Karla Ivón Pérez Márquez
Expediente 203/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 11/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Karla Ivón Pérez Márquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente principal y el original del incidente de suspensión, son susceptibles de depuración dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el incisos a) y b), fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al haberse negado el amparo y protección de la justicia federal, y concedido la suspensión provisional y definitiva. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, remitido por la Jueza del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, con el que devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 109/2022 orden 92/2022 derivado del presente juicio de amparo, en el que se solicitó notificar a la quejosa **********, la sentencia dictada el dieciséis de mayo del año en curso, en el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Uno, en Chihuahua, con sede en Aquiles Serdán, lugar en el que se encontraba recluida e informando que quedó en libertad el dieciocho de mayo del presente año. Remítase el acuse de recibo correspondiente. En atención a los motivos expuestos, notifíquese la impetrante la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, mediante lista, hasta en tanto se obtenga diverso domicilio de la quejosa. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE) y dese de baja el citado exhorto. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. V I S T O S, para dictar sentencia en el juicio de amparo, cuyos puntos resolutivos a la letra dicen: se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, con relación al acto reclamado y autoridades responsables precisada en los considerandos segundo y cuarto de esta sentencia, por las razones ahí esgrimidas. Notifíquese personalmente; y con fundamento en los artículos 26, fracción I, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la directa quejosa **********, quien se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua, mediante exhorto vía sise dirigido al Juez de Distrito en turno, con sede en Chihuahua, Chihuahua, para que en auxilio de este juzgado, tenga a bien ordenar a quien corresponda le notifique personalmente esta resolución a la citada quejosa, para lo cual se ordena remitir copia autorizada de la misma. Lo resolvió y firma la licenciada **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********, hoy dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. V I S T O S, para dictar sentencia en el juicio de amparo 203/2022-VII, promovido por **********, por conducto de **********, en su carácter de defensora pública, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito ese mismo día hábil, **********, por conducto de **********, promovió demanda de amparo en contra de los actos y autoridades siguientes: "III. Autoridades responsables: AUTORIDAD ORDENADORA: Magistrado de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, (.)" AUTORIDADES EJECUTORAS: 1.- Fiscal Especializado en Ejecución de Penas (del Estado de Chihuahua), con domicilio oficial y conocido en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua (.) 2.- Directora del Centro de Reinserción Social para Adultos Estatal Número Dos, calle Barraco Azul sin número, Colonia Toribio Ortega, Ciudad Juárez, Chihuahua. 3.- Director del Centro de Reinserción Social para Adultos Estatal Número Uno, Aquiles Serdán, Chihuahua. IV.- Acto reclamado: El traslado involuntario, calificado de legal por la autoridad responsable, vulnerando lo establecido en los artículos 190 y 191 de la Ley de Amparo, el cambio fue realizado del Centro de Reinserción Social para Adultos Número 2, de esta ciudad al diverso Centro de Reinserción Social Número 1, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua." SEGUNDO. Derechos que se consideró transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 14 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación del juicio. Previa aclaración de la demanda, el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número de expediente 203/2022-VII, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. CUARTO. Acreditación de credenciales como licenciado en Derecho del defensor de la aquí quejosa. Al respecto, la magistrada responsable remitió las videograbaciones relativas a la audiencia celebrada el diez de marzo de dos mil veintidós, en la que se desprende que fue nombrada la licenciada **********, como defensora pública de la aquí quejosa, quien se identificó con cédula profesional **********, circunstancia que fue corroborada por la autoridad ordenadora. De manera que, ha quedado evidenciado que la profesional en comento sí cuenta con las credenciales atinentes que la avalan como perito en Derecho; de tal suerte que, la prerrogativa constitucional de la aquí quejosa, de contar con una defensa técnica adecuada, por parte de un licenciado en Derecho, está colmada. Continuando con el trámite del presente juicio, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se difirió legalmente en sendas ocasiones, y finalmente en se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Análisis de la competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados, atendiendo al análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias que remitieron las partes en el juicio, en ese sentido la quejosa reclama lo siguiente: La resolución de diez de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca N-10/2022, en la cual revocó el auto apelado emitido por el juez de ejecución, quien no calificó de legal el traslado involuntario de la sentencia (quejosa), y en su lugar el tribunal responsable calificó de legal dicho traslado del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil número dos, en esta ciudad, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Femenil número 1, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua; así como la ejecución de la resolución reclamada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil número Dos, Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ambas con residencia en esta ciudad; Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en ausencia del Titular Autoridad Penitenciaria del Estado (en su denominación correcta), al rendir su respectivo informe justificado aceptaron el acto reclamado. Por su parte, la autoridad responsable, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, negó el acto reclamado; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con lo manifestado por las citadas autoridades responsables, en el sentido de que efectivamente se efectuó el traslado de la interna materia de la Litis constitucional. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con la audiencia reclamada contenida en el disco óptico que remitió la magistrada responsable al rendir su informe justificado, así como las documentales que también remitió; constancias que se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2004362, del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De igual forma, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. En razón de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo, se procede analizar el estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Análisis del acto reclamado. Debe señalarse que a la quejosa le resulta el carácter de sentenciada; y, por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se debe aplicar en su favor el principio de suplencia de la queja, en la deficiencia de formulación de los conceptos de violación. No obstante, en el caso, se estima que no procede aplicar la institución mencionada en beneficio de la impetrante de amparo, en atención a que del análisis de las constancias y videograbaciones remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, y que sirvieron de base para emitir el acto reclamado, se advierte que no existe materia para su aplicación. Sin que ello signifique una violación a las normas que rigen el procedimiento, ya que la aplicación de esa figura, no es absoluta, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador lo considere útil para favorecer al beneficiado; y, para que resulte procedente el amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 263, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." En