Karla Hernández Álvarez
Expediente 399/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Karla Hernández Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos el veintisiete de octubre pasado; consecuentemente, al no haber hecho uso de tal derecho, este juzgado federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, de oficio procede a determinar si se cumplió o no. De constancias se advierte la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para que la autoridad responsable juez Tercero Civil de Partido en esta ciudad, hiciera lo siguiente: "(.)a) Deje insubsistente la resolución reclamada de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio civil subyacente. b) En su lugar dicte otra, con libertad de jurisdicción, empero, dé respuesta de manera fundada y motivada a los agravios expuestos por la recurrente. (.)". En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el juez Tercero Civil de Partido en esta ciudad, mediante oficio registrado con el número 10397, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el uno de diciembre del año actual, dentro del expediente ********************/2017, de la estadística de ese órgano jurisdiccional. En dicha resolución, se advierte que dejó insubsistente la diversa determinación de veinticuatro de mayo del presente año que declaró sin materia el recurso de revocación, interpuesto por la parte reo ahora quejosa en contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno -por el que ordenó dar posesión del bien raíz afecto al asunto de origen al hoy tercero interesado- y, por ende, confirmó el acuerdo impugnado; asimismo, que con libertad de jurisdicción resolvió sobre recurso de revocación hecho valer por la aquí quejosa confirmando la determinación de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en razón de lo siguiente: "Ello así resulta, dado que si bien la ahora recurrente ********************, promovió en el expediente en que se actúa, sendos incidentes sobre nulidad de actuaciones, en términos de sus ocursos de demanda glosados a fojas 215 a 129 del primer tomo del expediente en que se actúa, y 265 a 267 del tomo segundo del mismo expediente, los que se traen a líneas al presente apartado, como si se insertaren a letra, no menos cierto es que obran asimismo resoluciones recaídas a dichas demandas incidentales, lo que desestima el argumento aducido por el recurrente, al referir que aún no se habían emitido tales resoluciones incidentales al momento del dictado de la resolución combatida de 28 de abril del presente año, pues como quedo indicado, a la fecha en que se resuelve el recurso de revocación que nos ocupa, ya fueron emitidas las sentencias incidentales correspondientes, de fechas 11 de junio, y 11 de agosto, ambos de la corriente anualidad, respectivamente, previos sus trámites legales, las que se declararon improcedentes, y sin que a la fecha de la presente resolución hubieren sido impugnadas por parte interesada, lo que acarrea su firmeza jurídica en términos del artículo 363 a 366 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, subsistiendo por ende todo lo actuado hasta la fecha en el presente asunto judicial, de donde se destaca igualmente el contenido del auto de 28 de abril del dos mil veintiuno, y que constituye el proveído que se combate. Sin que por otra parte asista razón a la inconforme, dado lo expuesto, cuando expresa que al encontrarse pendiente de resolución la incidencia opuesta de su intención, no debió haberse acordado lo determinado en el auto combatido, pues al haberse hecho así, se interpretaría como un favoritismo o parcialidad hacia la otra actora. Ello es así, puesto que de conformidad con los artículos 328 y 369 este último aplicado en sentido inverso, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, los incidente sobre nulidad de actuaciones no suspenden el curso del procedimiento, razón por la cual, dada la circunstancia aludida, este órgano jurisdiccional emitió el auto combatido en base a las actuaciones que obran en el proceso a lo que se adiciona el sentido de las resoluciones que obran autos sobre nulidad de actuaciones a que se ha hecho cita en la presente, subsistiendo hasta la data en que se resuelve el recurso que nos ocupa, todo lo actuado en presente negocio judicial, por lo que en tal virtud, no podría referir la ciudadana ********************, trasgresión a su garantía de audiencia, pues se constata de autos que la misma fue emplazada a través de sus apoderada legal, la celebración del convenio presentado por las partes y su ratificación, así como la solicitud de la ejecución del mismo en los términos del auto que ahora es materia del presente recurso. De ahí la insubsistencia del agravio expuesto por la recurrente en tal sentido pues en tal virtud no tenía la obligación este resolutor de supeditar el dictado del auto que se impugna, a la resolución que debiera recaer a las incidencias sobre nulidad de actuaciones antes anotadas, dado que como quedó establecido, el incidente de nulidad de actuaciones no suspende el procedimiento. Por tanto inexiste en favoritismo o parcialidad de este órgano jurisdiccional a cualquiera de las partes como lo interpreta en sentido afirmativo la disidente, ni mucho menos se sostiene que el proveer conforme lo actuado de autos, y sin que dada la falta de actuación de suspensión del procedimiento en los