Kiara María Reyes Solorio

Expediente 506/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
506/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Kiara María Reyes Solorio

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de trece de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por Kiara María Reyes Solorio. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ARCHIVO. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de os expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: Número de expediente: 660/2021 Acuerdo: V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 660/2021-VII, promovido por Alberto Javier Carranza Sandoval, contra actos del Juez Quinto en Materia Civil de este Distrito Judicial; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial y posteriormente remitida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, Alberto Javier Carranza Sandoval, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Juez Quinto en Materia Civil de este Distrito Judicial: "IV. ACTO RECLAMADO: I. La resolución de fecha 11 once de mayo del presente año, en el cual se resuelve de improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 26 de abril de la presente anualidad, ante el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro de la tercería excluyente de dominio, registrado con el número 785/2020 en el índice de ese mismo juzgado. II. El acuerdo de fecha 19 de mayo de 2021, en el cual se ordena la entrega de los bienes rematados y adjudicados". El dos de julio de dos mil veintiuno, previo auto de prevención, el Juez Segundo de Distrito en el Estado, declinó la competencia respecto de los actos indicados en el primer numeral para remitirla al Tribunal Colegiado, y se estableció que el juicio de su índice sólo se seguiría contra dicho acto, ordenando la separación de juicios, respecto del acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, referido en el numeral II. TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el nueve de julio de dos mil veintiuno se remitió a este juzgado copia certificada del juicio, por lo que en auto de doce de julio se avocó al conocimiento y respecto del segundo acto previa prevención, el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número VII-660/2021; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, porque se reclama un acto emanado en un juicio sumarísimo civil emitido por autoridades y con ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: El auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio 937/2010 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el que se fijó día y hora para la entrega de los bienes embargados y adjudicados a favor del actor. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, toda vez que al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, puesto que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, lo que se corrobora con la constancia que obra a foja 157 del cuaderno de amparo remitido por la responsable; tal notificación surtió efectos en la misma fecha y empezó a correr al día siguiente hábil al que se realizó, como lo dispone el artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles del Estado (veinte de mayo de dos mil veintiuno); por tanto, el término para la promoción del juicio de amparo inició el veinte de mayo de dos mil veintiuno y concluyó el nueve de junio del año en cita, término al que se le descuentan los días hábiles correspondientes. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el dos de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen. Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil diez, Blas Montañez Martínez, promovió juicio en la vía sumarísima civil demandando de Muebles para Baño S.A. DE C.V.", sobre rescisión del contrato de arrendamiento, desocupación y entrega de inmueble y el pago de las rentas insolutas, entre otras prestaciones. En sentencia emitida el catorce de enero de dos mil once, se declaró procedente la acción de rescisión de contrato escrito de arrendamiento, condenando a la parte demandada a entregar al actor el inmueble arrendado, así como el pago de rentas vencidas, gastos y costas generados. La anterior determinación fue combatida mediante el recurso de apelación, del cual conoció la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien en resolución de treinta de marzo del año dos mil once, confirmó el fallo apelado. El veinte de mayo de dos mil once, se pusieron los autos tácitamente en estado de ejecución, y en auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó valuar diversos bienes muebles embargados mediante diligencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete. En diligencia levantada el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de remate en octava almoneda, en la cual se declaró fincado el remate de los bienes muebles embargados en favor de la parte actora. El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se requirió a la parte demandada del pago de la cantidad de $177,730.39 (ciento setenta y siete mil setecientos treinta pesos 39/100 moneda nacional), y en caso de no hacerlo, se autorizó trabar embargo a fin de garantizar el monto de las prestaciones exigidas.En diligencia efectuada el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se decretó el embargo de diversos muebles, consistentes en accesorios para baño; así como un montacarga marca Toyota, carretilla elevadora, modelo 42-5FG25, color naranja con negro, a fin de garantizar las prestaciones reclamadas.En doce de marzo de dos mil veinte, se mandó valuar los bienes muebles embargados, y se requirió a la demandada para que designara perito de su parte. Por escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte, se emitió avalúo pericial en el que se determinó que el monto del avalúo de los bienes asciende a la suma de $123,997.00 (ciento veintitrés mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 moneda nacional), con el cual se mandó dar vista a las partes.10. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte, el autorizado de la parte demanda designó perito valuador.11. En siete de agosto de dos mil veinte, se determinó tener por no realizada la designación, por haberse realizado fuera del término legalmente conferido para tal efecto.12. El catorce de agosto de dos mil veinte, se determinó tener por no realizadas las objeciones planteadas contra el dictamen emitido por la parte actora, al haberse efectuado de forma extemporánea.13. Inconforme con esa determinación la allá demandada interpuso recurso de revocación en contra de dicho auto, por lo que el diecinueve de ese mes y año se admitió el recurso, y el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se declaró improcedente (Foja 307). 14. El quince de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a Alberto Javier Carranza Sandoval, promoviendo tercería excluyente de dominio, en contra de Blas Montañez Martínez, Muebles para Baño, Sociedad Anónima de capital variable, Israel José Bedolla Ávila y Manuel María Erreguerena Alvaitero, y en ese auto se ordenó la suspensión del juicio principal. 15. En ejecutoria de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el Magistrado de la Novena Sala Civil, en esta ciudad, resolvió el recurso de apelación y confirmó la audiencia de remate impugnada (foja 1207 a 1214) 16. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó levantar la suspensión del procedimiento, y se autorizó al actuario adscrito a la responsable, a efecto de que requiriera al depositario judicial de la entrega de los bienes rematados y adjudicados en favor de la parte actora, fijándose las diez horas del once de junio de dos mil veintiuno, apercibido que de no hacer la entrega de los bienes, se harían efectivos los medios de apremio. De igual forma, la autoridad responsable acompañó a su informe cuaderno formado con motivo de la tercería excluyente de dominio, del que se desprenden los siguientes antecedentes. 1. Por escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte, Alberto Javier Carranza Sandoval, promovió tercería de excluyente de dominio dentro de los autos del juicio sumarísimo civil 937/2010. 2. El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el escrito y se previno al promovente, y el quince de diciembre de ese año, se admitió a trámite. 3. En auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se decretó la caducidad de la instancia. 4. Inconforme con esa determinación, el tercerista promovió recurso de apelación, por lo que el once de mayo de dos mil veintiuno, se desechó dicho recurso. 5. Contra los autos de veintiséis de abril de dos mil veintiuno y once de mayo de ese año, el quejoso promovió amparo indirecto, actos de los que conoció el Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien declinó la competencia al Tribunal Colegiado en turno de este circuito, y por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, siendo registrado bajo el número 383/2021. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se omitirá el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado descrito en el considerando segundo de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, ya que la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio, como a continuación se explica. Los artículos 908, 909, 910, 911 y 912 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, señalan: "Artículo 908. Las tercerías excluyentes son de dominio o de preferencia; las primeras deben fundarse en el dominio que sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que se ejercite alega el tercero; las segundas, en el mejor derecho que éste deduzca para ser pagado". "Artículo 909. Es aplicable a las tercerías excluyentes lo dispuesto en el artículo 900 de este Código, respecto de la forma de la tercería. Las tercerías excluyentes pueden oponerse en todo negocio, cualquiera que sea su estado, con tal de que, si son de dominio sobre los bienes en cuestión, no se haya dado posesión de ellos al rematante o al actor, y si son sobre la acción que se ejercita, o de preferencia, no se haya hecho el pago al actor". "Artículo 910. Las tercerías excluyentes se sustanciarán en cuerda separada, con los mismos trámites y procedimientos del juicio en que se hubieren interpuesto, para que se resuelvan en una misma sentencia, a cuyo fin se suspenderá el que fuere más avanzado o cuando llegue al estado de citación para sentencia". "Artículo 911. Cuando las tercerías excluyentes se promuevan después de pronunciada sentencia en el juicio principal, y procedan