Karina Sanchez Vega

Expediente 500/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
500/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2021

Partes del expediente

  • Karina Sanchez Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de cuatro de agosto del presente año, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ********************, sin que hayan hecho uso de tal derecho. ********************En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. ********************Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. ********************En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. ********************Devolución de constancias originales. Finalmente, toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del aludido Acuerdo General, requiérasele para, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, lo anterior de conformidad con el artículo 21 antepenúltimo párrafo del citado acuerdo.

  2. Principal

    Desahogo de prevención. Visto el escrito signado por la quejosa *******, por medio del cual, en su calidad de representante común, desahoga la prevención formulada mediante auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno y en atención a ello manifiesta: Señala que la autoridad responsable es la Dirección de la Comisión Nacional del Agua por conducto del titular de la subdirección de Administración del Agua quien firma en ausencia del director; Que el acto reclamado es el oficio ******* emitido por la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, suscrito por el subdirector de Administración del Agua en ausencia del titular de la dirección, de fecha uno de julio de dos mil veintiuno; Que en contra del oficio reclamado, no se presentó recurso ordinario o medio de defensa en virtud de que la respuesta contenida en el mismo no contiene una determinación clara o expresa de la admisión o desechamiento, solo se limita a informar al suscrito las formalidades del procedimiento. Con lo anterior, se tiene por desahogado la prevención formulada en autos. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En tal virtud, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprende que el acto reclamado consiste en: Oficio ********* de uno de julio de dos mil veintiuno, que contiene la determinación de la misma data, mediante el cual, el subdirector de Administración del Agua, en ausencia del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, respecto a la solicitud formulada por la parte quejosa, le informa lo siguiente. "[.] En virtud de que el trámite de transmisión de derechos debe solicitarse a través del Buzón del Agua, sistema digital creado con el objetivo de facilitar a los ciudadanos, usuarios de Conagua, la gestión de sus trámites y agilizar la tramitación de los mismos, así como dotarles de una vía ágil para su comunicación con Conagua, constituyendo éste el medio idóneo para atender los trámites, se señala que para ingresar a éste se requiere previamente que tanto cedente y cesionario estén dados de alta como usuarios de Conagua mediante el pre-registro en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes de Conagua (PUUC), se deberá relacionar el título a transmitir con el PFC del titular de la concesión, y de esta manera firmar y validar dicha petición en el Buzón del Agua a través de sus firmas electrónicas avanzadas emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, cuyos archivos, contraseñas y claves los tiene el propio usuario y de los cuales se reitera que es fundamental que no sean compartidas con nadie para evitar el uso indebido de los mismos y por tratarse de información de carácter confidencial. Asimismo, con motivo de que dicho trámite debe efectuarse a través del sistema electrónico de tramites denominado Conagua Digital (Buzón del Agua), se hace hincapié en que esta autoridad administrativa en cumplimiento al referido Acuerdo, por ningún motivo atenderá y mucho menos autorizará transmisiones de derechos que no sean debidamente ingresadas por el referido sistema, dado que el consentimiento de las partes ante esta Autoridad del Agua tanto del cedente como cesionario quedará satisfecho con la firma electrónica de ambos mismas que quedarán plasmadas a través del trámite de transmisión de derechos que se presente por el Buzón del Agua, en virtud de ello, se anexa al presente oficio la documentación aportada por los solicitantes la cual ya quedó descrita en este oficio. En conclusión, se hace de su conocimiento, que el medio legalmente establecido para atender la transmisión de derechos, es a través del sistema electrónico de tramites Conagua Digital (Buzón del Agua), a cargo de este órgano desconcentrado, debiéndose ajustar a los lineamientos que éste mismo establece. [.]". Lo resaltado no es de origen. Al respecto, del escrito de aclaratorio se desprende que los promoventes del amparo, no interpusieron recurso alguno en contra de dicho auto. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]" La disposición transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos distintos de los emitidos por tribunales judiciales que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y no se hubiere agotado antes de promover aquél. El principio de definitividad rector del juicio constitucional encuentra su justificación en que al tratarse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe acudir a las instancias ordinarias que produzcan la insubsistencia del acto de autoridad antes de promover el amparo. Ahora bien, toda vez que la determinación contenida en el oficio reclamado, es de carácter administrativa, se surte la hipótesis prevista en el artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales, por lo que debió agotar la vía ordinaria correspondiente antes de promover el juicio de amparo. Al respecto el citado numeral establece lo siguiente: "Artículo 124. Contra los actos o resoluciones definitivas de "la Autoridad del Agua" que causen agravio a particulares, se podrá interponer el recurso de revisión dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada (.)". Es así, porque la parte quejosa se inconforma con el oficio a través del cual se desestima su solicitud de concesión, por no haberse realizado por medios electrónicos, y si bien, tal recurso (revisión), puede interponerse para revocar o modificar el acto de una "autoridad del agua" (en específico del director local de la Comisión Nacional del Agua), es optativo para el interesado, pues está en aptitud de promover directamente el juicio contencioso administrativo en su contra. Así lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 124/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época, registro digital 171644, página 567, atento a lo siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales establece que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades del agua, podrán interponer recurso de revisión dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, salvo que se trate de recursos contra actos o resoluciones que se emitan en materia fiscal; lo que revela que el medio de impugnación contra la imposición de multas por parte de la Comisión Nacional del Agua, puede interponerse a elección del afectado, o bien intentar directamente la vía jurisdiccional que corresponda, que en la especie es el juicio contencioso administrativo, ya que la interpretación de tal norma debe hacerse partiendo del término "podrá" que implica la posibilidad para el particular de optar por la instancia procedente sin necesidad de agotar previamente el recurso de revisión. De acuerdo con ello, indefectiblemente debe ser admitida y tramitada la vía jurisdiccional intentada por el interesado afectado con una resolución pronunciada por la autoridad mencionada, sin que pueda cuestionarse que debió haberse interpuesto previamente el citado recurso". Entonces, se concluye que la quejosa tenía a su alcance el recurso de revisión referido o el juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad), para combatir el acto que hoy reclama sin que ello ocurriera, a pesar de haber estado en aptitud de hacerlo valer, previo a acudir a solicitar el amparo. En efecto, se destaca que en contra del acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 