Karla Ibeth Olvera Gómez

Expediente 1032/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1032/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
07/03/2019

Partes del expediente

  • Karla Ibeth Olvera Gómez y Otros.
  • Karla Ibeth Olvera Gómez
  • Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución del billete que exhibió para que surtiera efectos la suspensión provisional otorgada a la quejosa **. Atento a lo anterior, hágasele la devolución del billete de depósito número N 825132, que ampara la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100), a la depositante, aquí quejosa **, quien lo exhibió para que surtiera efectos la suspensión provisional que le fue concedida, lo anterior previa identificación y firma que por su recibo deje asentada en autos para constancia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.*lh

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio *******, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo 116/2018 y los autos originales del juicio de amparo 1032/2017-III, promovido por *******, hágase del conocimiento de las partes que dicho Tribunal Colegiado, resolvió: PRIMERO. En la materia de revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee el juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes, así como el original del cuaderno incidental y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración por haberse otorgado la suspensión provisional y definitiva, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que conste como corresponda, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión. En consecuencia, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra de la sentencia dictada el veintidós de marzo de este año, en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse dentro del plazo de tres días al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de veintidós de marzo de dos mil dieciocho que a la letra dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto para resolver el juicio de amparo 1032/2017-III, promovido por ********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua con sede en esta ciudad el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, ******** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES Tienen el carácter de autoridades responsables las siguientes: Ordenadora, el Juez Primero Civil del Distrito Judicial Bravos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Ejecutoras, los Notificadores adscritos a la autoridad responsable ordenadora antes mencionada, ACTO O ACTOS RECLAMADOS Se reclaman a las autoridades responsables, lo siguiente: A la autoridad responsable ordenadora: la falta de notificación personal de la demanda del juicio de origen, que se mencionará en el capítulo de antecedentes, así como, todas y cada una de sus actuaciones; el procedimiento de ejecución y en particular la ilegal adjudicación de un bien inmueble de mi propiedad, que también se mencionará en el capítulo de los antecedentes. Asimismo, la futura e inminente "orden de desocupación", conocida comúnmente como orden de lanzamiento con la finalidad de privarme de la posesión del citado bien inmueble. A las autoridades responsables ejecutoras: la ejecución material del acto reclamado consistente, en la orden de desocupación. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el juicio el amparo 1032/2017-III, se solicitaron los informes con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia legal. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos de ejecución provenientes de autoridades jurisdiccionales en materia civil que realizan sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que la parte quejosa reclama: Del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, lo siguiente: Todo lo actuado en el expediente 1729/2008 relativo al juicio especial hipotecario promovido por ********, Sociedad Anónima, ********, ******** en contra de ********, el procedimiento de ejecución, en especial la adjudicación del inmueble identificado como fracción del lote *** y lotes **** y ***** de la manzana H ubicado en la calle del ********, Fraccionamiento ********, en esta ciudad, con una superficie de ochocientos cincuenta metros cuadrados. El mandato judicial en el que se ordena desposeerla del referido inmueble. De los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos; Secretario y Director de la Policía, ambos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal: La ejecución del mandato judicial emitido por el Juez responsable, en el que ordena desposeerla del inmueble en cuestión. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto que se les atribuyó consistente en la ejecución del mandato judicial emitido por el Juez responsable, en el que ordena desposeerla del inmueble en cuestión. Por lo tanto, al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tal negativa, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos consistente en todo lo actuado dentro del expediente 1729/2008 relativo al juicio especial hipotecario promovido por ********, Sociedad Anónima, ********, ******** en contra de ********, ya que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Para corroborar su dicho, el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos remitió, copia certificada de todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1729/2008, promovido por ********, Sociedad Anónima, ********, ******** en contra de ********. A tales probanzas se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°; por ende se tiene por cierto el acto que se reclama. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, se tiene como cierto el acto de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Análisis de la causa de improcedencia que hace valer el tercero interesado. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, el tercero interesado ********, Sociedad Anónima, ********, ********, alega que de acuerdo a lo que expuso en su escrito de alegatos, en el caso, los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos de la parte quejosa, por lo que se actualiza la causa de improcedencia que se deriva del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, debe desestimarse, toda vez que sus alegatos involucra argumentos que tienen íntima relación con el fondo del negocio, ya que si la quejosa acredita o no que los actos que reclama le causan perjuicio, es una cuestión que debe ser analizada al estudiar el fondo del presente asunto y no en este momento. Apoya lo anterior, la tesis P. XXVII/98, de la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Materia Común, visible en la página 23 del siguiente contenido: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia del juicio deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una causal donde se involucre una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, si no se surte otra causal, y hacer el estudio de los conceptos de violación relativos a las cuestiones constitucionales propuestas. Al no advertir este Juzgado que se actualice alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado otra, lo que procede es el análisis del fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Examen constitucional del acto reclamado. El concepto de violación que aduce la quejosa es infundado. En él aduce que del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la privación de los derechos, solo es procedente mediante juico, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento, pero que en la especie la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, adjudicó al tercero interesado ********, Sociedad Anónima, ********, ********, el bien inmueble identificado como fracción del lote *** y lotes *** y *** de la manzana H ubicado en la calle del ********, ********, en esta ciudad, con una superficie de ochocientos cincuenta metros cuadrados, privándola de su derecho de dominio y posesión que detentaba en forma originaria en virtud del contrato de compraventa que anexó a su demanda de amparo, sin haberla llamado al juicio de origen, violando en su perjuicio su derecho de audiencia consagrado en el citado precepto constitucional. En efecto se dice que es infundado, atento a lo siguiente. En primer lugar, es oportuno destacar que la litis a resolver en el presente asunto no tiene por objeto dirimir una disputa de propiedad fincada en la exhibición de títulos de dominio, sino únicamente establecer si se transgredió o no la garantía de audiencia de la quejosa, por virtud de los actos llevados a cabo en el juicio de origen, respecto del cual resulta ser tercera extraña. Ahora bien, como se advierte de las constancias remitidas por la responsable, valoradas en líneas que anteceden, ********, Sociedad Anónima, ********, ******** demandó de ********, en la vía especial hipotecaria, el pago de diversas prestaciones; acción que tuvo como base el contrato de compraventa y contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria que celebraron las partes y que consta en la escritura número ********, otorgada el catorce de julio de dos mil cuatro, ante la fe del Notario Público dieciséis de esta ciudad (fojas 67 a 87). Asimismo, en la cláusula financiera décima tercera de dicho contrato y a fin de garantizar las obligaciones de pago asumidas, el demandado constituyó, entre otras cosas, garantía hipotecaria en favor del Banco, sobre el predio identificado en la cláusula primera de ese contrato, marcado con el número ********, de la calle del ********, del Fraccionamiento ********, en esta ciudad, y lote de terreno urbano sobre el cual se encuentra construida, identificado como lotes ********, ******** y ******** de la Manzana ***, con una superficie de ochocientos cincuenta metros cuadrados. Se advierte de igual forma, que en el juicio de origen se dictó sentencia definitiva el doce de mayo de dos mil diez, en la que se condenó al demandado, entre otras cosas, al pago del capital vencido, intereses ordinarios causado, intereses moratorios, entre otros; asimismo, se le condenó a soportar la venta en subasta pública del bien inmueble dado en garantía, para que con el producto de su venta se le hiciera el pago al actor de las cantidades a las que fue condenado a pagar el demandado. Tal sentencia fue apelada por el representante de la institución bancaria actora, recurso del que correspondió conocer al Magistrado de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien dictó sentencia el veintiocho de septiembre de dos mil doce, dentro del toca 374/12, en la que modificó la sentencia de doce de mayo de dos mil diez, dejando subsistentes las condenas decretadas por el juez de