conforme al artículo 909 de este Código, se sustanciarán en la forma y términos establecidos; y se fallarán teniendo presente lo resuelto en el negocio principal. Si esto hubiere dado lugar a la segunda instancia y aun no estuvieren remitidos los autos al superior, se suspenderá la remisión hasta hacerla juntamente con los de la tercería. Si ya se hubiere verificado la remisión de los autos principales, se avisará al superior que está pendiente la tercería, para que suspenda el juicio cuando se halle en estado de sentencia y para que cuando la tercería guarde estado, falle ambos negocios juntamente". "Artículo 912. En el caso del artículo anterior, si la tercería fuere de dominio, el juicio principal se suspenderá hasta que se decida la tercería. Si ésta fuere de preferencia, el juicio principal seguirá hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago, que se hará, definida la tercería, al acreedor que tenga mejor derecho. Entre tanto, se depositará en una institución de crédito o en institución financiera, el precio de la venta". De lo anterior se obtiene que en un juicio seguido por dos o más personas, puede un tercero presentarse a deducir otra acción distinta de la que se debate entre aquéllos. Ahora, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (P./J. 7/98), ha determinado que el tercero extraño a juicio es aquel que no fue parte material en un procedimiento y que, sin embargo, sufre un perjuicio con la resolución o ejecución que en el mismo se emita, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; también se ha equiparado a éste, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, a quien habiendo sido señalado como parte en el procedimiento, no fue emplazado o lo fue incorrectamente. Precisado lo anterior, en el presente caso, el peticionario de amparo señaló como acto reclamado el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio 937/2010 del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el que se fijó día y hora para la entrega de los bienes embargados y adjudicados a favor del actor. Ahora, no obstante que el quejoso compareció como tercero extraño a este juicio de amparo, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que promovió tercería excluyente de dominio, dentro del citado juicio 937/2010, respecto del mismo bien inmueble que ahora reclama su embargo, y del que en auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se decretó la caducidad de la instancia. Inconforme con esa determinación, el tercerista promovió recurso de apelación, por lo que el once de mayo de dos mil veintiuno, se desechó dicho recurso. Contra dicho auto el quejoso promovió amparo indirecto, actos de los que conoció el Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien declinó la competencia al Tribunal Colegiado en turno de este circuito, y por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, siendo registrado bajo el número 383/2021. Ahora, de la consulta al Sistema de Seguimiento de Expediente Electrónico, como un hecho notorio para este juzgado, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, se obtuvo que el citado juicio de amparo se resolvió en ejecutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y en otra se negó el amparo y protección de la justicia federal. De todo lo anterior, se aprecia que el quejoso, desde el cinco de noviembre de dos mil veinte, promovió tercería excluyente de dominio, dentro del juicio de origen, respecto del mismo bien mueble del que ahora reclama su embargo, por lo que se deduce que desde esa fecha perdió su carácter de tercero extraño a juicio, por ende, el juicio de amparo es improcedente. Cabe señalar que la tercería excluyente de dominio se hace valer con el propósito de acreditar que se tiene derecho de propiedad sobre determinado bien, a fin de sustraerlo de la ejecución que lo afecta, esto es, que el indicado trámite tiene por objeto que se declare que el tercero opositor es dueño del bien que está en litigio en el juicio, que se levante el embargo que ha recaído sobre él y que se le devuelva con todos sus frutos y accesorios. En ese sentido, si el quejoso se ostentó como tercero extraño a juicio, pero de los hechos de su demanda de amparo se advierte que con anterioridad, ya hizo valer un medio ordinario de defensa, como lo es la tercería excluyente de dominio, incluso, hasta llegar al juicio de amparo directo; por tanto, el juicio biinstancial es improcedente, pues el inconforme no tiene el carácter con que se ostentó, es decir, perdió su calidad de tercero extraño a juicio desde la promoción de dicha tercería, y en virtud de que el juicio de amparo indirecto no es un medio subsidiario de defensa, éste resulta improcedente. Es así, en razón de que la fracción VI, del artículo 107, de la Ley de Amparo, contiene la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fuera, dentro o después de concluido el juicio que afecten a aquella persona que no ha figurado en el juicio natural como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, es decir, cuando se dicte una resolución que afecte de manera directa a un tercero extra a un juicio, éste podrá promover amparo indirecto. De ahí que, si en el presente caso, el quejoso desde el cinco de noviembre de dos mil veinte, promovió tercería