Karla Guadalupe Loera Morales
Expediente 32/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Karla Guadalupe Loera Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, en atención a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, ya que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 32/2021-II, promovido por *******. Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el día hábil posterior, ******* promovió demanda de amparo en contra del Subdelegado en Ciudad Juárez y del Delegado Regional en el Estado de Chihuahua, ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de quienes reclamó lo siguiente La omisión de responder a la petición que les formuló mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, a través del cual les solicitó la devolución de las aportaciones realizadas a la subcuenta de vivienda que realizó durante su etapa laborable. Segundo. Trámite del juicio y concesión de amparo. Luego, mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Después, integrado el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la accionante del amparo, para que el Subdelegado en Ciudad Juárez y el Delegado Regional en el Estado de Chihuahua, ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, efectuaran lo siguiente: 1. De inmediato, den respuesta a la petición que les formuló la aquí quejosa. 2. La emitan por escrito. 3. La misma, deberá ser congruente con lo solicitado. 4. La hagan del conocimiento de la quejosa en el domicilio que señaló en su escrito de petición, dentro del término de tres días a partir de su emisión. 5. Ello, con libertad de pronunciarse con relación a lo solicitado, en el sentido que estimen conveniente conforme a derecho; es decir, en ejercicio de plenitud de jurisdicción, en el cúmulo de sus facultades legales. Tercero. Proveído por el que causa ejecutoria la sentencia; determinación emitida por la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria y vista a la parte quejosa. En acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia en este asunto. Por lo que, enseguida, en tal acuerdo, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo recibidos en este juzgado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, por virtud de los cuales las responsables adujeron haber dado cumplimiento al fallo protector, con fundamento en el dispositivo 196 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo haya hecho. Cuarto. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. Quien suscribe, procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, para lo cual, se toman en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a ******* y lo informado por las autoridades responsables, se colige que dieron cumplimiento a la ejecutoria federal. Lo anterior, pues se desprende que mediante oficio *******, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dirigido a ******* aquí quejosa, dieron respuesta a la petición que ésta les formuló con relación a la devolución de recursos acumulados en la subcuenta de la vivienda; pues le informaron que no cuenta con un crédito vigente COFINAVIT y que el monto de vivienda 92 y 97, se encuentra en ceros, para lo cual, le anexaron el "estado de cuenta histórico". Asimismo, refieron que por lo que respecta al monto de ******* ($*******), le informaron que el mismo corresponde al concepto de ahorro para el retiro, mismo que debía solicitar ante su administradora de fondos correspondiente. Respuesta que fue dirigida a la aquí quejosa, como ya se indicó, y notificada incluso en el domicilio que señaló en su demanda de amparo, esto es, en *******, en esta ciudad, el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, por conducto de la persona que dijo llamarse *******, quien dijo contar con el carácter de miembro del despacho legal ubicado en dicho inmueble, quien no deseó identificarse ni firmar de recibido. Así pues, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, se advierte que no se incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia y que se atendieron los efectos determinados; pues dieron respuesta a la petición que les formuló la aquí quejosa; misma que fue emitida por escrito y de forma congruente con lo solicitado; además la hicieron del conocimiento de la quejosa en el domicilio que señaló en su escrito de petición, que incluso corresponde con el indicado en su ocurso de amparo, dentro del término de tres días hábiles a partir de su emisión; y en ejercicio de plenitud de jurisdicción, en el cúmulo de sus facultades legales, optaron por negar las devoluciones instadas, por los motivos arriba aludidos. En razón de lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues, con su actuación, se restituyeron a la parte quejosa el goce de los derechos fundamentales que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 32/2021-II, ha quedado cumplida. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; por oficio a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra la sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de ésta legislación, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora, en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para que el Subdelegado en Ciudad Juárez y el Delegado Regional en el Estado de Chihuahua, ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, efectuaran lo siguiente: 1. De inmediato, den respuesta a la petición que les formuló la aquí quejosa. 2. La emitan por escrito. 3. La misma, deberá ser congruente con lo solicitado. 4. La hagan del conocimiento de la quejosa en el domicilio que señaló en su escrito de petición, dentro del término de tres días a partir de su emisión. 5. Ello, con libertad de pronunciarse con relación a lo solicitado, en el sentido que estimen conveniente conforme a derecho; es decir, en ejercicio de plenitud de jurisdicción, en el cúmulo de sus facultades legales. Luego, del estado que guardan los presentes autos se advierte que en auto de veinticinco de febrero del presente año, se tuvo a las autoridades responsables, aduciendo haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, con lo que se le otorgó vista a la parte quejosa; por lo que, primero, con sustento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se deja insubsistente de dicho proveído únicamente la vista otorgada a la quejosa. Finalmente, con el oficio y anexo recibidos en este juzgado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, por virtud de los cuales las responsables adujeron haber dado cumplimiento al fallo protector, dese vista a la parte quejosa a efecto de que en el término de tres días posteriores a la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y apercíbasele de que de no hacerlo, se continuará el trámite de ejecución de sentencia, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 32/2021-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, promovió demanda de amparo en contra del Subdelegado en Ciudad Juárez y del Delegado Regional en el Estado de Chihuahua, ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de quienes reclamó lo siguiente: LEY Y/O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. Omisión de dar respuesta recaída a la petición del gobernado dentro del término previsto en la ley. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión a trámite de la demanda. En auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo4 , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del Subdelegado en Ciudad Juárez y del Delegado Regional en el Estado de Chihuahua, ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: La omisión de responder a la petición que les formuló mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, a través del cual les solicitó la devolución de las aportaciones realizadas a la subcuenta de vivienda que realizó durante su etapa laborable. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Subdelegado en Ciudad Juárez y el Delegado Regional en el Estado de Chihuahua, ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, fueron omisos en rendir sus informes justificados, a pesar de haber sido debidamente requeridos para tal efecto. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo5 , se presume cierto el acto reclamado a tales autoridades, consistente en la omisión de proveer respecto de la petición que les fue formulada por parte de la ahora quejosa, el diecinueve de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado a las referidas responsables Cuarto. Procedencia y precisión especial. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo6 . Es pertinente precisar al respecto, que tal como lo señala la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 149/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 , el juicio de amparo biinstancial es procedente cuando se reclame del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la omisión de dar respuesta a la petición de información y devolución de recursos acumulados en la subcuenta de la vivienda, posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, como en el caso. En efecto, la quejosa, bajo protesta de decir verdad, señaló que la devolución que solicitó mediante escrito a las responsables, de cuya omisión de contestación aquí se duele, correspondió al periodo que laboró del año dos mil cinco hasta el dos mil quince; tal como lo acreditó con copia simple del ocurso de petición, donde se advierte que solicitó la devolución de recursos acumulados durante tal periodo. Lo que evidencia la procedencia del presente asunto, de conformidad con el criterio jurisprudencial de referencia. Así, toda vez que en el presente juicio de amparo no se alegan causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis del único concepto de violación expresado por la quejosa, el cual no se transcribirá en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Sentado lo anterior, la quejosa, esencialmente aduce que las responsables vulneraron en su perjuicio el derecho de petición previsto en el artículo 8º Constitucional. El concepto de violación esgrimido por la quejosa, es fundado, como se demostrará a continuación. Para ello, en primer término, es preciso invocar el contenido del artículo constitucional en comento, que es del texto siguiente: Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Dicho numeral establece, de inicio, el derecho de los gobernados a formular peticiones a los funcionarios estatales (por escrito y de manera pacífica y respetuosa); además, determina enseguida las particularidades que debe contener la respuesta de la autoridad, a la petición. Además, para que el derecho de petición consagrado en el imperativo constitucional analizado sea atendible en la vía de amparo, tiene como presupuesto que aquélla se realice al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad; es decir, en una relación de supra a subordinación; de conformidad con la jurisprudencia P./J. 42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD8 . Así, los elementos que debe comprender la respuesta que dé la autoridad peticionada -de acuerdo a tal prerrogativa fundamental son medularmente las siguientes: I. Debe ser formulada en un término breve; esto es, el estrictamente necesario para su estudio y acuerdo. Al respecto, si bien no se ha fijado un término único y genérico para responder y que se considere como "breve", éste se deberá entender como el que racionalmente se requiera para estudiar adecuadamente la petición formulada y acordarla, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo que sopese la autoridad. II. Debe ser congruente con la petición instada; esto es, la respuesta debe abarcar todos y cada uno de los aspectos planteados en el ocurso de petición y debe ser acorde a lo solicitado. III. La respuesta debe ser notificada al solicitante, ya sea en el domicilio físico que haya señalado para tales efectos, o bien, vía electrónica, sólo en caso de que el gobernado haya dispuesto un correo electrónico o medio virtual alterno para ello. Esto último, siempre que el oficio de respuesta a la petición cuente con firma autógrafa o electrónica de la autoridad que la emita, pues debe distinguirse entre las formalidades que deben revestir los actos para su validez y las formas autorizadas para comunicarlos. IV. La autoridad tiene plena libertad para resolver la petición planteada, en el sentido que estime pertinente conforme a derecho; es decir, la petición no lo constriñe a pronunciarse en sentido positivo con lo instado. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia J/27, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 2167, del Tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2011, Novena Época, que dice: DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. Asimismo, se sustenta en la tesis XVII.2o.P.A.1 CS (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 1674, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2020, Décima Época, del contenido: DERECHO DE PETICIÓN. CONCEPTO DE "BREVE TÉRMINO" PARA EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIÓ. El artículo 8o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades la obligación de dar respuesta en "breve término" a la solicitud formulada por un particular; sin embargo, ese concepto no ha sido acotado por el Constituyente, por lo que no es posible fijar un plazo único y genérico para que las autoridades den respuesta a la solicitud que se les plantea en ejercicio del derecho de petición. En esa tesitura, por "breve término" debe entenderse el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo de la autoridad. En el caso, las hipótesis indicadas en los puntos que anteceden, no se encuentran colmados -tal como lo afirma la quejosa en su único concepto de violación- por la sencilla razón de que no existe prueba alguna que permita afirmar que las responsables han dado respuesta a lo instado, ni mucho menos que se la hayan notificado, precisamente ante su inexistencia. En efecto, desde el diecinueve de agosto de dos mil veinte, fecha en que fue presentado el escrito de petición por la gobernada, ahora accionante del amparo, al día de la promoción de la demanda que originó este juicio, depositada en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, han transcurrido cinco meses, sin que se notifique respuesta alguna; periodo al que se le adiciona un mes más, pues al día de la emisión de esta sentencia, esto es, el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, han transcurrido exactamente seis meses desde que la aquí quejosa formuló la petición de que se trata. De manera que, atendiendo a la naturaleza de la solicitud de que se trata, esta Juzgadora Constitucional estima que existió tiempo más que suficiente para que las autoridades responsables hubiesen emitido la respuesta a la petición formulada y haberla hecho del conocimiento de la promovente. Ello implica una transgresión a la esfera jurídica de la quejosa, pues, como se dijo, la petición presentada por escrito a las autoridades, en la especie, a un servidor público en ejercicio de sus funciones, requiere de una respuesta también por escrito y en breve término, cuyo conocimiento debe verificarse, desde luego, a través del procedimiento de notificación respectivo; sin que se advierta que, en el caso, se haya efectuado así. Apoya lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia 129, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, visible en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, página 88, registro 391019, que estatuye lo siguiente: PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por lo tanto, es evidente que la falta de contestación al citado escrito es violatoria al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -que consagra el derecho de petición, mismo que es el sustento de gran parte de las relaciones jurídicas entre gobernante y gobernado, pues constituye el mecanismo por el cual los particulares realizan toda clase de trámites frente a las autoridades y ponen en movimiento a la maquinaria Estatal- pues es el derecho que todo gobernado tiene para dirigirse a la autoridad con la certeza de que recibirá una respuesta por escrito a la solicitud que formula. Además de que esa prerrogativa no se limita únicamente a la facultad de pedir algo a la autoridad, sino que el derecho público subjetivo que consagra tal prerrogativa es el de recibir una respuesta. Por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto, al dictar un acuerdo respecto de la solicitud que se le haya elevado -por escrito- independientemente del sentido y términos en que esté concebido; y, enseguida, al hacer tal determinación del conocimiento del solicitante; elementos que son inmanentes. Tiene aplicación al caso, la tesis número 126 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en la página 86 del Tomo III, Parte SCJN, publicada en el Apéndice de 1995, Sexta Época, del rubro y tenor literal siguiente. PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por la quejosa, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación. Así, al no haber dado respuesta las responsables a la petición que les fue presentada por la ahora quejosa, no cabe duda que su derecho fundamental consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal, fue conflagrado. En consecuencia, a efecto de restituir a la quejosa en el pleno goce de su derecho transgredido, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo9 , se impone concederle el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Subdelegado en Ciudad Juárez y el Delegado Regional en el Estado de Chihuahua, ambos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 1. De inmediato, den respuesta a la petición que les formuló la aquí quejosa. 2. La emitan por escrito. 3. La misma, deberá ser congruente con lo solicitado. 4. La hagan del conocimiento de la quejosa en el domicilio que señaló en su escrito de petición, dentro del término de tres días a partir de su emisión. 5. Ello, con libertad de pronunciarse con relación a lo solicitado, en el sentido que estimen conveniente conforme a derecho; es decir, en ejercicio de plenitud de jurisdicción, en el cúmulo de sus facultades legales. Se itera, en la inteligencia de que la protección constitucional otorgada no implica que las autoridades emitan su respuesta precisamente en el sentido pretendido por la gobernada, puesto que tal prerrogativa fundamental sólo las obliga a contestar la petición de manera congruente, oportuna, en breve término y por escrito. Ilustra lo anterior, la tesis 3a. XXXIV/92, octava época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril de 1992, página 81, registro 206849, que dispone lo siguiente: PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. Cabe decir que no se desconoce la situación actual por la que atraviesa el país, derivada de las circunstancias sanitarias relacionadas con la enfermedad denominada Covid-19; sin embargo, esas condiciones de ninguna manera justifican el actuar de las responsables, en perjuicio de la quejosa, pues no la exime de cumplir con eficacia las funciones que desempeñan, entre las que se encuentran, obvio es, ante su calidad de ente Estatal, de dar respuesta con las características ya referidas, a las peticiones formuladas por los gobernados, siempre que gocen de los elementos que precisa el propio numeral Constitucional, ya señalados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en contra de las autoridades que señaló en este juicio como responsables, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el mismo, in fine. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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