el presente asunto la quejosa reclama la resolución de diez de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca el toca N-10/2022, en la cual revocó el auto apelado que no calificó de legal el traslado involuntario de la quejosa, y en su lugar calificó de legal dicho traslado del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil número dos, en esta ciudad, al diverso Centro de Reinserción Social Estatal Femenil número 1, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua; resolución que en su parte conducente, se indicó: ".III. Ahora bien, el tema a tratar descansa en la legalidad o no del traslado de la sentenciada a un centro diverso de reclusión. Decisión administrativa del veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, por la cual la autoridad penitenciaria ordenó el traslado involuntario de la sentenciada por el riesgo que existía y que generó la necesidad de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de la sentenciada y así mismo garantizar la gobernabilidad del centro penitenciario de origen. Con el fin de determinar el punto en cuestión, es necesario tener en cuenta que el numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que la Autoridad Penitenciaria, como excepción a los traslados voluntarios -artículo 50 de esta misma norma- podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: 1. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; 2. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad y, 3. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. A ese respecto es menester lo siguiente: 1. De las constancias que integran el testimonio de apelación, se desprende que la autoridad penitenciara informó al Juez de Ejecución dentro de las veinticuatro horas siguientes, el traslado de la sentenciada. Que bajo la óptica de la apelante fue necesario el actuar urgente, pues no había condiciones para solicitar autorización Judicial previa, debido al carácter primordial de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de la persona privada de su libertad. 2. El Juzgador determinó que, en efecto, la urgencia se demostró por la Autoridad Penitenciaria, pues otorgó fiabilidad a la versión oficial, la que informó sobre una protesta de un grupo de internas, en la que participó la sentenciada, por lo que calificaron como deficientes condiciones de internamiento; que la manifestación escaló hasta actos violentos, pues lanzaron piedras en contra del personal y fue necesario el sometimiento. Ante ello, el Juez reconoció que la gobernabilidad del centro se puso en riesgo y que existieron razones fundadas para el traslado involuntario de la persona privada de su libertad, pero lo consideró ilegal dado que la sentenciada se encuentra a disposición del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito e indicó que, por la suspensión de oficio dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional, la sentenciada debe continuar en las condiciones en las que se encuentra a disposición de la autoridad federal, lo que incluye su permanencia en el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil número 02, de esta ciudad. 3. El agravio prevé un tema central: los efectos de la suspensión del acto reclamado -sentencia condenatoria- no impiden el análisis sobre las condiciones de internamiento, en la que la Autoridad Penitenciara fundó su actuación ante problemas de gobernabilidad del centro. 4. La Sala estima necesario enfatizar la figura de la suspensión como una medida cautelar que paraliza o detiene la actuación de las autoridades responsables a fin de impedir que el juicio de amparo quede sin materia y que se genere mayores molestias a la persona quejosa o se le infrinjan lesiones en su esfera jurídica. De una visión general sería posible concluir, como lo hizo el Juzgador, que el traslado involuntario de la sentenciada -quejosa en el juicio de amparo directo- afecta su esfera de derechos y atenta contra la suspensión del acto, cuyo fin es evitarle una lesión jurídica. Y si bien no es posible perder de vista que la finalidad de ese proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia y fijar la libertad de la Bajo esa óptica, la Sala estima que el imperativo en persona quejosa a favor de la autoridad federal, tampoco se puede negar que, por factores externos, imprevisibles o incluso ajenos al control de las autoridades consideradas como responsables, la seguridad de las personas detenidas, que sean quejosas en un juicio de garantías, resulte comprometida por actos que generen peligro para la gobernabilidad del centro.- Bajo esa óptica, la Sala estima que el imperativo en torno a que la libertad material de la sentenciada quedó a disposición de la autoridad federal por virtud de la suspensión de oficio que emitió la autoridad responsable, no se compromete si la autoridad penitenciaria ante el riesgo de violencia e ingobernabilidad del centro salvaguardó la seguridad de la persona privada de la libertad mediante el traslado involuntario, debido a que la finalidad de la suspensión, esto es, paralizar el acto reclamado para evitar mayores huellas o lesiones en la esfera jurídica de la persona quejosa, no puede interpretarse de manera que, por esa razón, se coloque en riesgo la seguridad o la vida de la persona privada de su libertad y la gobernabilidad del centro. La garantía de no generar mayores daños en la esfera jurídica de la persona quejosa, a través de la suspensión del acto que se reclama, sería ilusoria si por permanecer en el lugar original de reclusión, la persona detenida sufre daños en su integridad o pierde la vida, ante situaciones de riesgo que el traslado involuntario podría evitar. Por ello, se estima en valía la propia valoración, que el Juez externó en torno a las condiciones de peligro que se generó por la actividad de la sentenciada quien, junto a otras, externó inconformidad por algunas condiciones de internamiento. Manifestaciones que escalaron en actos violentos debido al enfrentamiento con el personal; lo que provocó un ataque a la gobernabilidad del centro. La Sala comparte esa visión. Expresar inconformidad por las condiciones de internamiento deviene válido, incluso la Ley respectiva prevé el trámite de las controversias ante el Juez de Ejecución con el fin de conocer y reparar los posibles abusos, las carencias graves o las negligencias durante el internamiento. Así, el optar por actos de enfrentamiento y agresión con el consecuente riesgo elevado de dañar la integridad física o la vida de personas, sean empleadas del centro o privadas de la libertad, amerita la intervención de la autoridad penitenciaria para recobrar la gobernabilidad y, como sucedió, trasladar a otros centros, en forma urgente, a quienes se involucraron en la escena violenta, pues lo que se eleva en prioridad consiste en salvaguardar la seguridad de todas las personas internas y la buena marcha del centro. Amén de que la autoridad penitenciaria cumplió con la obligación de avisar al Juez de Ejecución dentro de las veinticuatro horas siguientes de ocurrido el traslado, corno lo funda el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, la Sala considera que el traslado involuntario de la sentenciada fue conforme a las pautas que la norma especializada en ejecución autoriza en el cardinal 52, en sus facciones II y III. Lo anterior porque involucrarse en una gresca implica un riesgo objetivo de sufrir algún daño y, por otra parte, si por gobernabilidad es posible establecer la condición orgánica que presupone la vigencia y efectividad de las normas generales e individualizadas relativas a las reglas de los procedimientos y los protocolos vinculantes para las autoridades, las personas privadas de la libertad y los terceros; entonces la efectividad se comprometió por los actos violentos consistentes en el enfrentamiento con el personal, lo que permite concluir que la gobernabilidad se puso en riesgo, ante el incumplimiento parcial de esos deberes. Así, la Suspensión que comunicó el Magistrado de la Segunda Sala Penal, al Juzgado de Ejecución de Penas de éste Distrito Judicial Bravos, en el que expresó que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 190 y 191 de la Ley de Amparo, se ordenó suspender de manera oficiosa y de plano la ejecución de la sentencia de casación dictada a la sentenciada