3º, fracciones XII y XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a través del cual podía ser revocada o nulificada. Ello, pues el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que los consignados en los artículos 128, 129, 132 y 135 de la Ley de Amparo; y, no se surte la excepción prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, toda vez que, en la demanda de amparo la parte quejosa adjuntó copia simple de la resolución reclamada, de la que se advierte que la autoridad responsable citó la normatividad en la que fundó su determinación, así como los motivos por los cuales se adecua al caso concreto. En ese tenor, el artículo 3º, fracciones XII y XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevé "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativa que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.) XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa". Del contenido de la porción normativa transcrita se obtiene que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el juicio contencioso administrativo, conocerá de las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; asimismo, que se consideran resoluciones definitivas aquellas que no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en el oficio 1314 de uno de julio de dos mil veintiuno, que contiene la determinación de la misma data, mediante el cual, el subdirector de Administración del Agua, en ausencia del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, respecto a la solicitud formulada por la parte quejosa, resuelve: "[.] En conclusión, se hace de su conocimiento, que el medio legalmente establecido para atender la transmisión de derechos, es a través del sistema electrónico de tramites Conagua Digital (Buzón del Agua), a cargo de este órgano desconcentrado, debiéndose ajustar a los lineamientos que éste mismo establece. Por lo anteriormente expuesto y fundado; a usted, atentamente pido: ÚNICO.- Tenga a esta Dirección Local Guanajuato, por contestando su petición, ingresada por oficialía de partes en esta Dirección el 23 de junio de 2021y recibida en la Subdirección de Administración del Agua de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua el 24 de junio de 2021. [.]". Dicho acto, constituye una resolución definitiva para efectos de la promoción del juicio contencioso administrativo, acorde a la interpretación armónica del artículo 9º de la Ley de Aguas Nacionales, 1º, y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dado que fue dictado por una autoridad administrativa que puso fin a una instancia. En esas condiciones, el acto reclamado se ubica dentro del supuesto de procedencia previsto en el artículo 3º, fracción XII, en relación con la diversa fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que resolvió negar dar trámite a la solicitud incoada por los aquí quejosos. Luego, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de acuerdo al precepto legal transcrito, tiene competencia para conocer de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; entonces, es válido sostener que contra la determinación contenida en el oficio reclamado, procede antes de promover el juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual la determinación reclamada es susceptible de ser modificada, revocada o nulificada. Sin que se actualice alguna causa de excepción al principio de definitividad que rige el acto reclamado, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En principio, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sí prevé la suspensión del acto reclamado, y no exige mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado, que aquellos que prevé la Ley de Amparo, para ese efecto. Se afirma lo anterior, porque de la interpretación armónica de los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 128, 130, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo, se observa que en relación con los requisitos para el otorgamiento de la suspensión, en ambos casos, basta solicitar la medida cautelar ante la autoridad competente en cualquier etapa del juicio, sin exigir que la medida cautelar se circunscriba a que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución del acto, y no la condiciona al ofrecimiento de las pruebas que acrediten esos supuestos. Además, la medida solicitada durante la sustanciación del juicio conforme a los dos ordenamientos tiene efectos hasta que se dicte sentencia definitiva que lo resuelva. Tampoco se condiciona el otorgamiento a la exposición de las razones para solicitarla ni a la explicación de los perjuicios que se causarían. Asimismo, se observa que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece obligaciones adicionales a las previstas en la Ley de Amparo para solicitar y obtener la suspensión del acto reclamado, que giran en torno a tres aspectos fundamentales: que la solicite el agraviado, con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y los daños y perjuicios que se puedan causar con la ejecución del acto sean de difícil reparación. Por último, en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero la medida cautelar se concede fijándose la garantía de manera discrecional, y si pudieran causar daños o perjuicios a terceros, se otorgará garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. Lo expuesto es congruente con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 164/2013 de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.) de rubro: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO". No es obstáculo a la aplicabilidad de la jurisprudencia al caso, que se refiera a la Ley de Amparo abrogada, pues la legislación vigente actualmente establece esencialmente los mismos requisitos para otorgar la suspensión del acto que los establecidos en aquella normativa; por ende, conforme al artículo sexto transitorio aquella jurisprudencia sigue teniendo vigencia, por no oponerse a la nueva ley. Además, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal en la diversa jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), determinó que la suspensión prevista en el juicio contencioso federal, no preveía menores alcances ni establecía mayores requisitos que los referidos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto impugnado, por lo que, era necesario agotarlo previamente al juicio de control constitucional, en cumplimiento al principio de definitividad. Tampoco se actualiza la excepción prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación. Ello es así, dado que los quejosos adjuntaron a su demanda de amparo copia simple del acuerdo reclamado en esta instancia constitucional, de la que se advierte que la autoridad responsable indicó los preceptos legales, así como las razones del porqué llegó a la conclusión a la que arribó. Máxime, si se toma en consideración de que la parte inconforme, en los conceptos de violación expresa argumentos encaminados a controvertir que no se les puede obligar a presentar las solicitudes que formulen por medios electrónicos, ya que aducen, que carecen de tales medios; de ahí que, en la demanda de amparo, no solamente se plantearon violaciones directas a la Constitución Federal, sino también se involucraron aspectos de legalidad. Por tanto, no se actualiza la excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esto es, que no es necesario agotar los recursos ordinarios que establezca la ley que rige el acto reclamado, cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución Federal, como el hecho de que el acto reclamado carezca de fundamentación. Es ilustrativa por las razones que contiene la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN". Así como la jurisprudencia 2ª./J.19/2015 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En ese contexto, se concluye que si el acto reclamado puede ser combatido mediante el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a accionar a este órgano de control constitucional debió agotar el juicio contencioso, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse de forma notoria e indudable la causal de improcedencia ya detallada, se desecha de plano la demanda, promovida por *********** y ********, conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento.

