Karina Moran Ayala
Expediente 164/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 164/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Karina Moran Ayala
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto dictado el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ***********, en su carácter de apoderado legal de **********, sin que lo hayan hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, se advierte que la parte quejosa, adjunto diversos documentos a su escrito inicial de demanda, por lo que en virtud de lo aquí proveído se dejan a su disposición.
- Principal
Visto el escrito de demanda presentado por ************, por conducto de su apoderado legal Juan Carlos Almanza Rosillo, personalidad que acredita en términos del instrumento notarial 40,300 que anexa, contra actos del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo, en el entendido de que se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 164/2016-IV. De la demanda de amparo en estudio, se desprenden los antecedentes siguientes, mismos que la parte quejosa, esgrimió bajo protesta de decir verdad: 1.- El dieciséis de agosto de dos mil ocho la ahora quejosa ************, contrajo matrimonio con ************, en dicha unión procrearon una hija de nombre ************. 2.- El seis de diciembre de dos mil once se declaró la disolución del vinculo matrimonial dentro del expediente C1048/2011. 3.- Posteriormente, la parte quejosa interpuso contra **********, juicio de perdida de patria potestad, el cual fue radicado con el número F1816/2013 por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en esta ciudad. 4.- El veintiuno de febrero de dos mil catorce dentro de la audiencia preliminar de juicio celebrada en la controversia detallada en el punto anterior, ambos contendientes desistieron de las acciones intentadas, celebrando un convenio que modificó el diverso suscrito dentro del procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento. 5.- Dicho convenio se elevó a categoría de cosa juzgada y causó ejecutoria por ministerio de ley. 6.- El veintiséis de enero de dos mil dieciséis el Juez responsable, dictó un auto dentro del juicio de perdida de patria potestad F1816/2013, mediante el cual ordena que en el término de tres días, la quejosa regrese a su menor hija a esta ciudad, pues la misma radica en Cancún, Quintana Roo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de veinte salarios mínimos. (Acto reclamado) El proveído de referencia, en la parte que interesa, textualmente refiere: "Se tiene al promovente contestando la vista a **********, en atención a la controversia planteada por el señor **********, padre de la menor **********, y atendiendo al convenio que obra en autos es que se requiere a la señora **********, para que dentro del término de tres días regrese a su menor hija a esta ciudad de Celaya, Guanajuato, que es el lugar donde se obligó a mantenerla bajo su custodia, ella es así pues al alejar de esta ciudad a la niña, llevándosela a la ciudad de Cancún, le está causando un daño psicológico afectando con ello su bienestar emocional, pues ella necesita convivir con su padre, tal y como lo recomienda la psicóloga, con el apercibimiento de no devolver a la menor en el término establecido, se le impondrá una multa de 20 días de salario mínimo vigente en el estado de conformidad con lo dispuesto por el numeral 60, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles en esta Entidad Federativa, de igual manera se le recuerda a la señora ********** que existen sanciones civiles y penales para el caso de impedir las convivencias, supuesto en el que se encuentra al trasladar a la niña a una ciudad lejos del domicilio del padre y mas aún sin su consentimiento" De la reseña anterior, se hace importante destacar los puntos siguientes: Que la parte quejosa interpuso contra **********, juicio de perdida de patria potestad, el cual fue radicado con el número F1816/2013 por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en esta ciudad. Que el veintiuno de febrero de dos mil catorce en la audiencia preliminar de juicio celebrada dentro de la controversia detallada en el punto anterior, ambos contendientes desistieron de las acciones intentadas, celebrando un convenio que modificó el diverso suscrito dentro del procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento. Que dicho convenio se elevó a categoría de cosa juzgada y causa ejecutoria por ministerio de ley. Que el acto que hoy se reclama, consistente en el auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, fue dictado en ejecución del convenio alcanzado en el juicio de pérdida de patria potestad F1816/2013. En tal virtud, resulta dable sostener que la resolución de la que se duele la parte quejosa fue dictada en ejecución de sentencia, pues si bien es cierto, no existió un fallo de tal naturaleza, también lo es que las partes celebraron un convenio, que se elevó a cosa juzgada y, por tanto, surte los mismos efectos. Es decir, aunque el convenio no implica una decisión jurisdiccional, si constituye la expresión de voluntad de los litigantes, a la que se le da eficacia y autoridad de cosa juzgada, pues justamente ésa fue la pretensión de aquéllos y así lo solicitaron a la autoridad judicial. Establecida la premisa anterior, este Juzgado estima que el presente juicio de amparo es improcedente, pues la resolución que se reclama no es la última dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, según se explica a continuación: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo contra el último dictado en ese procedimiento. Este último acto se ha interpretado como aquel en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. Bajo el razonamiento anterior, se estima que en la presente controversia, el acto que se reclama no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, dado que no existe una modificación o una nueva resolución por causa superveniente del acuerdo primigenio alcanzado por las partes en el juicio natural, por lo que éste surte plenos efectos jurídicos, lo que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza de firmeza y, por ende, debe