términos transcritos implique o conlleve la puesta en duda con respecto a la ética y actuar de este resolutor, como lo aduce quien desciende. Luego, bajo lo expuesto no se encuentran vulnerados los derechos contenido en los artículo 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber sido emplazada la disidente legalmente por conducto de apoderada legal, subsistir la totalidad de las actuaciones del presente negocio judicial, dada la improcedencia de los incidentes de nulidad de actuaciones en los términos aducidos, haberse acordado por este órgano jurisdiccional lo peticionado por las partes en el proceso, incluida la ahora impugnante, existir convenio ratificado por las partes, elevado a categoría de cosa juzgada, así como su ejecución forzosa, dado el incumplimiento de la parte demanda, ahora impetrante, lo que se materializó mediante el auto que se impugna en el presente recurso, así como seguirse las formalidades esenciales del procedimiento, y sin que se advierta negativa alguna de la ahora disidente por cuanto a su acceso a la justicia, dado que celebró el convenio citado, debidamente ratificado, haber opuesto sendos incidentes sobre nulidad de actuaciones, tener la posibilidad de impugnar las resoluciones recaídas a los mismos, pero sin haberlo hecho; interponer el presente recurso de revocación, entre otros actos realizados por el ahora recurrente, lo que conlleva a determinar bajo los lineamientos expuestos, la falta de vulneración de los artículos referidos por la ciudadana ******************** en su perjuicio, puesto que ningún derecho de su contenido le ha sido vedado." Luego, si la protección federal se otorgó para esos precisos efectos, esto es, para que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada de veinticuatro de mayo del presente año y, con libertad de jurisdicción, emitiera una determinación en la que diera respuesta de manera fundada y motivada a los agravios expuestos por la recurrente; por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar provisional, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, la resolución recurrida y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído, así como la determinación relativa al otorgamiento de la medida cautelar en el incidente de suspensión respectivo, en su caso, de su violación o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas relativas al expediente ********************/2017 que remitió la autoridad judicial responsable como apoyo a su informe justificado, se ordena su devolución. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, mismo que podrá remitir vía electrónica al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, donde personal de este juzgado confirmará su recepción.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que firma la autoridad responsable juez Tercero Civil de Partido con sede en esta ciudad, con el que expresa dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos y remite para tal efecto, copia certificada de la resolución pronunciada el uno de diciembre del año actual, dentro del subyacente juicio especial hipotecario ****************. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta dese vista a la agraviada y al tercero interesado para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su respectivo interés convenga; apercibidos que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: "Agréguese a los autos el oficio que firma la autoridad responsable juez Tercero Civil de Partido con sede en esta ciudad, con el que expresa dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos y remite para tal efecto, copia certificada de la resolución pronunciada el uno de diciembre del año actual, dentro del subyacente juicio especial hipotecario ****************. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta dese vista a la agraviada y al tercero interesado para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su respectivo interés convenga; apercibidos que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida."
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 399/2021-5; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno (foja 1), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado en la propia data a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado, ****************** solicitó, por derecho propio, el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se transcriben: "IV.- EL ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha 24 de Mayo del 2021, misma que fue notificada por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato en fecha 25 de Mayo de 2021 dentro del Expediente *********************." "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES (sic).- El C. JUEZ TERCERO CIVIL DE PARTIDO DE LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO, Con domicilio ubicado en (.)". Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Previo cumplimiento con lo prevenido en sendos proveídos de diecisiete y veintinueve de junio pasado, por auto de nueve de julio de dos mil veintiuno (fojas 46 a 48), este juzgado admitió la demanda, la cual quedó registrada con el número *****************; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, tuvo como parte tercera interesada a ********************, quien fue emplazado a este sumario por conducto del juez responsable (foja 57). La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ello es así, pues el acto reclamado deriva de un procedimiento jurisdiccional en materia civil que se tramita en Celaya, Guanajuato, donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda -con escritos aclaratorios-, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: i) La resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, que declaró sin materia el recurso de revocación, interpuesto por la parte reo ahora quejosa en contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno -por el que ordenó dar posesión del bien raíz afecto al asunto de origen al hoy tercero interesado-, y por ende, confirmó el acuerdo impugnado; ello en la etapa de ejecución del convenio elevado a categoría de cosa juzgada; y, ii) Las consecuencias que deriven de la resolución indicada en el inciso que antecede. Actos reclamados a la siguiente autoridad: 1. Juez Tercero Civil de Partido en esta ciudad de Celaya, Guanajuato TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El juez civil responsable aceptó la existencia de los actos reclamados (foja 61); en consecuencia, deben tenerse por ciertos, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con plena eficacia probatoria en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con la documental que acompañó el juez responsable a su informe de ley, consistente en copias certificadas de actuaciones procesales del juicio especial hipotecario *****************; documental con eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Antecedentes. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias procesales allegadas al sumario, son: 1. El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se radicó el subyacente juicio sumario hipotecario *************** del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido en esta ciudad. Ese controvertido fue iniciado por ****************, sociedad de responsabilidad de capital variable por conducto de su apoderado *****************, en contra de ******************, de quien se demandó la declaratoria judicial de dar por vencido anticipadamente el contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria; pago de pesos; gastos y costas y otras prestaciones (fojas 124 y 125 tomo I, cuaderno de pruebas). 2. En diligencia de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en el local del juzgado de origen se efectuó el emplazamiento de la parte reo **************** por conducto de su apoderada ****************, personalidad jurídica que reconoció el juez natural acorde con la escritura pública 45,081 de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del notario público número ****************** con ejercicio en esta localidad (fojas 131 y 132 tomo I, cuaderno de pruebas). 3. En audiencia pública de derecho de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, las partes en contienda ratificaron, ante presencia judicial, el convenio de reconocimiento de adeudo y pago que celebraron con el fin de concluir el controvertido natural -la parte reo ******************** actuó por conducto de su apoderada ******************-. Mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho el juez civil de la causa aprobó el referido convenio por lo cual lo elevó a categoría de cosa juzgada (fojas 149 a 150 tomo I cuaderno de pruebas). 4. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, el juez natural reconoció a ******************** como cesionario del crédito otorgado a ********************; lo que se ordenó notificar a la parte reo para el conocimiento de la cesión de mérito (foja 161 y vuelta tomo I cuaderno de pruebas). 5. El nueve de octubre de dos mil veinte el juez tuvo al cesionario ***************** del derecho crediticio por denunciando el incumplimiento con el convenio celebrado en autos; por tal motivo el juez ordenó requerir a la reo por conducto de su apoderada *******************, por el lapso legalmente computado de tres días a fin de que acreditara el cumplimiento del referido pacto de voluntades, con apercibimiento que de no hacerlo despacharía auto de ejecución en su contra (fojas 177 y vuelta tomo I cuaderno de pruebas). 6. ***************** presentó escrito ante el juez de la causa, en data veinte de octubre de dos mil veinte, por el que expresó desconocer si la parte reo cumplió o no con lo pactado en el convenio ejecutorio, habida cuenta que desde el dieciséis de junio de dos mil veinte, ***************** le revocó el poder general limitado para pleito cobranzas, actos de administración y dominio bajo la escritura pública ******************* de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del notario público **************** con ejercicio y residencia en esta ciudad. Luego de la vista que con lo anterior dio el juez primario a la parte cesionaria de los derechos litigiosos, por auto de tres de noviembre de dos mil veinte, determinó que **************** dejó de tener carácter de apoderada de la directa demandada ***************. Asimismo, se avocó a investigar con distintas entidades administrativa el domicilio de la reo, a fin de notificarle la cesión de derechos, y el requerimiento sobre cumplimiento o no, con el convenio ejecutorio (fojas 181 a 189 vuelta tomo I de pruebas). 