Karla Yamilis Pérez Castillo
Expediente 1090/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1090/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Karla Yamilis Pérez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos como simple antecedente el oficio y anexo, que remite el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, en representación jurídica del Comisionado de Instituto Nacional de Migración, del que se advierte las gestiones efectuadas a fin de conminar al Encargado de la Estación Migratoria de la Oficina de Representación en el Estado de Chihuahua del referido Instituto, a remitir las constancias que dan sustento a los actos que se le endilgan; en virtud de que el veintinueve de marzo del año que transcurre, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, ordenado su archivo el veintisiete de abril siguiente. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en su oficio. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 de Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la determinación de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente juicio de amparo, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua********************a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez en la Oficina de Representación de Chihuahua. Así, del informe de referencia y el estado que guardan los autos, se advierte que se actualizan diversas causales de improcedencia del juicio, las que se analizarán a continuación. PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, se recibió la demanda promovida por ********************a favor de ********************, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: El C. REPRESENTANTE LOCAL NORESTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIHUAHUA El C. SUB REPRESENTANTE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIHUAHUA Y ACTUAL ENCARGADO DE LA ESTANCIA PROVISIONAL JUÁREZ. El C. TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIHUAHUA DEL INM EL C. JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. La inconstitucional privación de la libertad de la quejosa, en calidad de alojada, asegurada, detenida o retenida, en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita . La ilegal e inconstitucional condición en que tienen a la quejosa, esto es, incomunicada, lo que se traduce en una evidente privación de su libertad personal, en franca violación a la libertad de tránsito por territorio nacional mexicano. El acta de rechazo emitida por autoridades del Instituto Nacional de Migración, mediante la cual decretan la inadmisibilidad de la quejosa al territorio nacional mexicano. La violación a las Leyes de Migración y Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al negarle al quejoso su petición de que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dado que a pesar de que dicha persona busca regularizar su estancia en territorio mexicano, las responsables le impiden iniciar el trámite legal que le permitiría ser considerado como refugiado dentro de territorio mexicano, no obstante que huyó de su país de origen porque miembros del crimen organizado lo amenazaron de muerte al negarse a integrarse a grupos delictivos . El estado de hacinamiento insalubre en que tienen a la quejosa, dado que en la estación migratoria en que se encuentra ilegalmente detenida y alojada no existen las condiciones mínimas que les permitan sobrevivir dignamente, razón por la cual se encuentra en riesgo su salud física y emocional, habida cuenta que aún no ha sido erradicado el virus conocido como COVID-19 que actualmente azota a toda la humanidad y que, por eso, ha sido calificado como pandémico por la Organización Mundial de la Salud, por lo es muy riesgoso que el quejoso y otro gran número de migrantes detenidos convivan en los mismos espacios físicos, ya que en esas circunstancias insalubres siempre está latente la posibilidad de que eventualmente se contagie en caso de que alguna de las restantes personas con las que convive porte tal virus, pues las condiciones de hacinamiento en que todos se encuentran no permiten atender puntualmente las disposiciones oficiales expedidas con el propósito de fomentar el distanciamiento social con el fin de evitar la propagación del virus citado. De manera que las dimensiones reducidas del lugar donde se encuentran alojados el quejoso y diversos migrantes, la inadecuada ventilación e iluminación del sitio, la escasa higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en los que se les suministran alimentos, se traducen en actos de tortura que menoscababan su integridad personal, ya que le provocan degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana. El impedir a la quejosa tener comunicación, a través de cualquier medio, con un representante legal y la negativa de reconocer al suscrito como su representante legal, lo que me impide actuar en su representación en el expediente administrativo que se inició con su ilegal detención y alojamiento en una estación migratoria, por lo que la quejosa desconoce la situación legal en que se encuentra en nuestro país, de manera que en su agravio se viola el contenido de los artículos 70, 107, fracción VIII y 102 de la Ley de Migración, pues se le impide nombrar un representante legal y eventualmente recobrar su libertad colmando las condiciones que establece el último precepto invocado. La orden de deportación de la quejosa, emitida en forma verbal o escrita, así como su ejecución, pues al estar incomunicada y privada de su libertad personal, en calidad de alojada, asegurada, detenida o retenida injustificadamente y en contra de su voluntad, es inminente su expulsión del país, pues de otra manera no se explica que se le niegue concederle visa humanitaria, se le impida registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se le niegue su petición de ser liberado pese a que no ha cometido delit03 alguno y se prepare su inmediato traslado a una estación migratoria ubicada en la frontera sur de nuestro país. SEGUNDO. Tramitación de la demanda. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el consecutivo 1090/2022-V, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación de la quejoso a su país de origen********************en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por esta Juzgadora. Luego, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, al haber ratificado el escrito de demanda ********************, se admitió a trámite********************en el entendido, que el diecinueve de diciembre del citado año, se tuvo como autoridad inexistente al "Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua". En este sentido, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama la privación de la libertad en calidad de alojada, asegurada, detenida o retenida, a través de la orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen********************el estado de hacinamiento********************la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarle visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua y el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, ambos del Instituto Nacional de Migración, residentes en esta ciudad, , al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo. Asimismo, en lo relativo a la incomunicación, restricción del libre tránsito, alojamiento con fines de deportación a su país de origen********************el estado de hacinamiento********************la negativa de su registro ante la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados y a otorgarle visa humanitaria y el acta de rechazo mediante la cual se decreta la inadmisibilidad, de los informes sobre la suspensión de plano y justificado que rindió el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, se desprende su inexistencia. Se dice lo anterior, pues remitió el Acuerdo de Salida de la Estación Provisional por Mandato Judicial, en la que consta que la quejosa se acogió al beneficio de retorno asistido bajo el expediente ********************de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, quedando debidamente notificada el veintidós siguiente, obteniendo así su libertad********************lo anterior, en términos de los ordinales 118, 119, 124 y 125 de la Ley de Migración. Además, se toma en consideración que al ratificar su demanda de amparo, la Actuaria Judicial asentó que la justiciable se encontraba en buen estado y comunicó no haber sido objeto de tortura física y moral. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, manifestó que no es cierto el acto que se le endilga, a saber, la privación de la libertad en calidad de alojado en esa estancia provisional, con motivo de su solicitud de retorno asistido a su país de origen********************pues lo cierto es que esa autoridad ordenó su alojamiento temporal en carácter de presentada al no acreditar su regular estancia en el territorio nacional. QUINTO. Sobreseimiento fuera de audiencia. Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada por ********************a favor de ********************, se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar, a saber: Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecería. No podría ausentarse sin previa autorización de este Juzgado Federal, del domicilio que señalado para su resguardo. En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, debería comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. 2. En la fecha en que se actúa, se tiene al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, remitiendo el "acuerdo de salida de estancia provisional por mandato judicial" realizado a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, del cual se advierte que la quejosa ******************** (se asentó el nombre de ********************fue puesta en inmediata libertad. De lo que se tiene, que la justiciable se encuentra gozando de su libertad, de ahí que la autoridad esté impedida para dar cumplimiento a la solicitud de la quejosa sobre el retorno asistido a su país de origen. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo********************es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior********************por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica********************personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2", en suplencia por ausencia del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", a través del cual, por las razones que expone, solicita el registro federal de contribuyentes, la clave única de registro de población o la fecha de nacimiento del funcionario ********************, en su carácter de Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, para hacer efectiva la multa impuesta por este juzgado, en auto dieciséis de marzo del presente año. En este tenor, toda vez que del sumario destaca que el dieciséis del actual, se tuvo al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, comunicando las gestiones realizadas para conminar a su subalterno a dar cumplimiento a los requerimientos formulados por este órgano jurisdiccional; es que se deja sin efectos la sanción pecuniaria impuesta a la autoridad señalada en primer término, sin que se haga necesario girar oficio a la autoridad tributaria, pues de su ocurso se desprende que no guarda registro de dicha sanción. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.IRS
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