  3. Principal

    Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por ***** y ******, en contra de actos de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 500/2021-2. o Prevención. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones II, IV y V, 112 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda, la subsane y bajo protesta de decir verdad: 1. A qué autoridades se refieren cuando señalan como tal a las siguientes: I. Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua. II. Subdirección de Administración del Agua; perteneciente a la dirección señalada en el punto inmediato anterior. Lo anterior, considerando que mencionan a las dependencias (Dirección Local y Subdirección) y no precisan si señalan como responsables a los titulares de las mismas y/o alguna otra autoridad de su adscripción, por lo que deberán especificar en forma concreta a quien señalan como autoridades responsables. 2. Indiquen en forma precisa, concreta y exacta el acto reclamado a cada una de las autoridades que señalan como responsables, toda vez que indican en forma genérica como acto reclamado: El oficio No.******** emitido por las autoridades responsables de fecha 01° primero de Julio del 2021 dos mil veintiuno, en el cual se NO SE RESUELVE LO PEDIDO CON LOS SUSCRITOS, sino que por al contrario se nos hace un mero señalamiento en cuanto a la formalidad del trámite como así se expondrá en posteriores líneas". Sin embargo, del aludido oficio que exhiben, se desprende que el subdirector de Administración del Agua, firmó el citado oficio en ausencia del director Local Guanajuato, de la Comisión Nacional del Agua, de manera que aun cuando suscribió el oficio reclamado, este no se emitió en forma directa por el citado subdirector, de ahí que deban especificar qué acto en concreto les reclaman a cada una de las autoridades responsables. 3. Digan si en contra del oficio reclamado presentaron en forma individual o conjunta, algún recurso ordinario de defensa, de ser el caso, cuándo, ante qué autoridad y el estado procesal del mismo. Cuestiones las requeridas que resultan indispensables por constituir requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo y para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo planteada. En la inteligencia que esta prevención deberá ser desahogada por los directos quejosos, no así por los profesionistas que autorizan en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que les incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma, deberán exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes, en la proporción establecida en el artículo 110 de la ley de la materia; esto es, una para cada autoridad responsable que señalen (2), una para la agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita (1) y dos para formar el cuaderno de suspensión (2). o Apercibimiento Apercibidos los quejosos que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Relativo a lo anterior, se aplica la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." o Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda. Así también, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **** y ******, toda vez que de la certificación que antecede se advierte que cuentan con su cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto que a ****** y ******, se les tiene como autorizados en términos restringidos del citado numeral, toda vez que no se encuentran dicho supuesto, hasta en tanto se salve dicha situación; y en iguales términos restringidos a las restantes personas que mencionan, por así haberlo solicitado expresamente. o Representante común. En términos del artículo 13 de la ley de materia se tiene como representante común a *****; sin perjuicio de que la parte respectiva la substituya por otro. o Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. o Transparencia Finalmente, en cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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