Kenia Isabel Ordoñez Prieto y Otros.

Expediente 813/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
813/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
20/07/2017

Partes del expediente

  • Kenia Isabel Ordoñez Prieto y Otros.
  • Kenia Isabel Ordoñez Prieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de treinta de junio de dos mil diecisiete (foja 228), en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En ese orden, la información del presente expediente se califica como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, el asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, como ya fue precisado, en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV, del numeral vigesimoprimero del acuerdo general citado, notifíquese personalmente este proveído a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales exhibidos, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, una vez que transcurra el plazo aludido en supra líneas, estos documentos serán enviados junto con el expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese, personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de treinta de junio de dos mil diecisiete (foja 228), en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En ese orden, la información del presente expediente se califica como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, el asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, como ya fue precisado, en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV, del numeral vigesimoprimero del acuerdo general citado, notifíquese personalmente este proveído a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales exhibidos, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, una vez que transcurra el plazo aludido en supra líneas, estos documentos serán enviados junto con el expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese, personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Primero. Presentación de la demanda. En escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el siete de septiembre de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado el día hábil siguiente, *******, por sí y en representación de su menor hijo *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Juez Tercero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, de quien reclamó lo siguiente: IV.- Actos reclamados. El desechamiento de la demanda de ALIMENTOS en el expediente ******* del índice del juzgado Tercero de lo Familiar por Audiencia de este Distrito; las omisiones de la autoridad responsable, de observar, privilegiar, resguardar, proteger, garantizar y promover el respeto a los derechos fundamentales de mi menor hijo *******, relativos a LOS ALIMENTOS; de aplicar el principio de "mejo interés del menor"; de fundar y motivar debidamente su determinación para desechar la demanda que nos ocupa; de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas en perjuicio de mi meno hijo antes mencionado; de fijar la pensión alimenticia solicitada en cantidad liquida; de hacer el ejercicio de ponderación de derechos, privilegiando el interés de *******, sobre el de mi menor hijo *******; y manifestar en el auto de desechamiento, que se reclaman las mismas prestaciones en ambos juicio (sic). Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos fundamentales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo de referencia, se registró bajo el expediente *******, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Celebración de la Audiencia Constitucional. Una vez que este juicio de amparo estuvo debidamente integrado, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este corresponde a la vía indirecta. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la totalidad de constancias que componen el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de la Juez Tercero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos: El auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, en que desechó la demanda de alimentos que promovió. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Juez Tercero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos (foja 26), con sede en esta localidad, al emitir su informe con justificación, aceptó el acto reclamado. Asimismo, anexó a tal informe copia certificada de todo lo actuado en el expediente *******, constancias de las que se desprende, lo siguiente: Que *******, por sí y en representación de su mejor hijo de iniciales *******, demandó alimentos (en la vía ordinaria familiar) a *******, como se advierte a foja 31. En su demanda, la parte actora, aquí parte quejosa, señaló la existencia de un diverso juicio de alimentos que promovió con antelación (foja 32). En fecha quince de julio de dos mil dieciséis, la Juez responsable solicitó al Juez Segundo de lo Familiar (sistema tradicional), la remisión, en copia certificada, de todo lo actuado en el expediente *******, de su índice -que corresponde al juicio que había promovido previamente la aquí quejosa- (foja 12). Una vez que le fueron enviadas las documentales que solicitó, en auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis (foja 164), la Juez reponsable determinó no admitir a trámite la demanda de alimentos que interpuso la aquí parte quejosa, pues en el diverso expediente del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar, le fueron concedidas, provisionalmente, la guarda y custodia del infante, así como la pensión alimenticia solicitadas. Así, se corrobora con dichas constancias la certeza del auto combatido y, en consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado. Las documentales referidas en las líneas previas cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria adscrita al