el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, quien quedó a disposición del Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en razón del Amparo Directo 371/2020, no se comprometió, pues la quejosa continuará a disposición de la autoridad federal en el diverso Centro de Reinserción Social Estatal Femenil, número Uno, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua. Con ese fin es menester informar, para vía de conocimiento a la autoridad federal el actual destino de la sentenciada." Dicha resolución señala la quejosa resulta ser violatoria de los derechos fundamentales, por lo siguiente: Que se vulneró el debido proceso (derecho de audiencia) previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al efectuarse el traslado involuntario por las autoridades administrativas. Así como la violación al principio de legalidad ya que se encuentra a disposición del Primer Tribunal Colegiado de este circuito y ciudad, con motivo del juicio de amparo directo 371/2020, que promovió contra la sentencia de segunda instancia dictada en la causa penal de origen. Además, de que dicho tribunal era el facultado para calificar la legalidad o no de dicho traslado. Violación al derecho de la reinserción social previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos, a fin de compurgar las penas en el lugar más cercano al domicilio; pues se dificulta el contacto con sus familiares. En principio, la suscrita juzgadora procederá, de oficio, al estudio de la declaración de legalidad de la resolución reclamada, donde revocó el acuerdo apelado, y en su lugar calificó de legal dicho traslado efectuado contra la quejosa. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.)" La garantía de legalidad, relativa a la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, tiene el propósito primordial de dar a conocer al gobernado, en detalle y de manera completa, todas aquellas circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, se requiere que en el acto de autoridad, además de señalar el precepto legal que la autoridad estime aplicable, quien lo emita observe una motivación que contenga la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa del gobernado, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir. Esto es, la autoridad debe citar la norma que estime aplicable al acto que emita y esgrimir un argumento (aunque mínimo pero suficiente) para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Tiene aplicación a la consideración anterior, la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 175082, de rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN." En ese sentido, de la resolución reclamada se aprecia que la Magistrada responsable, expuso los fundamentos y los razonamientos que encuadran en dichos preceptos, toda vez que indicó que admitió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el juez de ejecución, en la cual no calificó de legal el traslado involuntario de la sentenciada, aquí quejosa; medio de impugnación que se admitió en términos de los artículos 138 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 471 y 474 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, en dicha audiencia compareció el agente del Ministerio Público, la defensora publica, y la sentenciada por videoconferencia; partes procesales que fueron debidamente identificadas en la audiencia, y se proporcionó la cédula profesional de la defensora, que la acredita como licenciada en Derecho; aunado que, previo a la audiencia se dio oportunidad para que la defensa y la enjuiciada tuvieran una entrevista en privado. Luego, a la sentenciada, aquí quejosa, se le explicó el motivo de la audiencia, y se analizó el supuesto contenido en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; se indicó la razón por la cual el juez de ejecución de penas en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, no calificó de legal el traslado involuntario de la sentenciada, efectuado por la Subsecretaria del Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales; asimismo, la autoridad ordenadora señaló que se había cumplido con el imperativo procedimental , porque se notificó a la autoridad jurisdiccional el traslado involuntario dentro del término de veinticuatro horas, como lo prevé el citado artículo; lo anterior era así, porque la enjuiciada fue trasladada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, a las tres horas con veinte minutos, y en ese mismo día pero a las veinte horas, con diez minutos se notificó al juez de ejecución de penas. Sin embargo, la autoridad responsable, toralmente tomó en consideración revocar el acuerdo recurrido en apelación, atendiendo a que se infringieron las disposiciones contenidas en los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52, 57 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; que era así, porque a pesar de que la sentenciada promovió juicio de amparo directo contra la sentencia de segunda instancia, la suspensión concedida para quedar a disposición del tribunal colegiado únicamente suspende la ejecución de la pena impuesta, no así las condiciones de internamiento, aunado a que el traslado involuntario obedeció por el riesgo que existía y generó la necesidad de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de la sentenciada. De ahí que, la autoridad responsable ordenadora fundamento y motivo su actuar al emitir la resolución reclamada, atendiendo a que en la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé tres supuestos de traslados nacionales: el traslado voluntario (regulado en el artículo 50), el traslado involuntario (previsto en el numeral 51) y la excepción al traslado voluntario (contemplado en el precepto 52). En el presente asunto, como bien lo analizó la magistrada responsable se está en el tercer supuesto, que permite que la autoridad administrativa penitenciaria, ordene ejecutar sin control judicial previo el traslado de personas privadas de la libertad, bajo dos condiciones: (i) que sea mediante una resolución; y, (ii) que dentro de las veinticuatro horas siguientes, se notifique de la misma a la autoridad judicial. Hecha la notificación, el Juez tendrá un plazo fatal de cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación, contra de tal determinación procede el recurso de apelación; empero, en el supuesto de que fenezca ese plazo, y el Juez no se haya pronunciado, la persona privada de su libertad también puede controvertir la resolución administrativa que determinó su traslado, en términos del artículo 117 de la propia ley. No obstante que la autorización del traslado en esos casos es aplicable únicamente a supuestos específicos; a saber: a) en casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad conforme a las leyes aplicables; b) en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, c) en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario; siendo esta última hipótesis la que consideró acreditada por parte de la autoridad responsable ordenadora Dichos parámetros, en que se pronunció la autoridad responsable al emitir la resolución de diez de marzo de dos mil veintidós, en el toca N-10/2022; por ello, se considera que la resolución reclamada cumple con el principio de legalidad contenido en artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 9177385, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." Ahora, se procede analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, y como se adelantó, aun suplidos en su deficiencia, resultan infundados; los cuales por cuestión de técnica y de conformidad con el arábigo 76 de la Ley de Amparo, algunos conceptos de violación se analizarán en un orden diverso al propuesto en el escrito de la demanda de amparo. Apoya lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la foja 1677, Febrero 2009, Tomo XXIX, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Resulta infundado el concepto de violación marcado con el inciso a), en atención lo siguiente: Señala la quejosa que vulnero el debido proceso (derecho de audiencia) contemplado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al efectuarse el traslado involuntario por las autoridades administrativas. Como se indicó anteriormente dentro de los tres supuestos de traslados nacionales, en el presente asunto el supuesto previsto donde se llevó a cabo la