Lamberto Reyes Prado
Expediente 635/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lamberto Reyes Prado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. Vista la cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien le afecta el sentido de la presente resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con fecha de engrose de siete de agosto de dos mil diecinueve, en la que se este juzgado declaró carecer de competencia legal, para resolver el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, en acatamiento a la sentencia dictada en el presente asunto, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos del presente juicio de amparo, un tomo de pruebas relativo al mismo, así como los cuadernos incidentales derivados del presente juicio, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, Michoacán, para que a su vez sea turnado al órgano jurisdiccional que corresponda por razón de turno, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia; Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 635/2019 promovido por el Lamberto Reyes Prado, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le resultó el carácter de tercero interesado a María Olga Cortés Prado, quien fue debidamente emplazada al presente juicio, como se desprende de autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Finalmente, se da cuenta con la omisión en que incurrió la autoridad responsable "Director de Catastro en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad", de no rendir su informe justificado, no obstante de haber sido requerida con la oportunidad debida como se obtiene de la cédula de notificación que obra agregada en autos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Ahora, en lo referente a la omisión en que incurrió la autoridad responsable descrita con antelación, provéase lo conducente al momento de emitir la sentencia respectiva, sin que sea obstáculo para llevar a cabo la presente audiencia constitucional. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: a). El Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. b). El Tesorero Municipal de Chilchota, Michoacán. c). El Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Ténganse por relacionados los informes de referencia rendidos con antelación y que ya obran en autos. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos la documental que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda; asimismo obran en un tomo de pruebas por separado, las constancias que la autoridad responsable remitió como sustento de su informe justificado, medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente hizo manifestaciones en esta vía, la tercera interesada María Olga Cortés Prado, mediante escrito presentado en la Oficialía de partes de este juzgado el dos de agosto del año en curso. EL JUEZ: Ténganse por formulados los alegatos de referencia, con los cuales se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo número 635/2019-IX, promovido por Lamberto Reyes Prado, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, y otra autoridades ; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el tres de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en la Entidad, por razón de turno, Lamberto Reyes Prado promovió demanda de amparo, contra las autoridades mencionadas a supralíneas, de quien reclamó el acto que precisó de la siguiente manera: "De la primer autoridad señalada como responsable, le reclamo el ilegal e infundado procedimiento realizado dentro del Juicio de Jurisdicción Voluntaria sobre diligencias para acreditar hechos de posesión, registrado bajo el número de expediente 142/2019 que se tramitó en el Juzgado Tercero Civil de Zamora, Michoacán, por defectos en el emplazamiento, así como el resolutivo dictado dentro del mismo en fecha 14 catorce de marzo del 2019 dos mil diecinueve, del cual solicto a este órgano jurisdiccional se le requiera al Juez Tercero Civil de Zamora, Michoacán, de las constancias que integran el expediente de referencia para que las remita a esta autoridad como prueba de mi petición. Del Tesorero municipal y/o Director de Urbanística del Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán, se combate el ilegal e infundado traslado de dominio autorizado para su inscripción al padrón de contribuyente del impuesto predial y registro catastral a nombre de María Olga Cortés Prado u Olga Cortés Prado. Del Director de Catastro en el Estado de Michoacán, se combate la ilegal e infundada inscripción de la propiedad materia del presente amparo a nombre de María Olga Cortés Prado u Olga Cortés Prado. Dirección del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán, la ilegal e infundada inscripción de la escritura generada con motivo del oscuro procedimiento ordenado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, dentro del Juicio de Jurisdicción Voluntaria sobre diligencias para acreditar hechos de posesión promovido por María Olga Cortés Prado u Olga Cortés Prado. Acto que en el decir del promovente del amparo vulnera en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se ordenó registrar