Juzgado Tercero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Apoya además lo anterior, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En cuanto al informe justificado afirmativo remitido por la Juez responsable, se cita la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no; es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura, hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) Dicho numeral consagra el principio de definitividad del juicio de amparo, conforme al cual este medio extraordinario de defensa sólo procederá, cuando previo a su promoción -contra resoluciones de tribunales judiciales, como en el caso- se hayan agotado los recursos establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. Además, en tal numeral se detallan hipótesis de excepción a ese principio -por lo que hace a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, en las que no encuadra el caso concreto, ya que a) no se trata de alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 de la Carta Magna, b) no se trata de ordenes de aprehensión o detención, c) no es persona extraña al procedimiento, pues al promover la demanda que dio origen al juicio natural, no cabe duda que está integrada a la relación jurídico procesal y, d) no se trata de auto de vinculación a proceso. Pues bien, en contra del citado auto, procede el recurso de apelación, contemplado en el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua; dicho recurso, se encuentra en el titulo decimoprimero, capítulo tercero de ese cuerpo normativo, que es del contenido siguiente: ARTÍCULO 483. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada. ARTÍCULO 484. La apelación procede en contra de resoluciones: Que pongan fin a la controversia o asunto; Que resuelvan sobre la revisión de medidas provisionales; Las interlocutorias y definitivas; En contra de las que resuelvan excepciones; y, Las demás previstas expresamente en este código. ARTÍCULO 485. La apelación debe interponerse dentro de los seis días siguientes a la notificación, si se trata de sentencia definitiva y dentro de tres para los demás casos. En el escrito en el que se interponga la apelación deberá señalarse por el recurrente las constancias para integrar el testimonio correspondiente. Así mismo, en el auto en el que se admita el recurso, se dará vista a la contraria por el término de tres días para que indique las constancias de su parte, si dejare de hacerlo, se tendrá por perdido el respectivo derecho. ARTÍCULO 486. La apelación solo procede en efecto devolutivo, con excepción de las salvedades previstas en este código. ARTÍCULO 487. La apelación admitida en efecto devolutivo posibilita la ejecución de la resolución apelada. ARTÍCULO 488. Si la sentencia es apelada se debe dejar en el juzgado copia certificada de ella y de las constancias necesarias para ejecutarla, y remitirse el expediente original al tribunal de alzada. ARTÍCULO 489. Si se trata de apelación de un auto, el que la admita debe ordenar remitir al tribunal de alzada copia de dicho proveído, de sus notificaciones y de las constancias señaladas al interponer el recurso, adicionadas con las que señalen las demás partes, dentro de dos días; en todo caso el juzgado debe decidir sobre las constancias necesarias que integren el testimonio. ARTÍCULO 490. Interpuesta oportunamente la apelación, el juzgado la debe admitir siempre que cumpla con los requisitos señalados en este capítulo. ARTÍCULO 491. Interpuesta la apelación en tiempo hábil, el juzgado la admitirá sin substanciación alguna si procede legalmente, expresando el efecto en que la admite y emplazando a las partes para que comparezcan ante el tribunal de apelación. ARTÍCULO 492. Recibidos en el tribunal de apelación los autos o las constancias, sin necesidad de vista o informes, decidirá dentro de los tres días siguientes sobre la admisión del recurso y la calificación del grado hecha por el juzgado de origen. Declarada inadmisible la apelación, se devolverán los autos a aquel, revocada la calificación, se procederá en consecuencia. Admitida la apelación, el tribunal mandará poner, en su caso, a disposición del apelante en la secretaría del propio tribunal por seis días, los autos para que por escrito exprese agravios. No podrán alegarse como agravios aquellos con los que la parte agraviada se hubiere conformado expresamente, ni los que cause alguna resolución contra la que no se hubiere intentado el recurso que la ley concede o que, si este no existiere, no se haya protestado contra dichos agravios al tener conocimiento legal de ellos. En caso de que la parte apelante omitiera, en el término fijado por este artículo, expresar en la forma indicada los agravios que le cause la resolución apelada, se declarará desierto el recurso. Del escrito de agravios, se dará vista a la parte contraria por tres días del escrito de expresión de agravios para que manifieste lo que a su interés corresponda. Contestado o no el traslado, se citará a las partes para escuchar sentencia, la cual se deberá emitir en un término de diez días. Tratándose de asuntos de especial complejidad, el plazo se ampliará hasta por quince días más. El tribunal de apelación dentro de los tres días siguientes al que debidamente quede notificada la sentencia, librará testimonio de ella y de sus notificaciones al juzgado de origen, anotándose en el toca la fecha en que se haga la remisión. En el mismo testimonio o ejecutoria se insertarán las constancias de autos que sean necesarias para proceder a la ejecución de la sentencia. No se podrá declarar desierto el recurso cuando se involucren cuestiones que puedan afectar los derechos de niñas, niños, adolescentes, integrantes de pueblos o comunidades indígenas, personas con