primera instancia y modificando solo la cantidad que por concepto de intereses ordinarios y moratorios debían pagarse. Como se ve de lo anterior, la quejosa efectivamente tiene el carácter de tercera extraña al juicio de origen, dado que no fue parte material en éste y tampoco se advierte que hubiere sido llamada con un diverso carácter, a fin de intervenir en él. Con relación a ello, debe precisarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas, siendo éstas, según lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquellas que no han figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufren un perjuicio dentro de éste o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oídas en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Lo anterior se advierte del criterio jurisprudencial número P./J. 7/98, aplicado por identidad de razón jurídica, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, Enero de 1998, página 56, que literalmente dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Así, la procedencia del juicio de amparo requiere de la existencia de una afectación al interés jurídico o legítimo del gobernado, derivado ya sea de la emisión o de la ejecución de un acto de autoridad, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de dicho ordenamiento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por lo que, como presupuesto de la procedencia de la acción constitucional, se requiere la demostración del interés jurídico o legítimo. Cabe precisar que, conforme a los preceptos invocados, cuando se trate de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el precepto mencionado en primer término y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y de manera directa, por lo que, como presupuesto de la procedencia de la acción constitucional contra ese tipo de actos, se requiere la demostración del interés jurídico. Ahora bien, atento a la naturaleza de los actos que en esta vía reclama el quejoso, corresponde a éste acreditar la existencia de su interés jurídico para promover el presente juicio, que se traduce en aquel derecho subjetivo del cual dice ser titular y que se encuentra debidamente tutelado por el orden jurídico nacional. Asimismo, el interés jurídico es uno de los presupuestos fundamentales y que doctrinariamente se ha identificado, por un lado, con el principio de instancia de parte agraviada, que significa que en el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por el titular de los derechos sobre los cuales se reclama una afectación, y por otro lado, con el principio de agravio personal y directo, que consiste en que la afectación ocasionada por el acto de autoridad y que se reclama mediante el juicio de amparo, constituye un perjuicio inmediato a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular determinada persona. Se cita en apoyo de lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia número 852, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, página 581, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. Asimismo, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 854 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Parte TCC, página 582, que dice: INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Ahora bien, para que exista interés jurídico, deben concurrir los siguientes elementos: a) La existencia de un derecho subjetivo en favor del quejoso, y b) La afectación de ese derecho por parte de una autoridad. En el caso, la quejosa acude a esta instancia constitucional en su carácter de tercera extraña, en virtud de no ser parte en el procedimiento del que derivan los actos reclamados, manifestando, como ya se vio, que se viola en su perjuicio su derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, dado que no fue llamada al juicio de origen, y que se le pretende privar del dominio y posesión del inmueble que aduce es de su propiedad, identificado como fracción del lote ** y lotes ** y ** de la manzana ** ubicado en la calle del ********, Fraccionamiento ********, en esta ciudad, con una superficie de ochocientos cincuenta metros cuadrados. A fin de acreditar su interés jurídico, la quejosa exhibió como prueba, la copia certificada el doce de diciembre de dos mil siete, por el Notario Público Número Siete, con ejercicio en el Distrito Bravos, de esta ciudad, del contrato de compraventa que celebró el diez de ese mismo mes y año, con ********; documental que goza de valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. De dicha documental, se advierte, lo siguiente: [.] En Ciudad Juárez, Chihuahua, a 10 de diciembre de 2007, comparece por una parte el señor ********, a quien en lo sucesivo se le designará como "EL VENDEDOR" y; por una segunda parte la señorita ********, a quien en lo sucesivo se le designará como "LA COMPRADORA", con el objeto de celebrar un contrato de compraventa, mismo que sujetan al tenor de los capítulos de declaraciones y cláusulas. DECLARACIONES: Declara "EL VENDEDOR", que: Legalmente tiene el pleno dominio y la posesión de un bien inmueble y la finca construida sobre él mismo, ubicada en la calle Del ********, fraccionamiento Rincones ********, en esta ciudad, inmueble que se identifica como fracción del lote **, y lotes ** y ** de la manzana **, con una superficie de terreno de 850.00 metros cuadrados; que