y admitir el asunto bajo el expediente 635/2019-VII; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Asimismo, en auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, se reconoció el carácter de tercero interesada a María Olga Cortés Prado, en términos de lo que dispone el artículo 5, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Por último, en el día y hora señalado para tal efecto, tuvo verificativo la audiencia constitucional correspondiente, en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, cuyo contenido se reproduce en seguida: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales transcritos se obtiene que los tribunales de la Federación son competentes para conocer de las controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridades que vulneren los derechos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se desprende que, para determinar la competencia del juzgador que habrá de conocer y resolver determinado asunto, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, esto es, que resulta indispensable observar las consecuencias y efectos del mismo; en otras palabras, debe advertirse si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Al respecto, cobra aplicación la tesis que se reproduce a continuación: "Época: Novena Época Registro: 189167 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.1o.A.44 A Página: 1299 "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Competencia 81/2000. Entre los Jueces Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y Sexto de Distrito en el Estado de México. 23 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: José Antonio Montoya García. Nota: Por ejecutoria de fecha 31 de marzo de 2004, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 104/2003-PS en que participó el presente criterio". Sobre este último aspecto pueden identificarse las siguientes hipótesis: Será competente el juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Aquel ante el que se presente la demanda, si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; El juez de Distrito, donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material; Sentado lo anterior, se tiene en cuenta que, de acuerdo al escrito inicial de demanda y demás constancias allegada al sumario, se desprende que el promovente reclama de las autoridades responsables, los siguientes actos: La falta de emplazamiento al juicio de jurisdicción voluntaria 142/2019 del índice del Juzgado Tercero Civil de Zamora, Michoacán; y, como consecuencia, el traslado de dominio e inscripciones realizadas a partir de dicho procedimiento. También se obtiene que el quejoso Lamberto Reyes Prado aduce que los actos inmediatamente precisados afectan su derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en el número 07 de la calle Privada de Morelos del poblado de Tanaquillo, Chilchota, Michoacán, mismo que corresponde a su domicilio particular. Además, es de destacarse que únicamente el Juez Tercero Civil de Zamora, Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado, pues dicha autoridad señaló que ante dicho órgano jurisdiccional, se tramitaron las diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar hechos de posesión, promovido por María Olga Cortes Prado, en el expediente 142/2019, razón por la cual allegó las constancias respectivas. Lo expuesto permite concluir que, en el caso, el órgano jurisdiccional competente para conocer del presente asunto es un Juzgado de Distrito en turno, residente en Uruapan, Michoacán. Es así, porque si bien el peticionario de amparo señaló autoridades responsables que residen dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal ejerce jurisdicción, lo cierto es que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural que tendrá efectos positivos en diverso lugar donde este órgano federal tiene jurisdicción. Como se ve, en apariencia, el quejoso reclamó un acto negativo; sin embargo, debe tomarse en cuenta que dicha omisión, sí lleva imbíbita ejecución, por lo cual opera la primera regla en el artículo 37 de la Ley de Amparo, a efecto de establecer la competencia respectiva. Para ello, hay que establecer qué se entiende por "actos negativos", respecto a lo cual conviene hacer referencia a lo que la doctrina ha apuntado sobre dicho tópico. El tratadista Genaro Góngora Pimentel precisa que, el acto es negativo cuando a través de él la autoridad se rehúsa expresamente a obrar en favor de la pretensión del gobernado. También señala que, la negación se entiende como un no conceder o en decir que una cosa no es cierta. Dentro los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades, que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado que es lo que los diferencia de los actos prohibitivos (donde la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos) y de los omisivos (donde la autoridad se abstiene de actuar). Por su parte, el derecho jurisprudencial interno ha señalado la existencia de los actos negativos con efectos positivos, partiendo del conocimiento de los primeros. La limitación de estos actos estriba en los efectos que producen (que se identifican con los efectos provocados por los actos positivos) y que se traducen en actos efectivos por las autoridades que tienden a imponer obligaciones a los individuos, apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos. En el caso, de acuerdo a los términos en que se encuentra planteada la demanda y teniendo a la vista las constancias del juicio 142/2019, se puede concluir que ese "no actuar" por parte de la autoridad responsable tiene efectos positivos, pues la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al procedimiento de origen, lo que trae como consecuencia la privación del ejercicio de un derecho como es el impugnar por medio de los recursos de ley, la determinación de las determinaciones ahí tomadas; esto es, tiene efectos positivos y, por ende, ejecutables en el lugar en donde deberían de llevarse a cabo, esto es, Privada de Morelos número 07 del poblado de Tanaquillo, Chilchota, Michoacán. Lo anterior, permite establecer que, en la especie, respecto de los actos reclamados, se actualiza la primera regla de competencia contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, que indica que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate de ejecutar, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, la competencia para conocer de la demanda de cuenta, se surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Uruapan; tal conclusión se debe toralmente al hecho de que la ejecución del acto se materializa en el municipio de Chilchota, Michoacán, acorde con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero del mismo año, que establece: "XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro." Consecuentemente, lo que se impone es declinar la competencia para resolver el asunto de que se trata y remitir el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Por ese motivo, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y demás constancias relativas, así como de la presente resolución. Al respecto, resulta aplicable, en lo conducente la siguiente tesis: "Época: Sexta Época Registro: 813526 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Informes Informe 1960 Materia(s): Común Tesis: Página: 32 AMPARO. SUS EFECTOS EN RELACION CON LA NATURALEZA POSITIVA O NEGATIVA Y MODO DE EXPRESAR LOS ACTOS RECLAMADOS. De acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Amparo, "la sentencia que lo conceda tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija". Ahora bien, el artículo 16 constitucional otorga la garantía de que todo mandamiento de autoridad competente, además de constar por escrito, funde y motive la causa legal del procedimiento. De ahí que consagre desde el punto de vista del que se ocupa esta sentencia por un lado, una garantía definidamente formal, como lo es la consistente en la expresión de los motivos y fundamentos legales del acto, y por otro lado, una garantía material, como lo es la consistente en la existencia real de los motivos del acto y en la vigencia y aplicabilidad de las leyes invocadas (a reserva de que dichos motivos se comprueben por la propia autoridad, si su acto llega a impugnarse). En consecuencia, serán diferentes los efectos del amparo según que la garantía violada sea la formal o la material. Pero en cada caso es indispensable distinguir, además, si el acto violatorio de garantías es de carácter positivo o negativo, y, asimismo, distinguir dicho carácter o naturaleza intrínseca del acto como positivo o negativo, del simple sentido en que se exprese, adoptando una forma positiva o negativa. Esta última diferencia resulta imprescindible, porque la Ley solo atiende a la naturaleza intrínseca del acto y no a su forma de expresión. Así, el acto será de carácter o naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva, esto es, en una abstención en dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la ley conceda para que ingrese al patrimonio jurídico de los ciudadanos una vez emitido el acto de la autoridad; en tanto que será de naturaleza o de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la autoridad responsable pretende, equivocada o maliciosamente que es lo que la ley ordena, redundando el acto en la imposición de una carga o en la privación de un derecho que ya figura en el patrimonio jurídico del quejoso. Para darse a conocer el acto de naturaleza o carácter positivo o negativo será diferente, por tanto, que se use una forma de expresión a su vez negativa o positiva; pues el acto de la autoridad bien puede consistir en negarse a derogar una prohibición injustificada y en tal caso, aunque expresado en forma negativa, su naturaleza es positiva, puesto que entraña la privación del ejercicio de algún derecho; o bien, en hipótesis contraria, puede expresarse positivamente mediante un mandato imperativo, pero será de naturaleza negativa si el mandato impone a la autoridad una conducta omisiva o de abstención. Así, entonces cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenado o prohibiendo, para definir la naturaleza o carácter negativa de su acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso algo