7. Por auto quince de febrero de dos mil veintiuno el juez ordenó notificar a la parte demandada ahora quejosa, en un nuevo domicilio investigado, el contenido de los acuerdos de diecinueve de agosto de dos mil veinte -respecto de la cesión de derechos litigiosos-, y nueve de octubre de esa anualidad respecto el cumplimiento con el convenio ejecutorio y su apercibimiento correspondiente (fojas 210 tomo I de pruebas). 8. Por escrito presentado ante el juzgado primario en data veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno ****************, expresó que "AD CAUTELAM", ocurría ante ese órgano jurisdiccional a desahogar el requerimiento contenido en auto de quince de febrero de dos mil veintiuno. Al respecto expresó entre otras cuestiones, desconocer las actuaciones del juicio natural; que no suscribió ni autorizó para que en su nombre y representación se firmara el convenio del juicio natural; que por ello está imposibilitada para cumplir con dicho convenio. Por tal razón promovió incidente de nulidad de actuaciones a partir inclusive "del escrito inicial de demanda (toda vez que no tenía conocimiento del juicio citado al rubro, y del auto dictado con fecha 15 de Febrero del 2021, mismo que fue notificado el día 19 de febrero de 2021 y así como todas las actuaciones subsecuentes; incidente que se formula de conformidad con los siguientes hechos (.)"; (fojas 215 a 219 tomo de pruebas I). 9. Por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno se admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones -reseñado en el punto que antecede-, promovido por la demandada **************** (fojas 220 tomo I de pruebas). Destaca que dicho incidente fue resuelto por interlocutoria de once de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de declararlo improcedente (fojas 220 tomo de 274 a 280 tomo II, cuaderno de pruebas). 10. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el juez civil decretó, en ejecución forzosa del convenio judicial de reconocimiento de adeudo y obligación de pago, poner en posesión a *****************, por conducto del actuario, del inmueble afecto al juicio de origen (foja 246 y vuelta tomo II, cuaderno de pruebas). 11. Inconforme con el auto reseñado en el punto que antecede, la parte reo ahora quejosa promovió, el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, recurso de revocación el cual fue admitido a trámite por acuerdo de seis de mayo siguiente (foja 251 tomo I de pruebas). 12. A través de diligencia veintiuno de mayo de dos mil veintiuno se entregó posesión a la parte ahora tercera interesada ******************, del bien inmueble afecto al juicio hipotecario de origen (fojas 257 tomo II de pruebas). 13. Luego de ser sustanciado el recurso de revocación de mérito -reseñado en el punto 11-, por resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno se declaró sin materia y, por ende, se confirmó el auto impugnado (fojas 262 a 263 tomo I, cuaderno de pruebas). Esta determinación constituye el acto reclamado en forma destacada. La razón toral para declarar sin materia el mencionado recurso de revocación, consistió en que mediante diligencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno se entregó la posesión del inmueble defendido por la parte reo en el asunto de origen, al cesionario de los derechos litigiosos *************************. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Un concepto de violación es sustancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado. Expresa la parte quejosa, en el concepto de violación identificado como "SEGUNDO", en síntesis y atendiendo a la causa de pedir, que con el dictado de la resolución reclamada se violentaron en su perjuicio los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por omitir el examen de los agravios que formuló en el recurso de revocación, enderezado en contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, habida cuenta que no existe fundamento y motivo que autorice al juez natural a resolver en la forma en que lo hizo. El anterior planteamiento es fundado. Para corroborar el anterior aserto es necesario precisar lo que establece el artículo 16, primer párrafo, constitucional, en el cual se señala la obligación que tienen las autoridades del Estado de fundar y motivar sus actos, en los siguientes términos: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse puntualmente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, el derecho de legalidad (fundamentación y motivación), reconocido en el artículo 16 de la Carta Magna, se traduce en la obligación de citar los preceptos legales, sustantivos o adjetivos en que se apoye toda determinación, así como los razonamientos lógico - jurídicos del por qué el caso concreto se ajusta a esas hipótesis normativas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que para que la autoridad cumpla el derecho de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe de citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca. El anterior criterio se sustentó en la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." La contravención al mandato constitucional que exige la expresión de la fundamentación y motivación en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de este que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquellas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. Expuesto lo anterior, tenemos que el juez responsable al resolver sobre el recurso de revocación interpuesto por la parte reo ahora quejosa en contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno -que ordenó poner en posesión del bien raíz afecto a la causa de origen-, determinó omitir el estudio de los agravios, declaró sin materia dicho recurso y, por ende, confirmó el auto impugnado. Lo anterior, por el hecho de haberse materializado el acuerdo impugnado mediante diligencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno donde se entregó posesión a la parte ahora tercera interesada *****************, del bien inmueble afecto al juicio hipotecario de origen. Para mayor claridad se transcribe la parte conducente de la resolución reclamada: "(.) Inconforme con tal proveído la ciudadana ******************, interpuso recurso de revocación, sin embargo, resulta infructuoso el estudio de los agravios porque en fecha 21 veintiuno del mes y año en curso, el licenciado ******************, Actuario adscrito a la Central de Actuarios de este Partido Judicial, en cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad puso en posesión material al ciudadano ******************, del inmueble consistente en casa habitación ubicada en calle ******************** de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. --- Por las razones expuestas, queda sin materia el recurso de revocación que se revisa y se confirma el auto de fecha 28 veintiocho de abril del 2021 dos mil veintiuno. --- Por lo expuesto y con apoyo además en el artículo 234 del Código Adjetivo Civil del Estado (sic), se RESUELVE: (.)". Lo que precede, pone de manifiesto que la resolución reclamada, en la parte indicada, carece de la debida fundamentación exigida por el artículo 16 constitucional. En efecto, la autoridad responsable, para declarar sin materia el recurso de revocación y, por tanto, confirmar el auto recurrido -por el que se ordenó dar posesión del inmueble a ***********************-, en esencia indicó que es infructuoso el estudio de los agravios porque ya se entregó dicha posesión en favor del cesionario de los derechos litigiosos del asunto natural. Además, citó como fundamento legal de su determinación el numeral 234 del código civil adjetivo para esta entidad. El precepto legal en que fundó su consideración, es del contenido siguiente: "Artículo 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día." Como se advierte, el normativo que citó la autoridad responsable contempla cuestiones sobre la sustanciación del recurso de revocación y el plazo en el que habrá de dictarse la respectiva interlocutoria; empero, dicho dispositivo legal no prevé que el recurso deba considerarse sin materia, y, por ende, omitir el estudio de los agravios cuando se haya ejecutado el auto recurrido. De ahí que no pueda estimarse que dicho precepto legal constituya fundamento para resolver en la forma en que se hizo en la resolución reclamada. De tal manera que si en la resolución reclamada se citó un precepto legal del código adjetivo civil para esta entidad federativa, que solo prevé lo relativo a la sustanciación y el plazo para resolver el recurso, sin contemplar la hipótesis de facto -que se ejecutó el auto impugnado-, que consideró el juez para omitir el examen de los agravios, declarar sin materia el recurso y confirmar el auto recurrido; es inconcuso que con ello no se cumple con el mandato constitucional de fundar adecuadamente el acto reclamado. Pues para que una resolución esté debidamente fundada se exige que las razones consideradas para emitir el acto sean consonantes con el contenido de la norma legal que se aplica. Lo que en el caso no ocurre, pues como se expuso, en la resolución reclamada se omitió el examen de los agravios con base en una situación fáctica -que se otorgó posesión del inmueble al cesionario-; situación que evidentemente no encuadra la hipótesis contenida en el artículo que citó como fundamento. De ahí lo ilegal de la resolución reclamada. En las condiciones relatadas, lo procedente es conceder a la solicitante de la tutela constitucional el amparo y la protección de la justicia de la unión, por resultar la resolución reclamada violatoria de los preceptos 14 y 16 constitucionales al violentar los principios de legalidad y seguridad jurídica. Dado que el concepto de inconformidad en análisis fue bastante para conceder el amparo, resulta jurídicamente innecesario el estudio de diversos motivos de queja. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, la jurisprudencia 107, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 85, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra expresa: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." En ese sentido y atendiendo a las consideraciones plasmadas en el presente fallo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder la protección constitucional para el efecto de que el juez civil responsable: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio civil subyacente. b) En su lugar dicte otra, con libertad de jurisdicción, empero, dé respuesta de manera fundada y motivada a los agravios expuestos por la recurrente. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal ampara y protege a ********************, en contra de los actos de la autoridad, que se precisaron en el considerando segundo de este fallo; por los motivos y para los efectos indicados en el último punto considerativo de esta sentencia.
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