el citado bien inmueble obra inscrito en la Sección Primera de la oficina del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo los siguientes datos: inscripción 8 a folios 14 del libro 3790. El inmueble anteriormente descrito, lo adquirió mediante contrato informal de compraventa que celebró con el señor ********, el 27 de mayo de 2005, la parte vendedora antes citada, en cumplimiento de las obligaciones contraídas, por la compraventa celebrada, le otorgó mandato general, para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con carácter de irrevocable y limitado al bien mencionado en la declaración que antecede, lo anterior, mediante Escritura Pública ******* de 30 de mayo de 2005, otorgada por el Notario Público 16, en ejercicio para esta ciudad, misma que obra en el libro XVIII de actos fuera de protocolo del citado Notario Público. El 14 de julio de 2004, su poderdante el señor ********, celebró contrato de apertura de crédito con Hipotecaria ********, S. A. ********, ********, quien le otorgó un préstamo de dinero para pagar parte del precio de la casa que le vendió, así como, contrato accesorio de garantía consistente en contrato de hipoteca, para garantizar el pago del préstamo otorgado, por lo tanto, el bien inmueble que se vende tiene un gravamen consistente en hipoteca a favor de la sociedad financiera citada, mismo que obra inscrito en la oficina del Registro Público de la Propiedad para esta ciudad, en la sección Segunda, con los siguientes datos de registro: inscripción 124 a folios 124 de libro 1440. (el resaltado es propio). 2. Declara "LA COMPRADORA", que: Conoce el bien inmueble mencionado en la declaración 1 inciso a) que antecede, y que desea adquirir la titularidad de los derechos de propiedad que le corresponden a "EL VENDEDOR". 3. Declaran "EL VENDEDOR" Y "LA COMPRADORA", que tienen la capacidad general para contratar, además de reconocerse recíprocamente dicha capacidad y que el presente contrato lo celebran libre de todo vicio de la voluntad, en virtud de lo anterior, se obligan al tener del siguiente capítulo. CLÁUSULAS Por medio de esta cláusula "EL VENDEDOR" vende a "LA COMPRADORA", la titularidad de los derechos de propiedad del bien inmueble y la construcción edificada en él mismo, descrito en la declaración 1 inciso a), que antecede. Por medio de esta cláusula convienen las partes que, el precio por la compraventa lo constituye la cantidad de $864,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), mismo que "LA COMPRADORA", paga a la firma del presente contrato, con recursos propios, cuyo origen es una dote de su familia, sirviendo esta cláusula como el recibo más eficaz que en derecho proceda. Por medio de esta cláusula "EL VENDEDOR" realiza la entrega material del bien inmueble identificado en la declaración 1 inciso a) que antecede, en virtud de lo anterior, "LA COMPRADORA", recibe la posesión física del citado bien inmueble. Por medio de esta cláusula "EL VENDEDOR", se compromete a pagar o eximirse en el pago del impuesto sobre la renta causado por la presente operación, así mismo, "LA COMPRADORA", se compromete a pagar los impuestos correspondientes por la traslación del dominio causados por el presente contrato y demás cargas. Por medio de esta cláusula "LA COMPRADORA", se compromete a liquidar todos y cada uno de los gastos por los servicios que tiene contratados para el bien inmueble objeto del presente contrato, así como, los derechos e impuestos estatales tales como el predial u otros análogos. Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman el día de su fecha. "EL VENDEDOR" "LA COMPRADORA" SR. ******** SRITA. ******** [.] Por tanto, se advierte que la quejosa sí acredita su interés jurídico para reclamar, por sí misma, la violación de los derechos constitucionales que señala le ocasiona lo actuado en el juicio natural, porque aun cuando no fue parte en éste, demuestra ser actualmente titular de un derecho subjetivo que se encuentra jurídicamente tutelado, dada la transmisión de la propiedad, en su favor, respecto del inmueble detallado en el citado contrato de compraventa, identificado como fracción del lote ** y lotes ** y ** de la manzana ** ubicado en la calle del ********, Fraccionamiento ********, en esta ciudad, con una superficie de ochocientos cincuenta metros; inmueble que fue materia de hipoteca en el contrato base de la acción del juicio del que deriva el acto reclamado en este juicio. No obstante lo anterior, se aprecia que la quejosa es causahabiente de la parte demandada en el juicio de origen y que, por tanto, sí fue oída y vencida en juicio por conducto de su causante, lo que trae como consecuencia que las autoridades responsables no transgredan en su perjuicio los derechos consagrados en el artículo 14 Constitucional. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario precisar lo siguiente: El causahabiente es la persona que ha sucedido o se ha subrogado, por cualquier otro título, en el derecho de otra u otras, es decir, junto a las partes en determinados actos jurídicos, están aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización del mismo, adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores, por lo que a aquéllos se les conoce con el nombre de causahabientes y a éstos con el de causantes. La causahabiencia puede tener dos formas, la primera es la que se da a título universal, es decir, cuando el causahabiente sustituye al causante en todo su patrimonio o en parte alícuota, como es el caso de la sucesión testamentaria o intestamentaria, en la que existe una causahabiencia por efecto de la ley, en virtud de que en sí misma tiene carácter universal por comprender la masa del patrimonio de su autor, y la segunda, que es a título particular, se constituye cuando la sustitución se refiere únicamente a derechos u obligaciones determinadas en forma específica, y puede serlo por cesión de derechos y obligaciones o por subrogación. Por tanto, el causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de uno de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis 740 de la Novena Época, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, P.R. TCC, Materia Civil, visible en la página quinientos doce, del siguiente tenor: CAUSAHABIENCIA. CUÁNDO SE ACTUALIZA. La causahabiencia no es otra cosa más que la sustitución del titular de un derecho por otro; pero implica que se trate del mismo derecho. Así, el titular de un derecho de propiedad es causante del comprador respecto del bien materia del contrato; el de cujus resulta causante en relación a los adjudicatarios; el que permuta es causante de su contraparte, y así en cualquier acto traslativo de dominio. En tratándose de posesión derivada, el arrendatario es causante del subarrendatario, quien resulta causahabiente de aquél. Empero, cuando un bien inmueble es materia de un contrato traslativo del derecho de posesión, entonces el cambio de propietario por compraventa o cualquier otro acto jurídico, no produce una causahabiencia entre el anterior propietario, pues el tema propiedad sólo produce esa causahabiencia respecto del comprador, el cual queda subrogado por ley al anterior propietario en la relación contractual que rige la posesión derivada. Esto es, que la mera sustitución del propietario de un inmueble no implica la extinción del contrato que ha transmitido la posesión derivada. Ahora bien, si el causahabiente es la persona que se ha sustituido por cualquier título en el derecho de otra u otras, junto a las partes en determinados actos jurídicos, es evidente que para determinar si existe o no causahabiencia, en cada caso debe atenderse a la naturaleza del título jurídico fundatorio del derecho del accionante y valorar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se adviertan de las actuaciones del juicio del que derivan los actos reclamados en vía constitucional, para así poder establecer si quien ejerce la acción de amparo se subrogó en los derechos y obligaciones de una de las partes en el juicio natural y, por tanto, que no es tercero extraño al mismo por haber sido oído y vencido en ese procedimiento. Así, en el presente caso se estima que la quejosa es causahabiente del demandado en el juicio de origen, atento a que la hipoteca derivada del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, de catorce de julio de dos mil cuatro, que es base de la acción en el juicio de origen, fue de fecha anterior al contrato de compraventa celebrado entre la peticionaria del amparo y el citado enjuiciado ********, pues esto aconteció el diez de diciembre de dos mil siete; gravamen respecto del cual la quejosa tuvo pleno conocimiento, atento a que así fue declarado en el punto 1, inciso c) del contrato de compraventa que esta celebró con ********, previamente transcrito. Lo anterior, crea convicción en el ánimo de quien aquí resuelve, en el sentido de que la quejosa tenía pleno conocimiento del gravamen que pesaba sobre el inmueble materia del contrato de compraventa que celebró con ********, derivado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria base de la acción en el juicio de origen. Aunado a ello, de las pruebas que aportó el Banco, aquí tercero interesado, las cuales gozan de valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que dicha hipoteca, en la fecha en que la quejosa celebró el contrato de compraventa mencionado, ya se encontraba inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, pues tal inscripción se llevó a cabo el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro (foja 692). Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis X.3o.10 C, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de dos mil uno, Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, página mil ciento nueve, del siguiente contenido: CAUSAHABIENTE. ASUME ESE CARÁCTER EL ADQUIRENTE DE UN INMUEBLE QUE REPORTA HIPOTECA. El que adquiere un inmueble con conocimiento de que soporta una hipoteca, que no comunica de ello al acreedor hipotecario, ni solicita su consentimiento o inscribe en el Registro Público de la Propiedad la escritura respectiva, se constituye en causahabiente a título particular del vendedor, y en tal caso se encuentra sujeto a lo que resulte del juicio que se promueva por las obligaciones contraídas por aquél, en virtud de que no puede obligarse al acreedor a enderezar una acción contra persona diversa a la que contrató, respecto de la cual ignora su existencia en su carácter de compradora, por lo que a ésta de ninguna manera puede considerársele como tercero ajeno cuando acude al juicio de amparo, pues al haber adquirido a título particular el