Kodiak Alberto Salas Lemus
Expediente 396/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 01/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Kodiak Alberto Salas Lemus
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de octubre de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de agosto de la presente anualidad, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa y por la otra se NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE REMITEN CONSTANCIAS Por otra parte, como resulta innecesaria la permanencia de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se ordena devolver las constancias que anexó como sustento a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
. V I S T O S los autos del juicio de amparo número VIII-396/2019, promovido por ********************contra actos de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, turnado a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, al día siguiente hábil, ********************solicitó la protección constitucional contra actos de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número VIII-396/2019; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de autoridad con sede en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir: De la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, la omisión de vigilar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio administrativo JA-1157/2017-III. Del Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del Ayuntamiento de Morelia y del Presidente Municipal, todos con residencia en esta ciudad, la omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio administrativo JA-1157/2017-III. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Magistrada de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, al señalar que dicha sala conoce del juicio administrativo en comento, a cuyo efecto remitió copia certificada del citado juicio. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Por su parte las restantes autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, en el asunto que nos ocupa debe desvirtuarse la manifestación aludida, porque el acto reclamado es de carácter omisivo, lo que implica que las responsables debieron acreditar el cumplimiento de una obligación, ya que la negativa vertida implica una afirmación y, en la especie, no se probó el cumplimiento de tal obligación. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuye a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, respecto de los actos omisivos reclamados a las autoridades responsables Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Ayuntamiento de Morelia y Presidente Municipal, todos con residencia en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad a que estaba obligado, al no haber interpuesto el recurso de queja. El citado precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". En la fracción citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario el acto no es reclamable en amparo. Tal máxima implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, es decir, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del juez común. Es sabido que según la teoría general del proceso, a través de los medios de impugnación ordinarios se pretende demostrar ante el tribunal de alzada competente que el inferior que dictó la resolución impugnada, no aplicó correctamente la ley en el caso en concreto, o arribó a esa resolución violando las normas esenciales del procedimiento; por lo que de resultar exitosa su promoción, el agravio inicialmente causado puede desaparecer, sin embargo, si no se ejercen, a pesar de que aquél persista, solo el gobernado debe soportar las consecuencias de no haberse defendido por los recursos legales procedentes y conducentes. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de las normas antes referidas, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima actualizada la primera de ellas. Los elementos cuya configuración dan lugar a que se integre la causal de improcedencia en análisis, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Debe señalarse que, no obstante el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, la propia Ley de Amparo establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En ese sentido, los contados casos de excepción a este principio, son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Ahora bien, tratándose del ejercicio de un derecho humano, ello trae aparejado como consecuencia que no debe existir obstáculo jurídico que implique la imposibilidad de hacer valer un acceso efectivo a la justicia. En seguimiento de la idea de que la parte quejosa puede acudir en sede ordinaria y combatir el acto de que se duele, resulta conveniente recordar que el quejoso reclama la omisión en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio administrativo JA-1157/2017-III. Una vez precisado lo anterior y como se adelantó, este juzgador considera que, respecto del acto reclamado, el quejoso debió agotar el recurso de queja establecido en el artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 287. La queja se presentará ante el Pleno y procederá en contra de los siguientes actos: I. Resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; II. Resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo, cuando se trate de una sentencia dictada, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; III. Omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; o, IV. Incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. La queja podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en la fracción III y IV, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia". Del artículo transcrito se advierte lo siguiente: La queja se presentará ante el Pleno. La queja procederá contra: a) La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; b) La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo, cuando se trate de una sentencia dictada, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; c) La Omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; o, d) Contra el incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. La queja podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en la fracción c y d, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a la instancia correspondiente. Por otro lado, del artículo 290 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, se advierte que la resolución que recaiga a la queja podrá tener, entre otros efectos, anular la resolución repetida, dejar sin efectos la resolución que provocó la queja; declarar la nulidad de las actuaciones; asimismo, establece que cuando se trate de una omisión, se estará a lo dispuesto por el diverso 287 del mismo ordenamiento que establece los supuestos en que es procedente la queja, esto es, que