cumplirse en forma efectiva. Así, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, se concluye que el criterio de "última resolución" adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe prevalecer, pues tiende a agilizar la ejecución del juicio, y con ello se evita la posibilidad de impugnar cada una de las determinaciones dictadas en el procedimiento de ejecución, que sin duda retardarían el cumplimiento de la sentencia. Además, el hecho de que el régimen de convivencia, objeto del convenio elevado a cosa juzgada, sea de tracto sucesivo o de cumplimiento periódico, sólo implica que sus efectos tengan una duración indeterminada, mas no que necesariamente en el juicio no sea factible dictar la resolución que lo tenga por cumplido o se declare la imposibilidad jurídica o material de cumplirlo, en la medida en que si varían las condiciones que llevaron a suscribirlo o surge una causa superveniente, se estará en condiciones de emitir la resolución de que se trata. Un criterio contrario, llevaría al absurdo de sostener que en sentencias de condena a prestaciones periódicas o de tracto sucesivo, como pago de rentas, salarios o alimentos, no sea factible emitir la última resolución que dé por terminado un juicio, lo que abriría indiscriminadamente la posibilidad de promover juicio de amparo, contra cualquier actuación en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva, hipótesis que entorpecería el cumplimiento en demérito o desdoro de la finalidad perseguida por el legislador al establecer la fracción IV, segundo párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo en análisis, de tutelar el cumplimiento de las sentencias, por ser de orden público, y evitar abusos en la promoción del juicio de garantías. El artículo de referencia textualmente dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, el criterio consagrado en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Cuarto Circuito, con número de registro 172223, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Página 1055, que es del rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO ESPECIAL DE CONTROVERSIA SOBRE CONVIVENCIA Y POSESIÓN INTERINA DE MENORES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SE TRATE DE RESOLUCIONES CUYO CUMPLIMIENTO SEA DE TRACTO SUCESIVO O PERIÓDICO." De ahí que en el particular, al reclamarse actos que no constituyen la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la IV, segundo párrafo del del numeral 107, ambos de la vigente la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Resultando ilustrativo, el criterio contenido en la jurisprudencia número VII.2o.C. J/29 407, del Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Séptimo Circuito, correspondiente a la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mil nueve, tomo XXIX, , página 1672, cuyo rubro es el siguiente: AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Por otra parte, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carla Alejandra Pérez Aguilar, Liliana Hernández García y Elizabeth Jiménez Ramírez, en virtud de que no tienen inscrita su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y no acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogadas, y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Monte Pirineos, esquina Cerro Dotado, número 100, Colonia Arboledas, Tercera Sección, en esta ciudad.Visto el escrito de demanda presentado por Karina Morán Ayala, por conducto de su apoderado legal Juan Carlos Almanza Rosillo, personalidad que acredita en términos del instrumento notarial 40,300 que anexa, contra actos del Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo, en el entendido de que se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 164/2016-IV. De la demanda de amparo en estudio, se desprenden los antecedentes siguientes, mismos que la parte quejosa, esgrimió bajo protesta de decir verdad: 1.- El dieciséis de agosto de dos mil ocho la ahora quejosa Karina Moran Ayala, contrajo matrimonio con Ernesto Ríos Álvarez, en dicha unión procrearon una hija de nombre Gala Ríos Morán. 2.- El seis de diciembre de dos mil once se declaró la disolución del vinculo matrimonial dentro del expediente C1048/2011. 3.- Posteriormente, la parte quejosa interpuso contra Ernesto Ríos Álvarez, juicio de perdida de patria potestad, el cual fue radicado con el número F1816/2013 por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en esta ciudad. 4.- El veintiuno de febrero de dos mil catorce dentro de la audiencia preliminar de juicio celebrada en la controversia detallada en el punto anterior, ambos contendientes desistieron de las acciones intentadas, celebrando un convenio que modificó el diverso suscrito dentro del procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento. 5.- Dicho convenio se elevó a categoría de cosa juzgada y causó ejecutoria por ministerio de ley. 6.- El veintiséis de enero de dos mil dieciséis el Juez responsable, dictó un auto dentro del juicio de perdida de patria potestad F1816/2013, mediante el cual ordena que en el término de tres días, la quejosa regrese a su menor hija a esta ciudad, pues la misma radica en Cancún, Quintana Roo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de veinte salarios mínimos. (Acto reclamado) El proveído de referencia, en la parte que interesa, textualmente refiere: "Se tiene al promovente contestando la vista a Karina Moran Ayala, en atención a la controversia planteada por el señor Ernesto Ríos Álvarez, padre de la menor Gala Ríos Morán, y atendiendo al convenio que obra en autos es que se requiere a la señora Karina Morán Ayala, para que dentro del término de tres días regrese a su menor hija a esta ciudad de Celaya, Guanajuato, que es el lugar donde se obligó a mantenerla bajo su custodia, ella es así pues al alejar de esta ciudad a la niña, llevándosela a la ciudad de Cancún, le está causando un daño psicológico afectando con ello su bienestar emocional, pues ella necesita convivir con su padre, tal y como lo recomienda la psicóloga, con el apercibimiento de no devolver a la menor en el término establecido, se le impondrá una multa de 20 días