inmueble hipotecado, contrajo también la obligación de garantizar el adeudo, así como de estar al pendiente de la situación jurídica que guardaba, para en su caso litigar en contra del acreedor, habida cuenta que la hipoteca, por su naturaleza real, persigue principalmente la cosa hipotecada. Asimismo, la tesis XVIII.4o.9 C (10a.), aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Civil, Tribunales Colegiados de Circuito, página tres mil veintiséis, del siguiente tenor: CAUSAHABIENCIA. CUANDO UNA PERSONA COMPRA UN BIEN INMUEBLE SOBRE EL CUAL RECAE UN GRAVAMEN INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, A FAVOR DE OTRA PERSONA Y ÉSTA EJERCE LA ACCIÓN REAL DE HIPOTECA, SE ACTUALIZA DICHA FIGURA. La hipoteca se define como un derecho real de garantía, constituido por convención entre las partes, por manifestación unilateral de la voluntad o por imperio de la ley, para asegurar el pago de un crédito sobre bienes que no se entregan al acreedor y que, en caso de incumplimiento, pueden ser vendidos para cubrir con su precio el monto de la deuda. Así, las obligaciones reales siguen o acompañan al propietario o poseedor de la cosa, ya que guardan una dependencia absoluta con ésta; por ende, si se transmiten a un tercero, será éste quien deba soportarlas; a diferencia de las personales, que están directamente vinculadas con la conducta que debe realizar el deudor, razón por la que subsisten, independientemente de bienes o cosas determinados, de modo que el deudor responde con todo su patrimonio, presente y futuro, de dichas obligaciones e incluso subsisten ante la insolvencia. Así, la diferencia entre una acción real y una personal, es que la primera tiene por objeto garantizar el ejercicio del demandante para reclamar o hacer valer un derecho sobre alguna cosa, con el título del derecho sobre ella, con entera independencia de toda obligación personal por parte del demandado; la segunda tiene por objeto garantizar un derecho personal, pudiendo provenir o derivarse de contratos o cuasicontratos, es decir, de hechos u omisiones de los que pudieran quedar obligados conforme al contrato. Bajo ese contexto, cuando una persona compra un bien inmueble sobre el cual recae un gravamen inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a favor de otra persona y ésta ejerce la acción real de hipoteca, entonces, ésta subsiste, actualizándose así la figura de la causahabiencia, dada la estrecha relación del nuevo adquirente con el demandado en un juicio, como su causante, a virtud de la transmisión de la propiedad del bien materia de litigio. Aunado a que la acción real, a diferencia de la personal, recae sobre el bien, aunque éste pase a poder de otro poseedor o cambie de propietario, pues la institución de la hipoteca tiene derechos de persecución, de venta y de preferencia en el pago, en los que el acreedor puede hacer valer su derecho, según el grado de preferencia que indique la ley, y perseguir la ejecución de la cosa en cualquier mano en que se encuentre. En esas condiciones, si la quejosa tiene la calidad de causahabiente de aquellos derechos reales que fueron controvertidos en el procedimiento de origen, no puede ser considerado como tercera extraña a dicho juicio, pues dada esa causahabiencia, se entiende que fue llamada y que intervino como parte, por conducto de su causante, por lo que no puede ahora acudir a esta instancia constitucional, aduciendo que no fue oída y vencido en aquél juicio, esto es, que no fue llamada. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la tesis III.3o.C.129 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, Tribunales Colegiados de Circuito, página 1296, que dice: CAUSAHABIENCIA. PARA QUE EXISTA NO ES NECESARIO QUE LA SUBROGACIÓN SE DÉ EN LA MISMA CLASE DE DERECHOS. Basta que se adquiera un bien que está embargado o hipotecado, o que se reciba en arrendamiento un inmueble de parte de quien ya fue vencido en un juicio, para que surja la figura de la causahabiencia. No se ocupa que la sustitución se dé en la misma clase de derechos, sino únicamente que la subrogación nazca después de que al causante ya se le demandó en relación al bien que transmite, o que esa transmisión se haya hecho con posterioridad a cuando el bien se gravó. Luego, si en el caso el inmueble hipotecado lo rentó el demandado después de que ya existía sentencia condenatoria, no hay duda de que el inquilino es causahabiente de dicho reo, por lo que no puede ser considerado tercero extraño al juicio natural seguido contra su causante. Así, resulta que los actos reclamados por la quejosa no transgrede en su perjuicio los derechos constitucionales consagrados por el artículo 14 constitucional, por lo que procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 61, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se Resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********, respecto del acto y autoridades que quedaron precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********, respecto de los actos y autoridad que quedaron precisados en el considerando cuarto de esta sentencia y por los argumentos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********, hasta el día de hoy, veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe. *****

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