orden de traslado, que a la postre fue calificada de legal por el tribunal responsable, es la de excepción al traslado voluntario, previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece: "Artículo 52. Excepción al traslado voluntario La autoridad penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Como se ha explicado, este artículo establece una de las excepciones al traslado voluntario (que dentro del sistema normativo al que pertenece es la regla general); en el cual, a diferencia del traslado contemplado en el artículo 51 de la normatividad en cita, no existe una autorización judicial previa para que las autoridades penitenciarias lo lleven a cabo, ya que se establece para determinados supuestos de urgencia, que ponen en peligro bienes como la vida, la integridad, la seguridad, etcétera; sin embargo, lo anterior no significa que la autoridad judicial esté excluida de este procedimiento ya que, como se consagra en el mismo precepto, es esta autoridad la que debe determinar su legalidad, calificando las razones que motivaron a la autoridad penitenciaria a llevarlo a cabo (control judicial ex post). Si bien el artículo impugnado autoriza a las autoridades penitenciarias para ejecutarlo, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, esto sólo es una primera fase, que es a la que la Primera Sala ha denominado como fase administrativa. No obstante, es menester resaltar que además de implicar una determinación administrativa, el artículo también prevé una segunda fase judicial, que inicia cuando la autoridad penitenciaria notifica a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que, esta última, en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. En ese orden, es posible advertir que el artículo entraña un procedimiento, regulado por la propia ley, que inicia con la determinación administrativa de traslado y culmina cuando el Juez se pronuncie sobre la legalidad de ésta. Ahora, como es posible advertir de su propia construcción, el artículo prevé dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida la determinación de traslado: el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. En ese tenor, no es dable sostener que se viola la garantía de audiencia, contemplada en el artículo 14 constitucional; lo anterior, al tomar en cuenta la parte conducente de dicha norma, que se transcribe a continuación: "Nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." Conforme a lo anterior, el derecho de audiencia implica otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, previo al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, imponiendo a las autoridades la obligación de que esta privación sea mediante juicio, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento, que son en esencia: La notificación del inicio de procedimiento y sus consecuencias; La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; La oportunidad de alegar; y, El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Ahora bien, este derecho está garantizado, con independencia de que sólo se pueda ejercer hasta una segunda etapa, ya que como se ha anticipado, el artículo impugnado contempla un verdadero procedimiento en el que participa una autoridad judicial. En efecto, si bien es verídico que, en la fase administrativa del traslado excepcional, no es posible prever a favor del quejoso todas las prerrogativas a que se ha hecho referencia, esto es así, atendiendo precisamente a la urgencia que conlleva su ejecución; lo anterior porque a diferencia de los traslados voluntario e involuntario, en este tipo de traslados excepcionales la autorización es ex post, atendiendo precisamente a su necesidad ante circunstancias que ponen en peligro bienes de la mayor relevancia, tales como: la vida, la integridad, la seguridad, entre otros, de personas privadas de la libertad que están bajo el cuidado del Estado, por lo que está obligado a proteger sus derechos; también el control, la gobernabilidad y el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario. Pues, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia así consideró que el traslado excepcional obedece a la peculiaridad de los supuestos en que procede, al tener como objeto proteger a la propia persona trasladada, a otros internos y al centro mismo, respecto de conductas o situaciones que los pongan en peligro, no solamente tomando en cuenta bienes jurídicos individuales, sino también aquellos que presentan una titularidad colectiva. En ese tenor, para garantizar el eficaz cumplimiento de esos fines públicos, es necesario que, al estar ante los supuestos de urgencia contemplados en la norma, se permita a la autoridad administrativa actuar de una manera rápida, a fin de salvaguardar el bien común de las personas que están bajo su custodia, ya que podrían estar en riesgo la vida, la salud, la dignidad o la seguridad de cualquier interno y la gobernabilidad, civilidad y seguridad del centro de reclusión. Además, se debe resaltar que dentro de este procedimiento de traslado excepcional, una vez que se haga calificación por parte de la autoridad judicial, su determinación será notificada al afectado, quien tendrá oportunidad de impugnarla mediante el recurso de apelación respectivo; (como ocurrió en el presente caso). Por lo anterior, es claro que no se transgrede el derecho de audiencia señalado, pues si bien la autoridad penitenciaria en un primer momento, puede ejecutar en un traslado ante diversas situaciones de emergencia que ponen en peligro bienes de gran relevancia, esto no la releva de que se someta al conocimiento de la autoridad judicial el control de legalidad del mismo, quien deberá examinar si efectivamente se reúnen los requisitos plasmados en la norma para su ejecución. En ese sentido el derecho a que sea la autoridad judicial la que decida sobre las cuestiones inherentes a la pena, está garantizado, con independencia de que ese derecho sólo se pueda ejercer hasta la segunda etapa, ya que la ley dispone de los mecanismos idóneos para que la autoridad penitenciaria sea revisada, pues de resultar favorable la determinación alcanzada en alguno de los medios de defensa antes enunciados, el efecto será devolver a la persona privada de su libertad al lugar de reclusión de origen. De allí que, no asista la razón a la quejosa cuando señala que la excepción al traslado voluntario contravenga el texto Constitucional al permitir una actuación administrativa sin que se observe el derecho de audiencia, ya que -como se analizó- dicho acto siempre será controlado por una autoridad judicial y el derecho de audiencia tendrá plenos efectos al momento en que se convalide el traslado y en su caso se impugne en apelación. También, resulta infundado el concepto de violación marcado con el inciso c), en la parte que refiere que el tribunal colegiado era el facultado para calificar la legalidad o no de dicho traslado; lo anterior por lo siguiente: El artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece: "Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. En el caso de traslados internacionales, será competente el Juez de Ejecución con jurisdicción en los Centros Penitenciarios donde se encuentre la persona privada de la libertad o, en su caso, el de la jurisdicción donde se hubiere dictado la sentencia correspondiente, a elección de la persona privada de la libertad, siguiendo el procedimiento que para tal efecto se establezca en el tratado aplicable. Las mismas reglas de competencia se observarán en relación con las personas inimputables sujetas a medidas de seguridad en los establecimientos previstos en la ley Del contenido de lo anterior, y atendiendo a la hipótesis del acto reclamado, se aprecia que tanto el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto, podrán analizar las controversias surgidas con motivo de traslados nacionales. Entonces, si resulta ser competente para resolver la situaciones de traslado los citados jueces, es decir, ellos determinaran si es procedente o no calificar el traslado involuntario efectuado en contra de imputados o sentenciados; como aconteció en el presente asunto. Por su parte, los diversos preceptos 51 y 52 de la citada ley, establecen: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." De lo anterior, en lo conducente al asunto analizado, se aprecia que el traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso; resolución que prevé el recurso de apelación; además, la Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio, quien como caso de excepción podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, bajo los siguientes casos: de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Sin embargo, en todos esos supuestos de excepción -traslados sin autorización previa-, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado; resolución judicial que es apelable; no obstante, en caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De ahí lo infundado del citado concepto, porque como se evidencio del contenido de los citados artículos, el juez de control o de ejecución son las autoridades facultadas para calificar los traslado de internos. Por otra parte, resulta infundado el concepto de violación marcado con el inciso b), violación al principio de legalidad ya que se encuentra a disposición del Primer Tribunal Colegiado de este circuito y ciudad, con motivo del juicio de amparo directo 371/2020, que promovió contra la sentencia de segunda instancia dictada en la causa penal de origen. En este punto, es necesario enfatizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 283/2011, en lo conducente señaló lo siguiente: ". En ese sentido, cabe preguntarse lo siguiente: 1. ¿Cuál es el marco normativo de la suspensión en el juicio de amparo directo en materia penal? 2. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión en el juicio de amparo directo en materia penal, derivado de una sentencia condenatoria que decreta la privación de la libertad? 3. ¿Cuál es el alcance de la puesta a disposición del quejoso a cargo del Tribunal Colegiado de Circuito competente, conforme al artículo 172 de la Ley de Amparo? 4. ¿Las autoridades carcelarias y administrativas pueden llevar a cabo o no, actos de disposición respecto de la persona del quejoso, sin la autorización del Tribunal Colegiado de Circuito? Respuesta a la pregunta número uno: ¿Cuál es el marco normativo de la suspensión en el juicio de amparo directo en materia penal? Dicha suspensión está regulada en los artículos 170, 171, 168, 172, 143, 104, 105 y 107 de la Ley de Amparo; así como en el artículo 107, fracciones X y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011), los cuales dicen: (.) De los artículos anteriores se desprende el procedimiento a seguir para el trámite de la suspensión en el juicio de amparo directo, el cual se puede dividir en dos apartados: El primero: regula el aspecto operativo inherente a la autoridad encargada de conceder la suspensión, qué se debe hacer en caso de omisión de copias de la demanda, así como los efectos en que habrá de concederse (artículos 107, fracciones X y XI, de la Carta Magna y 170, 171, 168 y 172 de la Ley de Amparo). El segundo: prevé el procedimiento para la ejecución y debido cumplimiento de la medida suspensional (artículos 143, 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de la ley de la materia). Así, en términos de los artículos 107, fracción XI, de la Carta Magna y 170 de la Ley de Amparo, la encargada de decretar la suspensión es la autoridad responsable ordenadora -como auxiliar del Poder Judicial de la Federación-, ante quien se presenta la demanda de garantías. Por lo que ve a los artículos 171 y 168 de la Ley de Amparo, indican que cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en juicios del orden penal, al proveer la autoridad responsable, conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 168 de esta ley, mandará suspender de plano la ejecución de la sentencia reclamada, y que la falta de exhibición de las copias de la demanda de amparo en materia penal, no será motivo para tenerla por no interpuesta; para ello, el tribunal que conozca del amparo mandará sacarlas oficiosamente. Por su parte, el numeral 172 de la ley de la materia, alude a los efectos de la suspensión cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad. -a los cuales se hará alusión en apartados posteriores- (.) Respuesta a la pregunta número dos: ¿Cuáles son los efectos de la suspensión en el juicio de amparo directo en materia penal, derivado de una sentencia condenatoria que decreta la privación de la libertad? De conformidad con el artículo 172 de la ley de la materia, cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito competente por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución, la cual podrá ponerlo en libertad caucional si procediere.(13) Con mayor amplitud se explican los efectos de la suspensión en la respuesta a la pregunta número tres. Respuesta a la pregunta número tres: ¿Cuál es el alcance de la puesta a disposición del quejoso a cargo del Tribunal Colegiado de Circuito competente, conforme al artículo 172 de la Ley de Amparo? En primer lugar, es prioritario definir los conceptos de "disposición y disponer", pues su significado puede dar una aproximación respecto a las facultades que nacen para el Tribunal Colegiado, lo que armonizado al contexto de la disposición relativa permitirá tener una idea específica de la intención del legislador. (.) Ahora bien, de los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se advierte que el acto reclamado en el amparo directo penal lo constituye la sentencia definitiva de segunda instancia que impone la pena privativa de libertad, por lo que el propósito de la suspensión es precisamente paralizar su ejecución. En el amparo directo existen dos instituciones que tienen como propósito la paralización del acto reclamado, esto es, la suspensión tradicional y la derivada de la libertad caucional. -institución que no es materia de la presente contradicción y, por lo mismo, no es necesario establecer sus requisitos, procedimiento y efectos jurídicos- En la hipótesis en que no proceda la libertad caucional, la autoridad responsable debe ceñirse a lo que dispone expresamente el artículo 172, esto es, cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución. Aspecto importante para el desarrollo de la presente contradicción, en virtud de que dicho precepto no debe entenderse en el sentido de que la suspensión tendrá por efecto dejar en libertad al quejoso, sino que se limita al hecho específico de que se paralice la ejecución del acto reclamado y queden las cosas en el estado que actualmente guardan hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo, es decir, el quejoso se mantendrá privado de su libertad, a disposición del Tribunal Colegiado, por mediación de la autoridad responsable. Al respecto, tiene aplicación, en lo conducente, la siguiente tesis aislada que en la Sexta Época emitiera esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SUSPENSIÓN EN AMPARO PENAL DIRECTO (SENTENCIAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD). (.) Con base en lo anterior, se puede colegir en que el alcance de la expresión "puesta a disposición" del quejoso a cargo del Tribunal Colegiado, por mediación de la autoridad responsable, a que hace referencia el artículo 172 de la Ley de Amparo, se traduce en que el órgano colegiado es el rector del juicio constitucional y la autoridad responsable actúa en esa primera etapa como órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación, en lo concerniente a la recepción de la demanda de amparo directo, su trámite inicial (verificación de requisitos, emplazamiento de las partes, etcétera), la emisión del auto de suspensión o de libertad caucional, en su caso, y queda vinculada a velar por el cumplimiento de la medida suspensional que decrete. Esa división de funciones legalmente consignadas, permite a la parte quejosa entender que el Tribunal Colegiado es la autoridad que tiene a su cargo la rectoría del proceso de amparo en cuanto a su trámite, resolución y cumplimiento. Inclusive su intervención abarca hasta la materia de la suspensión decretada por la autoridad responsable, en cuanto la ley lo permita -como acontece, por ejemplo, en el recurso de queja, en los términos del numeral 95, fracción VIII, de la ley de la materia(16)-, dicho en otras palabras, es quien ejercerá el control de constitucionalidad en todos los actos que desarrolle. Es por ello que el Tribunal Colegiado goza de la amplia facultad de poder decidir respecto de la situación personal del quejoso, pues su rectoría