excluyente de dominio dentro del juicio de origen, es claro que desde esa fecha ya no tenía el carácter de tercero extraño a juicio, por lo que tuvo la oportunidad de promover el medio de defensa que estimara conveniente, para defender el bien inmueble embargado que dice es de su propiedad, optando por la promoción precisamente de la tercería excluyente de dominio. En consecuencia, si el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, aplicado éste en sentido contrario, en el presente caso al no tener el peticionario de amparo el carácter de tercero extraño, el juicio de amparo resulta improcedente, pues, se insiste, el ahora recurrente desde el momento en que promovió la tercería excluyente de dominio sobre el bien mueble en litigio, perdió su calidad de tercero extraño a juicio, ya que no debe perderse de vista que la finalidad con la promoción de la tercería tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado. Es aplicable al respecto la tesis que dice: Registro digital: 2014489 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: XXI.2o.C.T.11 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 3026 Tipo: Aislada "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL TERCERO OPOSITOR, QUIEN CON ANTERIORIDAD PROMOVIÓ TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y AGOTÓ LOS RECURSOS ORDINARIOS A SU ALCANCE. De acuerdo con el artículo 1362 del Código de Comercio, será tercero opositor aquel que comparezca a juicio a deducir una acción distinta a la debatida entre las partes; asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 7/98, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.", determinó que el tercero extraño a juicio es aquel que no fue parte material en un procedimiento y que, sin embargo, sufre un perjuicio con la resolución o ejecución que en aquél se emita; también se ha equiparado a éste, a quien habiendo sido señalado como parte en el procedimiento, no fue emplazado o lo fue incorrectamente. Así, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. En ese sentido, para efectos del juicio de amparo indirecto, no tiene el carácter de tercero extraño a juicio el tercero opositor, quien con anterioridad promovió tercería excluyente de dominio dentro de un juicio ejecutivo mercantil y agotó los recursos ordinarios a su alcance; es así, pues la finalidad de dicha tercería es que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado; por tanto, desde que hace valer ese medio ordinario de defensa, pierde su calidad de tercero extraño a juicio". DIVERSA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Más aún que si desde el cinco de noviembre de dos mil veinte el quejoso hizo valer la tercería excluyente de dominio, es inconcuso que desde esa data tuvo conocimiento de los actos reclamados y, por ende, estuvo en posibilidad de promover la acción constitucional; de ahí que si la hizo valer hasta el dos de junio de dos mil veintiuno, entonces, resulta también notoriamente extemporánea, actualizando la diversa causa de improcedencia del artículo 61, fracción XIV en relación con los diversos 17, primer párrafo y 19 de la Ley de Amparo. Incluso, respecto del acto reclamado consistente en el requerimiento de entrega de los bienes embargados y adjudicados, dentro del juicio 937/2010, el suscrito estima que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;...". En ese sentido, el artículo 5° de la ley de la materia prescribe que el ejercicio de la acción constitucional está reservada en exclusiva a quien resiente un perjuicio, con motivo de la ley o el acto de autoridad que se impugna; por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano constitucional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Asimismo, la procedencia del juicio de amparo presupone no sólo la demostración de un interés jurídico, sino además la afectación de ese interés por el acto reclamado; de ahí que para la procedencia del juicio de garantías no basta que se acredite tener derecho sobre determinados bienes, sino que debe probarse que con los actos de las responsables se afecta o se pretende afectar esos derechos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 10, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Ahora, del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que se llevó a cabo el embargo de un montacargas marca Toyota, modelo 42-5fg25, con capacidad para 1,500 kilogramos, color amarillo con negro. A efecto de acreditar la titularidad del derecho que dice violado, el quejoso ofreció como prueba copia fotostática cotejada ante notario público número ciento setenta y uno el nueve de marzo de dos mil veinte, de la factura 0016 expedida en favor de Alberto Javier Carranza Sandoval, el uno de enero del año dos mil diez. Ahora, si bien puede establecerse que la factura adquirió la calidad de fecha cierta al haber sido ratificada ante notario público el nueve de marzo de dos mil veinte, lo cierto es, que dicho documento no resulta apto para demostrar el interés que le asiste al quejoso para defender el derecho subjetivo que resulta de la misma. Lo anterior es así porque la fecha cierta corresponde a una data posterior a la diligencia de embargo realizada el diecinueve de febrero de dos mil veinte; de ahí que no puede ser tomado en consideración para los fines pretendidos. Aunado a lo anterior, cabe precisar que el referido documento tampoco puede ser considerado como factura, porque no reúne la totalidad de los requisitos a que se refería el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente en la fecha de expedición de la factura, a saber: "Artículo 29-A.