de salario mínimo vigente en el estado de conformidad con lo dispuesto por el numeral 60, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles en esta Entidad Federativa, de igual manera se le recuerda a la señora Karina Morán Ayala que existen sanciones civiles y penales para el caso de impedir las convivencias, supuesto en el que se encuentra al trasladar a la niña a una ciudad lejos del domicilio del padre y mas aún sin su consentimiento" De la reseña anterior, se hace importante destacar los puntos siguientes: Que la parte quejosa interpuso contra Ernesto Ríos Álvarez, juicio de perdida de patria potestad, el cual fue radicado con el número F1816/2013 por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar en esta ciudad. Que el veintiuno de febrero de dos mil catorce en la audiencia preliminar de juicio celebrada dentro de la controversia detallada en el punto anterior, ambos contendientes desistieron de las acciones intentadas, celebrando un convenio que modificó el diverso suscrito dentro del procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento. Que dicho convenio se elevó a categoría de cosa juzgada y causa ejecutoria por ministerio de ley. Que el acto que hoy se reclama, consistente en el auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, fue dictado en ejecución del convenio alcanzado en el juicio de pérdida de patria potestad F1816/2013. En tal virtud, resulta dable sostener que la resolución de la que se duele la parte quejosa fue dictada en ejecución de sentencia, pues si bien es cierto, no existió un fallo de tal naturaleza, también lo es que las partes celebraron un convenio, que se elevó a cosa juzgada y, por tanto, surte los mismos efectos. Es decir, aunque el convenio no implica una decisión jurisdiccional, si constituye la expresión de voluntad de los litigantes, a la que se le da eficacia y autoridad de cosa juzgada, pues justamente ésa fue la pretensión de aquéllos y así lo solicitaron a la autoridad judicial. Establecida la premisa anterior, este Juzgado estima que el presente juicio de amparo es improcedente, pues la resolución que se reclama no es la última dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, según se explica a continuación: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo contra el último dictado en ese procedimiento. Este último acto se ha interpretado como aquel en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. Bajo el razonamiento anterior, se estima que en la presente controversia, el acto que se reclama no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, dado que no existe una modificación o una nueva resolución por causa superveniente del acuerdo primigenio alcanzado por las partes en el juicio natural, por lo que éste surte plenos efectos jurídicos, lo que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza de firmeza y, por ende, debe cumplirse en forma efectiva. Así, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, se concluye que el criterio de "última resolución" adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe prevalecer, pues tiende a agilizar la ejecución del juicio, y con ello se evita la posibilidad de impugnar cada una de las determinaciones dictadas en el procedimiento de ejecución, que sin duda retardarían el cumplimiento de la sentencia. Además, el hecho de que el régimen de convivencia, objeto del convenio elevado a cosa juzgada, sea de tracto sucesivo o de cumplimiento periódico, sólo implica que sus efectos tengan una duración indeterminada, mas no que necesariamente en el juicio no sea factible dictar la resolución que lo tenga por cumplido o se declare la imposibilidad jurídica o material de cumplirlo, en la medida en que si varían las condiciones que llevaron a suscribirlo o surge una causa superveniente, se estará en condiciones de emitir la resolución de que se trata. Un criterio contrario, llevaría al absurdo de sostener que en sentencias de condena a prestaciones periódicas o de tracto sucesivo, como pago de rentas, salarios o alimentos, no sea factible emitir la última resolución que dé por terminado un juicio, lo que abriría indiscriminadamente la posibilidad de promover juicio de amparo, contra cualquier actuación en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva, hipótesis que entorpecería el cumplimiento en demérito o desdoro de la finalidad perseguida por el legislador al establecer la fracción IV, segundo párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo en análisis, de tutelar el cumplimiento de las sentencias, por ser de orden público, y evitar abusos en la promoción del juicio de garantías. El artículo de referencia textualmente dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, el criterio consagrado en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Cuarto Circuito, con número de registro 172223, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Página 1055, que es del rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO ESPECIAL DE CONTROVERSIA SOBRE CONVIVENCIA Y POSESIÓN INTERINA DE MENORES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SE TRATE DE RESOLUCIONES CUYO CUMPLIMIENTO SEA DE TRACTO SUCESIVO O PERIÓDICO." De ahí que en el particular, al reclamarse actos que no constituyen la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la IV, segundo párrafo del del numeral 107, ambos de la vigente la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Resultando ilustrativo, el criterio contenido en la jurisprudencia número VII.2o.C. J/29 407, del Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Séptimo Circuito, correspondiente a la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mil nueve, tomo XXIX, , página 1672, cuyo rubro es el siguiente: AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Por otra parte, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, en virtud de que no tienen inscrita su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y no acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogadas, y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle ***, en esta ciudad.
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