proteger la identidad y bienestar de los mismos, se ordena suprimir de las actuaciones del presente procedimiento, en la medida de lo posible y necesario, el nombre completo así como cualquier otro dato que pueda revelar la identificación de los mismos, debiendo referirse a ellos con sus iniciales en caso indispensable o bien, sólo aduciendo "a los menores", según se estime necesario. Por ende, se instruye a los actuarios adscritos a que de igual forma, que no se inserte en la lista de acuerdos o cualquier actuación que lleven a cabo, el nombre o datos de identificación de los menores de edad en comento; lo anterior sin perjuicio de las medidas de protección que se dicten. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I); se autoriza a Julio Cesar Martínez Vázquez, la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio, así como las notificaciones respectivas por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con el usuario "jcmartinezv". Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente, vía electrónica a través del usuario que proporciona, teniendo como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral.
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