Karla Patricia Flores Ortiz

Expediente 2002/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2002/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
31/12/2015

Partes del expediente

  • Karla Patricia Flores Ortiz
  • Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores al servicio de los poderes del estado de puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Vistos los presentes autos y la certificación del secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de ocho de diciembre del año en curso (fojas 41 a 44). Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el Acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda promovida por Karla Patricia Flores Ortiz, se advierte que acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la autoridad y acto siguiente (foja 3) "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- TIENEN TAL CARÁCTER EL HONORABLE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO EN VEINTE SUR NÚMERO NOVECIENTOS DOS, COLONIA AZCARATE, PLAZA FINANZAS, EN ESTA CIUDAD. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLES, SE RECLAMA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DICTAR ACUERDO SOBRE DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA Y EN EL ESCRITO DE CONTESTAOÓN DE DEMANDA, RESPECTO DE LA AUDIENCIA DE LEY DESAHOGADA EL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE." Por otro lado, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Magistrado Presidente al rendir su informe justificado (fojas 28 a 29), manifestó la inexistencia del acto reclamado. Ahora, este juzgado federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, se determina que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que de las constancias que como justificante de su informe remitió la autoridad responsable se advierte que dentro del expediente laboral D-349/2014, el treinta de noviembre de dos mil quince, se emitió proveído en donde se admitieron y desecharon diversas probanzas ofrecidas por las partes (fojas 31 a 35). Asimismo, que dicho auto fue notificado a la parte quejosa el treinta de noviembre último (foja 36). Documentales a las que de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Nueva Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. Por tanto, es claro que acorde a lo antes narrado, ha cesado en sus efectos el acto reclamado, pues si la pretensión de la parte quejosa al promover el presente juicio de garantías era que se emitiera dentro del expediente laboral D-349/2014 acuerdo de admisión de pruebas ofrecidas por las partes, el cual se encontraba reservado de proveer desde la audiencia de ley, desahogada el día veintinueve de abril del dos mil quince; aquella se vio satisfecha en la medida en que por auto de treinta de noviembre de dos mil quince (fojas 31 a 35), se proveyó respecto de la admisión y desechamiento de pruebas, y que tal auto le fue notificado a la parte quejosa el mismo día (foja 36); de ahí, que se considere que la omisión reclamada ha desaparecido ya fue acordada e incluso notificada a la impetrante de garantías. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de las garantías individuales que le habían sido violadas, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio, respecto del acto que Karla Patricia Flores Ortiz, reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral D-349/2014. En tales condiciones, se dejan sin efecto las nueve horas con quince minutos del nueve de diciembre del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que sea necesario tomar esta determinación de sobreseimiento hasta la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), es una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, porque en este caso no se priva de defensa a la parte quejosa, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que ofrezca pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de justicia pronta establecido en el artículo 17 Constitucional. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda promovida por Karla Patricia Flores Ortiz, se advierte que acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la autoridad y acto siguiente (foja 3) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- TIENEN TAL CARÁCTER EL HONORABLE TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO EN VEINTE SUR NÚMERO NOVECIENTOS DOS, COLONIA AZCARATE, PLAZA FINANZAS, EN ESTA CIUDAD. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLES, SE RECLAMA: LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DICTAR ACUERDO SOBRE DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA Y EN EL ESCRITO DE CONTESTAOÓN DE DEMANDA, RESPECTO DE LA AUDIENCIA DE LEY DESAHOGADA EL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE. Por otro lado, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Magistrado Presidente al rendir su informe justificado (fojas 28 a 29), manifestó la inexistencia del acto reclamado. Ahora, este juzgado federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, se determina que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que de las constancias que como justificante de su informe remitió la autoridad responsable se advierte que dentro del expediente laboral D-349/2014, el treinta de noviembre de dos mil quince, se emitió proveído en donde se admitieron y desecharon diversas probanzas ofrecidas por las partes (fojas 31 a 35). Asimismo, que dicho auto fue notificado a la parte quejosa el treinta de noviembre último (foja 36). Documentales a las que de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Nueva Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. Por tanto, es claro que acorde a lo antes narrado, ha cesado en sus efectos el acto reclamado, pues si la pretensión de la parte quejosa al promover el presente juicio de garantías era que se emitiera dentro del expediente laboral D-349/2014 acuerdo de admisión de pruebas ofrecidas por las partes, el cual se encontraba reservado de proveer desde la audiencia de ley, desahogada el día veintinueve de abril del dos mil quince; aquella se vio satisfecha en la medida en que por auto de treinta de noviembre de dos mil quince (fojas 31 a 35), se proveyó respecto de la admisión y desechamiento de pruebas, y que tal auto le fue notificado a la parte quejosa el mismo día (foja 36); de ahí, que se considere que la omisión reclamada ha desaparecido ya fue acordada e incluso notificada a la impetrante de garantías. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de las garantías individuales que le habían sido violadas, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio, respecto del acto que Karla Patricia Flores Ortiz, reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de acordar las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente laboral D-349/2014. En tales condiciones, se dejan sin efecto las nueve horas con quince minutos del nueve de diciembre del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que sea necesario tomar esta determinación de sobreseimiento hasta la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), es una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, porque en este caso no se priva de defensa a la parte quejosa, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que ofrezca pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de justicia pronta establecido en el artículo 17 Constitucional. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo según su artículo 2o., agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con residencia en esta ciudad, mediante el cual refiere que para dar cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad, requiere de mayor tiempo al concedido, ya que depende de la información que le dé su similar de San Martín Texmelucan, Puebla, por lo que solicita se le concede una prórroga para dar cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad, mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil quince. En consecuencia, se concede al Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con residencia en esta ciudad, un término de diez días siguientes a la notificación del presente auto, para que se encuentre en aptitud de remitir la pieza postal que le fue requerida mediante oficio 2395- V de veintiocho de octubre de dos mil quince; haciéndole saber que subsiste el apercibimiento que le fue hecho en el proveído de veinticinco de noviembre pasado. NOTIFÍQUESE.

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