así lo dicta, pero dicha expresión debe circunscribirse únicamente a los aspectos señalados en el párrafo anterior, dentro de los cuales no está comprendida la atribución de intervenir en los actos de disposición que en el ejercicio de sus funciones despliega la autoridad carcelaria y administrativa respecto de la persona del quejoso, por más que hayan sido señaladas como responsables en el escrito de demanda, toda vez que, como se indicó con antelación, en el caso de la suspensión contra una sentencia definitiva que impone la pena privativa de libertad -supuesto del artículo 172 en análisis-, de no proceder la libertad caucional, el efecto de ningún modo será dejar en libertad al quejoso, sino que se limita al hecho específico de que se paralice la ejecución del acto reclamado y queden las cosas en el estado que actualmente guardan hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo, es decir, el quejoso continuará privado de su libertad. Al ser esto así, el estatus de interno y el régimen de vida penitenciaria que padece el promovente del amparo dentro de determinado reclusorio, constituye una circunstancia particular respecto de la cual no tiene alcances la medida precautoria concedida, es decir, esa situación sólo puede verse modificada por virtud de los efectos del fallo protector que se llegara a dictar, en los términos del artículo 80 de la Ley de Amparo. En este punto, es cuando surge la siguiente interrogante, a la que habrá de ocuparse la presente determinación. Respuesta a la pregunta número cuatro: ¿Las autoridades carcelaria y administrativa pueden llevar a cabo o no, actos de disposición respecto de la persona del quejoso, sin la autorización del Tribunal Colegiado de Circuito? La respuesta es afirmativa, en virtud de que como quedó analizado en la pregunta anterior, el estatus de interno y el régimen de vida penitenciaria que padece el promovente del amparo dentro de determinado reclusorio, constituye una circunstancia particular respecto de la cual no tiene alcances la medida precautoria concedida, es decir, esa situación sólo puede verse modificada por virtud de los efectos del fallo protector que se llegara a dictar, en los términos del artículo 80 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, ante el hecho de que el quejoso quedara a disposición del Tribunal Colegiado debido a la concesión de la medida suspensional, no implica que dentro de las funciones de dicho órgano esté comprendida la protección de la situación jurídica que guarda aquél en cuanto a su libertad personal, derivado de su calidad de preso, esto es, que pudiera emitir determinaciones que interfieran con los actos de disposición que respecto a la persona del quejoso realizan las autoridades carcelarias y administrativas, ya que tales cuestiones compete resolverlas exclusivamente a dichas autoridades dependientes del Ejecutivo, porque se trata de acciones autónomas, que son ajenas a las atribuciones que despliega el Tribunal Colegiado con motivo de la puesta a disposición que respecto del quejoso se le confiere, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. Conviene agregar que tales acciones que pudieran desplegar las autoridades carcelarias y administrativas, no interfieren con el trámite y resolución del juicio a cargo del Tribunal Colegiado de Circuito, pues para ello la ley prevé las notificaciones y, ante un eventual traslado del condenado, existen las comunicaciones oficiales, como medio para hacerle de su conocimiento cualquier noticia sobre el desarrollo del proceso de amparo; amén que el directamente agraviado tiene ante el órgano de control constitucional registrada persona autorizada o defensor público federal que lo asiste. Por otro lado, debe expresarse que no implica obstáculo alguno la circunstancia de que la autoridad carcelaria y administrativa haya sido señalada como autoridad responsable ejecutora en el amparo directo, o bien, sin serlo, conozca del juicio debido a que sólo haya sido notificada del auto de suspensión. Al respecto, es menester apuntar que, en la generalidad, cuando se promueve una demanda de amparo directo en materia penal, la parte quejosa únicamente señala como autoridad responsable ordenadora a quien emitió la sentencia definitiva de segunda instancia y, como ejecutora, designa al Juez del proceso. La práctica también demuestra que la autoridad responsable ordenadora, una vez que emite el auto de suspensión, por lo regular, tiene a bien ordenar una notificación de tal medida a la autoridad o autoridades dependientes del Ejecutivo (carcelarias y administrativas), vinculadas al internamiento del condenado, sin que ello implique que tengan el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. La notificación a una autoridad no señalada como responsable, si bien no existe disposición legal que obligue a practicarla; sí es factible que se realice en el caso de aquellos funcionarios en donde está recluido el quejoso, y cumple el propósito de hacerlos sabedores de que se promovió amparo directo y cuál es el Tribunal Colegiado al que corresponde el conocimiento del asunto; así como la autoridad que decretó la suspensión del acto reclamado y sus efectos.(17) De manera que la circunstancia de que la autoridad dependiente del Ejecutivo haya sido señalada como autoridad responsable en el amparo directo, o bien, solamente se haya hecho sabedora de la demanda y la suspensión del acto reclamado, vía notificación, no interfiere con el criterio de que pueda llevar a cabo actos de disposición respecto de la persona del quejoso, pues como se consideró previamente, tales acciones son autónomas, y la suspensión no tiene el alcance suficiente para impedir el ejercicio de las facultades administrativas de las autoridades carcelarias. Conclusión. Una vez analizados los diversos temas al dar respuesta a cada una de las preguntas formuladas, conviene ahora establecer las directrices del criterio jurisprudencial que debe prevalecer. a) De los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se advierte que el acto reclamado en el amparo directo penal lo constituye la sentencia definitiva de segunda instancia que impone la pena privativa de libertad, por lo que el propósito de la suspensión es precisamente paralizar su ejecución. b) En esa hipótesis, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución. c) De no proceder la libertad caucional, la suspensión no tendrá por efecto dejar en libertad al quejoso, sino que se limita al hecho específico de que se paralice la ejecución del acto reclamado y queden las cosas en el estado que actualmente guardan hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo, es decir, el quejoso continuará privado de su libertad, a disposición del Tribunal Colegiado, por mediación de la autoridad responsable. d) El estatus de interno y el régimen de vida penitenciaria que padece el promovente del amparo dentro de determinado reclusorio constituye una circunstancia inalterable por la medida suspensional concedida, sino únicamente por virtud de los efectos del fallo protector, en los términos del artículo 80 de la Ley de Amparo. e) El hecho de que el quejoso quedara a disposición del Tribunal Colegiado, debido al otorgamiento de la suspensión, no implica que dentro de las facultades de dicho órgano, esté comprendida la protección de la situación jurídica que guarda aquél en cuanto a su libertad personal, derivado de su calidad de preso, esto es, que pudiera emitir determinaciones que intervengan en los actos de disposición que en el ejercicio de sus funciones despliega la autoridad carcelaria y administrativa respecto de la persona del quejoso, por más que hayan sido señaladas como responsables en el amparo directo penal. f) En esa medida, la suspensión en el amparo directo penal, decretada en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, no tiene el alcance suficiente para impedir el ejercicio de las facultades administrativas de las autoridades carcelarias; hecha excepción del supuesto en que llegaran a desplegar algún acto vinculado directamente con la ejecución de la pena, objeto de la suspensión. g) Consecuentemente, frente a actos propios de las autoridades administrativas que determinen el traslado del sentenciado o cualquier otra medida que modifique su situación de recluso no procede el recurso de