en caso de que la autoridad persista en no dar cumplimiento se dará vista al Ministerio Público. De lo hasta aquí expuesto se advierte que el recurso de queja es el medio de impugnación procedente e idóneo en contra del acto aquí reclamado, porque el quejoso se duele de la omisión en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio administrativo. De ahí, que en la especie resulte procedente el recurso de queja contra tal omisión, pues como se patentizó, dicho medio de impugnación procede en contra de la omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia. También debe precisarse que el quejoso no se ubica en diversa causa de excepción del principio de definitividad; porque el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco consiste en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; y, la quejosa no es persona extraña al procedimiento pues fue parte del juicio ordinario familiar. En ese orden, es inconcuso que la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado, a través del recurso de queja previsto en el artículo 287, fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, antes de promover el presente juicio constitucional; de ahí, al no hacerlo así, resulta obvio que incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; máxime, que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de excepción a que se refiere dicho numeral. Máxime si se tiene en consideración que en el caso, nos encontramos en el supuesto contenido en la fracción III, esto es, se combate la omisión de cumplir una sentencia, por lo que el quejoso está en aptitud de interponer el recurso de queja las veces que estimara necesarias previo a promover el presente juicio de amparo. No pasa inadvertido el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 154/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 180278 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Octubre de 2004 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 154/2004 Página: 381 QUEJA. AQUELLA QUE BUSCA EL PUNTUAL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PUEDE PROMOVERSE EN UNA SOLA OCASIÓN POR CADA UNO DE LOS SUPUESTOS DE SU PROCEDENCIA (ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 239-B, fracción I, del Código Fiscal de la Federación establece dos géneros de queja, de acuerdo al momento procesal en que se intente: a) La enderezada contra el incumplimiento por parte de las autoridades demandadas respecto al auto en que se concede al actor la suspensión del acto impugnado, y b) La intentada para lograr el puntual cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, también existen cuatro supuestos de procedencia de esta instancia en la etapa de cumplimentación del fallo anulatorio: a) por exceso en el cumplimiento de las sentencias; b) por defecto en su cumplimiento; c) por repetición del acto anulado; y, d) por omisión de las autoridades obligadas al cumplimiento. En estos casos, el particular podrá ocurrir en queja "por una sola vez" a la Sala Regional o Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el entendido de que ello significa que podrá acudir a dicha instancia por una sola ocasión, en cada uno de los diferentes supuestos previstos en la norma. Contradicción de tesis 138/2003-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Noveno Circuito y Segundo del Noveno Circuito. 18 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Constanza Tort San Román. Tesis de jurisprudencia 154/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de octubre de dos mil cuatro. Sin embargo, dicho criterio interpreta el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en el que sí se establece que la queja sólo se puede interponer una sola vez contra los supuestos ahí establecidos, entre ellos, por la omisión de las autoridades de dar cumplimiento, mientras en el caso y como ya quedó asentado, el Código de Justicia Administrativa no limita el número de ocasiones en que se puede interponer la queja en contra de la omisión de cumplir una sentencia sino sólo cuando se trate de los siguientes supuestos: a) La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; b) La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo, cuando se trate de una sentencia dictada, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. En consecuencia, al no haberlo realizado en esos términos, se actualiza la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La determinación hasta aquí adoptada no contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso judicial o positivo, sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. El precepto aludido, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: A efecto de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. (.) Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Igualmente ha señalado que el artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos y que de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar; subrayando que para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla y agregando que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En el mismo sentido se ha pronunciado la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el artículo 17 Constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que de hecho el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso el quejoso, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Finalmente, al no actualizarse diversa causal de improcedencia respecto del acto reclamado a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en esta ciudad, el suscrito procede a realizar el análisis correspondiente respecto del acto que se le atribuye a dicha autoridad responsable. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Es infundado el concepto de violación aducido por la parte quejosa, ya que contrario a lo que señala, la autoridad responsable no ha sido omisa en vigilar o procurar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio administrativo JA-1157/2017-III. Para sostener dicho argumento, en el caso conviene hacer un breve análisis de las actuaciones procesales relativas al juicio de origen que así lo evidencian: El ocho de agosto de dos mil dieciocho, la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en esta ciudad, dictó sentencia en el juicio administrativo JA-1157/2017-III, en la que se declaró la nulidad del acto impugnado, además de señalarse que se debía devolver a los actores las diferencias de pago por el serviio de agua potable. Mediante auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en esta ciudad, declaró que dicha sentencia había causado ejecutoria y se requirió a las autoridades demandadas para que dieran cumplimiento a la misma. Por diverso auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Tercero Administrativo del