discapacidad mental o intelectiva, personas en extrema pobreza, o cualquier integrante de la familia víctima de violencia familiar, en cuyo caso, ante la falta de expresión de agravios procederá a suplirlos en su totalidad. En segunda instancia no se admitirán más pruebas que se refieran a algún hecho que constituya excepción superveniente o sea propio, en su acaecer, de la segunda instancia. El tribunal de alzada, a instancia de la parte interesada y cuando la naturaleza de la prueba lo requiera, fijará prudentemente un término para practicarla, o la tendrá simplemente por presentada en su caso, para los efectos legales consiguientes. En los escritos de expresión de agravios y contestación las partes deberán ofrecer las pruebas a que se refiere este artículo. En el caso de que se hubiere rendido prueba, con posterioridad a los escritos de expresión y contestación de los agravios, se citará a las partes a una audiencia para que aleguen sobre ella. En este caso, la citación para la audiencia produce los efectos de la citación para sentencia. De tales numerales, esencialmente, se advierte lo que sigue: La finalidad del recurso de apelación es que el Tribunal de Segunda Instancia examine si en la resolución apelada, se aplicó inexactamente la ley, o no y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada. Serán apelables, entre otros, las resoluciones o autos que pongan fin al asunto, como en el caso. La apelación debe interponerse ante el juez que pronunció el auto, dentro de tres días siguientes a la emisión del mismo. En efecto, la parte quejosa reclama de las responsables, el auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, en que desechó la demanda de alimentos que promovió. Empero, como ya se indicó, la parte quejosa debió agotar el recurso contemplado en el cuerpo normativo que rige el acto, esto es, el recurso de apelación que prevé el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, pues el mismo es el ideal para combatir el auto que reclama, en virtud de que, primero, es el medio ordinario de defensa que prevé el propio Código que rige el acto y además, posee la fuerza de revocar o modificar el auto combatido. Por ende, ineludiblemente, la aquí quejosa debió promover recurso de apelación en contra del proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, en que la Juez Tercero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, desechó la demanda de alimentos que promovió. En tales condiciones, no cabe duda que se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer en el presente juicio. No se pierde de vista que todas las autoridades, jurisdiccionales o no, tienen la obligación de encaminar sus actuaciones, en asuntos relativos a menores, a proteger su interés superior, eso es, tienen la obligación de velar por el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos, mismos deben ser considerados como criterios rectores preponderantes para la aplicación de las normas, en todos los órdenes relativos a la vida del infante. No obstante, sin hacer mayor abundamiento ante la hipótesis de improcedencia cuya actualización ha quedado demostrada, se estima que en el caso, no se ha vulnerado el principio referido en las líneas previas. Se afirma lo anterior, en virtud de que de autos de advierte, que en el diverso juicio *******, del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, fueron concedidas a *******, provisionalmente, la guarda y custodia del infante *******, así como una pensión alimenticia por el veinticinco por ciento (25%), del total del salario del aquí tercero interesado, *******, padre del menor, con sustento en el artículo 401 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en que se determina que en los juicios sobre pago o aseguramiento de alimentos, el juez fijará una pensión alimenticia provisional -sin señalar que la misma deba ser en determinada en cantidad líquida o en porcentaje-, de tal suerte que, válidamente, la aquí quejosa puede solicitar ante tal órgano, el traslado del porcentaje determinado a su favor y del infante, a cantidad líquida, que medularmente es lo que pretendió en la diversa demanda interpuesta y que dio origen al juicio *******, del índice del Juzgado Tercero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, o bien, cualquier otra modificación a la pensión alimenticia ahí determinada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por sí y en representación de su mejor hijo de iniciales *******, en relación al acto reclamado y autoridad precisada en el considerando tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******, hasta el día de hoy, treinta de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio y anexo que remite la Jefa de Departamento de Exhortos y Cartas Rogatorias "B", con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales devuelve debidamente diligenciada la carta rogatoria *******, enviada por este Juzgado Federal, a fin de emplazar al tercero interesado *******, al presente juicio de amparo. Por ende, con transcripción del presente proveído, acúsese a la autoridad oficiante, el recibo respectivo. Ahora, vista el acta circunstanciada de hechos de cuenta, el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que el termino de tres días concedido al tercero interesado, en proveído de siete de octubre de dos mil dieciséis (foja 184), a efecto de que señalara un domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad, transcurrió sin que lo hiciera. En consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se ordena que las subsecuentes notificaciones personales, a dicho tercero interesado, se realicen por medio de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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