queja por incumplimiento de la suspensión, sino el amparo indirecto, sujeto al principio de definitividad, o no, según el caso. h) La circunstancia de que la autoridad dependiente del Ejecutivo (carcelaria y administrativa), haya sido señalada como autoridad responsable en el amparo directo, o bien, solamente se haya hecho sabedora de la demanda y la suspensión del acto reclamado, vía notificación, no interfiere con el criterio de que pueda llevar a cabo actos de disposición respecto de la persona del quejoso. En esas condiciones, de la interpretación de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Amparo debe concluirse que cuando se concede la suspensión en el juicio de amparo directo penal contra la sentencia definitiva de segunda instancia que impone la pena privativa de libertad, la autoridad carcelaria y administrativa puede llevar a cabo actos de disposición respecto de la persona del quejoso, con independencia de que haya sido señalada como responsable en el juicio de garantías; lo anterior, sin la autorización del Tribunal Colegiado de Circuito a cuya disposición está el quejoso, toda vez que la medida suspensional no tiene el alcance suficiente para impedir el ejercicio de las facultades administrativas de tales autoridades del Ejecutivo; hecha excepción del supuesto en que llegaran a desplegar algún acto vinculado directamente con la ejecución de la pena, objeto de la suspensión. (.) Del contenido de esa contradicción de tesis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que cuando se interponga juicio de amparo directo, y la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado de circuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución; es decir, el impetrante continuará privado de su libertad, por lo que el estatus de interno y el régimen de vida penitenciaria dentro del reclusorio, constituye una circunstancia no comprendida en los alcances de la medida precautoria concedida, siempre y cuando la autoridad carcelaria y administrativa dentro de sus atribuciones no realicen algún acto vinculado directamente con la ejecución de la pena, objeto de la suspensión; en ese sentido, frente a actos propios de tales autoridades administrativas que determinan el traslado del condenado o cualquier otra medida que modifique su situación de recluso, no procede el recurso de queja por incumplimiento de la suspensión, sino el amparo indirecto, sujeto al principio de definitividad, o no, según el caso. Ahora bien, en el presente asunto, del contenido de la resolución reclamada se advierte que la magistrada responsable revocó el acuerdo dictado por el juez de ejecución que no calificó de legal el traslado, pues la interna se encontraba a disposición del Primer Tribunal Colegiado de este circuito y ciudad, con motivo del juicio de amparo directo interpuesto contra la resolución de segunda instancia; empero, la magistrada tomó en consideración para revocar el acuerdo apelado, que la suspensión concedida en ese juicio de amparo, no se había comprometido, debido a que la quejosa continuaría a disposición de la autoridad federal en el diverso Centro de Reinserción Social Estatal Femenil número Uno, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, es decir, que los efectos de la suspensión del acto reclamado no impedían el análisis sobre las condiciones de internamiento; aunado a que la urgencia del traslado se debió a la protesta de un grupo de internas, en la que participo la quejosa, manifestaciones que escaló hasta actos violentos, pues lanzaron piedras en contra del personal. Por lo que se estima acertado el actuar de la magistrada responsable, toda vez que como se evidenció del contenido de la citada contradicción de tesis, que en la medida de la suspensión en el amparo directo penal, decretada en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, no tiene el alcance suficiente para impedir el ejercicio de las facultades administrativas de las autoridades carcelarias administrativas; con excepción del supuesto en que llegaran a desplegar algún acto vinculado directamente con la ejecución de la pena, objeto de la suspensión; consecuentemente, frente a actos propios de las citadas autoridades que determinen el traslado del sentenciado o cualquier otra medida que modifique su situación de recluso, no se violenta la suspensión decretada con motivo del juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen con motivo de la contradicción de tesis analizada en líneas precedentes, visible a página 1168, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002071, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO PENAL. NO IMPIDE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES CARCELARIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con dicho numeral, cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado de circuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución. Ahora bien, de no proceder la libertad caucional, la suspensión no tendrá por efecto dejarlo en libertad, sino que se limita al hecho específico de que se paralice la ejecución de la condena y queden las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo; es decir, el quejoso continuará privado de su libertad, por lo que el estatus de interno y el régimen de vida penitenciaria que padece dentro de determinado reclusorio, constituye una circunstancia no comprendida en los alcances de la medida precautoria concedida. En esa tesitura, el hecho de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado, debido al otorgamiento de la suspensión, no implica que dentro de las facultades de dicho órgano esté la de intervenir en los actos de disposición que en el ejercicio de sus atribuciones despliega la autoridad carcelaria y administrativa respecto de la persona del quejoso, hecha excepción del supuesto en que llegaran a realizar algún acto vinculado directamente con la ejecución de la pena, objeto de la suspensión. Consecuentemente, frente a actos propios de tales autoridades administrativas que determinan el traslado del condenado o cualquier otra medida que modifique su situación de recluso, no procede el recurso de queja por incumplimiento de la suspensión, sino el amparo indirecto, sujeto al principio de definitividad, o no, según el caso. De igual forma, respecto al motivo de disenso planteado en el inciso c), en el cual refiere la violación al derecho de la reinserción social previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos, a fin de compurgar las penas en el lugar más cercano al domicilio; pues se dificulta el contacto con sus familiares. También es infundado, pues como se mencionó con antelación, el derecho a compurgar la pena en los centros penitenciarios cercanos a su domicilio puede ser modulado en casos específicos, como el de la quejosa, por requerir medidas especiales de seguridad. Lo anterior se puede advertir con la lectura de la porción específica del precepto de nuestra Carta Magna a que se hace referencia: "Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad." En efecto, el penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional contiene diversas prevenciones relacionadas con el régimen penitenciario, particularmente, el lugar en que se debe ejecutar la pena de prisión que, si bien es cierto, inicialmente podrá ser en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, con la clara finalidad de facilitar su reinserción a la sociedad, lo cierto es que el texto del citado párrafo permite advertir que el Constituyente no concibió tal posibilidad como un derecho automático para el sentenciado, es decir, como una opción siempre segura, ineludible y obligatoria para la autoridad, sino limitado o circunscrito a lo establecido por las normas instrumentales aplicables, especificando con claridad que esa disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de los internos que requieran medidas especiales de seguridad. Además, en dicho párrafo se señala que ese derecho a compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, será en los casos y condiciones que establezca la ley; por lo que se pone de manifiesto, por una parte, que serán los órganos legislativos los que han de ponderar las condiciones y circunstancias para que opere este supuesto y, por otra, que se trata de una limitación expresamente contemplada en la propia