- Los comprobantes a que se refiere el Artículo 29 de este Código, además de los requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente: I.- Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente de quien los expida. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes. II.- Contener impreso el número de folio. III.- Lugar y fecha de expedición. IV.- Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien expida. V.- Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. VI. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, desglosado por tasa de impuesto, en su caso. VII.- Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación. VIII.- Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado. IX. Tratándose de comprobantes que amparen la enajenación de ganado, la reproducción del hierro de marcar de dicho ganado, siempre que se trate de aquél que deba ser marcado. Los comprobantes autorizados por el Servicio de Administración Tributaria deberán ser utilizados por el contribuyente, en un plazo máximo de dos años, dicho plazo podrá prorrogarse cuando se cubran los requisitos que al efecto señale la autoridad fiscal de acuerdo a reglas de carácter general que al efecto se expidan. La fecha de vigencia deberá aparecer impresa en cada comprobante. Transcurrido dicho plazo se considerará que el comprobante quedará sin efectos para las deducciones o acreditamientos previstos en las Leyes fiscales. Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, respecto de dichas operaciones deberán expedir comprobantes simplificados en los términos que señale el Reglamento de este Código. Dichos contribuyentes quedarán liberados de esta obligación cuando las operaciones con el público en general se realicen con un monedero electrónico que reúna los requisitos de control que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general". En esos términos, no es dable afirmar que la factura exhibida por la quejosa reúna tal calidad, porque en dicho documento sólo se asentó el RFC de quien expidió la factura, a nombre de quien va dirigida, pero carece del lugar de expedición, del RFC del adquirente aquí quejoso; por lo tanto, la documental exhibida no es suficiente para acreditar su interés jurídico. Lo anterior es así, porque cuando se trate de muebles que son identificables con datos inequívocos, y es idónea la exhibición de la factura o documentos que se le equipare y algún otro medio que robustezca ésta, de los cuales se desprenda que el quejoso, además de la propiedad, tenga la posesión de los bienes. En cambio, si la factura relativa carece de todos los requisitos para su validez; entonces, además de los elementos de convicción precisados deberán aportarse al sumario pruebas tendentes a demostrar la identidad de los bienes que afirma la parte quejosa le pertenecen, con lo que fueron objeto de los actos reclamados y que esos bienes eran los únicos con las características indicadas por la quejosa, existentes en el lugar y fecha de ejecución del acto reclamado. En vía de orientación es aplicable la tesis aislada del siguiente contenido: Época: Octava Época Registro: 212600 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Mayo de 1994 Materia(s): Común Tesis: XIV.21 K Página: 465 "INTERES JURIDICO RELATIVO A LA PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES, COMPROBACION DEL. Para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que de la demanda de garantías, informes justificados y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: a). Una persona determinada (principio de instancia de parte); b). Un derecho legítimo de ésta; c). La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d). Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e). La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Así, si en el caso se reclaman violaciones al derecho de propiedad de bienes muebles, evidentemente el referido interés jurídico debe demostrarse de manera fehaciente. Si tales muebles son identificables con datos inequívocos, bastará la exhibición de la factura o documento que se le equipare, y algún otro medio que robustezca ésta, de los cuales se desprenda que el quejoso, además de la propiedad, tenga la posesión actual de los bienes. En cambio, si no son identificables, entonces, además de los elementos de convicción precisados con antelación deberán aportarse al sumario las pruebas tendientes a demostrar la identidad de los bienes que afirma la parte quejosa le pertenecen, con los que fueron objeto de los actos reclamados, y que esos bienes eran los únicos con las características indicadas por la quejosa, existentes en el lugar y fecha de la ejecución del acto reclamado". Ahora, es cierto que la parte quejosa para acreditar su interés también exhibió contrato de arrendamiento de montacargas por tiempo indefinido, celebrado el veintiocho de octubre de dos mil dieciocho entre Alberto Javier Carranza Sandoval y la persona moral "Muebles para baño, S.A. de C.V.", representada por Israel José Bedolla Ávila, respecto de un montacargas marca Toyota, modelo 42-5fg25, con capacidad para 1,500 kilogramos, color amarillo con negro. Sin embargo, para efectos del juicio de amparo, tal documento es insuficiente para acreditar que el quejoso es propietario del mueble referido, con anterioridad al acto reclamado, pues carece de fecha cierta y únicamente acredita de manera indiciaria la existencia de un acuerdo de voluntades entre particulares respecto del arrendamiento de un bien mueble, pero no así la fecha cierta del contrato de arrendamiento, ni la propiedad del mueble afecto; toda vez que con la existencia de una fecha cierta del contrato de que se trata, se garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. En efecto, para que los documentos privados sean susceptibles de acreditar el interés jurídico para los efectos del amparo, requieren ser de fecha cierta, la cual se adquiere en tres supuestos:a) A partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad;b) Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; o,c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes.El cumplimiento de cualquiera de las hipótesis que anteceden genera, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la certeza de la existencia del documento con el que se pretende demostrar el interés para pedir la protección constitucional. Son aplicables al caso concreto las jurisprudencias que dicen: Época: Sexta Época Registro: 818042 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen LXVI, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 63 "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes". Así como la diversa jurisprudencia que dice: Época: Novena Época Registro: 192662 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Diciembre de 1999 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 46/99 Página: 78 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales". Lo cual resulta aplicable en el caso concreto, puesto que la ley exige que esta clase de contratos se celebren o ratifiquen ante fedatario público, a fin de que adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, a efecto de conferirles valor probatorio pleno. En el caso a estudio, el documento que exhibió el promovente carece de fecha cierta, pues no existe constancia de que fuera presentado ante una autoridad en ejercicio de sus funciones, ni se encuentra acreditada la muerte de alguno de sus suscriptores. Además, cabe destacar que del contrato de arrendamiento no se advierte que el ahora quejoso ostente la propiedad del mueble de que se trata; aunado a que como se dijo, carece de fecha cierta. Al caso concreto es aplicable la jurisprudencia que dice: Época: Octava Época Registro: 1002355 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 289 Página: 309 "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En esos términos, es dable afirmar que el quejoso no acredita un interés jurídico que permita a este órgano de control constitucional analizar si dentro del juicio de origen se emitió algún acto que vulnere su derecho de propietario del mueble de referencia. En consecuencia, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, pues la existencia de los actos reclamados, no lo releva de la obligación de acreditar su interés jurídico, máxime que se ostenta como tercero extraño a juicio en estricto sentido, por lo cual se sobresee este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al juzgado responsable, pues no se controvierten por vicios propios. Es aplicable la jurisprudencia que dice: Época: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Al decretarse el sobreseimiento no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Es orientador por no ser contrario a la actual Ley de Amparo, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alberto Javier Carranza Sandoval, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el considerando segundo, con base a las razones expuestas en los dos últimos considerandos de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. HOMÓLOGO FEDERAL INFORMA, SE ORDENA NOTIFICACIÓN PERSONAL QUEJOSA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Francisco I. Madero Oriente, número 2396, interior 3, Colonia Vasco de Quiroga y como domicilio particular el ubicado en calle Hanicua, número 130 del Fraccionamiento Prados del Campestre, ambos en esta ciudad. En tal virtud, se ordena notificar a la parte quejosa el proveído de trece de mayo de dos mil veintidós en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa el proveído de trece de mayo de dos mil veintidós. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA BLAS MONTAÑEZ MARTINEZ, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 660/2021-VII, promovido por Alberto Javier Carranza Sandoval, contra actos del Juez Quinto en Materia Civil de este Distrito Judicial; y R E S U L T A N D O: .... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alberto Javier Carranza Sandoval, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el considerando segundo, con base a las razones expuestas en los dos últimos considerandos de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

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