Kathia Yajaira Olague Valdez

Expediente 200/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
200/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Kathia Yajaira Olague Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido por el artículo 20, fracción I), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 200/2023, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SentenciaEn Ciudad Juárez, Chihuahua, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 200/2023-VI, promovido por *******, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades.Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito, en esa misma data, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, y otras autoridades. Segundo. Derechos que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneró en su perjuicio el derecho previsto en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda con el número 200/2023-VI, se previno a la quejosa a fin de que señalara con precisión y claridad los actos reclamados al Congreso del Estado de Chihuahua, y una vez hecho lo anterior, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, atendiendo a la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclama lo siguiente: Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición de los ordenamientos legales siguientes: Del Decreto 406/08 IP.O., los artículos 3 fracciones V, XVI, XXIII y XIV, y 21, de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua; Del Decreto 850/95 XVIII P.E., los numerales 148 y 149 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; Del Decreto 818/95 XVIII P.E., los artículos 1 al 32 de la Ley de Catastro; Del Decreto 112/2004, los artículos 22, 24, 27, 28 y 32 de la Ley de Catastro; y las fracciones XL y XLI del artículo 28; los incisos d) y e), e inciso f) del artículo 146 y los artículos 148 y 149 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; Del Decreto 786/06., los artículos 3, en sus fracciones XIX, XX, XXII y XXIII; 4, fracción II, inciso b); 6, fracción IV y su primer párrafo; 8; 12; 14; 15; el Capitulo Sexto; artículo 21 en su primer y segundo párrafo; 22; 23; 25 en sus fracciones II, III, y IV; 27 en su primer párrafo; 28, fracción I; 29, fracción VI; 30 en su primer párrafo; los artículos; 31; 32, fracciones I, III, y IV; las fracciones XXIV y XXV del artículo 3; primer y segundo párrafo del artículo 8; primer párrafo de los artículos 15, 21 y 22; primer párrafo de la fracción II del artículo 28; artículo 9; primer párrafo de artículo 24; segundo y tercer párrafo del artículo 27; las fracciones III y IV del artículo 28; y los transitorios 3 y 4 de la Ley de Catastro; y, Los artículos doce, inciso b), dieciocho y veinte conjuntamente con los artículos Primero, Segundo y Tercero Transitorios de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Chihuahua para el ejercicio dos mil veintitrés. De la Gobernadora y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, la promulgación y publicación de los ordenamientos legales reclamados. Del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro, Jefe del Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, la aplicación de las normas impugnadas. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Presidente Municipal y del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, así como la Tesorera Municipal, al rendir informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados; mientras que el Director de Catastro del Municipio de Juárez, y el Jefe del Departamento de Valuación adscrito a esa dirección, en el informe peticionado, convinieron en la existencia del acto de aplicación reclamado. Con independencia de lo expuesto por las responsables, se deduce que la aplicación de los preceptos impugnados por esta vía no les son imputables. En relación con lo expuesto en el párrafo precedente, debe precisarse que efectivamente, la aplicación de los preceptos reclamados, a través del pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, no les es imputable a las citadas autoridades municipales. Lo anterior es así, ya que el acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de una autoridad, sino que puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley; en esta hipótesis, se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple, sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello. En el caso, consta en autos el original del certificado de ingresos *******, expedido por la Tesorería del Municipio de Juárez, relativo al pago de $******* (*******), efectuado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por concepto de impuesto predial correspondiente del tercer bimestre del año dos mil veintidós al sexto bimestre del año dos mil veintitrés, relativo al bien inmueble identificado con la cuenta catastral *******. Documento al que se reconoce valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues al haber sido expedido por la Tesorería Municipal y contener el código -QR- y sello respectivo, que así lo demuestra, adquiere la calidad de documento público, del cual se advierte que no existió, por parte de las autoridades responsables municipales, la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, a través del cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, pues de su contenido no se aprecia que el pago se haya efectuado en acatamiento a una orden de dichas autoridades en ese sentido, sino que la parte quejosa realizó el pago descrito de manera espontánea. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVI, de agosto de 2007, materia común, página 367, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis 1673, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1167, del tomo I, materia constitucional, sección precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, que estatuye: LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. En consecuencia, ante su inexistencia, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades municipales responsables a que se refiere este considerando. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Congreso, Gobernadora Constitucional, y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos reclamados, en el ámbito de su respectiva competencia. Además, la existencia de cada uno de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, de agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Quinto. Precisión especial. Es necesario precisar que, en atención a que este juicio de amparo se promovió contra ordenamientos legales de carácter general (indicados en el considerando segundo), con motivo del que la parte quejosa estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio del peticionario de amparo las hipótesis jurídicas controvertidas, Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, de agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: -LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.-, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Sexto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, la suscrita estima que respecto al acto de aplicación de la normatividad impugnada se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: -Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)- Ahora bien, en relación con dicha norma, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: -Artículo 17. El pazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.- Es decir, que el plazo genérico para demandar la acción constitucional, es de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos que tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar: 1) al día siguiente al en que surta efectos la notificación a la parte quejosa del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; o, 2) al día siguiente al en que tuvo conocimiento la parte quejosa o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución, con excepción del supuesto en que se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Pues bien, el citado artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, determina que el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los mismos, pues se entienden consentidos tácitamente los actos reclamados. Tratándose de un juicio amparo contra leyes, como en el caso, promovido con motivo del primer acto de aplicación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Aparo, se computará a partir de que se haya verificado el primer acto de aplicación. Lo anterior se encuentra plasmado en la tesis consultable en la página 173, del Volumen 163-168, Primera Parte, materias Constitucional y Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro digital 232445, del rubro y texto siguientes: -LEYES, AMPARO CONTRA. TERMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley) y; c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada). En el caso, la quejosa promovió este juicio de amparo con motivo del que estimó, fue el primer acto de aplicación de los ordenamientos legales que reclama. Ahora, para demostrar lo anterior, exhibió la documental justipreciada con antelación, consistente en el certificado de ingresos *******, expedido por la Tesorería del Municipio de Juárez, relativo al pago de $******* (*******), efectuado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por concepto de impuesto predial correspondiente del tercer bimestre del año dos mil veintidós al sexto bimestre del año dos mil veintitrés, relativo al bien inmueble identificado con la cuenta catastral *******. Documental que cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2º, pues se trata de un documento público. Atento a ello, si el acto de aplicación de las normas que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, se emitió el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, el plazo de quince días hábiles que señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, inició el veintisiete de ese mes y concluyó el diecisiete de febrero del año que transcurre, a excepción de los días veintiocho y veintinueve de enero, cuatro, cinco, seis, once y doce de febrero del presente año, al haber sido sábados, domingos, e inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si dicho plazo fenecía el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés y el escrito inicial de la demanda de amparo que nos ocupa se depositó el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad; es inconcuso que se hizo fuera de los quince días a que alude el primero de los numerales señalados; de ahí que la promoción de este juicio de amparo resulta extemporánea y se entiende que la quejosa consintió los ordenamientos legales que prevén el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio dos mil veintitrés, con lo que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Máxime que la quejosa, en el escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad manifestó que realizó el pago del referido tributo el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. En esas condiciones lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a esta juzgadora abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de citarse la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, visible en la página ochenta y ocho, cuyos rubro y texto son los que siguen: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. También es aplicable la tesis quinientos nueve, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, consultable en la página trescientos treinta y cinco del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente.Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61 fracción XIV, 62, 63 fracción V, 64, 65, 73, 74 y 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE:ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 200/2023-VI, promovido por *******, en términos de lo expuesto en el tercer y último considerando de la presente determinación.Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa, así como por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Informes Justificados Agréguense a los autos, para que obren como legalmente correspondan los informes justificados rendidos por el Director de Análisis Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la Gobernadora Constitucional y el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegados Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase al oficiante, designando como delegados de las autoridades que representa a las personas que indica en su informe justificado. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, en virtud de que el informe justificado rendido por las autoridades responsables, Tesorera Municipal, Directora de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito a la dirección de Catastro, todos del Municipio de Ciudad Juárez, no se recibió con los ocho días de anticipación que refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo. Diferimiento Ante ello, existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data, por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la citada audiencia y se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, para su desahogo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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