Constitución Federal, para los casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, lo que abre la posibilidad para que la autoridad competente, atendiendo a las necesidades de traslado, mediante resolución debidamente fundada y motivada, determine el lugar en que aquél debe cumplir la pena impuesta. De manera adicional, el hecho que el sentenciado no se encuentre cerca de su domicilio, de ninguna manera significa que no estará en un ambiente adecuado para su desarrollo integral que es finalmente lo que se persigue con la reinserción, no obstante que esté alejado de su domicilio ordinario. Como se señaló en apartados anteriores, la excepción al traslado voluntario se instauró en función de la necesidad preponderante de salvaguardar ciertos aspectos de interés superior, entendiendo éstos como la seguridad y la vida de los internos, así como la gobernabilidad del centro penitenciario, los cuales son esenciales para los fines de reinserción y el cumplimiento de las obligaciones que adquiere el Estado con las personas privadas de su libertad. Por tanto, contrario a lo manifestado por la quejosa, no es dable considerar que se contravenga el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1135, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro 2023927, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL QUE LO CONTEMPLA, NO VIOLA EL DERECHO A LA REINSERCIÓN SOCIAL. Hechos: La autoridad administrativa de un centro penitenciario ordenó y ejecutó el traslado de una persona privada de su libertad a otro diverso, actuando conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el Juez correspondiente calificó de legal dicha determinación. En su contra, la parte afectada promovió juicio de amparo indirecto alegando que dicho precepto normativo vulnera el derecho a compurgar la pena en los centros penitenciarios cercanos a su domicilio; el Juez de amparo estimó que la norma era constitucional. En contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no contraviene el derecho de reinserción social de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario, contemplado en el artículo 18 constitucional. Justificación: La excepción al traslado voluntario establecida en el artículo 52 mencionado se instauró en función de la necesidad preponderante de salvaguardar ciertos aspectos de interés superior, entendiendo éstos como la seguridad y la vida de los internos, así como la gobernabilidad del centro penitenciario, los cuales son esenciales para los fines de reinserción y el cumplimiento de las obligaciones que adquiere el Estado con las personas privadas de su libertad. En ese sentido, con la determinación de traslado urgente de un centro penitenciario a otro, no se viola el derecho consagrado en el penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional, ya que si bien es cierto que respecto al lugar en que se debe ejecutar la pena de prisión, señala que, podrá ser en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, con la clara finalidad de facilitar su reinserción a la sociedad, también lo es que el texto del citado párrafo permite advertir que el Constituyente no concibió tal posibilidad como un derecho automático para el sentenciado, esto es, como una opción siempre segura, ineludible y obligatoria para la autoridad, sino limitado o circunscrito a lo establecido por las normas instrumentales aplicables, especificando con claridad que esa disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de los internos que requieran medidas especiales de seguridad. Además, en dicho párrafo se señala que ese derecho a compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a sus domicilio, será en los casos y con las condiciones que establezca la ley; por lo que se pone de manifiesto, por una parte, que serán los órganos legislativos los que han de ponderar las condiciones y circunstancias para que opere este supuesto y, por otra, que se trata de una limitación expresamente contemplada en la propia Constitución General, para los casos señalados, lo que abre la posibilidad para que la autoridad competente, atendiendo a las necesidades de traslado, mediante resolución debidamente fundada y motivada, determine el lugar en que aquél debe cumplir la pena impuesta; sin que el hecho de que el sentenciado no se encuentre cerca de su domicilio, signifique que no estará en un ambiente adecuado para su desarrollo integral que es finalmente lo que se persigue con la reinserción." En las narradas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación y al no advertir queja deficiente que suplir, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, en contra del acto reclamado a la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución emitida el diez de marzo de dos mil veintidós, en el toca N-10/2022, a través de la cual calificó de legal el traslado involuntario efectuado en contra de la quejosa. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.1o. J/1231, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.". En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, con relación al acto reclamado y autoridades responsables precisada en los considerandos segundo y cuarto de esta sentencia, por las razones ahí esgrimidas. Notifíquese personalmente; y con fundamento en los artículos 26, fracción I, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la directa quejosa **********, quien se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua, mediante exhorto vía sise dirigido al Juez de Distrito en turno, con sede en Chihuahua, Chihuahua, para que en auxilio de este juzgado, tenga a bien ordenar a quien corresponda le notifique personalmente esta resolución a la citada quejosa, para lo cual se ordena remitir copia autorizada de la misma.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de mayo de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 203/2022-VII; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de marzo de este año, en la Oficialía de partes de este juzgado federal **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, contra actos de la autoridad responsable Magistrado de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y de otras autoridades, de quienes reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social para Adultos Número Dos, en esta ciudad, al Centro de Reinserción Social Número Uno, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua. SEGUNDO. Tramitación del incidente. En proveído de veintiocho de marzo de este año, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su respectivo informe previo a las autoridades responsables, y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Fiscal Especializado en Ejecución de Penas en el Estado de Chihuahua, en su denominación correcta, aceptó la existencia del acto reclamado por la parte quejosa. Manifestaciones a las que se les reconoce como confesión expresa, de conformidad con el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los ordinales 197 y 199 del citado código; y se tiene como cierto el acto que le fue endilgado. Respecto de la suspensión que solicita, debe precisarse que el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos que deben reunirse previo a conceder la medida suspensional, los cuales son los siguientes: a) Que la suspensión sea solicitada por el agraviado; b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En esa tesitura, con fundamento en los artículos 128 y 161 de legislación de la materia, y debido a que la medida cautelar solicitada no causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, se concede a la quejosa la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado actual en que se encuentren y no esa trasladada a diverso Centro Penitenciario, al que actualmente se encuentra interna; hasta en tanto se notifique que causa ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal, del cual deriva el presente incidente de suspensión. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se concede a la quejosa, aquí incidentista, **********, la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la orden de traslado, reclamado a la citada autoridad responsable, por los motivos y para los efectos precisados en el segundo considerando de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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