citado tribunal, dio vista a la parte actora, aquí quejosa, con el oficio mediante el cual se pretendía dar cumplimiento a la ejecutoria; en mérito de ello, el autorizado de la parte actora realizó diversas manifestaciones. Siendo así que por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Tercero Administrativo del referido tribunal, realizó de oficio la revisión del cumplimiento de la sentencia y ordenó remitir nuevamente los autos a la Magistrada de la Tercera Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a fin de que se hiciera cumplir la sentencia en los estrictos términos en que había sido dictada. Mediante proveído de diez de enero de dos mil diecinueve, la citada magistrada se avocó nuevamente al conocimiento del asunto. Cabe destacar que el catorce de marzo de dos mil diecinueve, la parte actora, aquí quejosa promovió incidente de incompetencia respecto del juez administrativo, mismo que se desechó mediante auto de veinte de ese mismo mes y año, toda vez que en ese momento la magistrada responsable se había avocado nuevamente a conocer del juicio natural. Posteriormente, el dos de abril de dos mil diecinueve, se promovió incidente de liquidación de sentencia, mismo que se admitió a trámite el diez de abril de dos mil diecinueve, y que se encuentra pendiente de resolver. Como se ve, originalmente la sala responsable realizó el primer requerimiento tendente al cumplimiento de la sentencia, posteriormente el Juzgado Tercero Administrativo en una revisión oficiosa del cumplimiento dado a la ejecutoria, determinó que quien debía velar por su acatamiento era la sala que dictó la sentencia, la cual se avocó a su conocimiento en enero de este año, y de esa fecha al día de hoy resolvió el incidente de incompetencia planteado y admitió a trámite el diverso incidente de liquidación de sentencia, el cual tiende a cuantificar los saldos a favor de cada uno de los actores en el juicio administrativo derivados de los pagos indebidos que se hicieron por concepto del servicio de agua potable. Der ahí que no sea factible determinar que existe una total omisión por parte de la sala responsable de vigilar el cumplimiento de la sentencia, ya que a la fecha se han desplegado actos tendentes a ello, incluso se admitió un incidente para cuantificar las cantidades que habrán de devolverse a los actores, lo cual es necesario e indispensable para lograr el debido acatamiento de la sentencia. Lo anterior, aun cuando el artículo 284 de la ley que regula el procedimiento de origen, establece que si dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que haya causado ejecutoria la sentencia, ésta no se cumpliere, el tribunal de oficio o a petición de parte, hará uso de los medios de apremio previstos por dicho código. Ya que de la propia narración hecha con antelación puede advertirse que durante la etapa de ejecución se presentaron diversas cuestiones que han imposibilitado que la autoridad competente haga uso de esos medios de apremio, tales como el hecho de que originalmente conocía del juicio el Juzgado Tercero Administrativo y posteriormente declinó la competencia a favor de la Tercera Sala responsable, quien no pudo realizar mayor gestión en razón de que se tramitó un incidente de incompetencia y posteriormente se presentó el incidente de liquidación, el cual está pendiente de resolverse. Además cabe destacar la trascendencia de dicho incidente, ya que resulta indispensable que en el mismo se cuantifiquen y determinen las cantidades que habrían de devolverse a los actores en el juicio administrativo. De tal modo que, no puede aseverarse que existe una total omisión de parte de la sala responsable como lo señaló el quejoso. Asimismo, si bien los actos desplegados han sido motivados por el propio actor, quien ha instado para que se verifique la ejecución de sentencia, cabe reiterar que han existido también diversas cuestiones como la de competencia que son de previo y especial pronunciamiento y que han impedido legalmente que la autoridad competente, de oficio, procure el cumplimiento de la sentencia. Por lo que, al estar tramitándose el incidente de liquidación que tiende a la cuantificación de las cantidades que habrán de devolverse a los actores del juicio administrativo, no puede considerarse que exista la omisión reclamada. Por tanto, ante lo infundado del concepto de violación aducido por el quejoso, lo procedente es negar la protección constitucional respecto del acto reclamado a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso ********************en contra del acto reclamado a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, dos de julio de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por Leumim Vera Medina, gestionando como delegado de la autoridad responsable del presente incidente de suspensión, por el cual solicita se señale nueva fecha para el desahogo de la prueba de inspección judicial, atento a lo anterior dígasele que se esté a lo acordado en proveído de uno de julio del año en curso, para los efectos legales conducentes. DIFERIMIENTO AUDIENCIA INCIDENTAL Finalmente, como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra el desahogo de la prueba de inspección judicial ordenada en autos, en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia incidental que refiere el artículo 208 de la Ley de Amparo señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.-JLL-ireriarantxa
- Incidental
Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil diecinueve. SE PROVEE RAZÓN ACTUARIAL. Agréguese a los presentes autos, para que obre como corresponde la razón de cuenta levantada por la Actuaria adscrita a éste Juzgado Federal, en la que asienta que no le fue posible llevar a cabo la diligencia ordenada en autos, por las razones a que alude. Ahora bien, toda vez que no fue posible llevar a cabo el desahogo de la prueba de inspección judicial ordenada en autos, en consecuencia se señala nueva fecha para el desahogo de la misma, fijándose para las DIECISÉIS HORAS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DICINUEVE. En consecuencia, se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado, a fin de que notifique el presente proveído a la parte quejosa, a fin de que permita el acceso al inmueble ubicado en calle Pedro Sainz de Baranda, número 105, fraccionamiento Jardines de Torremolinos en esta ciudad, a fin de llevar a cabo el desahogo de la prueba de inspección judicial admitida en auto de diecisiete de junio de la presente anualidad. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá en la sentencia que se dicte en el presente asunto, una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 237 y 259 de la Ley de la materia en vigor. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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