Karla Ramírez Osorio
Expediente 205/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/04/2016
Partes del expediente
- Karla Ramírez Osorio
- Juez Sexto de lo Familiar de la ciudad de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Finalmente, devuélvanse al Juez Sexto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, las copias certificadas del expediente 571/2010 con las que se formaron los anexos I y II, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Sexto de lo Familiar de la ciudad de Puebla; visto su contenido, téngasele dando cumplimiento al proveído de ocho de marzo del presente año, y remite copia certificada de las constancias que le fueron requeridas, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, a efecto de determinar lo que corresponda, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Karla Ramírez Osorio, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Juez Sexto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, de acordar el escrito que le presentó el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dentro del expediente 571/2010. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que el juez responsable exhibió como justificantes de su informe, consistentes en las copias certificadas del expediente 571/2010, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el acuerdo cuya omisión reclama la parte quejosa fue dictado el propio diecinueve de enero de dos mil dieciséis; en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si la quejosa se duele de la omisión de la responsable de emitir el acuerdo correspondiente a una petición presentada dentro del expediente 571/2010, y la responsable, al rendir su informe, justificó plenamente que el mismo fue emitido el diecinueve de enero de dos mil dieciséis; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es por demás claro que la quejosa, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). En estas condiciones, atendiendo que el acuerdo cuya omisión reclama la quejosa, se dictó el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, conforme a tal situación, es evidente que en la fecha de presentación de la demanda (nueve de febrero del mismo año), el acto reclamado era inexistente, por lo cual el juicio de amparo en estudio, no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 79, de julio de 1994, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto; dicen: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Asimismo, cobra aplicación, por analogía, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 313, Tomo XIV, octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado no existía, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. Resulta aplicable, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, se deja sin efecto las diez horas con un minuto del ocho de abril de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Sexto de lo Familiar de la ciudad de Puebla; visto su contenido, téngasele dando cumplimiento al proveído de ocho de marzo del presente año, y remite copia certificada de las constancias que le fueron requeridas, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, a efecto de determinar lo que corresponda, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Karla Ramírez Osorio, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Juez Sexto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, de acordar el escrito que le presentó el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, dentro del expediente 571/2010. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que el juez responsable exhibió como justificantes de su informe, consistentes en las copias certificadas del expediente 571/2010, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el acuerdo cuya omisión reclama la parte quejosa fue dictado el propio diecinueve de enero de dos mil dieciséis; en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si la quejosa se duele de la omisión de la responsable de emitir el acuerdo correspondiente a una petición presentada dentro del expediente 571/2010, y la responsable, al rendir su informe, justificó plenamente que el mismo fue emitido el diecinueve de enero de dos mil dieciséis; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es por demás claro que la quejosa, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). En estas condiciones, atendiendo que el acuerdo cuya omisión reclama la quejosa, se dictó el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, conforme a tal situación, es evidente que en la fecha de presentación de la demanda (nueve de febrero del mismo año), el acto reclamado era inexistente, por lo cual el juicio de amparo en estudio, no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 79, de julio de 1994, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto; dicen: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Asimismo, cobra aplicación, por analogía, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 313, Tomo XIV, octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado no existía, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. Resulta aplicable, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, se deja sin efecto las diez horas con un minuto del ocho de abril de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de la Juez Segundo de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 33/2016 del índice de este órgano judicial, toda vez que en el domicilio que se señaló para emplazar al tercero interesado José González Ibarra, ya no vive. En tales condiciones, se ordena acusar el recibo correspondiente a la autoridad oficiante; asimismo, en el libro de comunicaciones oficiales de este Juzgado, dése de baja el despacho 33/2016, con número de orden 53/2016. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no se ha logrado el emplazamiento del tercero interesado José González Ibarra, no obstante que se han agotado los medios para investigar el domicilio del mismo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo se ordena el emplazamiento del citado tercero interesado por medio de edictos a costa de los quejosos Jaime Limón Ramos y Esther García Méndez, los cuales contendrán una relación sucinta de la demanda, y deberán publicarse por tres veces consecutivas, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en cualquiera de los periódicos siguientes Reforma, Excélsior, El Financiero o El Universal, a elección de la parte inconforme, por ser los de mayor circulación en la República Mexicana. En tal sentido, se pone a disposición de la parte quejosa los aludidos edictos por el término de veinte días siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído, en el entendido de que dentro del referido término, la parte impetrante deberá recoger y entregar los mencionados edictos para su publicación, así como acreditar ante este órgano jurisdiccional dicha entrega [esto es, que efectuó las gestiones tendientes para su publicación], con apercibimiento que de no realizar lo anterior en el término concedido para ello, o de no manifestar y demostrar fehacientemente la incapacidad que tuviere para tal efecto, se decretará el sobreseimiento del presente juicio de garantías en cumplimiento a lo establecido en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), con número de registro 2009915, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes once de septiembre de dos mil quince a las once horas, de texto y rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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