Karla Reyes Cruz

Expediente 1317/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1317/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
10/10/2019

Partes del expediente

  • Karla Reyes Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios de la Síndico Municipal, Contralor Municipal, Tesorero Municipal, Director de Seguridad Vial y Tránsito Municipal y Comisario de Seguridad Pública Municipal, todos del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, por medio de los cuales informan que han dado cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, en virtud de que realizaron el pago a la quejosa Yanet Ruiz Lozano, por la cantidad de $109,541.00 (ciento nueve mil quinientos cuarenta y un pesos cero centavos moneda nacional), cantidad calculada desde la separación del cargo a la fecha, consistente en la indemnización constitucional de tres meses de salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, salarios caídos y prima de antigüedad, cantidad que recibió a su entera satisfacción. Asimismo, realizaron la anotación en el expediente personal de la servidora pública, así como en el registro nacional de seguridad pública de que esta fue separada de su cargo de manera injustificada. De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9º, de la Ley de Amparo, téngase a las citadas autoridades responsables, designando delegados de su parte y señalando domicilio para recibir notificaciones. Por otra parte, intégrese a los autos el escrito de la quejosa Yanet Ruiz Lozano, por medio del cual autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Flores Vázquez, quien se encuentra debidamente registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, manifiesta que recibió la cantidad de $109,541.00 (ciento nueve mil quinientos cuarenta y un pesos cero centavos moneda nacional), en efectivo que corresponde a todas y cada una de las prestaciones a las que fue condenada por la parte demandada en el presente juicio, siendo pago de indemnización constitucional de tres meses de salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, salarios caídos y prima de antigüedad, cantidad que recibió a su entera satisfacción, por lo que se da por pagada a su entere satisfacción. En esas condiciones, requiérase a la quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede debidamente notificada del presente auto, comparezca ante este juzgado federal a ratificar el escrito de cuenta, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de la sentencia de liquidación de pensiones alimenticias; por tanto, se provee: Del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio constitucional, se desprende que la quejosa Karla Reyes Cruz por escrito presentado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido el mismo día, a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, reclamó del Juez Cuarto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla:  La omisión de dictar la sentencia interlocutoria respecto al incidente de planilla de liquidación de sentencia dentro del juicio 480/2010 relativo a la ejecución de convenio. Una vez precisado lo anterior, de las constancias remitidas por la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, se desprende que mediante resolución de seis de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia relativa a la liquidación de pensiones alimenticias, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dictar la sentencia interlocutoria respecto al incidente de planilla de liquidación de sentencia. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que antecede, se colige que mediante resolución de seis de septiembre de dos mil diecinueve, la responsable dictó la sentencia interlocutoria respecto al incidente de planilla de liquidación de sentencia; circunstancia que se corrobora con las constancias remitidas por la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, con valor probatorio pleno en los términos expuestos. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber acordado el escrito aludido dentro del juicio natural, cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella alguna de dicha afectación. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas circunstancias, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, ante la cesación de efectos del acto reclamado. En consecuencia, se dejan sin efecto las nueve horas con veinte minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; para dar oportunidad a ello, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere para las nueve horas con veinte minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J.21/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 151, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, intitulada: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE. SEGUNDO. DESE CUMPLMIENTO A LO ORDENADO EN EL ULTIMO CONSIDERANDO

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