que en derecho le corresponde; o, para definir su carácter positivo, si el acto redunda en imponer al quejoso alguna carga a la que no se está obligado, o en privarlo ilegal o ilícitamente de algún derecho que figura en su patrimonio jurídico. Hechas estas aclaraciones, resulta, en cuanto a las garantías que otorga el artículo 16 constitucional que la violación de la forma tiene carácter o naturaleza negativa, puesto que consiste en la abstención de expresar los motivos y fundamentos del acto; en tanto que la violación de la materia tiene carácter o naturaleza positiva, puesto que consiste en la actuación de la autoridad con redundancia en imponerle al quejoso una carga que no le corresponde o con redundancia en privarlo de algo que figura en su patrimonio jurídico. Por ello es que le efecto del amparo, en el primer caso, consistirá en obligar a que se respete la garantía formal, y, en consecuencia, en dejar expedito el ejercicio de sus atribuciones la autoridad, para que posteriormente o bien ésta omita el propio acto en el sentido en que lo estima procedente, pero ya conforme a la ley aplicable y según sean los motivos que la determinan para actuar, o bien, si el acto no fue probado por petición del quejoso, se abstenga de dictarlo, si dicha autoridad estima que así procede legalmente. En el segundo caso, es decir, por violación de la garantía material, a su vez pueden distinguirse dos situaciones: a) que el acto carezca de motivos, si así se desprende del informe de la autoridad, o que ésta no llegue a comprobar la existencia de los que invocara; b) que el acto carezca de todo apoyo legal y así también se desprenda del informe de la autoridad, o bien, que en forma equivocada o maliciosa, casos en los que es presumible la ausencia de todo apoyo legal, se hayan invocado como sus fundamentos, disposiciones inaplicables. En cualquiera de estas situaciones, si el acto tuvo por redundancia imponer carga no correspondiente al quejoso, o privar a éste de un derecho existente en su patrimonio jurídico, el efecto del amparo, al deber restituirse al quejoso en el pleno goce de las garantías violadas conforme al artículo 80 de la ley de la materia, será restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, liberándolo de la carga impuesta o no impidiendo de el ejercicio o el disfrute del derecho existente en su patrimonio jurídico. En la especie, según ya se examinó al principio de este considerando, la autoridad expresó pero no demostró la existencia de los motivos que determinaron el acto que le fue reclamado. En consecuencia, consistiendo éste en una conducta comisiva a cuya virtud se le impusieron determinadas cargas al quejoso, el efecto del amparo debe ser el que se le restituya en el goce de las garantías violadas, y por tanto, que se le libere de las cargas en cuestión, puesto que de plano queda inexistente el acto omitido por la autoridad responsable. Se confirma la sentencia recurrida y se concede el amparo solicitado. Amparo 4738/57. "Telas Nuevas de Calidad", S. A. 26 de octubre de 1960. Unanimidad de cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen XL, Tercera Parte, página 26, tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS." El énfasis es añadido. Cabe señalar que un criterio similar sobre el tema de que un acto negativo como la falta de emplazamiento a un juicio puede tener efectos positivos que deben atenderse para fijar la competencia legal, sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Décimo Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 01/2019 de su índice, sustentado entre este órgano jurisdiccional y Sexto de Distrito, ambos en el Estado de Michoacán. SEGUNDO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado se declara legalmente incompetente para resolver el presente juicio de garantías. SEGUNDO. Remítase el presente asunto al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil diecinueve. SE APERSONA. Agréguese a los presentes autos, el escrito de cuenta signado por María Olga Cortes Prado; atento a su contenido, téngasele por apersonándose al presente Juicio de Amparo, para los efectos legales procedentes; FORMULA ALEGATOS. Por otro lado, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tienen formulando los alegatos que a su parte corresponden; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en el acto de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya Secretaria que autoriza. Doy fe.Svm/Edy
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil diecinueve. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Vista la certificación de cuenta se advierte que el término de tres días concedido a la tercero interesada María Olga Cortés Prado, en proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, a la fecha ha concluido sin que hubieren hecho uso de tal derecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído en cita, por ende, háganse las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto haga la designación correspondiente, lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
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