Katia Ramírez Morales

Expediente 652/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
652/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/06/2019

Partes del expediente

  • Katia Ramírez Morales
  • Presidente de la Junta Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha fenecido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto diecisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del veinte al veintiséis del mes y año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el escrito signado por Ramiro Rodríguez Alvarado, autorizado de la quejosa KATIA RAMÍREZ MORALES, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de siete de junio de dos mil diecinueve. Ahora bien, vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio de la misma, de los que se advierte que aquélla resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Asimismo, el 107, fracción III, inciso b), Constitucional, establece: "ARTÍCULO. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine esta ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ....". En efecto, del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En la especie, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en tener indefinidamente retrasado el juicio laboral 3C-3340/2015, desde el cinco de octubre de dos mil dieciséis, pues en la audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, la responsable enderezó nuevamente el procedimiento, con lo que dilata del juicio. En el caso concreto, el citado acto reclamado no se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 607, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como la jurisprudencia número 613, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En la especie, como ya se dijo, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres-C de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en la dilación en el procedimiento del juicio laboral 3C-3340/2015, desde el cinco de octubre de dos mil dieciséis, promovido por la ahora peticionaria del amparo, pues en la audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, la responsable endereza nuevamente el procedimiento y dilata del juicio. De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional, respecto del acto aquí reclamado, no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la dilación procesal que dice la parte quejosa consiste en la reanudación de la audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, donde se manda notificar a los atestes de la parte demandada, en un sin fin de veces y requerimientos, en el juicio oral de origen, sólo constituye meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no son de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, porque no se afectan los derechos sustantivos de la agraviada. Es así, porque en la especie la solicitante del amparo refiere, en esencia, que con motivo de la dilación que dice existe en el procedimiento del juicio laboral de origen, se transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 17 constitucional. Esto es, la peticionaria del amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del procedimiento del juicio laboral de que se trata, sin embargo, el acto reclamado por aquélla no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo (la reanudación de la audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, donde se manda citar nuevamente a los testigos de la parte demandada, en un sin fin de veces y requerimientos, dada la negativa y omisión de la responsable de declarar desierta la prueba). Es así, porque la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la peticionaria es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Máxime que este juzgador no advierte que exista una abierta dilación del procedimiento laboral de que se trata o paralización total del mismo, dado que como la propia quejosa lo refiere en su demanda de amparo, la Junta responsable ha estado actuando y llevando a cabo los actos procesales que estima procedentes a efecto de llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, dentro del juicio de origen, esto es, dicho asunto no está paralizado, pues se ha estado actuando para el desahogo de ese medio de convicción. No pasa inadvertido para este juzgado, la circunstancia de que la peticionaria del amparo manifieste en su demanda de amparo que el juicio laboral se encuentra retrasado desde el cinco de octubre de dos mil dieciséis, sin que se haya logrado la comparecencia de los testigos ofrecidos por la parte demandada, lo que ha ocasionado una dilación en dicho asunto, lo anterior, porque esa circunstancia en modo alguno constituye una abierta dilación o paralización total del juicio laboral de origen, pues se insiste, la propia quejosa señaló en su demanda de amparo que la Junta responsable ha estado llevando a cabo todos los actos a su alcance para lograr la comparecencia de los testigos ofrecidos por la parte demandada, y si ello no se ha logrado, ha sido por circunstancias ajenas a la misma. De ahí que, como ya se dijo, el acto reclamado por la quejosa, no es de los considerados como de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues constituye una violación de carácter adjetivo que no trasciende a la esfera de la parte quejosa, en detrimento material de sus derechos sustantivos. En otras palabras, como se anticipó, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del laudo respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.Agréguese a los autos copia certificada del oficio STCCNO/410/2019, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, a través del cual hace saber que en sesión celebrada el tres de junio de dos mil diecinueve, con relación a la Cédula CAR 74/2019-II, presentada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del citado Consejo, determinó comunicar tanto a este órgano jurisdiccional, como al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, que inicia el auxilio a este Juzgado Noveno de Distrito en esta entidad federativa, a partir del mes de junio de dos mil diecinueve; asimismo, refiere que el apoyo que se otorga será motivo de revisión mensual por la aludida Comisión. Ahora, tomando en consideración que el presente juicio de amparo fue designado por el turno aleatorio para la remesa mensual de cincuenta y cinco juicios de amparo, se ordena enviar de inmediato el original del juicio en que se actúa, al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, pronuncie la resolución correspondiente. Asimismo, incorpórese el auto de envío, fórmese cuaderno de antecedentes (con copia certificada de las constancias necesarias) y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, dígase a las partes que a fin de facilitar a los justiciables el seguimiento de la situación que guardan los expedientes remitidos al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, se podrán consultar en la página de internet de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la dirección http://www.dgepj.cjf.gob.mx, un extracto de carácter informativo de la lista diaria de acuerdos tomados en los expedientes de los órganos jurisdiccionales auxiliados; lo anterior, para los efectos legales a que hubiere lugar. NOTIFIQUESE.

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